Otro problema que debe resolver la clase gobernante a partir de 1985 para relegitimar la democracia se relaciona con el tipo de sociedad mo- vilizada que emerge en la inmediata posdictadura y sus antecedentes de desobediencia y rebeldía sesentista. Sintetizado el problema en dos preguntas, sería: ¿cómo se aseguran los gobernantes el consenso de la sociedad en torno a los principios de la democracia liberal (tolerancia, consenso, gobernabilidad) cuando los antecedentes de esa misma so- ciedad son prácticas que combinan principios que responden a una “pluralidad de democracias” (democracia política representativa, demo- cracia directa, democracia sindical, cogobierno universitario)? O, ¿cómo aseguran el disciplinamiento político en democracia cuando a través de las prácticas movimientistas, la resistencia a la dictadura y el “ganar la calle” en el proceso de transición, esa misma sociedad uruguaya fue recuperando su capacidad instituyente y la confianza en sus propias fuerzas?
La construcción de una legitimidad elitista de la democracia política posdictadura estuvo basada en una explicación del poder sobre las cau- sas de la crisis predictadura y del golpe de Estado que se centró en 1968 y no en 1973. Esto es, en argumentos que atribuyen la responsa- bilidad del desorden al comportamiento de sujetos sociales o no estata- les en los años sesenta, y que no pueden volver a repetirse nunca más a partir de 1985, a riesgo de desestabilizar la democracia recuperada (la violencia social, la protesta sindical, la acción de grupos armados, la intolerancia de los comunistas, la irracionalidad del marxismo, el antiliberalismo de los intelectuales). De allí que, una vez que la demo- cracia posdictadura se confirmó como democracia “sin adjetivos” o “a secas” se la dejó de discutir.
Por eso mismo, más allá de los grandes deseos de la sociedad uru- guaya de recuperar las libertades y proyectar públicamente sus de- mandas reprimidas o prohibidas por la dictadura, para la clase gober- nante que asume el 1º de marzo, la única manera de fundamentar una democracia sin conflictos fue una interpretación reductora de la misma en un doble sentido: la democracia como democracia política y la demo- cracia política como reglas de juego (la ley de hierro de las elecciones, la existencia de mayorías (coaliciones) y minorías, la política es para los políticos y el gobierno es de los gobernantes).
Expresado de otro modo, la posibilidad de encauzar disciplinadamente a la sociedad posdictadura dentro de un orden de- mocrático liberal, despolitizado y desapasionado, giró en torno a impo- ner una concepción monopólica de “democracia política representati- va” (ni movimientista, ni gremial, ni participativa, ni directa). Una de- mocracia gobernada y no gobernante que delegara en los partidos, en los saberes tecnocráticos autorizados y en las prácticas de los políticos profesionales la capacidad de decidir cotidianamente los asuntos pú- blicos. Asimismo, que depositara en las elecciones la única posibilidad de participación colectiva de la sociedad, una vez cada cinco años.
Desde este reduccionismo político, el principio de la “concertación” gestado en el proceso de transición a la dictadura será sustituido por el principio de la “gobernabilidad” del sistema entendido como el acuerdo o consenso sistémico de las elites.
Ese consenso, por tanto, resultó un principio legitimador del orden posdictadura, en tanto “medio para crear un universo político de signi-
ficados únicos”25 en torno al modelo económico, las instituciones y los
hombres de Estado (los estadistas).
En este proceso de subjetivación, el contenido del discurso estatal deviene discurso único, no en el entendido de prohibir la circulación de otros discursos, incluido el discurso opositor de la izquierda, sino en el entendido de que el mismo sistema es el límite de todas las significacio- nes posibles dentro del sistema (el “no se puede”). Esto es, que no se puede imaginar o pensar (menos hacer) más allá de las significaciones instituidas por el sistema, no ante el riesgo de ser detenido o torturado, sino de ser estigmatizado y/o excluido del sentido democrático único. Lo diferente es negativo; lo que está por fuera es insignificante.
En síntesis, el proceso de reinstitucionalización democrática fue un proceso que, por la vía de una “integración significativa”, trató de ase- gurar la cohesión subjetiva de una sociedad posdictadura dividida, po- lítica e ideológicamente, en torno a las interpretaciones sobre los años sesenta, los sucesos traumáticos de la dictadura y las herencias del pasado reciente y que, a partir de 1985, acelerará su proceso de frag- mentación social debido a la transformación del capitalismo globalizado y nuestra inserción dependiente: la apertura de la economía, el riesgo de default o las crisis financieras, la refor ma del Estado, la desindustrialización y desregulación laboral, que agregarán nuevos fe- nómenos de inseguridad social, relacionados ya no sólo con las heren- cias del pasado dictatorial no resueltas sino con las incertidumbres de la democracia consolidada.
La eficacia (planificada o no) lograda por la clase gobernante en este proceso de subjetivación social no se explica por sí misma. El discurso del poder estatal se relaciona con las necesidades (conscientes o no) de la propia sociedad que emerge en 1985, luego de más de una década de terrorismo de Estado, entre ellas, sus sentimientos democráticos
reencontrados, sus deseos de legalidad y seguridad, su cultura “batllista” revitalizada, sus miedos.
La conjunción compleja de estos factores puede ayudarnos a enten- der, entonces, por qué en el Uruguay posdictadura, a pesar de la crisis y ruptura del orden democrático por un Estado autoritario, se siguió (y sigue) pensando el vínculo entre sistema democrático, poder estatal y orden social como una relación de armonía, dada “desde siempre” y “para siempre”.