ethical considerations

La coyuntura histórica que marca el pasaje de un régimen político autoritario a otro democrático —entre el ¡No! del plebiscito de reforma constitucional propuesto por la dictadura, en 1980, y la ratificación plebiscitaria de la Ley de Caducidad, en 1989—, incluyó también una transición discursiva.

Expresado de otra manera, el proceso re-institucionalización democrática comprendió un proceso de subjetivación política o producción de sentidos institucionales, principalmente, por la vía de la palabra pública y los discursos estatales amplificados por los medios masivos de comunicación. Ello fue parte de la reconstrucción simbólica del orden político-estatal y de la autoridad de la clase gobernante. Se podría hablar, entonces, de un proceso de re-legitimación institucional entendiendo

por tal el “conferir sentido” a la política en la etapa posdictadura.57

A propósito, recordemos que, entre 1980 y 1985, el proceso de transición, si bien gradual y controlado por la cúpula militar, puede ser caracterizado como un proceso de democratización instituyente, o sea, no definido totalmente por el instituido-totalitario o Estado-dictadura. En buena medida, el proceso transicional hacia la democracia transcurre al margen (y en contra) de las estructuras del poder político, protagonizado por fuerzas sociales y políticas heterogéneas, en su mayoría ilegales, clandestinas, suspendidas o reprimidas; con liderazgos

jóvenes y formas organizativas propias y originales (CONAPRO,

Multipartidaria, Intersocial, PIT, ASCEEP); que, a través de la

transversalidad de su convocatoria cuestionaban los formatos representativos clásicos y se movilizaban activamente en demanda del cambio del régimen.

Y, así como analizamos un camino democrático a la dictadura entre 1968 y 1973, entendiendo por tal la gradual inscripción de lógicas autoritarias dentro de un régimen sujeto a derecho y democrático que va degradándose internamente, también, a partir de 1980, podemos analizar un proceso de transición de la dictadura como la gradual inscripción de lógicas y prácticas democráticas dentro del contexto de un régimen político dictatorial que entra en crisis y que, con marchas y contramarchas —cronograma mediante— va negociando su liberalización hasta otorgar elecciones con proscripciones y presos políticos, en noviembre de 1984.

Quizá esta etapa de transición a la democracia, aceptando los argumentos del paradigma estadocéntrico, fue uno de los escasos momentos históricos en el que la sociedad uruguaya no actuó a “imagen y semejanza” o como “derivación” del Estado sino en contra del Uno- autoritario. Y en la que los partidos políticos y sus dirigentes tradicionales tampoco constituyeron un subsistema dependiente de la reproducción de las lógicas de la razón de Estado sino que desafiaron el orden institucional, más volcados hacia la demanda social de democratización política, con relativa autonomía (aun en las negociaciones) respecto a las necesidades del poder en manos de los militares.

No obstante ese proceso emergente, fundacional o instituyente esbozado en las primeras etapas de la transición a la democracia, la situación empezó a ser reencauzada tras la asunción del Gobierno de Julio María Sanguinetti, en marzo de 1985, y por la política de

“gobernabilidad” del líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate. Esta etapa concluye en 1989 con el resultado del plebiscito que ratifica la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Ese acto no sólo marca el final de la transición democrática sino que también reconfigura el campo político posdictatorial.

El proceso de reinstitucionalización —que comprendía los movimientos emergentes e instituyentes— terminó así acotado a la reinstitucionalización del Estado de derecho, del sistema de partidos y de los liderazgos tradicionales; la democratización de la sociedad se limitó a la restauración de la democracia política en sentido liberal; los procesos de subjetivación concluyeron con la interiorización de la obediencia ciudadana al statu quo; la transversalidad cultural y generacional de la movilización antidictatorial fue absorbida por la racionalidad tecnocrática y el discurso político único; la participación popular quedó subsumida en la representación parlamentaria; la pluralidad social se diluyó en el consenso de las elites dirigentes; la lucha por verdad y justicia fue sustituida por la derogación de la función punitiva del Estado de derecho.

