2.1 Introducción
En todas las sociedades democráticas, la lucha de las mujeres por sus derechos para ejercer una ciudadanía plena, da cuenta de lo difícil que ha sido y es obtenerlos. El concepto de derechos que le son inherentes al ser humano es vital en la concepción de la democracia. Los derechos en el pensamiento liberal están subyacentes para entender la libertad de los individuos y su posición ante la igualdad. En este sentido los derechos, dice Dietz (2001: 7) establecen la distinción entre “privado”, y “público”, que sostiene la ubicación de los individuos, y las instituciones, en que desarrollan su vida en común.
El problema sustancial es que el otorgamiento de los derechos ha sido desigual a lo largo de la historia; si bien hoy en día se sabe que la doctrina liberal contribuyó a la formulación de un concepto de ciudadanía universal, entendida como el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales; lo cierto es que esta ideología comenzó por no concederles a las mujeres del mundo occidental el disfrute de estos derechos. La lucha del feminismo como se vio en el primer capítulo de esta investigación, es la historia de la reivindicación de los derechos y las libertades de las mujeres así como el replanteamiento de su ubicación en el espacio de lo privado; las mujeres mexicanas, al igual que sus compañeras europeas y americanas, se embarcaron durante el siglo XX a la conquista de esos derechos que les eran negados por los hombres.
En los siguientes apartados, se presentará una revisión de cómo han luchado por conseguir el ejercicio de una ciudadanía plena, que les permita enfrentar la cambiante frontera de lo público y lo privado en el mundo actual.
2.2 Voces iniciales
Al comenzar el siglo XX, México se encontraba en lo que sería el último periodo del porfiriato, Porfirio Díaz gobernó el país entre 1877 y 1911. Speckman Guerra (2004: 192-224) establece que durante este periodo fueron varias las posiciones ideológicas que prevalecieron para entender a la sociedad y el país; estas posturas fueron el liberalismo, el positivismo y el conservadurismo; ideologías aparentemente contradictorias pero que axiológicamente tenían una gran coincidencia: compartían las nociones sobre la familia y la función que la mujer debía realizar en este núcleo. Speckman (2004: 222) de manera clara dice:
... se creía que la familia debía fundarse en el matrimonio, de preferencia religioso. El esposo era visto como la cabeza, y la legislación le permitía manejar los bienes de su esposa sin su autorización (mientras ella necesitaba el permiso del marido para manejar los bienes comunes) y le adjudicaba la patria potestad sobre los hijos (que ella sólo adquiría si el marido moría pero con ciertas restricciones, pues debía atender a un consultor nombrado por el marido).
Los espacios públicos y privados, al igual que la Europa del siglo XIX, estaban perfectamente delimitados; el varón quedó definido en el mundo de lo público, de lo político y lo laboral; la mujer fue ubicada en el ámbito privado, al cuidado de la familia y las labores del hogar. Al respecto Speckman dice: “no era bien visto que las mujeres trabajaran fuera del hogar y ello sólo se aceptaba en el caso de las viudas o de las solteras que necesitaban hacerlo, siempre y cuando realizaran actividades propias de su sexo” (Speckman; 2004: 222).
Esto, por supuesto, se refería a las mujeres pertenecientes a las élites y a la mediana burguesía de esa época; las obreras, jornaleras, artesanas y trabajadoras domésticas no entraban en el imaginario de esa sociedad. Así, el Estado gobernado por Porfirio Díaz y sus correligionarios mantenía a través de una visión patriaracal un férreo control de sumisión de las mujeres delimitando claramente sus actuaciones. Ramos Escandón (1998: 88-89) de manera contundente establece:
The well-defined Porfirian discourse on the importance of the family as the basic cell of the social body and of the submission of women within it finds its fullest explanation within this context the redefinition of women’s rights within the family in the Porfiriato is not an accident. The curtailing of women’s marital property rights and the submission of women in the domestic sphere are concomitant with the political project of social control.
