• No results found

2.5 Variables in the Study

2.5.1 Dependent Variable

Este apartado recoge la evolución en los Estados miembros en 2010 desde el punto de vista de las actuaciones contra la trata de seres humanos. El apartado 4.3.1 describe la evolución desde la perspectiva del cumplimiento de los compromisos del Pacto y el Programa de Estocolmo, atendiendo particularmente a la cooperación con los países de origen y de tránsito. El apartado 4.3.2 pone de relieve las actuaciones de los Estados miembros desde la perspectiva nacional. Por último, el apartado 4.3.3 ofrece una visión de conjunto de las estadísticas clave relacionados con la trata de seres humanos.

4.3.1 Evolución desde la perspectiva de la UE en el contexto del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo y el Programa de Estocolmo

4.3.1.1. Mejorar la cooperación con los países de origen y de tránsito para informar mejor a las comunidades amenazadas

La mayoría de los Estados miembros (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, la República Checa,

Chipre, Dinamarca, la República Eslovaca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Portugal, el Reino Unido, Rumanía y Suecia)

cooperaron con terceros países de origen y de tránsito en la lucha contra la trata de seres humanos. Las acciones emprendidas se centraron en la sensibilización respecto a las comunidades amenazadas (Austria, Bélgica, Chipre, España, Italia, Letonia, Polonia, Portugal, Suecia), en la colaboración y el desarrollo de capacidades entre los organismos de los Estados miembros (Bulgaria, Lituania, los Países Bajos, Suecia), en el seguimiento y la asistencia a las víctimas (Bulgaria, Chipre, Grecia, Portugal, Suecia) y en la organización de una conferencia regional contra la trata con miras a aumentar la cooperación entre los países de acogida y de origen (Lituania).

Nueve Estados miembros (Bélgica, Chipre, España, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, los Países

Bajos y Portugal) desarrollaron actividades en países de origen para reducir la migración irregular. Bélgica organizó campañas informativas y envió misiones a países concretos (por ejemplo, Brasil,

Serbia, Mongolia, Vietnam, Marruecos y Afganistán). Chipre intensificó la cooperación y diálogo con los países vecinos de origen y de tránsito, sobre todo con Siria. En cuanto a los proyectos para prevenir la migración irregular, los Países Bajos participaron en un proyecto de desarrollo de las capacidades del Servicio de Inmigración de Liberia para reducir la migración irregular, mientras que España propuso varias iniciativas para la prevención de la migración irregular con América Latina y la región Asia-Pacífico.

En lo que respecta a la sensibilización, los Estados miembros hicieron referencia a la organización de campañas informativas (Austria, Bélgica, la República Eslovaca, España, Finlandia, Polonia,

(Bélgica, Chipre, la República Eslovaca, Finlandia, Polonia), a la creación de sitios web (República Eslovaca, Letonia, Finlandia, Polonia) y a la organización de reuniones con alumnos de secundaria y sus padres, así como con estudiantes universitarios (Polonia). España financió actividades de sensibilización de organizaciones internacionales en América Latina, Asia y el Pacífico, e incluyó varias medidas específicas en su Plan de acción ‘Mujeres y construcción de la paz’.

Nueve Estados miembros (Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, el

Reino Unido, Rumanía y Suecia) informaron de actividades de cooperación y desarrollo de

capacidades con terceros países. Grecia, por ejemplo, hizo referencia a la cooperación con las autoridades diplomáticas de los países de origen de las víctimas, así como a la cooperación operativa transfronteriza de sus fuerzas del orden para el desmantelamiento de las redes de delincuencia organizada en el marco de la operación ILAEIRA contra la trata de seres humanos, desarrollada entre 21 Estados miembros, terceros países, organismos internacionales y ONG.