Recapitulando: el proceso fermental de transición de la dictadura a la democracia que transcurre entre 1980 y 1989 (hasta la Ley de Caducidad) comprendió, también, el conflicto o lucha por el sentido de la palabra política o, si se prefiere, por el “control del discurso público”.58

Esa modalidad del conflicto entre las distintas prácticas discursivas no se mostró abiertamente violento en el marco de un amplio proceso de concertación antidictatorial y por la democracia. Muy por el contrario, la sociedad se reencontró con la política, sus partidos y dirigentes proscriptos, presos y exiliados, y los significados generados en los años sesenta y en la lucha contra la dictadura recuperaron el espacio de lo público y la identificación con vastos sectores de la población. También las organizaciones de izquierda restablecieron una continuidad ideológica reivindicativa de sus estrategias políticas derrotadas con el golpe de Estado de 1973.

No obstante, a poco de andar el proceso reinstitucionalizador, se van a ir generando nuevas condiciones materiales y subjetivas que provocarán un desgaste de las palabras, metáforas y símbolos antiinstitucionales (respecto a la dictadura) e instituyentes (respecto a la democracia), sedimentados en los años sesenta y setenta, así como en el proceso de transición y en la inmediata posdictadura, hasta su cancelación temporaria como elementos eficaces de representación colectiva de la nueva realidad sociocultural en los años noventa.

No es que esos referentes desaparecieran por censura o prohibición policial (como sucedió bajo la dictadura) sino que, en buena medida, dejarán de significar socialmente, pasando a la categoría de “discursos inertes” o “medio muertos” (M. Foucault), como el caso del marxismo.

Y, recordamos: “los discursos importan en cuanto significan y no sólo

en cuanto existen dentro de una sociedad”.59

Y este proceso de subjetivación, en pocos años, marcará otra transición, esta vez de estados de ánimo colectivos: del optimismo al pesimismo democrático.

Podría decirse que acontecimientos nacionales como la ratificación plebiscitaria de la Ley de Caducidad o internacionales como la caída del muro de Berlín, concluyen definitivamente el proceso de restauración política posdictatorial y, en particular, la transición discursiva. El resultado, hacia principios de la década de los años noventa, es una fuerte alteración de las redes sociales de sentido con respecto al Uruguay pre y en-dictadura y la consolidación de una nueva subjetividad postransicional o pospolítica.

¿Cómo se llegó a eso? En el proceso de transición de la democracia se fue instalando una nueva referencialidad política que irá también sobredeterminando a las fuerzas de izquierda. Éstas, a fines de la década de los años ochenta, no obstante haber llegado por primera vez al gobierno de la Intendencia Municipal de Montevideo, luego de la derrota en el referéndum sobre la Ley de Caducidad y la implosión del “socialismo real”, experimentarán un proceso de “cooptación” ideológica liberal por los partidos tradicionales (caso del Partido por el Gobierno del Pueblo) o un proceso de “absorción” de sentidos sesentistas y antidictatoriales. Esto último quiere decir que sus prácticas discursivas, siendo igualmente críticas del discurso y propuestas de los partidos tradicionales, empezarán a perder capacidad para construir una referencialidad alternativa a la subjetividad capitalista y gubernamental. Es más, la integración de sectores de la izquierda a la llamada “cultura de gobierno” devendrá una de las condiciones de la “gobernabilidad” del sistema económico y político.

Esta situación y cambios deben ser analizados a partir de un contexto histórico muy complejo, sobre todo para la izquierda, luego de quince años de represión autoritaria y dictatorial concentrada en sus organizaciones, dirigentes y militantes, entre los años sesenta y 1984. Pero también pueden ser considerados, como quiero hacerlo ahora, a partir del nuevo contexto intelectual y la consolidación de un discurso político dominante sistematizado en aquella coyuntura histórica.

Tributaria de una tradicional concepción del poder radicado en el Estado-aparato —concepción reforzada en su lucha contra el autoritarismo de Pacheco-Bordaberry y luego la dictadura—, la izquierda no incorporó que, como dice Pierre Bourdieu “las relaciones lingüísticas

siempre son relaciones de fuerza simbólicas”60 _{y que la lucha política}

debe desarrollarse también en el “interior de las formas discursivas prevalecientes” porque, “cuanto más se dé por establecido el comportamiento en el plano del significado, tanto más se reducirán las

alternativas posibles a los ‘programas’ institucionales, y tanto más

previsible y controlado será el comportamiento”.61