Assembling Lavasa: The Myth and Muscle of the Market “The Lavasa Corporation did not get the state government to forcibly
5.1. The Processes of Assembly
5.1.1. The Detritus of the Dam
2016
La organización EMRS es una organización de recicladores de oficio inscrita ante la SSPD como una
Organización Autorizada en formalización para prestar el servicio público de aseo en su actividad de aprovechamiento de residuos, bajo el Decreto Nacional 596 de 2016. El mencionado decreto establece un proceso de formalización en un horizonte de 5 años en el que los recicladores progresivamente deben cumplir
con las obligaciones, requisitos y condiciones que se le exigen a cualquier empresa prestadora del servicio de aseo.
La organización cuenta con 72 asociados y fue fundada en el año 2012 con el impulso de recicladores de oficio vinculados a la familia Romero Ocampo, producto de la decisión económica de vender en bloque sus materiales aprovechables recuperados para obtener mejores precios e independizarse de una bodega privada, en el marco del inicio del Programa Basura Cero de la administración distrital de Gustavo Petro. Luis Romero, uno de los fundadores y actualmente Representante Legal de EMRS señala:
Nosotros lo que veíamos es que el bodeguero nos estaba explotando… nosotros decidimos organizarnos porque no nos vemos representados en otras organizaciones, era una necesidad que teníamos para poder formalizar fuentes que teníamos y una necesidad de entrar a la formalización que en ese momento la alcaldía de Gustavo Petro estaba entablando… (L. Romero, comunicación personal, 11 de noviembre de 2017)
En el año 2016 se inscribieron como prestador del servicio de aprovechamiento ante la SSPD, reportando la información de su prestación del servicio desde abril del mismo año. Desde ese momento EMRS es formalmente una empresa del servicio de aseo ante el Estado, en el marco del Decreto Nacional 596 de 2016. Para obtener la información de los asociados de la organización se aplicó una encuesta con preguntas de carácter socioeconómico y relacionadas con la prestación del servicio. El primer resultado encontrado fue la dificultad de encuestar a todos los asociados. Si bien en el registro manejado por la organización aparecen 72 recicladores, solo fue posible encuestar 48 recicladores porque los demás no asistieron a la ECA durante las tres semanas de visita permanente a la organización, a pesar del llamado realizado vía telefónica a cada uno de ellos con el apoyo de la Junta Directiva de EMRS. Por lo anterior los porcentajes fueron estimados de acuerdo a los 48 recicladores encuestados.
Este resultado indica una fragilidad organizativa debido a que un reciclador de oficio puede estar registrado como asociado, lo que no implica que efectivamente se vincule a la dinámica asociativa o que cumpla con las responsabilidades operativas de un prestador, lo que en la práctica significa que solo en el papel es un reciclador formalizado, y que la organización no puede contar con estos recicladores para la prestación formal del servicio como el cumplimiento de rutas y frecuencias, la sensibilización de los usuarios y el uso de los elementos de protección personal, entre otros.
Del total de recicladores encuestados, el 43% son mujeres y el 57% son hombres. Las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar albergan al 87% de los asociados a la organización. Como particularidad, todos los
que residen en Ciudad Bolívar se encuentran ubicados en Bella Flor, barrio de invasión de la zona alta de la localidad en el que también vive la familia Romero Ocampo, fundadores de EMRS.
Del total de encuestados el 56% afirma vivir en una vivienda arrendada, mientras que el 13% dice vivir en una habitación en un inquilinato. El 31% restante afirma tener casa propia, de estos últimos el 80% reside en el barrio Bella Flor, lo que indica que EMRS es un proceso organizativo que le dio una forma de subsistencia legal a los habitantes de un barrio que fue construido autónomamente por sus fundadores. El 88% de los encuestados afirmar ser cabeza de hogar. El núcleo familiar de los recicladores de EMRS se compone en promedio de 4,2 miembros.
A la pregunta ¿Cuanto tiempo lleva asociado a EMRS?, el 42% señala que lleva entre 4 y 5 años asociado, es decir, desde el momento de fundación de la organización, lo que indica que EMRS ha mantenido una base de recicladores a lo largo de sus 5 años de historia. Otro dato que se debe resaltar es que el 19% de los encuestados tiene menos de 1 año de estar asociado, lo que evidencia que EMRS a partir de su inscripción ante la SSPD como empresa formal de servicio de aseo, ha incrementado el numero de sus asociados.
