2.1 for more details.

confiabilidad, que significa que a Emgesa se le garantiza “un ingreso fijo independiente de su participación diaria en el mercado mayorista asignado por un período de 20 años, reduciendo así el riesgo de su inversión”, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Está calculada en 837 millones de dólares y tendrá capacidad para generar 400 megavatios, el 5% de la demanda eléctrica del país, cifra que representaría para la fecha de su inauguración, en 2014, exactamente el excedente de electricidad que el Sistema Eléctrico Nacional estará produciendo cuando entren en servicio las hidroeléctricas de Pescadero, Hidrosogamoso, Cucuana en el Tolima.

Además, estos proyectos se justifican como parte del Plan Nacional de Desarrollo, de las Agendas de Productividad y Competitividad Nacional, así como las Agendas Internas de Productividad y Competitividad de cada uno de los departamentos como una de las “locomotoras del desarrollo”. Todos estos documentos fueron elaborados como parte de las adecuaciones normativas para la celebración del TLC. Esta postura fue ratificada por el presidente Santos, el 27 de febrero de 2012 en Popayán Cauca al expresar su apoyo incondicional a las empresas Emgesa Endesa Enel y su proyecto hidroeléctrico justificando el reciente desalojo violento de los afectados bajo el supuesto de que no permitirá la obstrucción de generación de “energía limpia y necesaria” para garantizar la “seguridad energética del país en el futuro”, cuando no es un secreto que la hidroeléctrica se subastó con la exclusiva función de producir energía para la exportación como lo ha afirmado el actual Ministro de Comercio Exterior de Colombia. Esto es corroborado por un Informe, de mayo de 2011, del Banco de

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Iniciativas para el Desarrollo de Antioquia, según el cual, “Colombia ya produce una sobre-instalación de potencia eléctrica de 4761 megavatios”

A ello se le suma, producto de las Mesas Temáticas de Control y Seguimiento a las obras del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, realizadas del 25 de enero al 3 de febrero de 2012 por organismos del Estado y Asoquimbo se constató la configuración de una crisis humanitaria en la Región como consecuencia de la catástrofe económica, social, ambiental y cultural generada por el megaproyecto energético; crisis que obedece fundamentalmente a la destrucción de las cadenas productivas y la seguridad alimentaria, el desplazamiento estatal, el desempleo, el daño de los ecosistemas, las afectaciones psicosociales, la ruptura de los tejidos sociales, daños al Patrimonio Arqueológico, riesgo sísmico y la vulneración de todos los derechos fundamentales de los afectados y el derecho colectivo al medio ambiente sano.

Esta crisis se origina en el desconocimiento por parte del Gobierno del presidente Álvaro Uribe del Auto No. 517 de 31 de julio de 1997 mediante el cual El Ministerio de Ambiente declaró no viable el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, - en donde se presentaron tres alternativas- teniendo en cuenta el impacto que este generaría sobre el componente social como resultado de la afectación de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región y por la dificultad de restituir la actividad productiva de la zona.

En el 2007 subastó el Proyecto a Emgesa, declaró mediante Auto No 515 del 22 de febrero de 2008, con base en el concepto técnico No. 277 del 220208 que el PH El Quimbo “No requería de la presentación de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA); expidió la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008 declarando los terrenos de utilidad pública, saltándose el requisito de la consulta previa a los directamente afectados y desconoció la solicitud formulada por la Procuraduría General de la Nación al MAVDT, el 9 de mayo de 2009. Es inconcebible que no se hayan realizado estudios técnicos y científicos rigurosos por parte de instituciones como el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional, el Ideam, entre otras, con anterioridad a la expedición de la Resolución 0899 del

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15 de mayo de 2009, como el de “valoración económica de los impactos Ambientales” ordenado con posterioridad al otorgamiento de la Licencia Ambiental bajo la responsabilidad de Emgesa “en el plazo de un año contado a partir de la ejecutoria del mencionado acto administrativo que debió haberse adelantado “de manera integral, teniendo en cuenta el conjunto de recursos afectados y sus implicaciones para la sociedad en su conjunto, tanto local como regional”.(artículos 15 y 16 de la Resolución 0899)

Ante la inexistencia de los estudios previos la Defensoría del Pueblo realizó trabajo de campo donde recolectó y analizó la información suministrada por las comunidades afectadas y, como consecuencia de su diagnóstico, solicitó mediante Oficio dirigido al MAVDT -radicado 4120-E1-43213 del 7 de abril de 2011- la suspensión de la licencia ambiental, entre otras razones, porque “con la adquisición de predios por parte de Emgesa, se pierden los empleos relacionados con los proyectos productivos de esos predios y la empresa no ha implementado las medidas de compensación para las personas que se afectan por ello”.