No es de extrañarse que la legislación de la época no les confiriera la posibilidad de votar y ocupar cargos de elección popular; restringiera su acceso al mercado laboral y controlara de manera específica todo lo relacionado con el matrimonio: “In effect, the reforms to the civil code enacted in 1870 and expanded in 1884 reduced a women’s personal rights upon entering into a marriage in that she lost her capacity to contract, litigate, alienate her property, or be represented in a trial” (Ramos Escandón; 1998: 89).
A pesar de esto, las mujeres con recursos podían acceder a la educación y formar parte de los clubes literarios y en algunos casos políticos, aunque no
del siglo XIX marcaba profundamente la vida de las mujeres mexicanas de finales del siglo XIX y principios del XX.
Indiscutiblemente que este grupo de mujeres burguesas ilustradas no estaban exentas de inquietudes y deseos de romper sus círculos de sujeción. Las noticias que recibían de los movimientos femeninos sufragistas, tanto en Europa como de Estados Unidos, abrió pequeños espacios que las mexicanas empezaron a ganar, como la publicación de revistas, generándose un grupo de escritoras que empezaron a dar sus opiniones públicamente, sobre las condiciones de vida de las mujeres en la época.
En 1887 aparecieron Laureana Wright de Kleinhas, Mateana Murguía de Arcleyra y Concepción Gimeno de Llaque, encargadas de editar revistas como
Violetas del Anáhuac, La Mujer Mexicana y El Álbum de la Mujer, en donde se
comienza a hablar del voto femenino y se reflexiona a favor de la igualdad de derechos como la instrucción generalizada para las mujeres. Debe destacarse que la publicación La Mujer Mexicana, fue el órgano de la Sociedad Feminista Protectora de la Mujer, fundada en 1904, cuyos objetivos fueron el perfeccionamiento físico, intelectual y moral de la mujer.
Hacia 1901 el régimen porfirista confrontaba serios problemas, uno de los más importantes era su larga permanencia en el poder. Aunque la paz porfiriana había traído desarrollo y estabilidad al país, lo cierto es que estaba basada en un sistema social completamente polarizado de clases sociales y de extrema desigualdad. El país era eminentemente agrícola y rural, la mayor parte de la población era iletrada y las condiciones de vida eran insoportables; los contrastes
Laureana Wright de Kleinhas Pugnó por el sufragio de la mujer
regionales entre el norte, centro y sur empezaban a demarcarse claramente y el poder estaba en manos de un grupo oligárquico que no permitía el más leve asomo de movilidad social.
Así, los movimientos opositores al sistema empezaron a radicalizarse, y aunque eran diferentes en su composición, coincidían en algunas demandas como el apego a la Constitución y la legalidad; respeto al voto, no reelección y, en diferentes grados, protección legal a campesinos y obreros (Speckman; 2004: 207). Desde el inicio, pequeños grupos de mujeres se adhirieron a esta disidencia pensando que un cambio en el sistema traería beneficios para ellas.
De esos grupos, tres mujeres destacan por su fuerte oposición al régimen porfirista: Juana Belén Gutiérrez (1880-1942), Elisa Acuña (1887-1946) y Dolores Jiménez y Muro (1848-1925). Las tres están relacionadas al periodismo (Juana funda el periódico Vesper, Elisa publica en el periódico Excelsior y Dolores lo hace en El Diario del hogar) incluyendo en sus escritos críticas severas a la administración y disposiciones de Porfirio Díaz; las tres fueron de orientación liberal sobresliendo como activistas políticas de diferente manera.