Solo el 6% de los recicladores encuestados señala que alterna el trabajo del reciclaje con otro trabajo para complementar sus ingresos, lo que evidencia que esta actividad económica genera el 100% de los ingresos al 94% de los encuestados. Aunque EMRS desde 2016 es una empresa formal del servicio de aseo, y sus asociados son trabajadores que prestan el servicio de recolección, transporte y disposición final en horarios establecidos, el 100% de los encuestados pertenecen al régimen subsidiado de salud, no tienen seguridad social ni prestaciones sociales, lo que evidencia el alto grado de informalidad en el que siguen desempeñando su trabajo los recicladores. Valga decir que en el momento de realizar la encuesta el 25% de los encuestados afirmó que estaba afiliado al régimen contributivo, lo que indica un desconocimiento de la legislación laboral con respecto a la seguridad social.
Los ingresos de los recicladores provienen de dos fuentes, la primera son los ingresos obtenidos por la comercialización de los materiales recuperados en la ECA de EMRS, que se pagan diariamente según los kilogramos por material. Los precios de los materiales fluctúan de acuerdo al mercado y se fijan para la compra a los recicladores, según los precios de venta que pueda obtener la organización con la industria. Usando la base de datos de comercialización de la asociación suministrada por EMRS, para el mes de abril de 2017, los ingresos por comercialización para cada reciclador variaron desde menos de medio salario mínimo, hasta tres salarios mínimos, lo que supone una enorme brecha de ingresos entre los recicladores. El 69% de los recicladores se ubicó con ingresos menores a 1 salario mínimo legal vigente para 2017 - $737.717-, mientras que apenas un 8% superó la barrera de los dos salarios mínimos. Cabe aclarar que no se incluyen en el salario las prestaciones sociales y la seguridad social, que como se mencionó, son derechos laborales de los que históricamente no ha gozado la población recicladora.
La desigualdad en los ingresos se explica de acuerdo a la cantidad de residuos aprovechables que recoja el reciclador. Por lo general los recicladores que tienen asegurada la prestación del servicio en un usuario aforado con un alto número de suscriptores, trabajando en un shut de residuos y con un vehículo motorizado, tienen mayores ingresos que los recicladores que realizan su trabajo en el espacio público compitiendo con otros recicladores “calle a calle” por los materiales reciclables, con vehículos de tracción humana como medio de recolección, tal como señala Angulo & Ospina (Angulo & Ospina, 2016, pág 56-57).
La segunda fuente de ingresos de los recicladores es el pago por la prestación del servicio que se venía haciendo de manera individual desde enero de 2013 por parte de del Distrito Capital en el marco del Programa Basura Cero y el Decreto Distrital 564 de 2012, y que desde la entrada en vigencia del Decreto Nacional 596 de 2016 se hace a las organizaciones de recicladores autorizadas por la SSPD, y son ellas las que distribuyen discrecionalmente los ingresos tarifarios a sus recicladores. Para el caso de EMRS, la asociación decidió distribuir estos ingresos de manera igualitaria, es decir, el total del pago por la prestación del servicio se divide en partes iguales entre todos los asociados:
Nosotros no dividimos la tarifa individualmente, sino lo hacemos colectivamente y ahí nace el pago igualitario y desde ahí ese es el éxito de nosotros en poder canalizar los recursos y en poder invertir en la prestación del servicio… ha tenido desventajas porque muchos recicladores no lo entendían, y al no entender algo decían “pero por qué yo le tengo que dar al otro”, entonces le decimos, “mire, hagamos una cosa, a usted lo han educado para pensar en usted y solamente en usted, pero usted depende del otro, porque el otro trae aún mayor material que usted y el que trae más material que usted, está dispuesto a hacerlo, como usted no va a estar dispuesto a hacerlo con su otro compañero que trae menos...” al mostrarle esas condiciones a los recicladores, los recicladores acceden, y es más se convencen al ver en el proceso de formalización subiendo la información al SUI, que inclusive eso es lo que mantiene y garantiza que ellos estén bien, al ver como están las condiciones de otros recicladores… ellos ven que el pago igualitario se convierte en la estructuración que nos da la oportunidad de crecer… lastimosamente todo el mundo piensa en si mismo, ese es el pensamiento individualista… (L. Romero, comunicación personal, 11 de noviembre de 2017)
EMRS distribuye igualitariamente el 75% de los recursos tarifarios entre los recicladores y trabajadores de la ECA, y un 25% para gastos relacionados con la operación del servicio en las tres actividades, separación, recolección y transporte, y disposición final.
