Lo que intento avanzar como hipótesis en este apartado final es que, en el marco de la crisis de los años sesenta, la llamada clase política tradicional pierde definitivamente su capacidad como clase dirigente (luego de agotado el proyecto neobatllista) y acentúa sus funciones como clase dominante o gobernante de la sociedad uruguaya. En ese mismo marco, el reforzamiento de las lógicas de gobierno determinará que los partidos tradicionales, finalmente, actúen definitivamente como partidos del Estado.
El giro de clase dirigente a clase gobernante o dominante coincide con una fuerte reestructuración del orden económico y político mundial hacia fines de los años sesenta y principios de los setenta. Ello obligó a una variación definitiva en las formas y estilos en que se ejerció tradicionalmente la dirección ético-cultural de la sociedad a través de una hegemonía de tipo “transformista” (F. Panizza), que integró socialmente a los sectores subalternos, y mediante un modelo de desarrollo industrial-nacional-modernizador centrado en el papel intervencionista y arbitral del Estado.
En el plano regional, un factor decisivo en la reconfiguración de la voluntad, formas y estilos de la dirigencia estatal y partidaria que se venía forjando desde finales del neobatllismo lo constituyó el contexto histórico de crisis generalizada y la “amenaza” al orden proveniente de los sectores obreros y populares.
Efectivamente, el proceso de recambio de las elites dirigentes que comienza a fines de los años cincuenta en Uruguay concluirá conformando una joven generación de políticos de orientación ideológica conservadora-liberal, que actuará en el marco de la llamada “tardía guerra fría” en Latinoamérica, preocupada, principalmente, por asegurar el orden social entendido como orden estatal. O sea, una clase gobernante que siempre ve a la sociedad “desde el poder” estatal, ex parte principi y no ex parte populis.
Entonces, el carácter de clase de la elite gobernante hace mención, por un lado, a su constitución como grupo social que se autoidentifica como tal y se autorreproduce a través de vivir económicamente de los ingresos del Estado, del ejercicio continuado del gobierno y del reparto de los cargos de la administración.
Por otro lado, la caracterización de clase gobernante se refiere no tanto a la extracción socioeconómica de cada uno de sus integrantes sino a la orientación social y a los efectos de clase que están implícitos y explícitos en su conducción burguesa de las instituciones, en su defensa de la propiedad privada, en su concepto de orden y autoridad estatal que formaliza y juridiza el orden social, en la toma de decisiones que reproducen in totum al sistema económico capitalista y aseguran las formas de la dominación política.
Respecto a la conformación de los sectores dirigentes como “grupo”, ello tiene sus antecedentes en la larga duración de la historia política del país. En el Nacimiento del batllismo, José Pedro Barrán y Benjamín Nahum se preguntan: ¿de dónde surgió el batllismo?, y se responden: “el batllismo surgió en el Estado (...) —y agregan— también surgió del grupo de profesionales de la política que manejaron el Estado como
‘cosa propia’”.46 Por otra parte, en El Uruguay del 900, estos mismos
autores demuestran la profesionalización de los políticos y su constitución como “grupo social” (o “grupo estatutario”, al decir de Max Weber, o “elite funcional” según Real de Azúa), o sea, un grupo de hombres y hasta de familias “separado tanto de las clases altas, como
de las medias y populares”,47 cohesionado como tal por el ejercicio del
poder y asegurada su dedicación exclusiva a la profesión política gracias al sustento económico vía control del presupuesto del Estado.*
El carácter abierto de su conformación está dado porque la titularidad de los cargos públicos no está asociada al desempeño de cargos
empresariales o comerciales sino a desempeños de tipo “meritocráticos”.48
* El antecedente directriz del Patriciado, aunque surgido de las clases conservadoras, mostrará también la formación de un elenco con “dedicación exclusiva a la tarea política” (Barrán, J. y B. Nahum (1979) p. 251) dejando la administración de la vida económico-productiva, fundamentalmente, en manos de los extranjeros que habitaban el país.
