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El Gobierno de la Presidenta Bachelet, instala un análisis en torno a la política social que claramente presenta continuidad y profundización con sus antecesores. A modo general, se observa la consolidación de un conjunto de políticas públicas y de reformas estatales que van dando forma al protagonismo de un Estado de protección social. Esta imagen que toma fuerza, luego de sus primeros dos años de ejercicio, se complementa con el buen manejo ante los efectos de la crisis financiera internacional y con el aumento de aprobación popular hacia su gobierno (MIDEPLAN, 2009. Op.Cit).

La idea de avanzar en la construcción de un Sistema de Protección Social (7), nos remonta a los lineamientos que el Presidente Lagos, ejemplificó, a través de la puesta en Marcha del Programa Chile Solidario.

La Presidenta busca fortalecer un sistema que acompañe a las personas a lo largo de todo su ciclo de vida, por tanto habla de un bienestar garantizado a través del ejercicio de derechos sociales, tanto universales como focalizados en la población más vulnerable, lo que se resume en políticas sociales universales en salud, en educación y en vivienda y, políticas focalizadas y de subsidios para los que más lo requieren (Jara, 2010).

Al Programa Chile Solidario del 2002, se unen el Plan AUGE, que tenía como meta para el 2010 incluir 80 patologías, además del establecimiento de 12 años de educación escolar obligatoria para todos los niños y niñas con una proyección que para ese entonces era de 14 años de educación garantizada. Se suma a lo anterior el sistema Chile Crece Contigo y finalmente la Reforma Previsional, que significa más y mejores pensiones para los adultos mayores.

En relación a la Reforma Previsional, tempranamente la Presidenta constituyó un Consejo Asesor para el estudio de esta materia. El conjunto de debates y la discusión parlamentaria sobre el proyecto se plasmó en la ley 20.255, publicada en marzo de 2008, en la cual se propuso recuperar los principios de “el derecho a la Protección Social: seguridad y certeza; la legitimidad y participación ciudadana; la solidaridad (con la creación del Sistema de Pensiones Solidarias); la igualdad y equidad de género”(8).

En general, ha consistido en un conjunto de beneficios que asegura que al término de su vida activa, tengan asegurado un ingreso permanente. Esto favorece a trabajadores dependientes, independientes y/o individuos que han estado en situación de inestabilidad laboral o simplemente que nunca han formado parte del sistema laboral remunerado(9) (Arenas, 2009).

Enunciamos brevemente esta Reforma Previsional, puesto que se instaló como uno de los cambios más importantes del Gobierno de la Presidenta

temáticas de reducción de brechas de inequidad, reforzando la idea que ya planteábamos en torno a un Estado que da protección social. Por otro lado, los enunciados de la Ministra de Planificación de ese entonces, Paula Quintana, emitidos a inicios de abril del 2009, proyectaba que para fines de ese año, 800.000 adultos mayores serían beneficiarios del Pilar Solidario de la Reforma mencionada (Pensión Básica Solidaria y Aporte Provisional Solidario), dando un ejemplo claro de los propósito de mayor protección para los adultos mayores durante el mandato de Bachelet.

Retomado la continuidad en materia de política social, es el Ministerio de Planificación, el que tuvo la tarea de consolidar el Programa Chile Solidario e instalar el Programa Chile Crece Contigo, perfilándose este último como uno de las medidas innovadoras que entran a fortalecer el acompañamiento en todos los ciclos de vida de las familias más vulnerables.

Para el 2009 se proyectaba una ampliación en la cobertura a través del Programa Puente, indicando 50.000 nuevas familias, a las que se sumaban a las 337.000, que ya participaban desde su origen. Considerando la evaluación en torno a la estrategia de intervención del programa, se establece un cambio relacionado con la necesidad de dar respuesta a la diversidad de las familias en extrema pobreza y vulnerabilidad, la que se operacionaliza, mediante el diseño de estrategias de intervención diferenciadas según el perfil de cada familia beneficiada.

