Dynamic Mechanical Testing Analysis (DMTA)

*SeCyT-UNC

Fundamentación

En el marco del Proyecto Instituciones democráticas y derechos colectivos, analizamos las luchas por el agua y el ambiente en las provincias Córdoba, Río Negro, Santa Fe y Buenos Aires. Entendemos a las luchas como concretos espacios de interacción, en donde lo que se juega es la capacidad del estado de derecho democrático como estructura institucional para reconocer y garantizar derechos, así como de la ciudadanía en acción para ejercerlos y defenderlos. Pretendemos someter a escrutinio público una paradoja con la que tiene que enfrentarse la acción en estos contextos complejos. La mayor garantía social existente, tanto desde el espacio público ciudadano como desde el espacio público estatal, no logra mayor accesibilidad al agua ni mayor defensa efectiva ante los problemas de contaminación. Desde habitar esta paradoja, sopesamos las posibilidades y límites de la acción buscando contribuir a una inteligencia pública que desde la reflexión crítica de procesos concretos, oriente hacia la gestión democrática del agua en la garantía de derechos individuales y colectivos.

Metodología

Para la resolución de los acontecimientos en donde entran en tensión las instituciones democráticas y la efectiva vigencia de los derechos individuales y colectivos, el uso del método reconstructivo se considera apropiado en tanto se dirige a hacer explícitos los contextos, los criterios y las prácticas puestos en juego en estos conflictos. Se procura identificar y analizar las posiciones sostenidas, pretendiendo no evaluarlas desde un lugar de supuesto saber teórico político, sino dar cuenta de los límites y posibilidades de una intersubjetividad situada en la que participamos como investigadores, produciendo pensamiento destinado a contribuir a su resolución democrática.

Acudimos al método comparativo para identificar las formas de resolución de problemas comunes, orientándonos a la identificación de innovaciones institucionales. Relevamos documentos periodísticos sobre las luchas por el acceso y la contaminación del agua en las provincias seleccionadas, identificamos las agencias estatales y organizaciones de la sociedad civil responsabilizadas y partícipes en la cuestión. Analizamos documentos de diverso tipo (leyes, actas de asambleas, etc.) y finalmente acudimos a la realización de entrevistas con los participantes. Las dificultades con las que nos enfrentamos en la realización de la investigación es

Autores

Carrizo, Cecilia (IIFAP/ECI-UNC, Argentina); Berger, Mauricio (CONICET, IIFAP, Argentina); Pizzi, Mario (PROED-UNC); Farcy, Emanuel; Sbuelz, Valeria, todos integrantes de la Cátedra B Política y Comunicación

la falta de existencia y publicidad de los datos referidos a esta tipo de cuestiones, así como la negativa de funcionarios a proporcionar específicamente la información requerida.

Nuestro trabajo identifica en un primer momento sintéticamente la estructura institucional formal a nivel nacional y más en detalle la de los estados provinciales. Consideramos estas estructuras como marcos posibilitantes y/o restrictivos de las prácticas de funcionarios de los distintos poderes públicos así como de la ciudadanía. Posteriormente, el trabajo se orienta hacia el análisis de las experiencias concretas de lucha en torno al agua, ya sea por cuestiones ambientales o de accesibilidad en las provincias. En lo que respecta al espacio público ciudadano, el análisis da cuenta de las interacciones con las instituciones del sistema oficial de autoridad así como de sus modalidades de autoorganización.

Grado de avance

Por razones de espacio se prioriza, 1) la presentación de lo realizado respecto a la estructura institucional estatal a nivel nacional, 2) la estructura institucional estatal en la provincia de Córdoba y 3) las estructuras y prácticas del espacio público ciudadano.

Estructura formal a nivel nacional

La Constitución Nacional establece derechos y garantías para los habitantes en cuanto a medio ambiente y recursos naturales; también que las provincias son quienes tienen competencia para ejercer el dominio, control, reglamentación de uso, defensa y conservación de sus recursos naturales.