Dinamarca aplicó un programa regional de 2007 a 2010 en Tailandia, Camboya y Birmania para

proteger a los menores contra la explotación sexual y la trata, así como un proyecto en Malí para combatir la delincuencia organizada en el marco del Programa general de buena gobernanza, y otro proyecto en Moldavia, Ucrania y Bielorrusia sobre la trata de seres humanos en el marco del programa de vecindad danés. Lituania mencionó un proyecto de prevención de la trata de seres humanos desarrollado en Kaliningrado y encaminado a prestar asistencia a las víctimas y a compartir buenas prácticas con asociados de la Federación Rusa. Los Países Bajos se refirieron a un nuevo acuerdo de cooperación con Nigeria, en virtud del cual funcionarios de policía neerlandeses impartieron varias sesiones de formación a sus colegas nigerianos para luchar contra la trata de seres humanos y el tráfico de inmigrantes. Suecia realizó numerosas actividades, tales como visitas y programas de intercambio, en el marco del Consejo de Estados del Mar Báltico.

Otras medidas señaladas por los Estados miembros conciernen a la supervisión y la asistencia directa. Bulgaria, país a un tiempo de origen y de tránsito, participó en diversos proyectos, algunos aplicados conjuntamente con otros Estados miembros, como los Países Bajos. Se trataba de proyectos dirigidos, por ejemplo, a reducir el número de víctimas procedentes de Bulgaria y

Rumanía explotadas en Irlanda y en España y a desarrollar la Red de seguimiento transnacional-

UE para controlar los desplazamientos entre los países de origen y de destino. Suecia desarrolló programas de rehabilitación para las víctimas de la trata y programas de retorno seguro. En Grecia, la protección y asistencia a las víctimas se ofreció a través de una red de agentes estatales y no estatales participantes en la operación ILAEIRA.

4.3.2 Evolución adicional a escala nacional

Como se ha explicado en la metodología, este apartado describe la evolución adicional y complementaria en materia de trata de seres humanos a escala de los Estados miembros, al margen del ámbito de aplicación del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo y el Programa de Estocolmo. Los Estados miembros adoptaron diversas medidas para mejorar la lucha contra la trata de seres humanos, como la elaboración y aplicación de estrategias y políticas (España, Portugal, Suecia), la realización de cambios institucionales (Bulgaria, Irlanda, los Países Bajos), la modificación de los aspectos normativos y procedimentales (Bélgica, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Suecia) y el desarrollo de actividades de sensibilización. Algunos, como Austria, Bélgica, Chipre, la

República Eslovaca, Estonia, Finlandia, Polonia, el Reino Unido y Suecia, mencionaron

también el uso de equipos e instrumentos específicos, como líneas de asistencia telefónica urgente, materiales de orientación, formación, etc.

prevención; educación y formación; protección y asistencia, e investigación penal y cooperación. Otros Estados miembros (España, Suecia) confirmaron que estaban ya aplicando estrategias elaboradas en años anteriores. España, por ejemplo, de conformidad con su Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, identificó ciertos países como prioritarios desde ese punto de vista.

Se produjeron también cambios institucionales, tales como el establecimiento de un mecanismo nacional de remisión para las víctimas en Bulgaria y la creación de una unidad de lucha contra la trata en Irlanda. En Alemania, la Conferencia Permanente de Ministros del Interior solicitó al Gobierno federal que presentara una propuesta legislativa para regular la prostitución, con lo que mejorarían los procesos penales contra la trata con fines de explotación sexual. En Grecia, la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de sus tres Protocolos supuso una ampliación de la definición de víctimas de la trata de seres humanos y del tráfico de inmigrantes y consolidó y amplió la protección. Los Países

Bajos ampliaron su centro de conocimientos especializados sobre la trata de seres humanos

incorporando el Servicio de la policía de apoyo a los extranjeros.

En cuanto a los cambios legislativos o procedimentales, en Bélgica el grupo de trabajo del Parlamento sobre la trata recomendó vivamente la mejora del estatuto jurídico de las víctimas.