Relevamos este punto, ya que se inscribe dentro de las principales críticas ejercidas sobre la estrategia que el Programa experimentó desde sus inicios, donde muchas veces caía en un abordaje unificador de la unidad familiar, no considerando así la diversidad que porta este núcleo social. Paralelo a este cambio se proyecta para el Chile Solidario la incrementación en las condiciones mínimas de calidad de vida y, la incorporación de talleres grupales, con el fin de fomentar y potenciar el capital social de las familias que participan del Sistema (Ibíd.).

En relación al Programa Chile Crece Contigo Chile, Sistema de Protección Integral a la Infancia, se destaca que tiene como principal misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias, contando para este fin con prestaciones universales como también focalizadas. En este programa participan niños y niñas, desde la gestación hasta los 4 años de edad, sus familias y al entorno en el que crecen y se desarrollan.

En base a los componentes universales del Programa, están dirigidos a todos los niños y niñas en primera infancia, destacando como principales servicios: a) Programa educativo masivo: dirigido a sensibilizar sobre las necesidades de desarrollo de los niños y niñas en la primera infancia y a orientar a los adultos, en materias de cuidado y estimulación de los niños y niñas, a través de cápsulas educativas en radio y televisión y, b) FonoInfancia (800 200 818): Teléfono información y apoyo para los padres y madres que la Fundación Integra ha puesto a disposición de Chile Crece Contigo.

Para los niños y niñas que se atienden en el servicio público de salud, también se consideran una diversidad de prestaciones, destacando: a) guía de la Gestación y el Nacimiento "Empezando a Crecer" para las mujeres embarazadas; b) reforzamiento del control del embarazo; c) talleres y actividades de preparación al parto, d) visitas domiciliarias del personal de salud en los hogares de mujeres embarazadas que presenten algún factor de riesgo; e) atención personalizada del parto, como parte de las garantías explícitas en salud (GES / AUGE), f) Set de material didáctico "Acompañándote a Descubrir I" para los niños y niñas menores de 1 año; g) reforzamiento del control de salud del niño o niña, con especial énfasis en los dos primeros años de vida y; h) entrega de set de material didáctico "Acompañándote a Descubrir II" para niños y niñas entre 1 y 2 años (Jara, Op. Cit).

Finalmente, las prestaciones dirigidas a los niños y niñas de familias que pertenecen a hogares del 40% de menores recursos o que presentan alguna situación de vulnerabilidad especial, se destaca: a) Subsidio Familiar (SUF) garantizado hasta que el niño o niña cumpla los 18 años, en la medida que cumplan con los requisitos establecidos por la ley para este beneficio (padre o madre sin previsión y formar parte de un hogar perteneciente al 40% de menores recursos del país, requisito certificado a través de la aplicación de la Ficha de Protección Social); b) Sala cuna (10) gratuita para todos los niños y niñas menores de 2 años, cuya madre o adulto responsable trabaje, busque trabajo, estudie, o presente una situación de especial vulnerabilidad; c) cobertura de jardín infantil gratuito y de calidad, de jornada parcial, completa o extendida para todos los niños de 2 y 3 años de edad, d) Modalidades de educación parvularia no convencionales, adecuadas a diversas realidades donde niños y niñas crecen y se desarrollan, e) ayudas técnicas para niños y niñas que presenten alguna discapacidad, incluyendo los apoyos requeridos tanto en sus hogares como en las instituciones que les atiendan; f) acceso preferente de familias a programas, servicios y prestaciones públicas que requieran en función del desarrollo de sus hijos e hijas, tales como: incorporación al sistema de protección social Chile Solidario, nivelación de estudios, mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, programas de apoyo a la inserción laboral y a la generación de ingresos, entre otros.

Es sin duda, la Ley Nº 20.379, publicada el 12 de septiembre del 2009, la que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social, el marco legal que ampara el enfoque del gobierno de Bachelet. La aprobación de esta ley significó institucionalizar, darle solidez, estabilidad jurídica y recursos, a un Sistema de garantías exigibles por la ciudadanía, permitiendo a la vez consolidar un modelo de gestión intersectorial y descentralizada en políticas públicas. De esta forma, se institucionaliza el subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo (MIDEPLAN, 2009, Op. Cit: 205).