En lo que respecta específicamente al tema agua, cabe señalar que no existe una ley nacional específica. Las normas que regulan algunos aspectos obran en el Código Civil, Penal, Comercial, Alimentario y Minero y en leyes federales tales como la Ley General de Ambiente1_{. Ello ha} llevado a que la situación se caracterice como de dispersión normativa.

En lo que respecta a las normas de calidad del agua, no existe normativa en el ámbito nacional ni en forma generalizada en el ámbito provincial. Se trabaja con normas establecidas por el Ministerio de Salud en el Código Alimentario Argentino. También, la ley Nº 24051 de Residuos Peligrosos avanzó en la materia (Calcagno, A. et. al. 2000).

Otra característica destacable es la proliferación de organismos con injerencia en la materia. Entre ellos cabe mencionar a nivel nacional al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPYS) y en su ámbito a la Secretaría de Obras Públicas y a la Subsecretaría de Recursos Hídricos; al Consejo Hídrico Federal (COHIFE) creado en el año 2003, al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), el Consejo Federal de Saneamiento (COFESA), el Instituto Nacional del Agua (INA) y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Por su parte en cada provincia existen agencias estatales encargadas de los recursos hídricos y Entes Reguladores en 13 provincias.

En lo que respecta a la titularidad de las prestatarias de agua y saneamiento ha habido en los últimos 10 años significativos cambios. En la actualidad, una nueva figura se está estableciendo, empresas estatales de derecho privado, tal el caso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) en la Capital Federal y 17 partidos del conurbano bonarense que atiende a más de 25% de la población. A nivel provincial, operan 14 empresas provinciales con distintos regímenes (empresas estatales bajo derecho público o bajo derecho privado), municipios que prestan servicios directamente, atendiendo al 20% de la población; en cinco provincias continúan empresas privadas bajo contrato de concesión: Córdoba, Salta, Corrientes, Formosa y Mendoza, también operan más de 2.000 cooperativas, atendiendo a 11% de la población y en menor

medida asociaciones vecinales.

Como datos generales oficiales se destacan: la disponibilidad de acceso a agua potable en red por el 83,75% de la población, mientras el 54% accede a servicios de evacuación de excretas por red. Según estimaciones, las pérdidas en las etapas de producción y distribución de agua se estiman del orden del 40% del total producido y, del volumen total de las aguas residuales colectadas por los sistemas de desagües cloacales, sólo el 10% es sometido a un tratamiento de depuración.

En lo que respecta específicamente a contaminación de las aguas, nos detendremos en la institucionalidad desarrollada para el control de efluentes industriales y cloacales. Desde Obras Sanitarias de la Nación, se impulsó en su momento el desarrollo de un marco regulatorio sectorial, relativo al control de la contaminación por vertido de efluentes. El mismo fue sostenido en algunas provincias luego de la descentralización, con diferencias en cuanto a criterios de ponderación de límites y mecanismos de control y sanción. Las condiciones de calidad que deben cumplir los efluentes líquidos, su observancia y monitoreo quedan como obligación de la empresa/concesionario, mientras que su supervisión y control queda a cargo del Ente Regulador. En lo que respecta a cobro de cánones, la situación varía por provincias, mientras que el canon por uso está menos generalizado, el cobro de cánones por vertidos contaminantes es de aplicación más generalizada. En este marco son reconocidos como paradigmáticos los casos de contaminación de acuíferos (Puelches en Buenos Aires, Oasis Norte en Mendoza), cursos fluviales (Río Matanza Riachuelo, en Buenos Aires, Salado en Santa Fe) o lagos (San Roque en Córdoba, Río Hondo en Santiago del Estero), lo que interpela la efectividad de la institucionalidad existente.

Estructura institucional estatal en la Provincia de Córdoba

La autoridad de aplicación de las políticas sobre el agua es la Subsecretaría de Recursos Hídricos, organismo dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos2_{. Sus áreas son: Control y Preservación del Recurso y Explotación del Recurso, sus Departamentos: Laboratorio de} Agua y Saneamiento, Operación y Mantenimiento; sus divisiones: Control de Servicios Cloacales, Perforaciones y sus secciones Control Industrial y Control de Agua y Cauce3_.