Es en ese contexto de época que la clase política uruguaya se constituyó como clase dirigente o hegemónica. O sea que, aunque su actividad se concentrara en los espacios específicamente políticos (Estado, Parlamento, partidos), cumplió un papel que trascendió ampliamente esa esfera. La influencia intelectual, cultural e identitaria de su función directriz y proyecto modernizador (especialmente en las versiones batllista y neobatllista) alcanzó a la sociedad en su conjunto a través de un modelo de desarrollo económico nacional de tipo industrializador, un Estado de tipo “asistencial” y una política de “compromiso” entre las clases. Este rol civilizatorio de la política y el Estado coincidía con la función de partidos políticos tradicionales que eran considerados verdaderas “escuelas de ciudadanía”, “naciones” o “patrias subjetivas”.
Entonces, el ejercicio del poder político fue asumido directamente por una clase política profesional que “detenta el poder del Estado en
su unidad”49 superando, finalmente, la etapa de las luchas de bandos y
la disgregación social. En ese elenco gobernante se concentrará: el capital simbólico (adelantamiento previsor, experiencia, vocación de servicio, prestigio), la legitimidad política (mediante elección popular, capacidad de negociación, representación y mediación), la toma de decisiones públicas (como mandatos vinculantes del conjunto social, autoridad y obligatoriedad de los mismos) y las relaciones con el exterior (organismos financieros, gobiernos, burocracia internacional).
Ello consolida la “diferenciación” entre lo que Nicos Poulantzas llamaba la “situación” o “posición de clase”, que emerge del plano material o económico, y la “función de clase” que se da en el plano político- estatal, principalmente, la función de gobernar y asegurar el dominio político que, entonces, pasa a manos de profesionales que “viven del Estado”.
Pero no se trata de una simple división del trabajo entre los empresarios y los políticos sino de la conformación de una relación (o “constelación”) de poder originada y asentada en la configuración del capitalismo dependiente y ante la debilidad de las clases económicamente dominantes en mercados de pequeña escala. Por eso, históricamente, nuestro modelo de desarrollo estará más asociado al poder “artificial” institucionalizado en el Estado que al orden “natural” identificado con el mercado.
El Estado es co-constitutivo de la matriz económico-productiva
capitalista.50 De allí, la necesidad de considerar la “materialidad
institucional del Estado”, esto es, su “conexión con las relaciones de
producción”51 en la medida que (siguiendo a Therborn) “la esfera de la
representación política no es independiente de las relaciones sociales determinadas por la economía”. Así, el Estado no sólo conserva y reproduce las relaciones de producción capitalistas dominantes sino que también es configurado por éstas, dentro de un proceso de
Por eso, históricamente, la “autonomía del sector político también se basaba en un pacto tácito, un acuerdo de caballeros con las clases conservadoras. Mientras el gobierno no pusiera en tela de juicio premisas del orden social y económico establecido, las clases conservadoras y los intereses extranjeros podían dejar al equipo dirigente político uruguayo y sus pretensiones de independencia. El problema radicaba en establecer
claras líneas divisorias entre reforma y revolución”.53 Pero en 1973, a
diferencia de 1916, la “percepción de riesgo” para las clases conservadoras ya no provenía del reformismo batllista sino del socialismo.
La dictadura uruguaya no necesitó de la democracia ni de la representación de los políticos ni de la mediación del Parlamento o los partidos para, igualmente, reproducir in totum la propiedad privada, las relaciones económicas capitalistas y las relaciones de dominación como “puro poder” del Estado.
Al absolutizar las funciones estatales del tipo asistencial, social, legal, el paradigma politicocéntrico deja de lado el análisis de esas ‘otras’ funciones estatales del tipo violencia, orden, unidad política, soberanía. Por eso mismo, junto a la autonomía de la política o dimensión representacional de los dirigentes y partidos existe, también, la dimensión del dominio político. Y esto último implica una noción general de la política relacionada con “la adquisición, la distribución y el ejercicio del poder del Estado” y, por lo tanto, con “relaciones de subordinación, es decir,
de dominio o mando por un lado y de obediencia por el otro”.54
Finalmente, el paradigma politicocéntrico deviene paradigma partidocéntrico cuando, precisamente, absolutiza el papel central de los partidos en el proceso histórico de conformación del orden político-estatal moderno.
