Entrepreneurial capabilities

La circunstancia nacional se complica cada vez más por los diferentes factores económicos y sociales que afectan el desarrollo de la nación, a la vez que se agrava la posibilidad de establecer el orden se entorpece la garantización del estado de bienestar. Aun cuando parecen razones obvias, el tiempo y la circunstancia actual nos demuestran que el sentido común no es del todo común, ni que lo evidente es necesariamente obvio.

Las manifestaciones sociales se han venido incrementando, lamentablemente ahora han sido cotidianizadas y pierden su sentido. Por un lado la manifestación social ha perdido su impacto político, y por otro, la política no ha encontrado la forma de impactar beneficamente a la sociedad.

Las formas de hacer política deben ser actualizadas ante la inutilidad de las viejas formas de ejercer la democracia, las exigencias no han sido sobrantes, ni tampoco injustas, simplemente características notorias de un tiempo crítico.

La economía ha secuestrado la soberanía popular, a la vez que bandaliza las demandas de una sociedad que solo sabe que un cambio debe realizarse, aun cuando es casi imposible que dimensione la complejidad del asunto, las instituciones poco a poco se ven erosionadas por la corrupción y pierden legitimidad, sin embargo, las universidades siguen siendo la esperanza por un futuro mejor y es ahí donde se debe marcar la pauta, el momento y la acción del Estado: en la confianza de la población y la razón.

Ante el argumento de que la manifestaciòn no es el medio idóneo para ser partícipes de la política, cabe considerar la premisa de que el Estado no ha logrado acercarse a la sociedad, ni a sus distintas dependencias. Los planes de desarrollo a largo plazo en materia legislativa no tienen un seguimiento constante, tampoco un acompañamiento más allá de un periodo de representación, pasado el legislador, pasada la ley. La permanencia es necesaria para ello y ésta no puede ser exclusiva de las formas políticas. Ante este dilema, la academia es la mejor alternativa.

El restablecimiento del diálogo racional entre la sociedad, el Estado y los gobiernos, debe ser una prioridad propiciada por la ley en pro del desarrollo y el conocimiento. El flujo de información desde las diferentes esferas políticas y académicas es necesario para dar guía y utilidad a la realización de investigaciones de orden académico. El constituyente permanente ya ha marcado la pauta en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la clara intención de poner al alcance de todos la información generada por las entidades de orden público, toda vez que aquellas informaciones que sean financiadas con dinero público deben ser igualmente públicas.

En consecuencia de la adición constitucional y del trabajo que el Senado de la república ha ido desempeñando en el orden federal, es que la Ley de Ciencia y Tecnología promovida durante el periodo del entonces Presidente Vicente Fox Quezada, y recientemente reformada por el presidente de la república en turno, Enrique Peña Nieto, nos indican el camino a seguir en este siglo XXI. La era tecnócrata sin duda está presente; sin embargo, con ella se presentan tiempos de irracionalidad sistémica que hacen de la política una labor que, en ocasiones, no responde de manera óptima a las necesidades sociales. Por lo que el auxilio de las diversas instituciones académicas de orden público son fundamentales para el diseño de las reformas estructurales que tanto faltan a nuestro Estado.

Las Universidades y centros de investigación públicos tienen propósitos diversos, entre los que se encuentra la generación y difusión de conocimiento, la garantización del derecho a la educación, además de la capacitación de los y las mexicanas que serán los próximos profesionistas encargados de la dirección y construcción de este país. Las instituciones académicas (o del conocimiento), tienen también la dificil tarea de diagnosticar y proponer las alternativas materiales para el esclarecimiento de la realidad y la proposición lógica, pertinente y funcional de respuestas a la problemática social. Así lo establece el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California, que dice;

Se crea la Universidad Autónoma del Estado de Baja California, como una institución de servicio público, descentralizada de la administración del estado, con plena capacidad jurídica, y con los siguientes fines: dar enseñanza preparatoria y superior para formar profesionales; fomentar y llevar a cabo investigaciones científicas,

dando preferencia a las que tienden a resolver los problemas estatales y nacionales; y extender los beneficios

de la cultura.

Mientras que los objetivos de El Colegio de la Frontera Norte, son numerados en el artículo 6, dentro de los que destacan para el asunto en comento, las fracciones I, IV y IX, que dicen:

(...)

I.- Realizar investigaciones académicas de carácter multidisciplinario en el área de las ciencias sociales y ecológicas, generar conocimiento científico sobre los fenómenos regionales de las fronteras, en particular la de México- Estados Unidos de América, orientados hacia la solución de problemas nacionales,

regionales y locales;

IV.- desarrollar proyectos de investigación cuyos resultados contribuyan al desarrollo de las regiones

fronterizas y del norte de México;

IX.- Contribuir con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en congruencia con el programa Sectorial y la Red Nacional de grupos y Centros de Investigación y asociar el trabajo cientìfico y la formaciòn del

personal altamente capacitado para la atención de la sociedad mexicana;

A su vez, el artículo 7 establece las formas en que El Colegio de la Frontera Norte cumplirá con sus objetivos, asentando de manera clara el sentido consultivo y colaborativo de este centro de investigación para la solución de los problemas regionales y nacionales, para la consolidación y generación de contenidos que ayuden, por ejemplo, al diseño de políticas públicas o iniciativas de ley, al decir que; En cumplimiento de dicho objeto, El Colegio podrá

realizar las siguientes actividades:

I.- Actuar como órgano de consulta, emitir opiniones y realizar estudios cuando sea requerido para ello en su área de especialización y disciplinas afines por el consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, otras dependencias o entidades de la Administración Pùblica federal, estatal o municipal o instituciones sociales (...)

