Developing choice scenarios using experimental design techniques

Se requiere de un marco de políticas y regulatorio integral, que cubra todas las necesidades, y que permita implementar las acciones acá identificadas para la evolución de los proyectos urbanos hacia la sostenibilidad. Se requieren acciones para llevar a cabo una completa integración entre instrumentos y actores. La evaluación realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a la política de gestión ambiental urbana reveló problemas de integración entre actores y de claridad en los roles de autoridades ambientales regionales y urbanas. Aunque en el país hay un marco regulatorio y normativo que permitiría avanzar en la implementación de las actuaciones acá propuestas, se requiere una reflexión y discusión para el desarrollo de un esquema integral de planeación a nivel territorial, incluyendo la consideración multisectorial, las fases de diseño y operación, el financiamiento y otros aspectos.

La integración y la articulación normativa, de políticas, programas e iniciativas de una manera transversal desde y hacia lo nacional, lo regional y lo local, debe tener un mayor apoyo con las estrategias dadas desde la Política nacional de cambio climático y la consideración de los nueve "Nodos territoriales y sectoriales de cambio climático".

8.3.3.2 Marco regulatorio simple

En el estudio, sin haber tenido la pretensión de mirar en detalle las regulaciones existentes y requeridas en cada sector, se identificaron las siguientes necesidades o falencias normativas y regulatorias.

• Mejorar la articulación de políticas y normas en materia de ordenamiento territorial, medio ambiente urbano y reconocimiento y valoración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados. A pesar de los avances, la falta de articulación sistemática que se refleje tanto en las disposiciones ambientales como en las territoriales ha restado efectividad a estos tres procesos.

• Establecer en el marco normativo el tipo de tratamiento que se le debe dar al agua según su fuente, así como los estándares de calidad requeridos según los usos potenciales, con el fin de reducir los riesgos ambientales y de salud pública asociados con las prácticas de reúso. Se deben generar lineamientos sobre los requisitos y estándares técnicos, tanto para la industria como para los desarrolladores urbanos y los habitantes, y guías para su operación y mantenimiento.

• Establecer en el marco normativo cuales tipologías pueden hacer parte del servicio público de alcantarillado y los requisitos y estándares técnicos. En este sentido, la implementación de pilotos de SUDS y su monitoreo pueden ser adecuadas para definir la efectividad y factibilidad de las diferentes tipologías. Se debe identificar las relaciones de las entidades distritales - ligadas con la gestión y el manejo de la vegetación, la urbanización, las áreas protegidas, riesgos y alcantarillado pluvial - con el sistema de drenaje y reconocer a la infraestructura verde como parte de este.

• Modernizar el marco institucional y regulatorio que facilite la incorporación de nuevos agentes, tecnologías y esquemas transaccionales en los mercados de energía. La Misión de transformación energética del MME trabaja en esta dirección. Legal y regulatoriamente es viable poner en marcha estos desarrollos por el principio de adaptabilidad de la Ley 143/94, más por los lineamientos de la Ley 1715/14 y por la flexibilización que la Ley del PND 2018-2022 introdujo para considerar nuevos servicios y sus operadores. En consecuencia, la CREG podrá regular, como lo ha venido haciendo, sin requerir otras disposiciones adicionales.

• En el caso de los distritos térmicos, estos prestan un servicio privado que se rige por las normas del derecho privado. Es usual que un distrito térmico sea promovido por autoridades locales. Si se hacen aportes al capital accionario por parte de una entidad pública, las normas aplicables serán las del derecho público y serán vigiladas por la Contraloría respectiva. Solo en el caso en el que el distrito térmico compita con la prestación

92 de un servicio domiciliario podría la CREG intervenir y en consecuencia la SSPD ejercer la vigilancia y supervisión el caso.

• Facilitar normativamente la ubicación de plantas de aprovechamiento, especialmente de residuos orgánicos, a pequeña escala en ciudades densamente pobladas, disminuyendo las cargas sobre el sistema central de gestión y depósito de los residuos, y la necesidad de transportarlos largas distancias. El país debe apostar por la descentralización en grandes ciudades.