La empresa a cargo del agua potable en la Ciudad de Córdoba desde 1997 es, Aguas cordobesas Sociedad Anónima4_{, perteneciente al área} servicios sanitarios del Grupo Roggio. Tiene a su cargo por una concesión a 30 años la captación, producción y distribución de agua potable. Aguas Cordobesas ha sido eximida del pago del canon (10 millones de pesos anuales de acuerdo al contrato de concesión). Atiende a una población de aproximadamente 1.265.000 habitantes, tiene 430.460 clientes, llegando a cubrir según datos de la empresa el 97,61 de la población. Cuenta con una red de distribución de 3.480 km6 _{y dos plantas potabilizadoras. El 99% del agua para el servicio es de origen} superficial, el resto se produce a partir de perforaciones para extraer aguas subterráneas (Barrrios Chachapoyas y Villa Esquiú). Posee una totalidad de 455 empleados, lo que representa una relación de 3,127 habitantes/empleado y 7,6 Km. de red/empleado. La empresa cuenta con la certificación ISO 9001 de Calidad para la prestación de agua potable desde el 2004. Posee siete oficinas de atención al público. El régimen tarifario es por zonas de la ciudad y con medidores, si bien la instalación de los mismos no está extendida a la mayoría de los usuarios.

La empresa tiene un Laboratorio Central, acreditado bajo normas ISO 9001, un Plan anual de Muestreo para el agua cruda, tratada y distribuida. Según información proporcionada por la empresa, mantiene controles diarios bactereológicos, trimestrales de orgánicos y mensuales de pesticidas en agua cruda y tratada en ambas plantas. También dos laboratorios en ambas plantas y dos laboratorios móviles que trabajan en 60 puntos esparcidos en toda la ciudad que realizan determinaciones in situ, y extraen muestras para ser analizadas en el Laboratorio Central. Anualmente se realizan más de 90.000 determinaciones y 145 parámetros diferentes. Cabe señalar que no se realizan

análisis para contrastar estos resultados por parte de autoridades y laboratorios públicos.

El Organismo de control es el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) creado en el 2000. Es un organismo provincial autárquico con personería jurídica de derecho público, con una dirección colegiada de seis miembros: tres por el partido gobernante, dos por la oposición y uno por las asociaciones de usuarios. Cabe señalar que no es un ente especial sino que regula, entre otros, los servicios de transporte, redes viales, agua y energía eléctrica. Sus resoluciones agotan la vía administrativa. Posee una Gerencia Agua y Saneamiento para regular y controlar la prestación del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba en varios aspectos: calidad del agua suministrada a través del control en laboratorio, eventuales fallas en el servicio, determinación legal sobre facturación o cobro de multas, recepción de reclamos de los usuarios, regulación de los regímenes tarifarios de los prestadores del servicio de las entidades que excedan la jurisdicción de un solo municipio o comuna con excepción de los prestadores de Córdoba capital (Aguas Cordobesas, cooperativas, prestador particular).

También regula y controla el servicio de agua potable y de tratamiento de efluentes en el interior provincial que prestan cooperativas o entidades que exceden la jurisdicción de un solo municipio. En total controla a 23 prestadores. No se ha podido acceder a datos acerca del cumplimiento de dichos controles.