En base a la evaluación que MIDEPLAN (2009) realizó en torno al Subsistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, antes del inicio del mandato de Sebastián Piñera, se destacan algunas líneas tales como, avances en la inserción de más de 450 mil mujeres al programa; integración a la educación prenatal de mas de 148 mil gestantes en el sistema público de salud y, una realización de mas de 61 mil visitas domiciliarias integrales a las gestantes y sus familias que presentaban factores de riesgo psicosocial. A estos logros se suman el inicio de la implementación del Programa Apoyo al Recién Nacido y progresos en el diseño y desarrollo de instrumentos de monitoreo y evaluación del subsistema Chile Crece Contigo (Ibíd.).

Otro tema relevante y transversal al mejoramiento del sistema de protección social, es el referido a los instrumentos de gestión. Dentro de esta área de trabajo se destacan dos medidas de cambio y modernización realizadas bajo el gobierno de Bachelet. El primer instrumento esta referido a la Ficha de Protección social y el segundo al Registro de Información Social.

En base a la Ficha de Protección Social, se procedió a la actualización de la este instrumento, encuestando a más de tres millones y medio de familias, actividad a la que se sumaron los procesos de auditoria y supervisión de la Ficha de Protección Social, para así controlar en terreno el funcionamiento de los equipos comunales. Además, su mejoramiento, estuvo de la mano con el desarrollo de talleres de capacitación tanto a los encargados de aplicarla como a los distintos servicios públicos para determinar y fortalecer su uso, todo esto orientado a seguir perfeccionando la identificación de la población que necesita ser atendida bajo la lógica de un Sistema de Protección Social (Estay, 2010).

Con la presencia de un sistema de fichas de caracterización actualizadas, se hizo necesario generar plataformas de información que orientaran la correcta asignación de los beneficios del Estado. Ante esto, y bajo el marco de la

de la ley de transparencia, MIDEPLAN puso a disposición del sector público la plataforma informática del Sistema Integrado de Información Social, de modo de facilitar el intercambio de información entre los distintos ministerios y servicios.

Un programa que entra a complementar el Desarrollo de Chile Solidario, para este periodo es el Programa “Abriendo caminos”, que se define como parte de una estrategia de apoyo integral a niños y niñas de familias con personas que cumplen condena en medio cerrado, por el impacto negativo de la privación de libertad de uno o más adultos significativos del hogar, en el desarrollo y bienestar de los niños y niñas, lo que se expresa principalmente en la reducción de las oportunidades que tienen a disposición, para generar e incrementar capital humano y social, en un contexto de grave deterioro de las condiciones del entorno familiar en el que se desenvuelven y se desarrollan.

Se destaca que se ejecutó en cuatro regiones del país, O’Higgins, Bio-bío, Los Ríos y Metropolitana, con un presupuesto de mil 39 millones de pesos, alcanzando una cobertura de mil 975 niños, donde además se incluye la atención a 796 familias, especialmente a los adultos a cargo de la crianza, que corresponden a mil 331 personas (Jara, Op. Cit).

Otros balances en relación al sistema de protección social, son los relacionados con el Programa Vínculo, el cual trabaja con adultos mayores vulnerables y que viven solos. Este se implementó en 115 municipalidades con la asistencia técnica del Servicio Nacional del Adulto Mayor, dando por resultado que para fines del 2009, se hallan registrado 23 mil 969 personas como beneficiarias.

Por otra parte, el Programa Calle, orientado a los adultos que viven en situación de calle, se ejecutó para el año 2009, en ocho regiones tales como Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Bio-bío, Los

Lagos y Metropolitana, presentando un presupuesto de de más de 971 millones de pesos, con tres mil 276 personas beneficiadas.

