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3. Interventions and outcomes: the experimental study 26

3.3 Discussion

Los años de 1980 estuvieron marcados en su mayoría por el narcotráfico y todas las consecuencias negativas que este trajo. No se puede negar que la producción, el tráfico y el consumo de drogas han estado ligados con las organizaciones o grupos armados al margen de la ley (Guerrilla y Paramilitarismo), los cuales hacen parte del conflicto de la historia colombiana hasta el día de hoy, de los cuales se producen problemas evidencian problemas sociales, económicos y políticos.

La década de 1980 inicia con Julio César Turbay como presidente de Colombia; él estaba desarrollando una lucha contra el narcotráfico y un tratado de extradición con los Estados Unidos. Sin embargo, fue poco lo que hicieron los diferentes gobiernos para detener al narcotráfico en los inicios de los años ochenta. Entre 1979 y 1982, se puede hablar de una bonanza de la cocaína, y hasta 1984 reinó la permisividad y la complicidad por parte de políticos que aceptaron “dineros calientes” para sus campañas. Tan solo algunos dirigentes repudiaron a los narcotraficantes y sus incursiones en la política, como fue el caso de Luis Carlos Galán

Empezando la década, Colombia iba a sufrir los primeros actos violentos de los grupos guerrilleros, como sucedió el 27 de febrero con la toma de la Embajada de República Dominicana por parte del grupo guerrillero M- 19. Aquella toma duró 61 días con varios rehenes entre los que se encontraban el Nuncio Apostólico y el embajador de Estados Unidos como unos de las personalidades más importantes. Después de varias negociaciones, los guerrilleros viajaron a Cuba y allá liberaron a los prisioneros.

Además, las guerrillas reactivaron su ola de secuestros y asesinatos, y el ejército violaba cada vez más los derechos humanos. En abril de 1980 un reporte de Amnistía Internacional denunció que las Fuerzas Armadas de Colombia tenían 33 centros donde aplicaban al menos 50 formas de tortura. (Palacios, 2003, p. 270).

Simultáneamente, las guerrillas ganaban seguidores entre los jóvenes campesinos que veían en los diferentes grupos la posibilidad de una mejor condición de vida y un sentido de poder producido por el fúsil. De esta manera, cada grupo organizado tomaba la ley por sus manos como sucedió cuando el M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de los capos del Cartel de Medellín. De esa manera, el grupo de narcotraficantes contestó con la creación del grupo Muerte a Secuestradores (M.A.S).

En 1982 tomó posesión como presidente Belisario Betancur que tenía como objetivo principal, lograr la paz con los grupos guerrilleros. En este orden de ideas, aprobó una ley de indulto y amnistía (a los pocos meses de su posesión) en la que se dejaron libres alrededor de mil presos políticos, la mayoría integrantes del M-19. Pero al estar tan enfocado en lograr la paz con los grupos guerrilleros, Betancur descuidó a las mafias ya constituidas.

Finalmente en 1984, el Ministro de Justicia, Lara Bonilla, le declaró la guerra a los narcotraficantes y presionó el tratado de extradición con Estados Unidos. Además encontró que el fútbol y las corridas de toros eran usados por los narcos para lavar dinero. Con apoyo de la DEA, la policía destruyó un laboratorio de cocaína ubicado en las selvas del Caquetá y perteneciente a Pablo Escobar. “A los pocos días, el ministro cayó asesinado en Bogotá a manos de sicarios”. (Palacios, 2003 p. 278) En 1985 sucedieron dos hechos que no solo marcaron la historia de la década de los 80, sino que también influenciaron la historia política y violenta del país. El primero, quizá el más recordado por la mayoría de colombianos, es la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en la que tomó como rehenes a los doce magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al poco tiempo después del asalto, se ordenó la retoma del Palacio por parte del gobierno. El resultado de ello fue el edificio incendiado, donde quedó destruido, once magistrados de la Corte Suprema de Justicia asesinados, más de cien víctimas mortales y once personas. (Cardona 2009, p 32)