Pero, aun si permaneciéramos en la época dorada del sistema de partidos y no analizáramos los cambios regresivos que se procesaron en años posteriores, bueno es recordar otro dato de la configuración de nuestro sistema político: la total dependencia de los partidos tradicionales del aparato de Estado. O sea que, si bien el Estado moderno es un Estado de partidos, en nuestro caso, y sobre todo a partir de la crisis de los años sesenta, se refuerza la relación inversa: los partidos tradicionales son partidos del Estado, tanto ejerciendo la responsabilidad del Poder Ejecutivo como co-gobernando.
Esta “dependencia” de los políticos del Estado y de los partidos del Gobierno determina que unos y otros, partidos y políticos tradicionales, reproduzcan las necesidades económicas del sistema y de la soberanía interna del Estado con márgenes de autonomía cada vez menores.
Expresado de otra manera, en la crítica coyuntura histórica sesentista, la clase política dejó de mediar demandas de la sociedad al Estado por intermedio de los partidos políticos o el Parlamento para “imponer” desde el Estado y el Poder Ejecutivo hacia la sociedad la
reestructura del modelo de desarrollo capitalista transnacionalizado, asegurar la unidad política del Estado y el orden estatal ante la protesta social. El Poder Ejecutivo devino el “intelectual colectivo” de los partidos políticos dentro de un proceso de acentuado reforzamiento de las lógicas de gobernar por sobre las de consensuar.
Carlos Real de Azúa, influido por esa coyuntura sesentista y, en particular, por el Gabinete de empresarios-ministros del Presidente Jorge Pacheco Areco* concluía, en 1969, que existía una “predisposición estructural” de los altos niveles sociales a cuajar en un “sector dirigente
unificado”.55 Y con esa afirmación revisaba buena parte de sus propias
conclusiones sobre nuestra clase política dirigente y su “autonomía” respecto al poder económico.
Ese proceso de unificación entre intereses económicos y poder político, entre gobernantes y mando militar, más que fenómenos excepcionales condicionados por una coyuntura crítica son fenómenos que definen la crisis de las instituciones y de sus sujetos en la coyuntura. Al mismo tiempo, son fenómenos portadores de una verdadera reconfiguración del campo del poder, de su racionalidad y sujetos.
En ese proceso, la burocracia civil y militar pasa a actuar como actor político directo aunque, ello tiene también sus referencias en épocas históricas lejanas. En todo caso, “la burocracia civil y militar era la otra cara del elenco político profesional, su complemento (…) ‘la clase
burocrática’ y ‘la política’ vivían en perfecto acuerdo”.56
El proceso de “aparatización” del Estado, la praxis legal-autoritaria, el gobierno bajo decreto, Medidas Prontas de Seguridad y estado de guerra interno en el inmediato período predictadura potenciarán las lógicas burocráticas y represivas del Estado de derecho. Hacia éstas confluirán: a. la racionalidad jurídica del saber profesional de los políticos y gobernantes-abogados; b. la racionalidad instrumental y formal de la moderna tecnocracia económica y de los “grandes” funcionarios de la Administración del Estado y c. la racionalidad del mando jerárquico y el principio de obediencia debida de la corporación militar. Aun así, cuando todo esto resulte insuficiente para dirimir el conflicto planteado en la época, el poder político convocará al poder policial-militar para intervenir directamente en el conflicto como Fuerzas Conjuntas beligerantes.
Ahora bien, no obstante esas transformaciones negativas, la recuperación de la democracia comprobará una fuerte recomposición de la racionalidad y autoridad de la clase política y de los partidos políticos. En los años noventa, el relato dominante absorberá las secuelas
* Los empresarios y banqueros Jorge Peirano Facio, Carlos Frick Davies, Walter Pintos Risso, César Charlone ocuparon distintas carteras entre 1968-1971 bajo el gobierno de Jorge Pacheco Areco.
de las prácticas institucionales autoritarias de los años sesenta y principios de los setenta, así como la autocrítica de los sujetos gobernantes por su responsabilidad con la crisis, el golpe de Estado y la dictadura. ¿Cómo lo hizo?