Divergence between extension delivery and communication with farmers

Los operadores de televisión en abierto concentran a su alrededor gran parte de las dudas asociadas a la transición digital, que en realidad tiene para ellos una naturaleza doble: deben realizar la migración obligatoria hacia la TDT y al mismo tiempo afrontar el rediseño de sus funciones en las redes de libre acceso.

Por su lado, gran parte de la televisión de pago ya ha realizado su peculiar migración, sin apenas conflictos, de modo que sus únicas preocupaciones de cara al futuro se relacionan con el marketing de contenidos y servicios y la adaptación tecnológica, por lo que en esta sección del medio la digitalización no posee los tintes conflictivos de la televisión gratuita. Por el contrario, cualquier canal de televisión nacional o autonómico en abierto se pre- gunta ahora cuestiones básicas para la planificación de su actividad a corto plazo que aún no tienen respuesta, por ejemplo, cuántos y qué competidores tendrá enfrente durante los meses siguientes al apagado analógico, y si las fusiones de operadores restringirán la diversidad de la oferta o si ésta se configurará alrededor de opciones de pago y alta defi- nición.

Otros muchos asuntos aún indefinidos obligan a las empresas de televisión a cuestionarse en qué medida deberían ajustar sus costes de programación para no perjudicar su están- dar de calidad, qué rumbo tomará el mercado publicitario una vez superadas las dificulta- des coyunturales, el tipo ideal de relación con las funciones de producción, y cómo con- servarán o ampliarán su poder comercial para gestionar la conducta fragmentada de la audiencia en beneficio de sus intereses.

Los presupuestos y planes de negocio realizados en los últimos meses deben presentar un número abultado de incógnitas. Con la Ley General de la Comunicación Audiovisual aún pendiente de aprobación y la Ley de Financiación de RTVE cuestionada por la UE en algunos aspectos, ninguna metodología es capaz de anticipar en qué índices de audien- cia se moverá TVE en los próximos meses a pesar del notable crecimiento de su compe- titividad en enero de 2010, cuál será el destino de la inversión publicitaria que antes cap-

• En busca del valor de la creación y la producción en el nuevo sistema.

• Creatividad, tecnología y marketing construidos sobre una marca, explican el éxi- to internacional de los productos.

• Demanda de planes de formación adecuados a las necesidades de la industria.

• El nuevo mercado exige replantear el diseño de los productos con una visión de explotación '360 grados'.

• Las subvenciones oficiales y la financiación de las televisiones centran las contro-

versias sobre el cine español. _{La industria audiovisual en España}

escenarios de un futuro digital

taban los canales estatales, ni en qué consistirá su política de contenidos convencionales y digitales.

Las previsiones de share de audiencia e ingresos comerciales son más fluidas e inestables que nunca. Una televisión pública con una cuota consolidada cercana a la cuarta parte del total obliga a redimensionar el mercado publicitario a partir de la audiencia de los demás canales, seguramente con importantes pérdidas de rating y cobertura por el camino, lo cual suscita nuevas dudas sobre la eficacia y los costes de las campañas en la televisión generalista. Las fusiones de empresas privadas de televisión, anunciadas pero aún no efectuadas, añaden más elementos de duda. Es evidente que las dos integraciones probables en los comienzos de 2010 –Telecinco + Cuatro y Antena 3 + La Sexta– simplificarán notablemente el panorama en térmi- nos de competencia, pero nada se sabe aún de las estrategias que aplicarán en sus distintos cana- les ni de los objetivos de posicionamiento y audiencia de cada uno de ellos.

Los indicios parecen apuntar a una concentración de los contenidos más eficaces en los cana- les principales y una limitación de los objetivos de share en las segundas marcas, procurando una segmentación más definida de su target por edad o afinidad ideológica; los canales auxilia- res y temáticos, quizás agrupados en un paquete de pago, complementarían la oferta de los dos grandes operadores resultantes de las fusiones. La opción de la alta definición podría tam- bién usarse tácticamente para limitar y controlar la fragmentación.