El otro suceso que tuvo lugar en 1985, fue la creación de la Unión Patriótica como resultado de un acuerdo entre el gobierno de Betancur y las FARC. Así entonces, la UP apareció como el brazo político legal de una organización en armas que no terminó en otra cosa diferente a un exterminio político: dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece diputados, 70 concejales, once alcaldes y miles de sus militantes fueron asesinados por grupos paramilitares, las fuerzas de seguridad del

Estado (Ejército Colombiano, Policía Nacional, agente del D.A.S, entre otros) y cárteles del narcotráfico durante los años siguientes.

A una semana del cambio de presidentes, la mafia le dio una despedida al presidente Betancur:

El 31 de julio, al norte de Bogotá, dos sicarios asesinaron al magistrado Hernando Baquero Bora de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Le propinaron 16 balazos por defender la constitucionalidad de la ley aprobatoria del tratado de extradición con Estados Unidos. (Cardona, 2009. p 41).

Bajo este contexto de guerra, iniciaba el gobierno de Virgilio Barco (1986- 1990) inmerso en una época de violencia donde la izquierda y la derecha jugaban papeles importantes. Dos semanas después de haber asumido, tuvo que lidiar con dos paros cívicos; las Fuerzas Militares argumentaron que eran acciones de sabotajes con influencia del ELN, del frente político del EPL o de la Unión Patriótica.

En octubre de ese mismo año (1986) el Cartel de Medellín, empezó su oleada de violencia y asesinatos. El 22 de ese mes en un intento fallido, atentó contra la vida del presidente de la comisión primera de la Cámara, Alberto Villamizar, quien se salvó de ser asesinado por un sicario gracias a su conductor. Pero una semana después, el 30 de octubre, tres sicarios de Pablo Escobar mataron a Gustavo Zuluaga Serna, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, cuando se movilizaba en su carro en compañía de su esposa que milagrosamente resultó viva. Además, Gustavo Zuluaga Serna asumió como magistrado para remplazar a Álvaro Medina Ochoa a quien también habían asesinado un año antes.

Doce días después, dos sicarios atacaron con ráfagas de ametralladora al diputado de la Unión Patriótica, Eusebio Prada Díaz, quien sobrevivió de milagro.

Pero no solo asesinaban a políticos, sino a cualquier persona que consideraran su enemigo. Y uno de ellos fue Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, asesinado el 17 de diciembre de 1986 cuando

salía del periódico. Guillermo Cano se había caracterizado por denunciar en diferentes ocasiones las actividades ilícitas del narcotráfico y de la complicidad del gobierno. Por ejemplo, el 31 de agosto de 1986 a Guillermo Cano no le dio miedo escribir:

“Nuestros mafiosos encuentran que la no extradición es su seguro de vida, porque saben que si cometen alguna contravención grave o leve en territorio colombiano, la generosa chequera, la siniestra ametralladora, el sicario a sueldo, o el guardaespaldas sin escrúpulos dispuesto a matar en la primera oportunidad, los mantendrá libres disfrutando de su fortuna sucia y perversa”.

Otro de los casos de la oleada de violencia del narcotráfico y que le dio a entender al gobierno hasta dónde los carteles de la droga estaban dispuestos a llegar, fue el 13 de enero de 1987 cuando en Hungría atacaron y dejaron gravemente herido al ex ministro de Justicia (que en ese momento era embajador de Colombia), Enrique Parejo González. Este había sucedido a Rodrigo Lara Bonilla tras su asesinato en 1984 y siguió el legado de Lara convirtiéndose en el baluarte de la lucha contra el tráfico de estupefacientes durante el gobierno de Betancur.