Destrucción de las cadenas productivas y desplazamiento. De igual manera, el MAVDT con base en la información obtenida en las visitas de seguimiento y control ambiental efectuadas al proyecto hidroeléctrico El Quimbo identificó y analizó la gran mayoría de los impactos sociales y emitió el Concepto Técnico No. 879 del 13 de Junio de 2011 que fundamentó la Resolución 1096 del 14 de Junio de 2011 mediante la cual se impuso a Emgesa, medida preventiva al reconocer que “la compra de predios está ocasionando una cadena de impactos no previstos que demuestran la urgencia de tener una herramienta para la identificación y valoración de la vulnerabilidad de los distintos grupos poblacionales, para evitar el detrimento del bienestar de las personas desplazadas por este efecto.”, muchas de las cuales no han sido censadas y públicamente son desconocidas por la Empresa Emgesa a través de su Gerente General al afirmar que “no cederá a nuevas compensaciones que puedan surgir durante las jornadas (25 a 30 de Enero, mesas de control y seguimiento) y por el contrario, se ceñirá exclusivamente a lo que indica la licencia ambiental”

92 Los impactos socioeconómicos, ambientales y culturales constituyen vulneraciones de derechos fundamentales y un alto riesgo de exclusión causada por el proyecto que Emgesa desconoce y que el MADS ha pretendido minimizar. La comunidad Nacional e Internacional expresó su preocupación debido a que la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales – ANLA- mediante resolución 123 del 29 de noviembre de 2011 levantó las medidas preventivas impuestas por la res.1096, a EMGESA sin verificar con las comunidades afectadas, que los fundamentos expuestos por la empresa en la solicitud de levantamiento de medidas como la figura de “comodato reestructurado” respondiera al empleo perdido por más de 200 personas de la región. Pero además para agravar la problemática los ministros de Minas declararon, en septiembre de 2011 y enero de 2012, de utilidad pública 34.204hectáreas adicionales a las 8.586 otorgadas en 2008, con el propósito de depreciar las tierras porque de los entre 28 a 50 millones que valían, (precio comercial) las redujo a entre 2 y 20 millones, de acuerdo con el Manual de Precios Unitarios de Predios; 24 mil hectáreas serían para reasentamiento lo que implicaría incrementar el desplazamiento sin ninguna garantía de restitución de la actividad productiva debido a que se estaría reemplazando tierras fértiles de inundación por predios en producción.

Atentados contra el medio ambiente. El 14 de Junio de 2011, mediante Resolución 1349 la CAM impuso “unas medidas preventivas” a Emgesa que “impidan la continuación de la ocurrencia de actividades que atentan contra el medio ambiente y los recursos naturales renovables”. La CAM confirmó, entre otros, los hechos denunciados por los afectados, al considerar que “En el presente caso, se está ante la presencia de grave afectación del componente suelo, agua, forestal, fauna entre otros, por razón de la ejecución de actividades dañinas cuyo ejercicio se deplora habida cuenta de la magnitud de sus efectos nocivos”

Detrimento del patrimonio arqueológico, la afectación al Patrimonio Arqueológico debido al tratamiento ilegal de hallazgos arqueológicos por Emgesa, obligó al Instituto Colombiano de Antropología e Historia a ordenar la suspensión de obras mediante Oficios 1746 y 1749 de 2011, sin el acatamiento de lo dispuesto, por el

93 alcalde Municipal de Gigante y, posteriormente, mediante resolución No. 102 del 1o de agosto de 2011 se inició trámite sancionatorio contra los implicados en el caso de los hallazgos fortuitos realizados en el mes de abril de 2011, vinculando a la empresa EMGESA como posible infractora del régimen de protección del patrimonio arqueológico. Las anteriores decisiones del ICANH permiten inferir que no existe rigor para exigir el cumplimiento de la Constitución sobre protección de nuestro Patrimonio.

Riesgo sísmico. La científica climática, Payar Parece, directora del Programa Climático de International Rivers había solicitado ante la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR (SASC por su nombre en inglés)que el proyecto hidroeléctrico El Quimbo no sea certificado como Mecanismo de Desarrollo Limpio, fundamentalmente porque el costo socioeconómico, ambiental y cultural no compensa los beneficios para la sociedad huilense, y en su implementación está desconociendo recomendaciones de la Comisión Mundial para Represas, en particular, la omisión de la participación de los afectados, el desconocimiento de la normatividad ambiental y de procedimientos legales en el proceso de licitación y licenciamiento del Proyecto violando convenios y tratados firmados por Colombia en el ámbito ambiental y los altos riesgos de fallas geotécnicastales como los deslizamientos de tierra y terremotos.

