The Einstein-Bohr Debate on the Nature of Quantum Reality; Umpire
71 Einstein 1949a, p 85 72 Pais 1982, p 455.
El cálculo de los subsidios involucra varios pasos. Primero, la estimación del monto de los subsidios a distribuir. En segundo lugar, la distribución de los subsidios según un indicador seleccionado para cada caso. En tercer lugar, el ordenamiento de las observaciones, su acu- mulación y la definición de los estratos de acuerdo con un patrón de bienestar seleccionado. Finalmente, el cálculo de los coeficientes para las comparaciones entre países y entre años dentro de un mismo país.
Para la estimación del monto de los subsidios, la fuente principal es la ejecución presu- puestaria del año que se analiza. Estas cifras requieren algunos ajustes, ya que deben deducirse los pagos o contribuciones que hagan los beneficiarios (matrículas en la universidad, derechos de hospitalización, etc.). El cálculo del subsidio debería incluir una estimación de la renta imputada (tasa de interés más depreciación) por el uso de los edificios y equipamiento. Este último ajuste no es frecuente, pero puede ser relevante en el caso de servicios que utilizan intensivamente bienes de capital.
Los estudios sobre distribución de subsidios hacen un supuesto fuerte al estimar los beneficios por el costo de prestación de los servicios. Si se tratara de un bien estrictamente privado, la forma adecuada de medirlo sería a través de la disposición de los consumidores a pagar por el servicio en cuestión, pero en la mayoría de los casos, los servicios que se estudian corresponden a la categoría de bienes meritorios. Aquí se puede suponer que hay una demanda privada y una demanda social por un determinado bien. Sin embargo, para el cálculo de la demanda social, no existen mecanismos eficientes para que la gente revele su predisposición a pagar. Y el uso de los costos deja de lado cuestiones de eficiencia: si un servicio incluye costos derivados de un mal empleo de los recursos, esos costos son conside- rados como parte de los beneficios. En los casos más evidentes puede hacerse esta corrección pero, en general, su cálculo es difícil. Por otra parte, este enfoque ignora las distorsiones en la asignación de recursos.
El segundo paso para determinar la distribución de los subsidios estatales es ordenar a los beneficiarios de más pobres a más ricos, según un criterio determinado. Esto requiere definir el patrón de bienestar y la unidad de análisis. Como medida del bienestar, puede optarse por el criterio consumo o por el criterio ingreso. En el caso de las encuestas de niveles de vida disponibles en Centroamérica, el dato de consumo surge de manera directa. En cambio, para el cálculo del ingreso, deben hacerse algunas transformaciones sobre las variables disponibles. Por ejemplo, cuando el ingreso medido en las encuestas incluye subsidios en efectivo, estos deben deducirse. Para el cálculo del ingreso prefiscal, al ingreso medido deben sumarse los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social.
Con el fin de lograr una comparación entre el total de subsidios y la información de las cuentas nacionales, es importante corregir los datos de las encuestas por la subdeclaración de ingresos, tan común en estos casos. Un método aceptable es corregir las estimaciones de
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la muestra expandida por coeficientes diferenciados de acuerdo al tipo de ingreso. Mientras más detallada sea la información de las cuentas nacionales, mayores son las posibilidades de obtener una mejor aproximación a esta información. En Garriga (2007), Rodríguez (2007) y Trejos (2007), se trabajó con distintas categorías de ingreso: sueldos y salarios, ingreso mixto (generalmente referido a microempresas o explotaciones agrícolas familiares, donde resulta imposible determinar la contribución del capital y la del trabajo), transferencias, y renta de capital. En general, se encontró una buena correspondencia para los tres primeros rubros, pero para el excedente de explotación fue necesario realizar una corrección mayor.
En los trabajos de incidencia fiscal disponibles, al considerar el monto de los pagos por pen- siones a cargo del Estado, se han seguido dos criterios extremos: considerarlos ya sea como subsi- dios, o como ingresos ganados. Sin embargo, normalmente esos pagos contienen un elemento de subsidio, y otro de reconocimiento de derechos ganados en el pasado. Los pagos a los pensionados se asimilan a los ingresos de una renta permanente diferida, comprada a través de los años mediante los aportes realizados durante la vida laboral. Es posible que no exista una correspondencia clara entre las contribuciones y las pensiones, pero lo esencial es que se creó un derecho. Si el Estado no cobró el equivalente del valor actuarial correspondiente a ese contrato de renta, se hizo cargo de la diferencia, ya sea por aportes de sus rentas generales, o por un aumento implícito de la deuda provisional. Esta discrepancia debe considerarse como un subsidio.
Con respecto a la unidad de análisis, se usa al hogar, lo cual permite estudiar tanto familias como individuos, si bien, para fines muestrales suele utilizarse la vivienda. El mon- to del subsidio que recibe un determinado quintil puede estar afectado por el tamaño del hogar. La medida más comúnmente utilizada es el ingreso del hogar per cápita. Este resulta de dividir el total de ingresos del hogar por el número de personas que lo integran. Algunos autores prefieren trabajar con el concepto de ingreso adulto-equivalente, donde se opera con ponderaciones mayores para adultos que para menores porque se considera que su consumo dentro del hogar es mayor (Ravallion, 1992).
En algunos casos, los indicadores para distribuir los subsidios surgen de manera más o menos directa. Por ejemplo, si un miembro de un hogar estudia y se conoce en qué nivel, la asignación del subsidio es directa, correspondiéndole la participación que tenga sobre el total del gasto público en ese nivel educativo, es decir, el costo medio. En el caso de salud, la información es menos directa, ya que aunque se cuenta con indicadores del uso de estos servicios, estos no responden estrictamente a la clasificación presupuestaria. No obstante, se pueden elaborar indicadores compuestos que estimen el uso proporcional de los recursos que hace cada hogar, o bien intentar una desagregación del presupuesto público basada en