Después de tantos asesinatos y atentados, vendría una buena noticia para el pueblo colombiano. El 4 de febrero de 1987 en la Vereda Los Toldos en Antioquía, el mayor de la policía William Lemus capturó a otro de los capos. Se trataba de Carlos Lehder Rivas que llegó a tener isla propia en el Caribe, que edificó un imperio en Armenia y creó un partido político. Después de su arresto, terminó siendo extraditado a una cárcel en Estados Unidos.

Casi un año después, el 18 de enero de 1988 Pablo Escobar secuestró en la sede de su campaña a la Alcaldía de Bogotá a Andrés Pastrana. Aunque los secuestradores se hicieron pasar por guerrilleros del M-19 en una primera instancia, después se supo que todo había sido ordenado por el capo del cartel de Medellín.

Al mismo tiempo que Bogotá estaba consternada por el secuestro del candidato a la Alcaldía, los hombres de Pablo Escobar también secuestraron al Procurador General, Carlos Mauro Hoyos, cuando se dirigía al aeropuerto de Rionegro para tomar un vuelo a Bogotá el 25 de enero. Casualmente y sin saberlo, esa mañana la policía encontró el lugar donde estaba secuestrado Andrés Pastrana, mientras cumplían labores de búsqueda para encontrar al Procurador Hoyos.

Pero no todo iba a terminar en felicidad. Cuando Colombia se enteraba de la liberación del candidato conservador, Pablo Escobar mandó a ejecutar a Carlos Mauro Hoyos por “el delito de traición a la patria”. De esa manera, “en asunto de pocos minutos el país pasó de la euforia por la liberación del candidato a la Alcaldía de Bogotá, Andrés Pastrana, a la desolación por el cruel asesinato del Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos Jiménez”. (Cardona, 2009, P 172).

En los últimos meses de la década del 80, Colombia no se salvaría de la violencia narcoterrorista. El primer hecho fue en mayo de 1989, cuando el narcotráfico amenazaba a las instituciones del Gobierno. El 30 de ese mes, el general Miguel Maza Márquez, director del DAS, fue blanco de un atentando bajo una modalidad que los Extraditables hacían popular: el carro bomba. En la carrera séptima entre las calles 56 y 57, un vehículo cargado con 100 kilos de dinamita embistió el carro blindado en el que movilizaba el general. En dicho atentado siete personas murieron, pero Maza Márquez sobrevivió.

Meses después fue asesinado del candidato presidencial, Luis Carlos Galán, el 18 agosto de 1989 por parte del Cártel de Medellín cuando se encontraba en Soacha haciendo campaña presidencial.

El 15 de noviembre de 1989 el árbitro de fútbol Álvaro Ortega, después del partido Medellín-América. Como consecuencia del asesinato, el torneo de fútbol colombiano de ese año quedó cancelado.

“El año 1989 sin campeón de fútbol profesional quedó en la memoria colombiana como una evidencia más de la tragedia creada por el narcotráfico” (Cardona, 2009. P 376).

El cuarto acto, sucedió también en noviembre. El lunes 27, cuatro minutos después de haber despegado del Puente Aéreo del aeropuerto El Dorado, un avión de Avianca con destino la ciudad de Cali y con 107 pasajeros, explotó en el aire.

No hubo sobrevivientes y dentro de las víctimas se encontraban reconocidas personas: Gerardo Arellano, reconocido tenor; Alfredo Azuero, ejecutivo de Colgate; Henry von Prahl Bauer, biólogo alemán; y Andrés Escavín, arquitecto. El atentado fue ordenado por Pablo Escobar y tenía como objetivo acabar con la vida del candidato presidencial Cesar Gaviria y que afortunadamente no iba en ese vuelo.

Vino Diciembre y trajo una noticia que alegró a muchos colombianos. El viernes 15, en una finca de Tolú, fue asesinado el capo más sanguinario – según Jorge Cardona-, Gonzalo Rodríguez Gacha. En el operativo realizado por la policía murieron otras seis personas que lo acompañaban entre las que se encontraba su hijo Freddy.