Lo que ha existido es inoperancia crónica por parte del MADS que ha pretendido minimizar la gravedad de los impactos avalando en lo fundamental los informes de Emgesa sin constatación real. Después de acudir a diferentes instancias de dirección y organismos de control del Estado, la Contraloría General de la Nación, al encontrar mérito, ordenó, El 23 agosto de 2012, ¨la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal ante un presunto daño patrimonial, estimado en poco más de 350 mil 644 millones de pesos, cerca de 200 millones de dólares comprometiendo a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en supuestas irregularidades en el trámite de la licencia, así como en el grave impacto social, ambiental y económico que surgió dentro de la expedición de la misma¨.

94 La Contraloría, mediante Oficio de agosto 23 de 2012, presenta el informe final obtenido en desarrollo de la “Denuncia de Participación Ciudadana -Censo Desarrollado por Emgesa sobre los Beneficiarios del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo” y anunció el “envío de comunicación al Ministerio del Medio Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, para que se tomen las acciones inmediatas al Censo practicado por Emgesa. El ente de control halló graves fallas en el censo realizado por Emgesa para identificar la población afectada por el proyecto y la exclusión de muchas personas impactadas que cumplen con las condiciones para ser indemnizadas y censadas, concluyendo que ¨el censo continua abierto y que existen herramientas para corregirlo”.

La Fiscalía, Noticia Criminal No. 410016000584201200105, averigua por los responsables del delito de “Daños en recursos Naturales” causados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo. No se conocen resultados. La Procuraduría General se comprometió a estudiar la problemática generada por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo y los resultados del requerimiento al Ministerio de Ambiente de pronunciamiento a fondo sobre la solicitud de Audiencia Pública Ambiental negada de manera sistemática por la ANLA. El Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, envió una Comisión de Funcionarios para inspeccionar las obras con “el ánimo de atender las demandas hechas por la población de esta zona del país”. Parcialmente se comentó que a Emgesa sólo le preocupa el cronograma de obras para cumplir con la generación de Energía en el 2014, mientras que el cronograma de compensaciones sociales y ambientales no se cumplirá conforme a lo establecido en la Licencia Ambiental y los daños causados son irreversibles.

Los anteriores hechos prueban lo planteado por Asoquimbo, desde el inicio del proceso de resistencia: si el Ministerio de Ambiente, antes de haber sido aprobada la licencia ambiental, hubiera exigido la realización de un Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA), ¨estudio que permitiría evaluar y comparar las diferentes opciones para el desarrollo del proyecto, con el fin de optimizar y racionalizar el

95 uso de los recursos ambientales, y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos (Decreto 1753 de 1994)¨, se hubiera dado la voz de alarma sobre el carácter irreversible y la magnitud de los impactos, que hoy valida la Contraloría; diagnóstico determinante para declarar la inviabilidad del Proyecto y el argumento de peso para negar la Licencia.

Por otro lado, estudios realizados por parte de la Secretaría de Agricultura y Minería del Huila estiman en $33.225,02 millones de pesos anuales - precios corrientes del año 2008- la producción de la zona de inundación de la hidroeléctrica “El Quimbo”, dinero que dinamiza la economía de los seis pueblos que se verían afectados. Por otro lado, de construirse la represa y según lo afirma la misma Emgesa “los municipios del área de influencia y las corporaciones autónomas regionales recibirán el giro de transferencias durante 20 años, estimadas en $140 mil millones moneda de 2008”, lo que equivale a 7000 millones de pesos anuales, que evidentemente no compensan lo que produce la región. Además estas trasferencias no pasan directamente al campesino sino a políticos locales y regionales quienes convertirían, este dinero en cargos o pequeños proyectos que no compensarían las dinámicas económicas de la zona, no logrando irrigar los circuitos campesinos como lo hace, a pesar de las dificultades, la agricultura (la plaza de mercado, la farmacia, la panadería, la papelería, la heladería, etc.).

En el Proyecto hidroeléctrico El Quimbo, la empresa Emgesa se ha comprometido a contratar 3000 personas entre empleos directos e indirectos, que tras una modificación del auto 899 por medio de la resolución 1628 de 2010, no obliga a que sean empleados de la zona afectada. La zona según estimaciones de organizaciones sociales produce actualmente 1466 empleos directos e indirectos que son distribuidas entre los diferentes grupos poblacionales que vimos anteriormente. La construcción y puesta en marcha de la represa costaría cerca de 750 millones de dólares en cinco años (sin contar el costo de las compensaciones que han ganado los campesinos), generando un polo de atracción de personas de municipios aledaños que ante el creciente desempleo y

96 miseria que existe en el Huila (es el tercer departamento con mayor pobreza en el país), se ven esperanzados a solventar al menos en el corto plazo sus necesidades básicas con obras como esta.

