Estimating the cooling capacity of green infrastructures: A methodological proposal
3.2.5 Cooling capacity of GUI typologies and expected temperature change
Después de la realización del análisis completo del tema de competencia desleal, presentaremos una propuesta de acuerdo con los lineamientos específicos de cada capítulo, basado en la integración existente entre las facultades jurisdiccionales otorgadas por la ley 446 de 1998 y el procedimientos en que se adelantan las investigaciones tanto en el campo administrativa como en el judicial.
Particularmente sobre el proceso por el cual son tramitadas las investigaciones por competencia desleal, es innegable que debe procederse a elaborar una que “técnicamente” se encuadre dentro de lineamientos judiciales, en el cual deberá seguir siendo llevado por la Superintendencia de Industria y Comercio cumpliendo las finalidades queridas por la Ley 446 de 1998: eficiencia, celeridad, descongestión de los despachos judiciales.
Para tal efecto, es correcta la implementación del grupo de trabajo de la entidad , para garantizar la objetividad e imparcialidad de los funcionarios que conozcan de las investigaciones.
En nuestra opinión, el proceso que deberá seguirse y cuyos términos deben ser cortos es:
Presentación de la demanda: en este punto, el demandante debe ceñirse a los requisitos que debe contener la demanda, consagrados en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil. En este punto la diferenciación comienza en la denominación que se le dará a las partes, de demandante y demandado, a diferencia de una investigación administrativa que se denominan denunciante e investigado.
Averiguación preliminar: ya no existiría la averiguación preliminar que lleve a esclarecer si la conducta a juicio de la entidad es o no significativa y con base en ello abra o no la investigación, por cuanto ello si daría lugar a la violación del debido proceso y al derecho de defensa que son la raíz de los principios constitucionales, sino que la demanda, igual que en cualquier proceso, podrá ser admitida si cumple con los requisitos, inadmitida sino cumple con los requisitos generales dados por el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil o rechazada por falta de competencia en virtud de la competencia a prevención dada por el artículo 147 de la Ley 446 de 1998 o por caducidad o prescripción si se solicitaron medidas cautelares sin oír a la parte contraria y la demanda no fue presentada dentro de los 10 días siguientes a la práctica de aquellas. No podrá ser rechazada por falta de jurisdicción pues la Superintendencia tiene jurisdicción a nivel nacional.
Notificación de la demanda: para respetar el debido proceso y el derecho de defensa, se notificará la demanda personalmente al interesado, si ello no es posible, se fijará un edicto por 10 días para emplazarlo, vencidos los cuales se entenderá surtida la notificación.
Vale la pena anotar que no consideramos necesaria la publicación en una emisora nacional ni en un periódico de circulación nacional, toda vez que ese requisito no es relevante en la actualidad, si se observa que la gente no se interesa por ello y la mayoría de las veces es una obligación que tiene de a dilatar el proceso.
Contestación de la demanda: con base en los diferentes pronunciamientos de la honorable Corte Constitucional y teniendo en cuenta que por ser la Superintendencia de Industria y Comercio un organismo administrativo, pueden ser delimitadas las materias precisas y los principios sobre los cuales debe cumplir las funciones jurisdiccionales a ella atribuidas, dicha contestación no se haría con base en las posibles conductas que puedan ejercer un demandado, tales como excepciones de fondo, previas, demanda de reconvención, etc., sino una manifestación que el presunto infractor hará a cada uno de los hechos y pruebas que pretenda hacer valer en un plazo máximo de 5 días, siendo válidos todos los medios de prueba.
Decreto y práctica de pruebas: vencido el término para contestar la demanda, el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, decretará las pruebas que considere pertinentes y conducentes para el proceso, tanto las solicitadas por el demandante como por el demandado y aquellas que de oficio fueren indispensables. Es importante el criterio discrecional de la entidad como experta en el tema y conocedora de las bases y los postulados que debe salvaguardar, por lo que consideramos que debe insertarse unas disposiciones, elaborados por el grupo interdisciplinario de la entidad, recogiendo la experiencia que ya se ha presentado sobre el tema, en las que se enumera que pruebas pueden ser rechazadas.
Período probatorio: el período probatorio será en la medida que la Superintendencia
de Industria y Comercio considere justo y suficiente, de manera general 20 días, pero si
a su juicio y de manera discrecional como hasta ahora lo ha venido haciendo, considera que éste puede cambiar sin ser menor de 10 días o mayor de 30 y así lo establecerá claramente.
Informe motivado: en este punto sería el grupo de trabajo jurisdiccional creado por la entidad el que deberá emitir el informe motivado teniendo en cuenta los siguientes
ítems: supuestos de hecho de la norma, conducta desplegada por el demandado, adecuación entre el supuesto y la norma y consecuencia jurídica.
El traslado del informe deberá ser para el demandante y el demandado, no obstante, consideramos que es más técnico que sean las mismas partes quienes presenten los alegatos de conclusión sobre la investigación, teniendo un término de 5 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se encuentre vencido el período probatorio, para presentarlo.
Fallo: el Superintendente Delegado tendrá 10 días para proferir el fallo definitivo. Vale la pena anotar que a pesar de que el Superintendente de Industria y Comercio no es superior jerárquico de Superintendente Delegado, deberá darse la transformación en el siguiente sentido: el Delegado para la Promoción de la Competencia será nombrado por el Superintendente de Industria y Comercio, quedando así éste como superior jerárquico. La finalidad es que el fallo pueda ser apelado por las partes, ante el Superintendente de Industria y Comercio.
Medidas cautelares: debe haber de dos tipos, sin oír a la parte contraría y dentro del proceso. Para las primeras debe darse aplicación a la Decisión 486 de 2000 en cuanto al término de presentación de la demanda, que debe ser de 10 días a partir de que se hayan practicado las mismas, con el objeto de no hacer más gravosa la situación del afectado. Aquí habrá lugar a que la Superintendencia de Industria y Comercio revise la medida si el demando así lo considera necesario.
La segunda opción de las medidas cautelares, se tramitarán con la presentación de la demanda para que la entidad proceda a decretarlas o no. Igualmente el demando podrá pedir su revisión en la contestación de la demanda, sino se decretan el demandante podrá recurrilas más no apelarlas.
Garantías: el esquema actual y los elementos que establece la SIC son aplicables, en cuyo caso la entidad, como juez, deberá levantar un acta donde conste el compromiso
adquirido por el demandado. En caso de existir medidas cautelares están se levantaran y se consignara en el acta la advertencia que si se considera no cumplido el compromiso esta se decretarán nuevamente de oficio y sin oír a la parte contraria.
Diligencias preliminares: con base en la Ley 256 de 1996, es posible determinar de manera previa si la conducta es presuntamente violatoria de las normas de competencia desleal, lo cual consideramos es aplicable a la entidad, pero no debe
seguirse bajo ese esquema, por cuanto habría una dilación del proceso.
Sería mejor una especie de prueba anticipada bajo la óptica del Código de Procedimiento Civil para que luego se aporte dicha prueba al proceso. Este trabajo sería realizado por el Grupo de Preliminares.