Para finalizar esta revisión que nos sitúa en torno a los principales lineamientos identificados bajo la Presidencia de Bachelet, destacamos la clara continuidad con el enfoque social asumidos durante el gobierno de Lagos. El mejoramiento visualizado en instrumentos de planificación e intervención son medidas que se destacan puesto que eran elementos críticos al momento de evaluar los impactos que en especifico, el Programa Chile solidario dimensionaba. Asumir al núcleo familiar, bajo parámetros diversos y no unificadores, aportan con la implementación de políticas sociales mas particulares e inclusivas de los contextos y variadas demandas que la ciudadanía, en este caso, población mas vulnerable.

De esta manera, se puede esgrimir que ambos gobiernos, integran una mirada amplia de la significancia que tiene el concepto de gobernabilidad, como idea fuerza, capaz de proyectar un crecimiento sostenido de la economía y, al mismo tiempo, un desarrollo social con equidad. A modo de poder operacionalizar esta propuesta en el ámbito de las políticas sociales, se empieza a generar, por parte del Estado, un marco técnico, posible de conjugar tanto elementos de focalización como de cobertura ampliada, especialmente en el ámbito de necesidades básicas de la población como educación, salud y vivienda.

En cuanto a la focalización, se busca identificar a sujetos tipos que presenten índices de vulnerabilidad social, bajo criterios desprendidos de situaciones de género, etáreas, de acceso a empleos productivos, etc., a modo de ir generando habilidades desde los recursos existentes. Se amplia la focalización, puesto que no está centrada únicamente en un mirada asistencialista, hacia aquellos sectores incapaces de participar en el mercado, sino más bien, se busca crear niveles de integración, a través de

empoderamiento, entre otros. El objetivo, en última instancia, está en poder incidir en los factores que crean la desigualdad social, a partir no sólo de diversificar tanto la oferta como la demanda, sino también mediante la integración de la sociedad a espacios más participativos y sustentables en el tiempo.

Se ha tratado también, de poder crear elementos complementarios de intervención, a modo de ir garantizando que tanto la producción como la implementación de servicios sociales lleguen efectivamente a aquellos sectores que necesitan atención. Por tanto, se ve una intención por parte del sector estatal, de ir creando pisos mínimos que aseguren un bienestar social ampliado y garantizado, como a la vez, crear una mayor capacidad de regulación, normalización, promoción y supervisión en la producción y prestación de servicios.

De esta manera, se reconoce que el mercado, como espacio de intercambio, no es capaz de crear por si sólo capacidades que favorezcan la equidad social. A partir de esta reflexión, emerge un Estado promotor y a la vez regulador de las dinámicas sociales.

Al mismo tiempo, visualizamos una relocalización, que encadena no sólo aspectos específicos de intervención sectorial (sea esta vivienda, salud, desarrollo productivo, etc.), sino también sitúa la inversión como generador de potencialidades, que van más allá del hecho de la prestación de servicios. Un claro ejemplo de este tipo de intervención, lo representan los programas que en ambos gobiernos estudiamos.

Desde esta perspectiva, si sitúa la inversión en cadena, en el decíl más pobre (caracterizado socialmente como indigente), bajo una intervención sobre el núcleo familiar, a modo de crear una situación de habilitación en todos los componentes que hacen imposible que el grupo familiar pueda encontrar éxitos para superar la pobreza, es decir, la estrategia de

refocalización en cadena, expresa una nueva mirada que trata de potenciar la integración total del beneficiario participante, no sólo en base a servicios sectoriales sino también en base a toda una secuencia de prestaciones estatales.

Otro elemento que hace posible esta nueva intervención social, en base a estrategias integrales y diversas, es la reorganización administrativa del Estado, ya que sin estas nuevas modalidades de gestión se imposibilita el despliegue de nuevas metodologías de trabajo para la puesta en marcha de políticas sociales.

La emergencia de una nueva arquitectura estatal de carácter policéntrica, que busca la integración de nuevos actores en la toma de decisión, es la base sustentadora de un proceso capaz de dar respuesta eficiente, clara y transparente. Este escenario es posibilitado gracias a la Reforma del Estado ya mencionada con anterioridad, ya que crea el escenario tanto organizativo como gestionario, para ir avanzando en la concreción de los objetivos desplegados en el proyecto país.

4.3 Aplicación y Análisis de Metodología propuesta