Lituania presentó un proyecto de ley en el que se prevé la expedición de permisos de residencia a

los menores víctimas de trata que cooperen con las fuerzas del orden. En los Países Bajos, el nuevo procedimiento de asilo permite la expedición inmediata de un permiso de residencia, de oficio, a los solicitantes que denuncien actividades de trata. Polonia tipificó como delito la trata, por primera vez, en el Código penal. Suecia modificó asimismo su legislación penal, excluyendo la aplicación del principio de doble tipificación a los delitos de trata.

Varios Estados miembros hicieron referencia a la gestión de servicios de atención telefónica, entre ellos Austria, Bélgica, Chipre, la República Eslovaca, Estonia, Finlandia, Polonia, el Reino

Unido y Suecia. Estonia, por ejemplo, hizo hincapié en la formación y sensibilización. Su servicio

de atención telefónica ha tenido un éxito creciente y en 2010 recibió más de 600 llamada. La

República Eslovaca siguió gestionando una línea de este tipo, que recibió casi 1 000 llamadas. El Reino Unido introdujo con carácter experimental un plan piloto de lucha contra la trata de menores

en 13 administraciones locales inglesas y galesas. El plan, cuya evaluación se inició en 2010, tiene como función fomentar la sensibilización respecto al Mecanismo Nacional de Remisión (MNR), establecido para mejorar la identificación y protección de las víctimas de la trata y para ayudar a los profesionales en la identificación de éstas cuando se trate de menores. Se aplicó además en todo el Estado miembro, con la participación de diversas ONG, un nuevo programa de formación específico para la “autoridades competentes” (responsables de la toma de decisiones en materia de identificación de las víctimas de la trata en el MNR).

Bélgica y España informaron de las actividades realizadas durante sus respectivas Presidencias de

la UE, como la organización de conferencias centradas en la cooperación europea e internacional, y

España participó además, en calidad de observadora, en el Consejo de Estados Bálticos.

En cuanto a los debates, se mostró un especial interés en los Estados miembros por la trata para fines de explotación laboral, aparte de la explotación sexual. Por ejemplo, en Bélgica, un locutor flamenco informó sobre la trata de seres humanos y la explotación sexual en la zona de Bruselas. En

Polonia, los medios prestaron cada vez más atención al fenómeno de los nacionales polacos

4.3.3 Estadísticas clave

La disponibilidad de estadísticas sobre el número de víctimas de la trata a las que se concede permiso de residencia y sobre el número de traficantes detenidos y condenados varía grandemente entre los Estados miembros, debido a que su recogida no está armonizada a escala de la UE.

El número de permisos de residencia concedidos varió notablemente entre los Estados miembros, desde cero (Estonia, Finlandia, Lituania, Malta), pasando por cuatro (República Checa) o siete (Bélgica), hasta 47 (Alemania), 59 (Chipre) o 62 (Francia). Italia concedió 354 permisos en 2010, mientras que Francia renovó 88. Además, la República Eslovaca identificó a 22 víctimas de la trata y puso bajo protección a 16.

Por lo que se refiere al número de traficantes detenidos y condenados, también difieren las cifras entre los Estados miembros. Bulgaria detuvo a 91 posibles traficantes y condenó a 108, mientras que Chipre detuvo a 59 y condenó a uno. En Estonia se detuvo a 150 personas y se condenó a 45.

Francia detuvo a 4 562 e Irlanda condenó a una56, si bien prestó asistencia jurídica gratuita a 39

víctimas de la trata. Lituania tramitó 15 actos delictivos, Malta detuvo a 10 personas y condenó a 3, y Polonia detuvo a 42. En el primer semestre de 2010, los Países Bajos condenaron a 40 personas por trata de seres humanos y a 70 por tráfico de inmigrantes. 57 En Rumanía se identificó a 1 099 posibles autores de delitos de trata, se investigó a 582 y se detuvo a 339 sospechosos. En lo que respecta al tráfico de inmigrantes, Rumanía identificó a 93 posibles traficantes, investigó a 70 y detuvo a 32 sospechosos.

Related documents