Tal como cuentan muchos de los habitantes, la especulación en torno a la posible construcción de la represa ha generado que los arriendos, alquileres y tierras aledañas a la represa de El Quimbo hayan subido considerablemente, de la misma forma se ha presentado la construcción de nuevos restaurantes y ferreterías, debido a que sus dueños tienen la esperanza de venderle productos a funcionarios o empleados de Emgesa. Por otro lado, los alcaldes (principalmente de Garzón y Altamira) se encuentran totalmente de acuerdo con el proyecto, debido a que generará bonanzas esporádicas que les beneficiarán al corto plazo, mostrando su evidente propósito de separar sus intereses de las de sus pueblos.

Lo que cabe preguntarnos es ¿Y después de los cinco años de trabajo que?, según las fuentes consultadas, después de construida la represa se necesitaría un máximo de 15 empleados para su funcionamiento, quienes en su mayoría son técnicos y no pertenecerían a la región, dejando a 3.000 desempleados y a los municipios con una carga en pobreza y miseria que será difícil de sostener, más si las tierras con mayor productividad de la zona

En síntesis, todos los impactos han sido suficientemente identificados, analizados argumentados por Asoquimbo y reconocidos por instituciones del Estado producto de las acciones de Resistencia Civil y la solidaridad de organizaciones sociales del país y del mundo.

Información tomada por el Documento de Dussán, M. (2012) “El Quimbo: Destrucción de la Soberanía Hídrica y Agroalimentaria y del Patrimonio Nacional y Generación de Nuevos Conflictos”. Neiva, en Asoquimbo; [en línea], disponible en: http://20deabril.org/wp-content/uploads/2012/11/PONENCIA-Miller

97 Anexo XII. Entrevista No. 3

27 de Enero de 2013. Líder del Centro Poblado La Jagua y miembro de Asoquimbo

¿A qué se dedica o se dedicaba, cuál es o era tu actividad productiva? Bueno, antes de estar en este momento en la resistencia, yo era agricultor, campesino, tenía proyectos productivos, tenía mi labor como campesino en la cual yo tenía o tengo un invernadero en la cual produzco tomate invernadero, más o menos cuatro mil matas, vivía de eso, durante unos 5 o 6 años que llevo.

Apenas llego la tal multinacional, empezaron los dolores de la cabeza para mí y para la comunidad, porque siempre he sido luchador de la comunidad y del sector desplazado que somos nosotros de la Jagua cien por ciento por el proyecto El Quimbo, el invernadero que tengo está dentro del área de inundación, nunca me llamaron, si salí compensado, dentro del censo, salí en la escritura pública en la cual ya me han llamado tres veces, y en la cual siempre le he respondido que yo no quiero plata, ni quiero quimbo y no quiero multinacionales en mi territorio, siempre lo he dicho y siempre lo diré y como se los dije yo a ellos y a los

abogados y a los directivos de Emgesa, que yo no voy a negociar el futuro de mis hijos a cambio de las multinacionales a que día tras día nos van es a acabar, para nosotros no hay con multinacionales y el Gobierno prácticamente ha sido

patrocinador de esto, quien ha sido que más nos ha dado duro, estos gobiernos neo-políticos, neoliberales que es el de famoso Uribe y el famoso Santos, que día a tras día quiere acabar con el sector campesino, pero ellos dicen que esto es progreso, que esto es futuro, que esto es desarrollo económico de esta región; y de todo eso no tiene nada, ni político, ni económico, ni social, ni cultural, porque prácticamente todos esos aspectos no los van a acabar, no negocie, nunca negociaré, siempre seguiré en la resistencia y ahí estamos preparados para el catorce de marzo.

¿Cuándo empezó a escuchar de Asoquimbo?

Yo empecé a escuchar de Asoquimbo hace 5 años, yo soy de la resistencia de hace 4 años, mi proceso fue, yo ya más o menos conocía los efectos que tienen las hidroeléctricas, porque cuando yo estudie en el INEM en Neiva fui uno de los

98 que bolee piedra contra Betania, cuando se empezó el proyecto en Betania y sabia las consecuencias que traía una hidroeléctrica de tal magnitud, en este momento que el Quimbo es más grande y con más capacidad para generar energía, no para nosotros porque eso nunca lo vamos a haber nosotros, fue cuando empecé la lucha, empecé con mi gente, con mi pueblo que es desplazado cien por ciento, a decirle a meterle en la cabeza que esto que nos iba hacer, iba a hacer el acabose para la región del Huila y en especial para la región de la Jagua, porque yo siempre lo he dicho porque es el descole de la hidroeléctrica, en la cual siempre lo diré, va hacer la cochera del quimbo, va hacer la Jagua, y nos van a destruir como nos están destruyendo en este momento desplazando a más de 400 familias de los trabajos que tenemos ahí. Esta consciencia yo la metí hace cuatro años a mi gente, al iniciar esta resistencia empezamos prácticamente inicie con dos compañeros, explicándoles a la gente la magnitud del problema que se venía,