Al margen de las fusiones y alianzas entre los grandes grupos, el resto de las empresas adju- dicatarias de licencias en TDT están evaluando sus estrategias más rentables para explo- tar sus respectivos múltiplex. La posibilidad de alquilar a terceros la mitad de su ancho de banda, potenciar los canales propios, establecer alianzas con empresas multinacionales o participar en algún modelo de pago, impide asimismo concretar un escenario definitivo que precise el número de canales que compondrá la oferta en TDT a corto plazo y su inciden- cia en el reparto de las audiencias.

En otro orden de cosas, los operadores tienen pendiente concluir la migración TDT, con sus propias cuestiones asociadas: asignaciones de nuevos canales a los operadores, des- plazamientos de los diales fuera de las zonas reservadas al dividendo digital, eventuales entradas de competidores imprevistos por la puerta del alquiler de frecuencias, el margen pendiente de crecimiento vegetativo de la erosión temática, y la posible reorganización de la inversión publicitaria a partir del momento en que todos los canales posean la mis- ma cobertura teórica. Por el contrario, la interactividad en TDT apenas aparece como una cuestión problemática: directamente no existe.

Entre los asuntos más mencionados en las entrevistas y grupos de debate, destaca la insatisfac- ción con respecto a los sistemas referenciales de medición de la audiencia, y un alto número de opiniones señalan, en general, la carencia de investigación útil y valiosa en un momento crítico en que la ‘voluntad de saber’ se convierte en una necesidad real de supervivencia. En concreto, los fenómenos emergentes de la oferta y la demanda televisiva aparecen como los más oscu- ros desde el punto de vista del conocimiento del mercado.

La incertidumbre aumenta en las vertientes autonómicas y locales del mercado, donde el cese de actividad de algunos operadores, las devoluciones de licencias y los retrasos en el

Capítulo 2 DIA GNÓS TIC O Y ESCENARIOS DE FUTURO | 30 |

inicio de las emisiones, manifiestan claramente las dificultades económicas en casi todas las Comunidades para la puesta en marcha de los nuevos proyectos en TDT.

Finalmente, la articulación de la oferta de las televisiones en la web –y de sus competido- res desregulados– ha arrancado con fuerza y notoriedad en los últimos meses mediante todo tipo de contenidos, desde transmisiones de partidos de fútbol hasta piezas de fic- ción creadas expresamente para el medio. Las acciones realizadas hasta ahora son proba- blemente experimentales, o guiños de marketing hacia los espectadores más afines a la red y sus mecanismos de participación, pero no parecen responder a una estrategia clara. La oferta de los archivos audiovisuales de algunas televisiones públicas se justifica desde la necesaria apertura del patrimonio cultural digital a los ciudadanos, pero en la mayoría de los casos los valores obtenidos por los canales –públicos y comerciales– de su activi- dad en la red son inmateriales: imagen de marca, fidelización, promoción genérica de los programas, vinculación con la modernidad, etc.

Algunos operadores privados han lanzado iniciativas de micropagos por contenidos, que también responden seguramente a una especie de aprendizaje de posibilidades, pero que parecen aún lejos de conformar modelos de negocio nítidos y rentables.

La principal contradicción sobre la presencia de los canales en internet se refiere a si la emisión online complementa las audiencias al incrementar la flexibilidad de visionado per- sonal, o si por el contrario resta espectadores al canal principal. Otros tantos asuntos pro- blemáticos señalados por los participantes en el estudio son los impredecibles costes de difusión –variables en función del número de usuarios concurrentes–, el valor real de la interacción con los espectadores, y la posibilidad de crear portales de agregación de con- tenidos tipo Hulu e i-Player, no exentos de problemas en los países en que se han lanzado. Como condicionante esencial, en el que coincide la mayoría de los colaboradores del estudio, la falta de definición de un modelo consensuado de medición de la audiencia para las distintas modalidades de web TV –que a su vez abre otra amplia gama de inte- rrogantes– debe ser subsanada antes de que se produzcan otras iniciativas de desarrollo de las televisiones en las redes abiertas.

• Las televisiones deben replantear sus planes de negocio, estudiar posibles fusiones y definir los contenidos de sus múltiplex.

• Nunca había sido tan complicado anticipar la evolución de los 'shares' de los canales a corto y medio plazo.

• La oferta final de canales TDT es todavía una incógnita.

• Los operadores tienen pendiente concluir la migración hacia la TDT.

