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2000)

El escenario posterior a la captura de Abimael Guzmán y de otros importantes dirigentes estuvo marcado por la derrota del PCP-SL, iniciada tres años antes cuando fue expulsado de varias de sus zonas de tradicional influencia por la acción de las fuerzas del orden y de los comités de autodefensa. La falta de una conducción nacional que cubriera el vacío provocado por la captura de Guzmán se hizo evidente en la disminución de acciones terroristas. El principal objetivo de la organización en esta fase fue, inicialmente, presentar la imagen de no haber sido afectados mientras que se concentraban en campañas como la de «salvar la vida del presidente Gonzalo».

En octubre de 1993, desde su prisión en la base naval del Callao y luego de algunas conversaciones entre dirigentes senderistas facilitadas por el gobierno de Alberto Fujimori, Abimael Guzmán propuso un acuerdo de paz al Estado que no se concretó, pero sirvió de propaganda al régimen de Fujimori en vísperas del referéndum para aprobar la Constitución de 1993. De ahí en adelante, la nueva posición del jefe senderista se convirtió en mayoritaria, por encima de las facciones disidentes que planteaban proseguir la guerra popular; sin embargo, el gobierno de Fujimori no buscó una salida definitiva de paz ni respondió a las propuestas de Guzmán. En la práctica, se había producido una división del PCP-SL, ya que una parte de la dirección senderista rechazó la propuesta del acuerdo de paz de Guzmán.

Por su parte, el MRTA continuó las acciones militares en zonas como San Martín y la ceja de selva central. Bajo la dirección de Néstor Cerpa, luego de la caída de Polay, tomaron ciudades importantes como Moyobamba e intentaron desarrollar núcleos de guerrilla urbana. Aun cuando parecían menos golpeados que el PCP-SL, no pudieron recuperarse de las graves disputas internas, la inexperiencia de sus cuadros39 _{y los efectos de la ley de arrepentimiento.} Externamente, la organización fue afectada por el debilitamiento de la izquierda, y la ofensiva estatal y mediática contra las organizaciones subversivas. En ese escenario concluyeron que su prioridad organizativa debía ser la de recomponer su dirección nacional mediante la liberación de los dirigentes presos. Al no poder replicar la experiencia del túnel del penal Canto Grande, optaron por preparar alguna acción de toma de rehenes para exigir luego un canje de prisioneros.

Paralelamente, el gobierno de Fujimori continuó resaltando su imagen de régimen de mano dura que no realizaba ninguna concesión a la subversión mediante el nuevo marco legal aprobado que, a su vez, destacaba su estrecha relación con las Fuerzas Armadas. A pesar del evidente declive en las acciones subversivas, resaltado por la misma propaganda oficial, el régimen no disminuyó el número de zonas de emergencia sino que mantuvo un esquema de contrasubversión sin subversión.

En términos estrictos, la política de pacificación consistió en mantener en prisión a la mayor cantidad posible de subversivos bajo condiciones extremas en penales de máxima seguridad y en aislar a los núcleos armados. La propuesta de acuerdo de paz hecha por Guzmán y la dirigencia senderista brindó réditos políticos a Fujimori y rebajó la tensión en los penales, pero no liquidó a la organización. Vladimiro Montesinos tuvo a su cargo la conducción personal de las conversaciones y tratos con Guzmán, Iparraguirre y demás dirigentes senderistas en tanto «interlocutor académico». Estas conversaciones, enmarcadas por intereses políticos circunstanciales, se interrumpieron hacia 1995. Debe recalcarse que ni Fujimori, ni el general Hermoza Ríos (entonces la figura de mayor poder en las Fuerzas Armadas) se reunieron con los jefes senderistas. Tampoco se promovió reunión alguna con miembros de la DINCOTE, en buena parte desarticulada después de la captura de Guzmán, o con expertos de inteligencia del Ejército que trabajaban en el SIN, como el general Eduardo Fournier.

Las incansables denuncias sobre violaciones de los derechos humanos tuvieron un nuevo impulso a partir del hallazgo de las fosas donde se encontraban los restos de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta en julio de 1993. El gobierno de Fujimori no asumió responsabilidades; por el contrario, optó por la descalificación de la legitimidad de los denunciantes y su permanente hostigamiento. Teniendo al SIN como su principal aparato político, el gobierno continuó con una serie de cambios intencionales de la legislación que supuso la eliminación práctica de la independencia de poderes con la finalidad de garantizar la impunidad para los agentes estatales implicados en violaciones de derechos humanos. Así, la existencia de una mayoría de representantes oficialistas en el Congreso Constituyente Democrático permitió la utilización de diversos voceros para salir al frente de las denuncias y, sobre todo, para aprobar en 1995 una ley de amnistía para las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden que garantizara una completa impunidad.

Lejos de revertirse, el proceso de corrupción normativa continuó el resto de la década con el objetivo de asegurar la prolongación del régimen. Para ello, el gobierno utilizó, con fines electorales y de control político, la estructura militar desplegada con pretexto de la contrasubversión, en un contexto en el que la subversión se replegaba. Explotó en los medios de comunicación, con fines de propaganda política, las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna que concluyeron en éxitos, al tiempo que manipulaba el miedo de la población con la amenaza del «terrorismo». Así, las operaciones contrasubversivas dejaron de ser un

39 _{En la tradición de las organizaciones revolucionarias, el término «cuadro» denota un tipo calificado de} militante.

medio para capturar líderes subversivos y terminar finalmente con las acciones del PCP-SL y del MRTA, para convertirse en un medio de propaganda para el gobierno, en el mejor de los casos, y , en el peor de los casos, en un instrumento para desviar la atención pública de los excesos y los delitos que se denunciaban cada vez con más frecuencia. Esto fue posible, en gran medida, por el progresivo y casi total control de medios de comunicación masivos, comprados con el dinero del Estado.