Juana Belén funda en 1899 el Club Liberal Benito Juárez y se afilia en 1903 al Club Liberal Ponciano Arriaga, en 1909 funda el Club Político Femenil Amigas del Partido. Elisa Acuña forma parte en 1903 del Club Liberal Mexicano y se adhiere al Club Antirreleccionista Redención. Por su parte, Dolores Jiménez se afilia al Partido Liberal Mexicano y en 1910 funda el Club Antirreleccionista Hijas de Cuauhtémoc. Las tres estuvieron en la cárcel por su oposición al régimen; se distinguieron por su anticlericalismo y cobijadas por su pertenencia a los clubes antirreleccionistas, a cuya cabeza se encontraban figuras como Ponciano Arriaga, Madero y los hermanos Flores Magón, realizando actividades de proselitismo para exigir la renuncia de Díaz y la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres.
Es indiscutible que estas tres mujeres rompieron el esquema dulce y hogareño establecido por el sistema patriarcal, el cual se había mantenido y reforzado durante el porfiriato; consolidándose como la simiente del movimiento
feminista sufragista, que poco a poco tomará fuerza en el México de la Revolución y de los años veinte, treinta y cuarenta, para dar una batalla abierta por la
2.3 Las soldaderas, las adelitas y las sufragistas
Para su reelección en 1910 Porfirio Díaz confrontaba serias crisis, la más fuerte de ellas en el plano político desde el inicio del siglo, diferentes grupos formados por profesionistas, maestros, periodistas y estudiantes, luchaban por el retorno a ciertos principios básicos, como sería la democracia electoral (fuertemente influenciada por la premisa de la No Reelección); la libertad de expresión; una adecuada separación de poderes, así como la autonomía municipal. Uno de estos grupos opositores estaba encabezado por Francisco I. Madero y los hermanos Flores Magón.
Las declaraciones de Díaz en 1908 de no buscar la reelección alentaron la participación de Madero para entrar a la contienda electoral; ya como candidato presidencial, muy pronto entendió que Díaz no tenía la intención de dejar el poder, por lo que convocó a una rebelión que como se sabe, dio lugar a la Revolución Mexicana durante los años 1910-1917.
Las mujeres mexicanas también se involucraron en este proceso: militantes de organizaciones como las Hijas de la Revolución, Hijas de Cuauhtémoc (fundado por Dolores Jiménez y Muro), las Hijas de Anáhuac (fundado por Juana Belén Gutiérrez) y el Club Leona Vicario, se incorporaron al movimiento revolucionario.
Junto a las tres precursoras ya descritas anteriormente, ahora se tiene que agregar una lista interminable de soldaderas y adelitas, calificativos con los que la historia de México comúnmente identifica a las mujeres que participaron en este movimiento armado, con muchos y variados papeles que rompieron el papel establecido para ellas.
Sus funciones principales iban desde enfermeras, despachadoras de trenes, espías, correos, enlaces, abastecedoras de armas y propagandistas de las ideas revolucionarias, hasta ocupar puestos de mando dentro del propio movimiento armado, como fueron la ya mencionada coronela Dolores Jiménez y Muro, la subteniente María Encarnación Mares de Cárdenas, la coronela zapatista Rosa Padilla, la coronela de caballería Amelia Robles, Carmen Parra de Alanís “La coronela Alanís” y la coronela Juana Belén Gutiérrez de Mendoza.
Es indiscutible que este movimiento alteró las formas de convivencia que en esa fecha se tenían establecidas. Ramos Escandón (1998: 90) de manera
contundente dice sobre la Revolución Mexicana: “but it is clear that the struggle itself modified the gender-based roles and spaces, subverting every day life and erasing the boundaries between the spaces of public action and private life”.
Así, las fronteras tan tajantemente establecidas entre lo público y lo privado por el régimen porfirista comenzaron a resquebrajarse. Las soldaderas y adelitas inician un movimiento de la base hacia arriba, que empieza a modificar la estructura jerárquica del poder, al mismo tiempo que descubren ellas mismas sus capacidades de organización y mando.
Archivo General de la Nación.
