En los últimos siete años en México se han realizado por lo menos, 4 contratos de bioprospección o biopiratería llevados a cabo por empresas transnacionales; instituciones gubernamentales, centros de investigación, institutos y universidades
nacionales y extranjeras. Forman parte de las nuevas estrategias empresariales a nivel mundial para acceder a las principales áreas de biodiversidad localizadas, en los países del hemisferio sur. Su finalidad es extraer microorganismos, principios activos, plantas y conocimientos tradicionales de todos los entornos naturales posibles, para la obtención de productos farmacéuticos o industriales de interés comercial. Estos cuatro contratos son:
1) Investigación Farmacéutica y uso sustentable del conocimiento etnobotánico y la Biodiversidad en la Región Maya de los Altos de Chiapas (ICBG-MAYA). 2) Bioactive Agents from Dryland Plants in Latin America: Chile, México and
Argentina (ICBG-ZONAS ARIDAS).
3) Acceso a la Biodiversidad Microbiana Molecular (UNAM-DIVERSA), que opera en áreas naturales protegidas de México y
4) BioLead Projet (NOVARTIS-FRAUZACHI), localizado en la Sierra Júarez de Oaxaca.
El primer proyecto tiene como objetivo el descubrimiento de nuevos fármacos a partir de plantas y hongos. Su expectativa es aislar dos mil componentes activos. Hasta diciembre de 1999 se había recolectado casi seis mil muestras en Chenalhó, Oxchuc, Tenejapa y Las Margaritas, registrando además 200 fórmulas medicinales tradicionales de tres de esos municipios. (RAFI,2000;7).
El segundo proyecto en México, esta institución celebró un contrato con la UNAM llamado: Agentes Bioactivos a partir de las plantas de las Zonas Aridas de México, su desarrollo como medicamento y la transferencia de tecnologías resultantes. Su objetivo gira en torno a dos temáticas distintas que son: la farmacéutica y la agroquímica. Buscan desarrollar a partir de la investigación de las plantas de ecosistemas áridos y semiáridos, agentes biológicos que funcionen como nuevos fármacos para curar varios tipos de enfermedades o como agentes biológicos para el control y protección de cultivos agrícolas contra plagas o malezas. Según Bárbara Timerman coordinadora del proyecto en la Universidad de Arizona, hasta
1997 había obtenido 3500 extractos de más de 1000 plantas colectadas en los tres países.
El tercer proyecto cubre la finalidad de recolectar microorganismos de entornos ambientales extremos (salinos, alcalinos, acuáticos, terrestres, tropicales) de distintas áreas naturales protegidas del país. El proyecto comenzó con una primera colección de 50 a 100 muestras tomadas de los pantanos de Centla, Tabasco y de otras extraídas de la reserva del Vizcaíno, Baja California, Sur.
32El "BioLead projet" realizado por Novartis (antes Sandoz) en Oaxaca, formó parte de un programa internacional que también se aplicó en Panamá y la india, del cual se obtuvieron en total 35 mil muestras de hongos; la cantidad de muestras colectadas en Oaxaca fueron entre 9 y 10 mil, cuyo objeto era identificar hongos (microscópicos y otros) para tratamientos contra el SIDA o el cáncer.
Los perfiles y términos de los contratos.
Los proyectos siempre incluyen una empresa biotecnológica, en general, transnacional o que intermedia a otras mayores, que acuerden contratos con universidades o centros de investigación públicos, incluyendo a veces ONGs y organizaciones indígenas. Las contrapartes locales se encargan de realizar las colectas, la transferencia de conocimientos locales y en algunos casos parte del trabajo preliminar de identificar y aislar componentes activos o microorganismos con interés comercial potencial.
32 En México existen dos desiertos de gran importancia, El desierto Sonorense, que abarca parte de Arizona y
California y la mayor parte de la Península de Baja California y Sonora. A pesar de ser el más cálido y seco de los desiertos, se encuentra un elevado número de cactáceas. El Desierto Chihuahuense, que abarca el sur de Nuevo México, el Suroeste de Texas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, parte de Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y parte de los Estados de Aguascalientes y Guanajuato. Es menos árido y más fresco que el anterior. Aunque las heladas son frecuentes en este desierto, aquí se encuentra el mayor número de especies cactáceas de Norteamérica, gran parte de ellas endémicas. (RAFI,1997;20). Al Sur de esta vasta región existen dos áreas que algunos investigadores consideran parte de los desiertos tropicales que aunque son pequeños, en realidad tienen gran importancia por el número de especies que albergan. Se trata de los valles intermontanos de Metztitlán, Zimapán y el Río Estórax entre Hidalgo y Querétaro, y la zona árida de Vizarrón, en Querétaro. Así como el desierto o zona árida de Tehuacán-Cuicatlán, entre Puebla y Oaxaca. Algunos autores consideran además como zonas áridas Manantlán y las zonas norte, noreste y costera del estado de jalisco, la Depresión del Balsas, en Guerrero y la franja costera sur de Istmo de Tehuantepec. (RAFI,1997;21).
