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Durante los últimos años la expectativa de que Colombia acelere la construcción de la paz se visualiza como una opción muy positiva y posible, como resultado del restablecimiento de una mesa de diálogo entre el Gobierno y las Farc-EP. Esta dinámica de avanzar hacia una etapa de pos acuerdo, plantea una serie de retos importantes en el futuro cercano. La construcción de una sociedad en paz supone la superación de problemas que han estado presentes desde hace varias décadas, y que van mucho más allá de la dejación de las armas por parte de los grupos al margen de la ley que operan en la actualidad.

Desde la perspectiva de Naciones Unidas, la firma del acuerdo de paz es una condición necesaria pero insuficiente para la consolidación de una sociedad reconciliada. Más importante será la etapa de posconflicto, por cuanto su desarrollo constituirá una verdadera garantía que los episodios de violencia no se repetirán. Dentro de la agenda para dicho proceso serán fundamentales, entre otros, los avances que se alcancen en materia de reparación de víctimas y justicia transicional, necesidades que emergieron como consecuencia del conflicto.

Sin embargo, también será clave dar respuesta a los problemas que desde un comienzo fueron la semilla del inconformismo social en las regiones, lo cual explica en importante medida el conflicto interno de más de medio siglo. La política de Estado deberá dar un giro en dos dimensiones. En primer lugar, tiene que propender en mayor medida por cerrar las

brechas sociales, a través del fortalecimiento de las capacidades de los segmentos de la población menos favorecidos, de manera que éstos tengan la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a los diversos mercados que componen la economía, para lo cual la pro visión de bienes públicos y el acompañamiento del Estado en las zonas más remotas es un requisito indispensable.

En segundo término, la política de crecimiento económico deberá evolucionar hacia una política más incluyente, en donde el alto dinamismo económico esté apalancado por una mayor participación de la población a lo largo y ancho del territorio nacional, y no sólo de aquellas regiones y segmentos poblaciones que se han beneficiado de una mayor presencia Estatal.

Por supuesto, la resolución de la mayoría de los retos anteriormente mencionados demandará reformas estructurales que evidenciarán resultados en un horizonte de mediano y largo plazo. No obstante, el camino hacia la construcción de un país en paz requerirá también de victorias tempranas, que den muestras de que en efecto la historia de Colombia ha encontrado un punto de inflexión y que, por lo tanto, sirvan para desmantelar cualquier intención de reactivación del conflicto en el país.

En ese contexto, las bondades derivadas de la reforma a la ley de regalías constituyen una gran oportunidad para enfrentar la fase de construcción de la paz. Por un lado, porque los cambios normativos permiten focalizar el gasto público en zonas que por sus precarias condiciones socio-económicas y por las secuelas que dejó el periodo de violencia resultan prioritarias. Por otro lado, los arreglos normativos contribuyen a reducir la ineficiencia en las inversiones, a través del establecimiento de requisitos más exigentes en el proceso de estructuración y aprobación de proyectos, de manera que el impacto esperado de la asignación de estos recursos es ahora superior.

En ese orden de ideas, este capítulo busca esclarecer si los principios que guiaron la reforma al sistema de regalías en Colombia se ven reflejados en la asignación de recursos en aquellos territorios que han sido más golpeados por la violencia y el conflicto armado, al tiempo que busca dilucidar si la inversión social programada en este tipo de municipios atiende a las principales necesidades de los mismos. Finalmente, la sección concluye con algunas recomendaciones que sirvan de

6,5 4,8 8,9

21,0

58,9

‹ 30 mil 30 mil - 50 mil 50 mil - 100 mil 100 mil - 200 mil ›200 mil

Para el análisis presentado en este capítulo se tomará como referencia un grupo de 125 municipios que fueron identificados por Naciones Unidas con base en dos criterios: i) territorios en los que la violencia ha generado un alto impacto y ii) en donde los indicadores socio-económicos son desfavorables en términos relativos. Para fines de este capítulo, se tomaron 124 municipios36 _{los cuales} pueden ser considerados prioritarios en la construcción de la paz, aunque, por supuesto, esto no quiere decir que sean los únicos relevantes para dicho proceso o que no puedan existir otros elementos de juicio para definir otros grupos sobre los cuales la política pública quisiera enfocarse en el futuro cercano.

Una característica de los municipios acá definidos como prioritarios es que se trata, en un alto porcentaje, de jurisdicciones con baja población. De hecho, cerca del 60% de estos municipios cuenta con menos de 30 mil habitantes, el 21% tiene una población entre 30 mil y 50 mil habitantes, el 8,9% tiene una población entre 50 y 100 mil habitantes y apenas el 11,2% cuenta con más de 100 mil habitantes (Gráfica 21).

Gráfica 21:

Caracterización de los 124 municipios por tamaño de población

Fuente: DNP.

Caracterización de las condiciones