• Generar instrumentos para promover cambios en el comportamiento que lleven a depender cada vez menos del uso de vehículos privados para la movilidad de las personas, como complemento necesario de medidas enfocadas en cambios tecnológicos para revertir la tendencia creciente de las emisiones GEI del transporte y atender problemas de acceso, accidentalidad e inequidad.

• Revisar el más reciente Documento CONPES de transporte de carga en varios aspectos, especialmente en lo referido al programa de desintegración.

• Poner en funcionamiento la Comisión de regulación de infraestructura de transporte (CRIT) y la Unidad de planeación de infraestructura de transporte (UPIT) autorizadas por Ley en 2013 y creadas por Decreto en 2014. Como no se autorizó el cobro de una contribución para su funcionamiento, la falta de recursos presupuestales ha impedido que comiencen a funcionar.

• Adelantar por parte del MCVT la Política nacional de ciudades 4.0, que busca construir territorios autónomos, sostenibles, ordenados y modernos, buscando fortalecer las capacidades de las ciudades, para que tengan equipos técnicos sólidos y mayor independencia financiera. Para esto, se adopta el concepto de Biodiverciudades que contempla aspectos sostenibles y tienen en cuenta el desarrollo del espacio público y de la infraestructura social complementaria.

• Involucrar a todas las industrias y actores contando con regulaciones efectivas que tengan una visión de ciclo de vida para lograr los objetivos trazados en las premisas de carbono-neutralidad.

• Mejorar los códigos y normas de energía en la construcción. Es necesario reforzar los códigos existentes y dar prioridad a las estrategias de construcción pasivas y asequibles, aplicar los códigos obligatorios de energía, adoptar diseños pasivos y reducir la necesidad de refrigeración.

• Desplegar aún más los instrumentos de referencia y certificación establecidos y reforzar las normas para el ahorro de energía; adoptar sistemas de supervisión y gestión de la energía.

• Fortalecer y ampliar los actuales requisitos mínimos de rendimiento energético y considerar normas armonizadas; mejora de las tecnologías de refrigeración eficientes de bajo costo.

8.3.3.3 Certificación y guías

En los últimos años Colombia ha tenido grandes avances en términos de política pública, incentivos y compromiso del sector privado para el desarrollo de proyectos sostenibles, a través de los sistemas de certificación en construcción. A la fecha los sistemas que tienen presencia en el país son ocho: LEED, CASA Colombia, HQE, WELL, Living Building Challenge, EDGE, TRUE y Fitwel. El sistema de certificación CASA Colombia ha sido el único sistema de certificación desarrollado en Colombia, que busca generar viviendas sostenibles desde un punto de vista integral, de acuerdo con las necesidades y prioridades de sostenibilidad en el país.

Hoy el sector público y el sector financiero reconocen a los sistemas de certificación como una tercera parte independiente capaz de hacer una verificación rigurosa de las estrategias de sostenibilidad para conceder diversos beneficios, lo que hace que estas certificaciones se conviertan en la llave de entrada tanto de los productos financieros, aseguradores y de beneficios tributarios. El liderazgo del sector privado al invertir en medidas de sostenibilidad en la construcción para acceder a certificaciones que, en la gran mayoría de los casos, superan los requerimientos de la regulación obligatoria existente, ha sido fundamental en la evolución del mercado de la construcción sostenible en el país.

8.3.3.4 Competencias institucionales

Es necesario, para clarificar la acción de las políticas y facilitar la coordinación, redefinir la estructura de funciones y competencias de las diversas entidades y dependencias municipales. Además de la simplificación y

93 armonización de los marcos regulatorios, para lograr una planificación integral orientada al mejoramiento de la ciudad, es necesario generar mayor articulación, complementariedad y sinergias en la actuación interinstitucional.