De acuerdo con los datos socioeconómicos analizados, podemos afirmar que EMRS es producto de una comunidad organizada que optó por convertirse en un barrio de recicladores para conseguir una salida económica informal, en medio de la precariedad social de una población urbana empobrecida que no tuvo otra alternativa que asentarse en la periferia de la ciudad. Los ingresos obtenidos para la mayoría de los asociados de EMRS apenas alcanza para sobrevivir. Esta situación coincide con lo señalado por Solíz (Solíz, 2015).
6. CONSIDERACIONES FINALES
El funcionamiento de dos esquema diferentes para actividades del servicio público de aseo que deberían ser complementarias, estimula la competencia desigual por los residuos que es agravada por la deficiente separación en la fuente. Mientras los prestadores que recogen los residuos no aprovechables tienen el monopolio de decenas de miles de usuarios por 8 años, lo que asegura el músculo financiero para apalancar las inversiones a corto, mediano y largo plazo en vehículos, maquinaría, equipamiento y talento humano para hacer eficiente sus procesos de recolección, transporte y gestión administrativa y comercial y garantizar la suficiencia financiera de recoger y enterrar residuos; las organizaciones de recicladores deben operar en libre competencia pura y simple entre ellos y con los prestadores de no aprovechables, porque la deficiente separación en la fuente genera que el prestador de no aprovechables en su ASE concesionada, compita con los prestadores de aprovechamiento por la misma bolsa, pero en condiciones desiguales para las organizaciones de recicladores que carecen de los vehículos y el equipamiento necesario para hacer eficiente su proceso de recolección, situación que genera el enterramiento de cientos de toneladas de residuos aprovechables en el RSDJ.
Los horarios y frecuencias de recolección de los residuos en la ciudad de Bogotá son impuestos por los prestadores de no aprovechables, lo que obliga a las organizaciones de recicladores a someter su prestación del servicio a los tiempos de operación de los compactadores. Cuando el horario y frecuencia se desarrolla en jornada nocturna y/o en festivos, los recicladores deben trabajar sin derecho al reconocimiento de horas nocturnas, dominicales y festivas, por la informalidad laboral en la que se continúa desarrollando la actividad de aprovechamiento; reconocimiento del que si gozan los trabajadores formales de las empresas de aseo. Mientras no se incluyan los costos reales del servicio de aprovechamiento en la metodología tarifaria de la CRA, las organizaciones de recicladores seguirán trabajando a perdida, y los recicladores seguirán siendo explotados laboralmente. El esquema de libre competencia agrava la situación en términos operativos porque genera mayores costos administrativos, comerciales y de transporte para los prestadores de aprovechamiento. El costo de supervisión, vigilancia y control de un esquema de libre competencia es mayor al costo de supervisar ASE’s. Las presuntas irregularidades en el reporte de la información evidencian la fragilidad de la libre competencia para asegurar menores costos en la prestación de este servicio.
En términos económicos, el mercado del reciclaje está concentrado en unas pocas organizaciones y en unas pocas bodegas, con el riesgo de convertirse en un oligopolio en el mediano plazo, que desplace a las organizaciones económicamente vulnerables y las saque del mercado.