Con relación a lo anterior se deduce la necesidad de una estrategia que diversifique, articule e integre las múltiples instituciones del Estado en la solución de la problemática nacional, para que, de esa forma los gobiernos se enfoquen en hacer de México un país que avance en la construcción de un futuro mejor en donde el conocimiento oriente las mejoras necesarias para la producción y preparación de personas calificadas, así como de la legislación adecuada para la solución de los problemas que nuestro país enfrenta y la sociedad demanda. La desvinculación de las universidades respecto de la deuda y compromiso que tienen con su sociedad debe ser subsanada.

El fortalecimiento de las aptitudes tecnológicas y científicas de las propuestas legislativas es en sí misma una estrategia necesaria para la racionalización de nuestros congresos y la congruencia de nuestras leyes. Hemos sido testigos de cómo la divulgación de la información no ha sido suficiente ni tampoco oportuna para las adecuaciones estructurales necesarias, por lo que la promoción de estas informaciones como guía propositiva de las actuaciones legislativas agiliza los procesos de adaptación institucional al ritmo de los cambios acelerados de la sociedad. Hoy por hoy, el fortalecimiento de los sectores productivos, económicos y sociales (con pleno respeto del medio ambiente) deben ser la directriz de acción para el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los bajacalifornianos para que en el futuro sean cada vez más capacitados, competitivos, creativos, innovadores, crìticos y propositivos en el emprendimiento político y empresarial.

En Latinoamérica ya se inició con el proceso de articulación académico gubernamental, como es el caso de la República de Colombia con su ley 1286 del año 2009, también llamada La Ley de ciencia, tecnología e innovación, con la cual se intenta la promoción del conocimiento como un motor que ayude precisamente a lo que ha sido mencionado, a la construcción de la base tecnócrata de la república que ayude a dar el salto de la generación de

crecimiento económico hasta la generación del desarrollo económico, es decir, no sólo la de aumentar los ingresos de

producto interno bruto, sino el de mejorar las bases económicas para el desarrollo integral del Estado y la sociedad. Otro sector que podría contribuir al desarrollo del conocimiento es el empresarial regional, sin embargo, frente a la falta de cooperación mercantil entre los diferentes sectores productivos persiste un intento de acaparar el mercado local, con una incapacidad para hacer frente a la competencia internacional. Pasan a dejar de lado el desarrollo económico de la región e, incluso, se hayan asediados por las grandes empresas nacionales y transnacionales por una gran falta de sentido de comunidad empresarial. Aunque esto pareciera ser una contraposición a la competencia, en realidad podría lograr la ampliación de los márgenes de competencia a niveles superiores a los ahora experienciados. En ese sentido es que la Ley 1286, establece las bases para (...) Explorar,

investigar y proponer, de manera continua, visiones y acciones sobre la intervención del país en los escenarios

internacionales, así como los impactos y oportunidades internacionales (...) Resulta interesante la estrategia

integral de la República de Colombia que no se limita al simple apoyo no sólo económico sino que, además, reconoce la importancia y el valor imprescindible del conocimiento académico y tecnológico para el desarrollo de los diversos sectores productivos. El conocimiento que no se usa, no existe.

De igual manera, México cuenta con la Ley de ciencia y tecnología, la cual centra su regulación a la publicidad del conocimiento y la financiación de las actividades educativas de calidad al nivel superior. Hoy, a siete años de su promulgación, damos cuenta de que no ha sido suficiente sino un paso que nos acerca hacia la racionalización sistémica de la política, bajo la lógica que entiende como funcional aquello que garantiza efectivamente el bien común. El segundo paso a dar es sentar las bases para que las universidades asuman un rol activo dentro de la formulación, evaluación y seguimiento de los productos legislativos y sus procesos, no sòlo como un órgano consultivo, sino que además, sea la constructora propositiva y validadora del sentido racional en los procesos legislativos.

En ese sentido es que los planes de desarrollo Estatal deben tener una vinculación con las universidades respecto de los profesionistas que serán requeridos en el futuro, según las previsibles ofertas laborales y oportunidades reales de empleo para, con ello, evitar la informalidad tributaria y la fuga de capital intelectual. Dicho de otra manera, hay que plantear de manera objetiva la producción estratégica del conocimiento.

Lo que se plantea en el presente, es la posibilidad de vincular a las instituciones académicas existentes para que ayuden a la construcción y previsión de escenarios a mediano y largo plazo, con la clara intención de cumplir con los múltiples objetivos para las que fueron creadas y, con ello, coadyuvar a la preservación del orden para la garantización de los derechos humanos.

Esta iniciativa, en resumen, es un intento que estima como fundamental la participación de profesionistas e investigadores distinguidos para la obtención y búsqueda del desarrollo y progreso de nuestro Estado, mediante el establecimiento de procedimientos y mecanismos de control, seguimiento y evaluación especializados para el aseguramiento objetivo y racional del propósito constitucional de nuestras universidades, mediante el uso racional, eficiente y transparente de la ley.