El control de los efluentes cloacales, mejor dicho su inefectividad, es uno de los principales focos de conflicto, tanto en la ciudad capital como en el interior. La gravedad de lo que acontece en la ciudad lleva a concentrarnos en la misma. La ciudad de Córdoba tiene el 50% de su población conectada a la red y una planta de tratamiento colapsada desde hace varios años. La Dirección de Redes Sanitarias y Gas de la municipalidad de Córdoba es la encargada de la red cloacal. Por resolución de la misma, desde 2004 rige la prohibición de las nuevas conexiones. La gran cantidad de conexiones de los últimos años, caracterizado por el boom inmobiliario, se vienen haciendo en forma clandestina. Las autoridades afirman: “No se controló lo suficiente. Las prohibiciones y ordenanzas existen, pero la Municipalidad no tenía los mecanismos para controlar. No es fácil”. A la fecha las obras aún no han concluido. La magnitud de la situación ha llevado a la presentación de varias acciones judiciales por vecinos y ONGs, cuya resolución se aborda en el análisis de la institucionalidad ciudadana. En este marco el municipio trabaja en un Plan Integral de Cloacas para los próximos 20 años, habiendo convocado para la realización del mismo a una Comisión integrada por representantes de distintos organismos provinciales.

El control sobre los efluentes industriales se encuentra normado por el Decreto 415 de 1999. En el mismo se definen las normas, se establecen categorías para el registro provincial de usuarios, se instrumenta un Registro de profesionales habilitados, se establecen las condiciones para la adquisición de la autorización de volcamiento (memoria descriptiva del proceso industrial, descripción del proceso de tratamiento previsto, etc.), los cánones, determinaciones analíticas de los líquidos residuales, la periodicidad de los controles y detalles de las muestras, los parámetros para líquidos industriales y para líquidos cloacales, los procedimientos específicos, normas para el control de las plantas de tratamiento, para la realización de estudios de la contaminación, límites máximos admisibles de descargas. Según el estudio presentado por profesionales de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y de la Universidad Tecnológica y Nacional de Córdoba, en el trabajo “Gestión de efluentes líquidos en la ciudad de Córdoba” (Cossavella, 2006) los mecanismos de control no estarían funcionando5_.

Del seguimiento del tema en la prensa escrita se identifican denuncias sostenidas por la ciudadanía sobre los siguientes casos de contaminación del agua: por arsénico en toda la provincia, del lago San Roque, de la Planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Córdoba Bajo Grande, por la ex mina de uranio en los Gigantes, denunciada por la ONG Funam, por Cromo total por encima de los valores admitidos en el agua de red de barrio Ayacucho también denunciada por Funam, por contaminación con endosulfán en toda la cuenca e incluso en Mar Chiquita (zona Rhamsar) todos ellos en la cuenca del río Suquía. Por su parte, los casos del Canal a cielo abierto los Molinos Córdoba por fumigaciones y en Villa del Rosario por curtiembre, ambos casos en la cuenca del río Xanaes. Frente a esta situación, el criterio fue focalizar en dos casos: el caso del canal Los Molinos Córdoba, el caso de contaminación por efluentes cloacales en Bajo Grande. A tal fin,

profundizamos en las prácticas del espacio público ciudadano que sostuvieron las acciones de defensa en estos casos de forma sostenida en los últimos años: la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV) y al Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CeDHA). La institucionalidad del espacio público ciudadano en la defensa del agua en Córdoba

En la ciudad de Córdoba, en el año 2007, un conjunto de organizaciones políticas, vecinales, sindicales, sociales, piqueteras, de derechos humanos, equidad de género, desarrollo sostenible y desempleados en otras, constituyen la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV). Reconocen como antecedente la experiencia de la Comisión Popular por la Recuperación del Agua, un espacio en el que confluyeron organizaciones sociales con trabajadores de la ex Empresa Provincial de Obras Sanitarias (EPOS), privatizada en 1997 por el entonces gobernador Mestre, con acciones de oposición al proceso de privatización y a los progresivos aumentos tarifarios. Como señala uno de sus integrantes:

Hasta ese momento éramos un gremio tradicional, solo cuestiones reivindicativas, la vinculación con el resto, con la sociedad, de la sociedad con la justicia no existe, entonces nos replanteamos eso y empezamos a buscar la forma, y creamos la comisión tratando de salir a otros sectores políticos, sociales, religiosos, para ver como podíamos tratar la recuperación del agua, por eso se llamó la Comisión Popular por la Recuperacion del Agua, llegamos a tener una gran movilización con 7.000 personas6_. Las líneas de acciones principales de la CCODAV están centradas en: la crítica y denuncia de la privatización y sus efectos sobre la gestión del agua; la recuperación del servicio de agua y la construcción de una Empresa Integral de Agua y Saneamiento Estatal, Pública, Comunitaria, bajo gestión y control de usuarios y trabajadores; la propuesta de ordenamiento territorial bajo gestión democrática popular y participativa en el control de las cuencas hidrológicas, garantizando un manejo sostenible que evite la contaminación, la alteración del ciclo hidrológico, que sea respetuoso de los ecosistemas y tome en cuenta los ciclos naturales; excluyente de los megaproyectos, turísticos, represas, minería metalífera contaminante y todos aquellos emprendimientos estatales públicos o privados que saqueen, contaminen o comprometan nuestros bienes comunes; la propuesta por una constituyente que eleve a rango constitucional el Agua como derecho humano, que anule el artículo 22 de la Constitución Nacional que califica de sedición la democracia directa y la participación popular, que contemple los derechos de los pueblos originarios, el respeto a sus culturas y cosmovisiones ancestrales; acciones legislativas tendientes a la anulación de todas las leyes que permiten el saqueo y la contaminación de nuestros bienes naturales y la anulación de la ley antiterrorista vigente.

Gustavo Spedale, uno de sus miembros fundadores, señala que la CCODAV se piensa como una coordinadora, como un núcleo para coordinar, diferente a las asambleas en territorios, autónomas. La CCODAV va a las asambleas, las asambleas funcionan solas: “Conformamos un espacio común de reflexión, debate, acuerdos y articulación de líneas de acción política, resistencia, movilización y lucha, en torno a la problemática del agua”.

En lo que respecta a las acciones en defensa del agua, en septiembre del 2007 comenzaron a realizar la Campaña OTRO NO al concesionario del servicio de agua, Suez- Roggio, exigiendo al Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba el llamado a una consulta popular. El Consejo aprobó la realización de la misma. La consulta no era obligatoria ni vinculante y fue la primera que se realizó en Argentina:

Cuando se estaba renegociando el contrato de Aguas Cordobesas, atamos la consulta popular con un cabildo abierto, lo que nos permitió encontrar muchos sectores sociales. Fuimos al Consejo Deliberante, tras varias reuniones logramos que se apruebe el llamado a la consulta popular, que a nosotros nos servía para saber hasta qué punto estaba metida la cosa del agua. El resultado fue el 80% de los votos por el No a la privatización. El Cabildo Abierto por el Agua, con la participación de compañeros de Santa Fe y Uruguay, nos permitió plasmar una declaración y un programa por la estatización del agua que hoy nos acompaña.

A pesar del resultado el intendente Luis Juez retiró el apoyo a la movilización en el contexto de presiones políticas y empresarias.

Entre otras acciones se destaca la promoción de la participación y la participación activa en las audiencias públicas convocadas por el Entre regulador “contra el tarifazo”, siendo la última de estas, realizada en marzo de 2010, que registró la mayor participación, con 52 oradores: “La última audiencia salió muy bien, sirvió que la gente esté en la audiencia por las voces que se hicieron escuchar, aunque la audiencia no sea vinculante. Tuvimos hasta una tapa del diario local, La Voz del Interior. Antes íbamos a escrachar y nos íbamos porque no teníamos fuerza para debatir, ahora fuimos y todo el mundo tiró argumentos y salió excelente la audiencia”.

En relación a las cuestiones de contaminación, Spedale sostiene que

Siempre nos saltan los temas de contaminación en el barrio, las mismas asambleas plantean el tema. Por otra parte, lo primero que hacen las privatizadoras es desmantelar los laboratorios para el control de la calidad del agua, la calidad del agua es lo que las empresas menos cuidan (…)La cuestión de la calidad, veíamos que estas empresas internacionales no avanzan