adoptaron medidas para abordar los malos tratos infligidos por la policía y en las cárceles. El mecanismo de quejas existente era ineficaz y el número de investigaciones sobre denuncias de malos tratos emprendidas por fiscales siguió siendo muy reducido.
El Defensor y las Defensoras del Pueblo de Bosnia y Herzegovina publicaron un informe en septiembre
en el que afirmaban que las condiciones de reclusión no cumplían las normas internacionales en toda Bosnia y Herzegovina. Citaban condiciones higiénicas y materiales inadecuadas, así como falta de acceso a servicios de salud para los detenidos. Las autoridades no habían buscado soluciones a la situación del módulo de psiquiatría forense de la prisión de Zenica, donde pacientes con problemas de salud mental carecían de asistencia médica adecuada.
Las personas declaradas culpables por el Tribunal Estatal de Bosnia y Herzegovina seguían cumpliendo sus penas en cárceles de la Federación de Bosnia y Herzegovina y la República Srpska, dado que no existía prisión estatal. Esto planteó discrepancias en relación con sus derechos y condiciones materiales bajo custodia.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Bosnia y Herzegovina en marzo, septiembre y octubre.“Nadie nos escucha y a nadie le importa”. Las mujeres continúan esperando justicia en Bosnia y Herzegovina(EUR 63/005/2009)
Bosnia and Herzegovina: “Whose Justice?” The women of Bosnia and Herzegovina are still waiting(EUR 63/006/2009)
Bosnia and Herzegovina: Submission to the UN Universal Periodic Review. Seventh session of the UPR Working Group of the Human Rights Council, February 2010(EUR 63/007/2009)
Bosnia y Herzegovina: No hay justicia para las víctimas de violación, 21 de julio de 2009
BRASIL
REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL
Jefe del Estado y del gobierno: Luiz Inácio Lula da Silva
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Población: 193,7 millones
Esperanza de vida: 72,2 años
Mortalidad infantil (‹5 años) (h/m): 33/25 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 90 por ciento
Las reformas en materia de seguridad pública, aunque limitadas, indicaron que las autoridades reconocían que desde hacía tiempo no se había prestado a la cuestión la atención necesaria. Sin
embargo, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley siguieron haciendo uso excesivo de la fuerza y llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales y torturas impunemente. El sistema de reclusión se caracterizaba por unas condiciones crueles, inhumanas y degradantes en las que imperaba la tortura. Se acusó formalmente de implicación en la delincuencia organizada y en los escuadrones de la muerte a numerosos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los pueblos indígenas, los trabajadores sin tierras y las pequeñas comunidades rurales continuaron sufriendo amenazas y ataques por defender su derecho a la tierra. A pesar del programa nacional puesto en marcha por el gobierno para protegerlos, los defensores y defensoras de los derechos humanos y los activistas sociales siguieron siendo objeto de amenazas, ataques y cargos de motivación política.
Información general
Al aproximarse el fin del mandato presidencial, el gobierno del presidente Lula había contribuido a potenciar el papel de Brasil en el escenario internacional. La política de Brasil para construir una alianza “meridional” capaz de desafiar las arraigadas estructuras de poder “del norte” contribuyó a producir cambios en la política mundial. Sin embargo, para alcanzar este objetivo se sacrificó en ocasiones el apoyo a un programa de derechos humanos más amplio, incluso en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En cuanto a la política interna, la opinión imperante era que el gasto social del gobierno del presidente Lula había contribuido a reducir las desigualdades socioeconómicas.
En agosto se celebró en Brasil, por primera vez en su historia, un congreso nacional sobre seguridad pública, en el que organizaciones de la sociedad civil y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contribuyeron a elaborar la política gubernamental en este ámbito. La sociedad civil acogió de manera muy positiva el tercer plan nacional de derechos humanos puesto en marcha por el gobierno en diciembre. El plan, sin embargo, fue muy criticado por las fuerzas armadas, la Iglesia católica y los grupos de presión de los terratenientes, ya que contemplaba medidas para abordar las violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la tierra. Todas estas
cuestiones constituían graves amenazas para la protección de los derechos humanos en el país.
Impunidad por violaciones de derechos
humanos cometidas en el pasado
Uno de los puntos recogidos en el plan nacional de derechos humanos era la promesa de crear una comisión de la verdad y la reconciliación con el fin de investigar los abusos perpetrados durante el régimen militar (1964-1985). Algunas ONG y familiares de víctimas criticaron las propuestas iniciales porque entre las atribuciones de la comisión no figuraba, al parecer, el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Sin embargo, a pesar de su carácter limitado, las propuestas recibieron duras críticas de las fuerzas armadas, y el Ministerio de Defensa trató de que se restringieran aún más.Por otra parte, se cuestionó cada vez más la persistente impunidad por delitos perpetrados durante el régimen militar. En agosto, el Tribunal Supremo resolvió que se podía extraditar a Argentina a un ciudadano uruguayo, el coronel Manuel Cordero Piacentini, para ser juzgado por cargos relacionados con la desaparición forzada y la tortura de
ciudadanos uruguayos y argentinos en el marco de la Operación Cóndor, plan conjunto adoptado por los gobiernos militares del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980 para eliminar a quienes se les oponían.