La otra gran fuerza que empujaba para lograr los cambios en las condiciones de vida de las mexicanas, fue el movimiento de las sufragistas. De acuerdo con Ramos Escandón, los caudillos de la Revolución Mexicana veían la participación de las mujeres de manera muy diferenciada; la autora dice por ejemplo, que Francisco “Pancho” Villa aceptaba la presencia de las soldaderas porque de otra manera los hombres no hubieran peleado, pero las veía dependientes de su pareja, aun en los niveles más bajos como sería la tropa.
En el sur, donde Emiliano Zapata surgió como caudillo, la vida campesina descansaba en las mujeres, por lo que no hubo conflictos entre la revolución y los roles domésticos de las mujeres. Finalmente, el presidente electo Venustiano
Carranza con el que termina la revolución, ve a las mujeres como un espacio para la legitimación del movimiento (Ramos Escandón; 1994: 91).
Precisamente en 1914, Venustiano Carranza expide la Ley del Divorcio, para permitir la disolución del vínculo matrimonial, que hasta entonces se regía por el Código Civil de 1879. En 1915 Emiliano Zapata emitió una ley sobre el matrimonio que hacía desaparecer la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos.
En 1917 Carranza promulgó la Ley sobre Relaciones Familiares, que establecía la igualdad entre el hombre y la mujer en el seno del hogar, donde la mujer podría ejercer la patria potestad de los hijos y sería capaz de administrar los bienes comunes y los suyos propios, así como tendría la capacidad de contratarse y obligarse. Aunque esta ley representó cambios sustanciales para las mujeres, no plasmaba de manera completa sus derechos civiles y mucho menos los políticos.
Al promulgarse la Constitución de 1917, las mujeres mexicanas lograron que se reconocieran las diferencias sexuales en materia laboral y la igualdad salarial entre los sexos; pero sus derechos políticos no fueron reconocidos, argumentando que aunque había mujeres extraordinarias con capacidades suficientes para ejercer sus derechos políticos, como grupo no se les debía conceder, ya que, en términos generales, la mayoría no sentía la necesidad de participar en política. Al firmar esto, los Constituyentes (ninguna mujer formó parte de este grupo) evidenciaron la ausencia de un movimiento colectivo, representado por mujeres, que manifestara esta necesidad.
Lo anterior no era forzosamente cierto, en 1916, el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, convocó y organizó dos congresos feministas1(uno en enero y otro en noviembre) que se consideran claves para la lucha femenina por el sufragio. A estos eventos asistieron más de 1,000 representantes entre las muchas mujeres asistentes, conviene destacar a dos: Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto.
Hermila Galindo (1886-1954), maestra y periodista, fue una incansable luchadora por los derechos de la mujer; en 1914 funda su revista La Mujer
Moderna, sosteniendo desde esas páginas la necesidad de otorgar el derecho al
1 Se dice que previo a estos Congresos feministas, existió uno en el Estado de Tabasco, pero no existe
voto y a ser elegida para cargos públicos, argumentando que la igualdad política debía extenderse a los ámbitos de la educación, el trabajo y las relaciones personales.
El hecho de ser la secretaria particular de Venustiano Carranza le permitió estar cerca del centro del poder, intentando desde ahí lograr cambios sustantivos; junto con el general Salvador González Torres, propuso que se incluyeran los derechos políticos de las mujeres en la Carta Magna que los Constituyentes elaboraban, pero su propuesta nunca fue considerada.
En 1918, aunque sabía que no sería reconocida, lanzó su candidatura para diputada por el 5° distrito en la capital de la República; de acuerdo con la historiadora Gabriela Cano, Hermila Galindo fue la primera mujer mexicana en contender para un cargo de elección popular y aunque parece que obtuvo la mayoría de votos, el Colegio Electoral rechazó los resultados. Sus avanzadas opiniones para la época, sobre la sexualidad de la mujer, le trajeron la animadversión de los grupos conservadores. (Ortiz Ortega, 2001: 73-102).