Por otro lado, los narcotraficantes no fueron los únicos que cometieron asesinatos durante esta época. El 4 de marzo de 1988, 30 paramilitares entraron violentamente a las fincas Honduras y La Negra en la región del Urabá antioqueño. 27 viudas y 57 huérfanos dejo a su paso el grupo paramilitar. Un mes después, en Córdoba y un Domingo de resurrección (3 de abril), otro grupo de paramilitares acribillaron a 36 campesinos en la vereda Mejor Esquina. De esta forma irrumpió en escena, Fidel Castaño Gil, alias Rambo, autor intelectual de las masacres, socio del narcotráfico y líder del paramilitarismo.

Él junto con sus hermanos decidieron declararle la guerra a la guerrilla producto de la muerte de su padre quien fue secuestrado por las FARC en 1981. Iniciaron como informantes o colaboradores del ejército y terminaron creando un ejército de justicia privada que cambió para

siempre la historia de Colombia, como lo afirma Jorge Cardona en su libro. (2009, p 193).

De esta manera se muestra a grandes rasgos, los hechos más importantes de los periodos de estudio comprendidos en este trabajo y que evidencian el proceder de nuestra sociedad y la manera en que la violencia ha sido un factor determinante en la historia de Colombia. Nuestra hipótesis es que a través del periodismo narrativo se puede realizar una descripción y reconstrucción de la historia de la violencia del país, desde otros puntos de vista, donde los periodistas como autores de los textos relatan los diferentes sucesos que han caracterizado a Colombia, y que complementan una narración que ya ha sido construida desde otras disciplinas. En estos casos, los periodistas buscan profundizar más en un acontecimiento que ya fue informado, o revelarlo por primera vez o bajo una nueva luz para entregarle al lector detalles sobre lo sucedido y que no conoce, resaltando el lado humano de la historia, ahondando en describir la ambientación del lugar y en los sentimientos de los protagonistas.

Capítulo II

El periodismo narra la historia de la violencia en Colombia: décadas de1940 y 1980.

Frente a la historia violenta de Colombia, no se puede ignorar la construcción de memoria social, fundamental para los diferentes autores de los textos seleccionados, ya que el pasado siempre va a estar ligado al presente precisamente porque no se puede eliminar:

“Del pasado se habla sin suspender el presente y, muchas veces, implicando también el futuro. Se recuerda, se narra, o se remite al pasado a través de un tipo de relato, de personajes, de relación entre sus acciones voluntarias e involuntarias (…) Estas modalidades del discurso implican una concepción de lo social, y eventualmente también de la naturaleza. Introducen una tonalidad dominante de las “vistas del pasado”. (Sarlo, p 13).

Lo anterior se ve reflejado en los acontecimientos que marcaron las dos décadas de estudio (1940 y 1980), en donde diferentes personajes como: los líderes de los partidos políticos o los grupos revolucionarios, la población campesina, etc., son protagonistas de la historia; generando una recordación más solida de las personas involucradas en el suceso que del hecho en sí.

Es importante recordar que el periodismo narrativo tiene como característica principal la recolección de testimonios de las fuentes implicadas, lo que conlleva a responder plenamente las preguntas sobre el pasado, como lo afirma Beatriz Sarlo. En este sentido, la historia oral y el testimonio toman fuerza al convertirse en uno de los elementos más imprescindibles para la reconstrucción del pasado, al narrar la vida, ya sea pública o privada.

Finalmente Sarlo, quien en su texto analiza la construcción de memorial social tras lo sucedido en la dictadura argentina, afirma que “ninguna condena hubiera sido posible si eso actos de memoria, manifestados en los relatos de testigos y víctimas, no hubieran existido”. (Sarlo, P 24). Lo anterior es totalmente aplicable al conflicto colombiano, porque esa

misma construcción de memoria de la cual habla la autora en Argentina, se puede asociar con la realidad colombiana, pues la construcción de memoria es mucho más problemática e importante en países con situaciones de conflicto.