Al finalizar el año, el Tribunal Supremo no se había pronunciado todavía sobre un recurso presentado por el Colegio de Abogados de Brasil y por un destacado experto en asuntos judiciales contra diversas interpretaciones de la Ley de Amnistía.
Policía y fuerzas de seguridad
Se recibieron de todo el país informes persistentes sobre uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y torturas por parte de agentes de policía. Los vecinos de favelas o comunidades pobres, controladas a menudo por bandas de delincuentes armados, eran objeto de batidas policiales efectuadas al estilo militar. Los policías que actuaban en primera línea corrían peligro también, y muchos murieron en el cumplimiento de su deber.
Algunos estados pusieron en marcha sus propios planes de seguridad pública, aunque con resultados diversos. Las Unidades de Policía Pacificadoras, en Río de Janeiro, y la iniciativa Pacto por la Vida, en el
estado de Pernambuco, afirmaron que habían reducido la delincuencia y mejorado la seguridad de las zonas socialmente excluidas. Algunos sectores sociales acogieron positivamente estas iniciativas porque constituían una alternativa a los métodos represivos y abusivos de actuación policial antes utilizados, pero algunos vecinos de las zonas donde se aplicaban los planes se quejaron de
discriminación. Al margen de estos planes, la policía siguió perpetrando numerosas violaciones de derechos humanos.
En contra del tercer plan nacional de derechos humanos y de las recomendaciones del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, las autoridades siguieron calificando los homicidios policiales de “actos de resistencia”. Centenares de homicidios quedaron sin investigar de manera satisfactoria, y las acciones judiciales al respecto fueron escasas o nulas. Un estudio del Instituto de Seguridad Pública, organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, reveló que entre enero de 1998 y septiembre de 2009 habían muerto 10.216 personas en dicho estado a consecuencia de incidentes registrados como “actos de resistencia”. A lo largo del año, la policía mató en Río de Janeiro a 1.048 personas en presuntos “actos de resistencia”. En São Paulo, durante el mismo periodo, los homicidios policiales ascendieron a 543, es decir, un 36 por ciento más que en 2008, mientras que los perpetrados por la policía militar aumentaron un 41 por ciento.
En las favelas de São Paulo, el gobierno del estado siguió llevando a cabo “operaciones de saturación” (operações saturação), en las que la policía ocupaba un barrio al estilo militar durante 90 días y luego se retiraba. Miembros de la comunidad de Paraisópolis, en São Paulo, denunciaron torturas, uso excesivo de la fuerza, actos de intimidación, extorsiones, robos y registros arbitrarios y abusivos durante una
“operación de saturación” efectuada por la policía en febrero.
En octubre murieron en Río de Janeiro tres agentes al ser derribado un helicóptero de la policía durante un conflicto entre bandas rivales de narcotraficantes. Los miembros de las bandas empezaron a incendiar autobuses y a expulsar a vecinos de sus casas con la intención de distraer la atención de la policía del ataque que estaban llevando a cabo contra una
comunidad rival, y durante el cual tuvo lugar el derribo del helicóptero. La policía realizó una serie de operaciones, calificadas de “castigo” por un alto funcionario del cuerpo, en el transcurso de las cuales murieron más de 40 personas. Entre los fallecidos se encontraban una mujer de 24 años que fue alcanzada por una bala perdida cuando sostenía en los brazos a su hijo de 11 meses, y un chico de 15 años, que al parecer fue abatido también por la policía cuando sacaba la basura.
Vecinos de las favelas de Acari y Maré, en Río de Janeiro, denunciaron que las violentas operaciones policiales solían coincidir con la hora de salida de las escuelas, lo que comportaba un peligro para los niños y niñas y obligaba a cerrar los colegios. Se
denunciaron también torturas, actos de intimidación, registros ilegales y arbitrarios, extorsiones y robos. Se afirmaba asimismo que la policía había alquilado en
Maré un vehículo blindado del tipocaveirão(“gran
calavera”) a unos narcotraficantes implicados en una lucha territorial.
Milicias
La propagación de las milicias –grupos armados de estilo paramilitar integrados en gran parte por agentes de policía fuera de servicio– llegaba a tal extremo, que un estudio académico aseguraba que en Río de Janeiro controlaban más favelas que las bandas de narcotraficantes. Aprovechándose de su poder sobre las comunidades para obtener beneficios económicos y políticos ilícitos, las milicias amenazaban la vida de millares de personas y las instituciones mismas del Estado. Jueces, fiscales, policías y un diputado regional recibieron repetidas amenazas de muerte de las milicias. En las operaciones organizadas por las autoridades estatales para combatir sus actividades se llevaron a cabo varias detenciones. Sin embargo, el presidente de la comisión parlamentaria encargada de investigar las milicias siguió criticando que las autoridades municipales y federales no aplicaran las recomendaciones de la comisión para combatir su propagación.