Un aprovechamiento ineficiente afecta gravemente la sostenibilidad ambiental urbana. En el caso de Bogotá, es evidente la orientación del servicio de aseo hacia el enterramiento de los residuos en el relleno sanitario. La sustitución del PGIRS “Bogotá se orienta al Aprovechamiento total de sus Residuos” Decreto Distrital 548 de 2015 por el el Decreto Distrital 495 de 2016, eliminó el programa que proyectaba un esquema de prestación sectorizado en el que se limitaba la libre competencia en favor del aprovechamiento de los residuos y las organizaciones de recicladores. Esta situación mantiene en Bogotá un servicio de aseo del que se benefician solamente las empresas que entierran residuos, en detrimento de los usuarios que pagan por un servicio de aprovechamiento ineficiente, de los ciudadanos empobrecidos que habitan alrededor del RSDJ y de la ciudad que bajo este esquema no podrá resolver este enorme pasivo ambiental, y por tanto Bogotá se hace insostenible ambientalmente. Retomando a Harvey (Harvey, 2013), podemos afirmar que la ciudad está fragmentada y es controlada por una clase que invirtió grandes capitales para controlar, en este caso, el servicio de aseo y ponerlo en función de sus intereses, convirtiendo el enterramiento de los residuos en un negocio lucrativo, a expensas de una población urbana empobrecida que recupera los materiales aprovechables en condiciones indignas y desiguales para apenas sobrevivir. La fragmentación se evidencia porque son estos mismos habitantes urbanos empobrecidos los que tienen que vivir al rededor del relleno sanitario porque su nivel de consumo es el que define a que lugar de la ciudad puede acceder.
Así mismo y retomando a Solíz (Solíz, 2015), está investigación encontró que la gestión de la “basura” en Bogotá, vista como un proceso del metabolismo social, es el reflejo de las relaciones de explotación que se reproducen al interior de la ciudad y de la relación que los grupos dominantes han establecido con la naturaleza, una relación en la que se destruye la estructura ecológica de la ciudad enterrando miles de toneladas de residuos al día, en función de la acumulación de capital del empresariado que controla el servicio público de aseo.
6.1 Recomendaciones
Se necesita realizar una fuerte inversión en separación en la fuente. Aunque existe la normatividad que sanciona a los usuarios por presentar los residuos mezclados, no hay datos que permitan analizar la efectividad del comparendo ambiental contra esta práctica. Los prestadores de la recolección de residuos aprovechables son los llamados a garantizar en sus áreas exclusivas la presentación de los residuos debidamente separados por parte de sus suscriptores, debido a que tienen el personal capacitado y los
recursos para hacerle seguimiento a los usuarios que tienen aforo, y notificarle a las inspecciones de policía para que interpongan los comparendos correspondientes.
Implementar un esquema de aprovechamiento en el que se sectorice la ciudad es fundamental para eliminar la competencia desigual por los residuos entre empresarios de los no aprovechables y las organizaciones de recicladores. Un esquema sectorizado tiene menores costos en supervisión y garantiza una reducción tarifaria a los usuarios. Así mismo es incluyente, permite la democratización del servicio en el que las organizaciones pueden desarrollar en condiciones favorables la actividad de aprovechamiento sin competencia desigual generando mejores condiciones laborales para los recicladores, evitando la concentración del mercado en pocas manos, y la “selectividad” de los prestadores que se enfocan en prestarle el servicio a los usuarios con mayor generación de residuos, desatendiendo los usuarios no aforados con baja generación y en zonas de alta pendiente.
Debe priorizarse la recolección de los residuos aprovechables por encima de la recolección de los residuos para su enterramiento, por tanto es indispensable que se coordinen los horarios y frecuencias de las dos actividades pero en función del aprovechamiento y no viceversa como pasa en la actualidad.
La CRA debe construir una metodología tarifaria que incluya la actividad de separación de los residuos como parte del cálculo del Valor Base de Aprovechamiento. Se debe aplicar el principio de que la responsabilidad de la gestión de los residuos es de quien los genera, en este caso, los usuarios que no gestionen sus residuos adecuadamente y los presenten mezclados al servicio de aseo, deben pagar el costo de separación en la fuente a través de la factura y trasladarle los recursos al prestador de aprovechamiento quien es el que termina realizando esta actividad para poder recoger los residuos aprovechables. Así mismo la CRA debe construir una metodología que incluya los costos reales de la prestación del servicio de aprovechamiento para calcular la tarifa de separación, recolección, transporte y disposición final de los residuos aprovechables. Es indispensable un mayor control sobre las organizaciones de recicladores en términos organizativos. El Auto 275 de 2011 estableció que los recicladores debían realizar su labor en el marco de la economía solidaria, por tanto entidades como la Superintendencia de Organizaciones Solidarias debe estar vigilante sobre los recursos que ingresan a las organizaciones y que estos se traduzcan en beneficios socioeconómicos a sus asociados, así como el cumplimiento de los estatutos en términos de toma de decisiones y elección de cargos al interior de las organizaciones.
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