Para analizar las crónicas seleccionadas en esta antología crítica hay varios aspectos que se deben tener en cuenta. Por un lado está el análisis socio- político del período de estudio, sobre el cual ya se habló en el primer capítulo, la línea editorial de los medios escogidos y las características del desarrollo del periodismo en cada una de las dos épocas. Asimismo se podrán contrastar los textos del mismo período, los cuales nos permitirá encontrar similitudes y divergencias a la hora de informar sobre el mismo hecho.

Para la revisión en la década de 1940, se han escogido tres medios: Jornada, El Siglo y Crítica.

Jornada fue un periódico de corte gaitanista que circuló entre los años de 1944 y 1957. Cabe destacar que su publicación no fue continua en estos años sino que sufrió varias interrupciones; durante el período de estudio de este trabajo de grado, Jornada fue un periódico de circulación diaria. Fue fundado por Jorge Eliécer Gaitán, “para servir de apoyo a la movilización nacional del gaitanismo, con miras a las elecciones presidenciales de 1946” (Rodríguez, Franco. Consultado el 22 de marzo de 2013) y muchas de las publicaciones eran revisadas por el mismo caudillo.

El Siglo, de corte conservador, fundado y dirigido por Laureano Gómez y José de la Vega, fue un periódico de circulación diaria entre 1936 y 1990. A partir de la década de 1990, el periódico fue relanzado con el nombre de El Nuevo Siglo. Además de ser un medio opositor a las políticas del partido liberal, en la década del 40 recogió las banderas de Laureano Gómez y se encargó de ser el principal vocero del líder conservador.

En cuanto a la revista Crítica, esta fue una publicación quincenal dirigida por Jorge Zalamea Borda y que tuvo una circulación entre 1948 y 1951. Aunque era una revista de corte liberal, no representaba banderas partidistas como sí sucedió con Jornada y El Siglo. Esto es importante, porque dependiendo de

cada medio y de su punto de vista político, se puede entender la realidad nacional y el cubrimiento que se la daba a cada acontecimiento.

Por otro lado, está el análisis desde el punto de vista periodístico, teniendo en cuenta lo explicado en el primer capítulo, identificando elementos comunes, estilos narrativos y estructuras delimitadas por los medios y los periodistas. Adicional al análisis correspondiente del contenido de los relatos, los diferentes textos también deben cumplir otros criterios indispensables para su selección tales como: (i) deben ser novedosos, ya sea en la información tratada o en la medida en que son textos que no han sido publicados o estudiados en otras antologías. (ii) Los temas tratados deben tener una profundidad de investigación suficiente, ya que si el trabajo parte de una hipótesis en la cual los textos de periodismo narrativo ayudan a reconstruir la historia violenta del país, dichos textos seleccionados deben aportar en este sentido. (iii) Y como último criterio, está la calidad de la escritura, la cual representa en ocasiones el estilo narrativo del periodismo de cada época. Del período comprendido entre 1940 y 1949, fueron cinco los textos seleccionados. Del diario El Siglo: “Vida, pasión y cárcel de Hernández Soler”, “'Orden del presidente' fue la consigna que se dio para asesinar a 'Mamatoco'” y “Gaitanistas los autores del atentado contra la familia de Arturo Pradilla”. Del diario Jornada: “Los curas ofrecen el cielo a quien mate liberales” y “Los sucesos del 9 de abril vistos por un corresponsal extranjero”. Aunque la revista Crítica fue consultada y analizada para esta selección de textos, consideramos que el poco material encontrado no cumplía con los requisitos de selección, al ser una revista con un enfoque más literario que periodístico, además del poco período de publicación.

Estos textos escogidos obedecen a un criterio de selección, constituido de varios elementos que se entran a explicar. En primer lugar, hacen referencia a varios de los sucesos más importantes de violencia que tuvieron lugar en dicha década. Tal es el caso del asesinato de “Mamatoco”, ocurrido el 15 de

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