• Los estándares de medición de la audiencia sufren las tensiones del cambio.

• Los modelos de negocio de las televisiones abiertas en la red no son aún visibles.

• No está aún claro si la presencia en internet de las televisiones complemen- ta su audiencia o la reduce.

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LEGISLACIÓN Y REGULACIÓN

Durante el año 2009 y principios de 2010 se han producido alteraciones significativas en el marco normativo del mercado audiovisual estatal, que atañen especialmente a la televi- sión, a sus mecanismos económicos y a las funciones sociales que se le atribuyen. Algunas de esas medidas responden a cuestiones debatidas desde hace años –como la cre- ación de una autoridad reguladora independiente o la financiación de la televisión públi- ca–, mientras otras atienden a la permanente exigencia de actualización de un mercado en constante cambio digital.

En concreto, la Ley General de la Comunicación Audiovisual –un concepto entendido por el legislador principalmente en el sentido de ‘comunicación televisiva’– representa un esfuer- zo por integrar en un único texto los diversos principios estructurales y reglas coyuntura- les promulgadas a lo largo del tiempo en respuesta a las demandas de los actores del mercado y a las necesidades democráticas de los ciudadanos.

La principal incertidumbre es saber cuánto perdurará este nuevo equilibrio normativo en un sistema de comunicación social cuyos principios y procedimientos de operación se están modificando con una frecuencia vertiginosa.

Las adaptaciones de las reglas de juego promovidas en los últimos meses afectan direc- tamente a varias zonas importantes de la práctica económica de los agentes, como las normas sobre propiedad cruzada de los operadores de televisión, la financiación de RTVE –Radio Televisión Española–, la transposición de la normativa europea sobre publicidad, las cuotas de inversión en producción cinematográfica, o la autorización de los servicios de acceso condicional en la TDT.

Solapados con las modificaciones normativas recientes, prosiguen su marcha otros pro- cesos dinámicos iniciados por legislaciones anteriores, que presentan igualmente una nota- ble incidencia en la configuración básica del mercado televisivo.

Los dos más significativos son el inicio a mediados de 2009 de los apagados analógicos secuenciales previstos por el Plan Nacional de Transición a la TDT, y los últimos coletazos de los procesos de concurso y adjudicación de licencias regionales y locales de canales TDT en el área de responsabilidad administrativa de las Comunidades Autónomas.

En el presente capítulo se describen las normas legales aprobadas o discutidas en los últi- mos meses en el ámbito de las competencias televisivas del Estado y los principales asun- tos de debate suscitados por la reciente actividad legislativa. Finalmente, se resume la situa- ción del debate acerca de los derechos de propiedad en los medios digitales, una cuestión de importancia económica y social decisiva sobre la que el equilibrio normativo parece de momento lejos de alcanzarse.

• Las adaptaciones normativas están tocando todas las zonas sensibles del mercado. Capítulo 3 LEGISLA CIÓN Y REGULA CIÓN | 34 |

1.

La hiperactividad legislativa de 2009

Por orden secuencial, los textos legales promovidos por el Gobierno y sometidos a la aprobación de las Cortes a lo largo de 2009 y principios de 2010 fueron los siguientes:

Ley 7/2009, de 3 de julio, de medidas urgentes en materia de

telecomunicaciones

Aprobada inicialmente como Real Decreto-Ley 1/2009, de 23 de febrero por el Consejo de Ministros y ratificada después como Ley 7/2009 por el Pleno del Congreso en el mes de junio, esta norma pretendía aliviar la economía de las empresas de televisión y elimina- ba el anterior límite del 5% en la propiedad cruzada de los operadores privados –y permi- te, por tanto, su fusión, absorción o coalición empresarial– siempre que se cumplan varias condiciones:

• Condición de audiencia. Los canales implicados en una eventual integración no pueden

acumular más del 27% de ‘share’ durante el año anterior al momento de realizarse –a pos- teriori sí es posible rebasar ese límite–. Es la primera vez en España que una ley recurre a un argumento cuantitativo de audiencia como criterio normativo, en consonancia con las prácticas de otros países europeos. Con los datos actuales de audiencia, el único movi- miento no permitido sería la fusión entre Antena 3 y Telecinco.