Las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna concluyeron en éxitos explotados por el gobierno. Por ejemplo, el asalto a la residencia del embajador japonés en Lima en diciembre de 1996 por un comando del MRTA, encabezado por su líder máximo Néstor Cerpa, que mantuvo cautivos a 72 rehenes, concluyó con la operación de rescate Chavín de Huántar. Luego del revés militar sufrido en el conflicto del Cenepa de inicios de 1995, el gobierno utilizó los festejos por la exitosa liberación de los rehenes para su legitimación. Por otro lado, en julio de 1999, luego de un enorme y publicitado operativo militar para cercarlo, fue capturado cerca de la ciudad de Huancayo el líder senderista disidente Óscar Ramírez Durand, Feliciano, quien había rechazado la propuesta de acuerdo de paz de Abimael Guzmán y mantenía vigente la guerra popular iniciada en 1980. Ramírez Durand era el último de los altos dirigentes del PCP- SL que seguía libre.

Preocupado más por asegurar su continuidad, y aún resaltando su imagen de mano dura sin concesiones frente a la subversión, Fujimori terminó descuidando en la práctica la política contrasubversiva y no dio una solución final al problema de la subversión, focalizada desde hacía varios años en algunas zonas marginales y poco accesibles del territorio en las que coincidía con el narcotráfico.

1.5.EL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y LAS REGIONES

El conflicto armado interno se desarrolló de manera muy diferente en los distintos espacios regionales que conforman el territorio nacional.

Efectivamente, si bien la historia de las dos décadas de violencia que analiza la CVR fue protagonizada por organizaciones de decisión y mando muy centralizadas —el PCP-SL y el MRTA, por un lado, y las fuerzas del orden, por el otro—, la intensidad de la violencia, así como sus formas y la configuración de sus actores, tuvo expresiones regionales muy diferenciadas. Mientras en unos espacios su presencia fue restringida y esporádica, en otros arrasó vidas, destruyó infraestructura, transformó la vida cotidiana de sus pobladores e impuso largos períodos de horror, sufrimiento e incertidumbre. Además, entre las regiones de alta incidencia de acciones violentas, el desarrollo del conflicto siguió también cronologías distintas en lo relativo a las estrategias desplegadas por los actores, y a la forma y espacios en los que los pobladores se vieron involucrados.

Esta diversidad de historias regionales golpeadas por la violencia está relacionada con las características particulares de cada contexto regional antes del conflicto, así como con los objetivos y estrategias que los grupos levantados en armadas buscaban conseguir y desarrollar en cada uno de los territorios donde actuaron.

La CVR definió cinco grandes regiones en las cuales el conflicto armado interno tuvo mayor intensidad:

La región sur central, compuesta por el departamento de Ayacucho, las provincias de Acobamba y Angaraes del departamento de Huancavelica y las provincias de Andahuaylas y Chincheros del departamento de Apurímac; ésta es la región donde se inició el conflicto armado interno con una violencia hasta entonces desconocida y donde cobró la mayor cantidad de víctimas

La región nororiental, compuesta por los departamentos de Huánuco, San Martín, Ucayali (particularmente las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo) y Loreto; en esta región, el conflicto armado se prolongó por más tiempo y se complicó con otras fuentes de violencia, especialmente aquéllas relacionadas al problema del narcotráfico. La región central, compuesta por los departamentos de Junín y Pasco, y las provincias

de Huancavelica, Tayacaja, Huaytará, Churcampa y Castrovirreyna del departamento de Huancavelica. Ubicada entre Ayacucho y Lima, es una región estratégica para el abastecimiento y las comunicaciones de la capital, generadora y transmisora de energía para la red nacional y asentamiento de empresas mineras; funcionó también como refugio de las organizaciones subversivas en la zona de selva.

Lima Metropolitana, sede del poder y centro de la economía, fue permanentemente asediada desde el inicio de la violencia por lo que concentró, por su visibilidad nacional e internacional, gran cantidad de atentados; pero también fue el espacio de planificación nacional de la violencia, y el foco de agitación y organización en sus asentamientos populares.

El sur andino, compuesto por los departamentos de Puno y Cusco, y las provincias de Abancay, Grau y Cotabambas del departamento de Apurímac.

En este conjunto de regiones se produjo el 91% de las víctimas reportadas en los testimonios recogidos por la CVR, así como la mayor destrucción de infraestructura y el más grave deterioro de la organización, la confianza, los vínculos y la solidaridad (véase el gráfico 18).

AQUÍ GRÁFICO 18

Gráfico 188

PERÚ 1980-2000: PORCENTAJE DE MUERTOS Y DESAPARECIDOS REPORTADOS A LA CVR SEGÚN REGIÓN EN LA QUE OCURRIERON LOS HECHOS

0% 20% 40% 60%

Región Sur Central

Región Central

Región Nor Oriental

Sur Andino

Lima Metropolitana

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