Elvia Carrillo Puerto (1878-1968) fue maestra en su nativo Yucatán y una activa feminista en la lucha por los derechos de las mujeres. Desde 1909 se involucra con la causa antirreeleccionista y crea en 1912 la primera organización femenina campesina, buscando la integración de la mujer en la política agraria, situación que le valió ser considerada como bolchevique.
En 1919 Elvia Carrillo Puerto fundó la Liga Rita Cetina Gutiérrez, adscrita al Partido Socialista del Sureste en el cual militaba su hermano Felipe. Con la llegada de su hermano a la gubernatura del Estado en 1922, y dadas las orientaciones socialistas de él, otorgó a las mujeres el derecho de votar y ser elegidas para un puesto de elección popular a nivel estatal.
Como respuesta inmediata Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Benítez de Ponce, Rosa Torres, Raquel Dzib Cicero y Genoveva Pérez, se lanzan como candidatas para diputadas locales. Elvia es electa diputada y ejerce el cargo, hasta que en 1924, con el derrocamiento y fusilamiento de Felipe Carrillo Puerto, las nuevas fuerzas políticas, argumentando la falta de una base legal (no reconocen lo dictaminado por Felipe Carrillo Puerto), desconocen su triunfo y la obligan a renunciar (Ramos Escandón; 2004: 91-92).
Los logros de estas dos sufragistas mexicanas, por mencionar sólo a dos de ellas, quedan mejor reflejados en los resultados que los congresos desarrollados en Yucatán plantearon. En ellos se palpa ya la actitud de la mujer de buscar claramente los derechos que el gobierno les debía reconocer, destacando sobre todo el de convertirse en ciudadanas de forma legal, es decir tener derecho a votar y ser votadas en los puestos de elección popular. Pero no sólo buscaban sus derechos políticos, en sus aspiraciones las congresistas planteaban la igualdad en los derechos salariales, protección a la maternidad, que el servicio doméstico realizado por las amas de casa fuera remunerado, así como facilidades para el control de la natalidad. En suma, buscaban el ejercicio de una ciudadanía plena.
Como puede verse, las mujeres mexicanas de la época de la Revolución ya habían irrumpido en los ámbitos públicos destinados a los hombres, tales como el trabajo asalariado y las organizaciones sindicales, pero sus derechos de manera formal no les eran reconocidos, acentuándose más en el plano de los puestos de elección popular.
Si bien la Constitución de 1917 no negó la ciudadanía a las mujeres, ni tampoco su derecho a votar y ser votadas, tampoco se los otorgó, y para ello presentó dos vertientes argumentativas: por un lado, los Constituyentes aceptaron la idea de que, aunque había mujeres excepcionales muy capacitadas para ejercer la ciudadanía, la mayoría de ellas carecían de las condiciones para aplicar satisfactoriamente sus derechos políticos (Cano; 1991: 277) y por lo tanto no podía justificarse el reconocimiento de ellos.
El otro gran argumento de los Constituyentes para no concederles el sufragio fue la teoría de la diferencia entre los hombres y las mujeres. Cano (1991: 279), al revisar el Diario de Debates del Congreso Constituyente encuentra argumentos como el siguiente: “en el estado en que se encuentra nuestra sociedad, la actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los miembros familiares; no ha llegado entre nosotros a romperse la unidad de la familia; las mujeres no sienten pues la necesidad de participar en los asuntos públicos.”
En sí, la sociedad masculina de la época de la revolución no hacía más que confirmar los postulados del siglo XIX, que veía la sujeción de las mujeres a los hombres como una cosa natural y las dejaba encasilladas en el espacio privado.
2.4 De la posrevolución a la década de los 50’s
A partir de 1917, año en que se redacta la Constitución que continúa rigiendo al pueblo mexicano (aunque esté tan modificada que ya no se parezca tanto a la original), se elige a Venustiano Carranza como primer presidente del país y