• Límites de concentración. Un mismo operador no puede concentrar en sus manos más

de dos múltiplex nacionales –ocho canales–, o más de uno autonómico. Además, des- pués de cualquier fusión deben quedar al menos tres servicios de televisión con líneas editoriales diferentes. Es decir, los actuales operadores nacionales sólo podrían agru- parse de dos en dos.

• Reciprocidad con otros países en cuanto a la propiedad de canales. Las eventuales inver- siones de empresas no europeas en operadores españoles de televisión deben sujetar- se al principio de reciprocidad y no pueden superar el 50% de participación.

• Condiciones especiales para la televisión pública. La televisión pública concentrará como máximo el 25% de la capacidad de emisión en TDT en el ámbito estatal. Ese porcentaje coincide con el que poseerá RTVE tras la asignación definitiva de canales que culmina- rá la transición digital. En las Comunidades Autónomas, el límite para los prestadores de titularidad pública se establece en el 50%.

La Ley establecía además la obligación para los operadores nacionales de televisión de ceder sus canales a un mismo servicio de distribución por satélite para completar la cobertura de TDT exclusivamente en las zonas de difícil acceso a la señal terrestre –en las que reside cerca de un 1,5% de la población española–. Los canales autonómicos y locales pueden integrarse en el esquema siempre que la difusión satelital no sobrepase los límites territoriales de su concesión.

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Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de RTVE

La Ley de financiación de RTVE representó un cambio radical en el modelo económico de la Corporación pública, hasta entonces basado en una combinación de las aportaciones del Estado con recursos extraídos del mercado publicitario. El texto legal suprime la publici- dad comercial de los canales de RTVE casi por completo –existen algunas excepciones rela- tivas al patrocinio cultural y a los compromisos previamente adquiridos– y le impide cual- quier oferta de servicios audiovisuales de pago.

En compensación, la Ley establece una contribución estatal –procedente de los Presupues- tos Generales del Estado por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, así como de la tasa de uso del espectro radioeléctrico–, y fija una aportación porcentual sobre los ingresos de los operadores de televisión y de telecomunicaciones que teórica- mente se beneficiarán de la exclusión de RTVE de los mercados publicitario y del pago. Las principales magnitudes de la Ley con repercusión económica –cuyas fórmulas han sido puestas en cuestión por la Comisión Europea en enero de 2010 y cuya legalidad no se establecerá hasta pasados unos meses– son las siguientes:

• Límite presupuestario y aportación estatal. El presupuesto máximo de RTVE en 2010-

2011 será de 1.200 M€, con incrementos del 1% en los años sucesivos, de los que el Esta- do aportará directamente unos 500 M€. Los posibles excedentes se traspasarán a un fondo de reserva.

• Tasa sobre el espectro. RTVE recibirá un 80% de la tasa de uso del espectro radioeléc- trico, por un importe máximo de 330 M€anuales.

• Contribución de operadores privados. Los operadores nacionales de televisión en abier- to contribuirán a la financiación de RTVE con un 3% de su facturación anual, con un límite anual del 15% del presupuesto de la Corporación, es decir, un máximo de 180 M€. En el caso de los operadores de pago por cable, satélite o terrestres, el porcentaje se fija en el 1,5%, con una contribución anual máxima del 20% a las cuentas de la televisión pública –240 M€–. Por su lado, los operadores de telecomunicaciones de ámbito esta- tal o supra-autonómico –empresas de telefonía fija y móvil, y proveedores del servicio de acceso a internet– aportarán el 0,9% de sus ingresos anuales. Esta partida no puede superar el 25% del presupuesto anual de RTVE, es decir, 300 M€, en los dos primeros años.

• Otros ingresos. La Ley permite que RTVE obtenga recursos económicos por la venta

de derechos o programas.

La Ley de Financiación establece también para RTVE una serie de obligaciones en materia de programación y contenidos con el objetivo de no distorsionar los principios de la competencia. Algunos de los nuevos ‘mandamientos’ para la Corporación son estos:

• Acerca de la pluralidad democrática. RTVE debe dedicar doce horas semanales a cubrir

el ‘derecho de acceso’ de los grupos políticos, sociales y sindicales, además de emitir información parlamentaria y debates políticos, y reflejar en la programación la diversidad