El proyecto uno es un proyecto conformado por tres integrantes: una empresa biotecnológica Molecular Nature Limited (MNL), la Fundación de investigación de la Universidad de Geoergia y el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), financiada por el ICBG de Estados Unidos con un monto de 2.5 millones de dólares desde 1998. Este proyecto establece los mecanismos para la formación de un fideicomiso que canalizará un eventual reparto de beneficios monetarios y una Asociación Civil (ProMaya) que es la forma mediante el cual las comunidades indígenas podrían participar en el proyecto e integrar un comité técnico adjunto al fideicomiso. La población local de Chiapas no fue consultada antes de establecer estos acuerdos, que se regulan por los tres socios ya mencionados en forma escrita; para ello firman un Convenio para la protección de derechos de propiedad intelectual y distribución de beneficios del ICBG Maya. Este acuerdo es una especie de carta de intención para respetar a las comunidades y entregarles parte de los beneficios, pero introduce en las comunidades indígenas elementos de privatización de bienes colectivos y públicos. Además queda clara qué el Convenio se hace para poder acceder a los recursos genéticos y conocimiento indígena y regular la forma en que si una empresa comienza a producir un fármaco, las comunidades produzcan la materia prima necesaria para ello.
El acuerdo reconoce la soberanía de México sobre sus recursos naturales y genéticos (artículo VI) pero en los artículos VII y VIII se los distribuye entre los tres participantes del proyecto y el fideicomiso a firmar. Las ganancias obtenidas por patentes sobre fármacos se repartirán 25% a cada uno de los integrantes; este porcentaje sería sobre las regalías, que podrían ser de 0.5 a 2% de las ventas anuales del producto. (RAFI,2000;9).
El segundo proyecto es coordinado por la Universidad de Arizona, Estados Unidos, en él participan la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Nacional de la Patagonia de Argentina y la UNAM, a través de la Facultad de Química y del Jardín Botánico del Instituto de Biotecnología, colabora también la Universidad de Lousiana y la Universidad de Pordue, ambas de Estados Unidos,
así como el Centro para las Enfermedades GWL, Hansen del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Centro Nacional Patagónico (Chubut), de Argentina y el ICBG- ZA y las empresas American Home Products Corporation y American Cyanamid Company. El ICBG-ZA mantiene estrictamente confidencial los términos financieros de los contratos, en especial los mecanismos de reparto de beneficios y también guarda información sobre los nombres específicos y ubicación de las plantas que están siendo estudiadas, sus sustancias químicas activas, con objeto de proteger el potencial de propiedad intelectual de dicho proyecto. (RAFI,2000;10).
El tercer proyecto es un acuerdo por el que la UNAM se compromete a proporcionar a Diversa muestras ambientales de microorganismos, cultivos enriquecidos, aislados o extractos de DNA provenientes de entornos naturales extremos. Diversa se compromete a capacitar a los científicos de la UNAM, dar equipo e insumos para la recolección de muestras y aislamiento de DNA y RNA previa firma de un convenio confidente sobre la información obtenida. Diversa paga US$50 por muestra y transfiere al finalizar el contrato la tecnología usada con valor de US$5,000., dará a la UNAM entre el 0.3 y 0.5% de regalías sobre ventas netas si se desarrolla algún producto a partir de las muestras. El contrato se formalizó desde 1998 y durará hasta en noviembre del presente. En ningún lugar del contrato se aclara el papel que desempeñarán las comunidades indígenas y campesinas cuando la recolección de las muestras se realice en sus territorios. (RAFI,2000;10).
En el cuarto proyecto no participaron universidades o centros de investigación mexicanos. El contrato se firmó con una asociación civil de asesoría ERA y una asociación de comunidades indígenas, la Unión de Comunidades Forestales Zapoteco Chinantecas (UZACHI). Los términos del contrato incluyen el establecimiento de un laboratorio en Sierra Juárez y la capacitación de personal para trabajar con él para enviar cada año 2,000 muestras al laboratorio de Sandoz
en Suiza. El laboratorio tuvo un costo aproximado de US$50,000. En el contrato también se estipula que si se desarrolla algún farmacéutico a partir de las muestras enviadas, se le pagará una cifra única y fija a UZACHI de 1 a 2 millones de dólares. No hay acuerdo de pago de regalías. (RAFI,2000;11).
La división del trabajo presente en estos cuatro proyectos muestra el establecimiento de una red de relaciones jerárquicas en cuanto a la dirección de las investigaciones y la apropiación de los posible beneficios.
La lógica bajo la que se arma dicha división laboral está encaminada a permitir y asegurar los mecanismos de acceso y propiedad privada (patentes, acuerdos de confidencialidad, etc.), sobre los recursos genéticos por parte de las empresas transnacionales y universidades extranjeras; para ello es muy importante la ausencia de leyes nacionales de acceso a este tipo de recursos en los países huéspedes y el interés por parte de las empresas y universidades extranjeras para trabajar con las universidades nacionales para diseñar posible leyes de acceso que les permitan seguir manteniendo un control para trabajar sin problemas. (RAFI,2000;11).