Los dados electorales para elegir Presidente de la República en México el pasado 2 de julio fueron cargados a favor de Felipe Calderón. Desde el poder la derecha dio un golpe de Estado técnico. Los comicios no solo fueron inequitativos sino fraudulentos. Todos los recursos del gobierno federal, lícitos e ilícitos, fueron utilizados para favorecer al abanderado del Partido Acción Nacional (PAN). Se echó mano de casi todas las mañas del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó ininterrumpidamente México –con distintos nombres– desde la institucionalización de la revolución armada de 1910-1917 hasta el año 2000, para hacer ganar al candidato del gobierno. Se pusieron en práctica, además, los artilugios que las nuevas tecnologías informáticas permiten.
Se trata de un golpe de Estado porque se sobresee la decisión soberana de los ciudadanos de darse a sí mismos un gobierno y se han impuesto por la fuerza otras autoridades. Es un hecho técnico porque en lugar de recurrir al uso de las fuerzas armadas se ha echado mano de un conjunto de recursos informáticos para presentar como ganador de la contienda a quien no lo es. Proviene de la derecha porque la pretensión de imponer a Felipe Calderón al frente del Ejecutivo busca dar continuidad a los intereses conservadores que prevalecieron en el gobierno de Vicente Fox.
El guión fue nítido: primero, un golpe mediático sobre la base de los resultados del Programa de Resultados Electorales Provisionales (PREP), para crear la ilusión de triunfo de Felipe Calderón; segundo, la articulación de los poderes fácticos para reforzar la victoria del panista, el lunes 3 de julio, un día después de los comicios, votó la Bolsa de Valores elevando las ganancias de los accionistas; tercero, administración del recuento de votos para hacerlo coincidir con el resultado del PREP, frenando la entrega de actas a favor del PAN hasta el último momento, con el objetivo de desmovilizar; cuarto, recuento parcial de las casillas donde se presentaron graves anomalías.
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Contexto LatinoamericanoLa lista de las irregularidades es enorme: creación de un clima de temor para favorecer el voto del miedo; injerencia ilegal del Presidente de la República en la campaña; gasto de 1,7 billones de pesos en la promoción y divulgación de la obra del gobierno federal; uso de recursos públicos destinados al desarrollo social para inducir el voto (según Reforma el 41% de los beneficiarios de Oportunidades y el 44% de quienes disfrutan del Seguro Popular votaron por los blanquiazules); compra de sufragios; rebase de los topes de los gastos de campaña por parte de Felipe Calderón; simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) purgados del padrón electoral; utilización indebida de información del Estado para servir a la campaña electoral panista; cursos de inducción del voto contra López Obrador y a favor del candidato del PAN entre trabajadores y empleados de corporaciones empresariales; manipulación de las cifras preliminares de la votación.
El voto de miedo le rindió frutos al PAN y sus aliados del Congreso Coordinador Empresarial (CCE). Presentar a López Obrador como «un peligro para México», asustar a la población con el peligro de perder su casa, su automóvil y sus propiedades, les permitió sumar votos más allá de su base social tradicional. Las descargas de artillería contra el Peje disparadas por las tropas herederas de la tradición cristera dieron en el blanco. La multitud de mensajes de texto que enviaron a través de teléfonos celulares para sacudir la conciencia de los fieles parecen haber surtido efecto. «México –advertía uno de ellos–: ¿estás seguro que ÉL permitirá nuestra religión católica? Santa María de Guadalupe: salva nuestra Patria y conserva nuestra Fe. Vota. Motiva.» No fue demasiado tarde para los milagros.
El golpe de Estado técnico del 2 de julio no es más que el último eslabón de una larga cadena de acciones extralegales e ilegales perpetradas por el Ejecutivo para tratar de impedir que Andrés Manuel López Obrador llegue al gobierno. El intento de inhabilitación política de hace un año, la campaña mediática presentándolo como un transgresor de la Ley y la difusión de anuncios en televisión en los que se le muestra como una amenaza para México son solo algunos episodios de esta ofensiva en su contra.
Pieza medular de este golpe de Estado fue el Instituto Federal Electoral (IFE). El árbitro es parcial. Se hizo evidente durante la campaña electoral y quedó demostrado el día de las elecciones. Sus nueve integrantes fueron escogidos sobre la base de una negociación entre la entonces representante parlamentaria del PRI y hoy aliada de Felipe Calderón, Elba Esther Gordillo, y el panista Germán Martínez. Cinco para la Maestra y cuatro para el panista. A ellos responden. El PRD fue excluido.
Con el control del IFE en sus manos, la Maestra hizo milagros para provocar la derrota del PRI en varios estados. Ese fue el caso de Tamaulipas, territorio de la banda de narcotraficantes conocida como los Zetas, entidad donde el tricolor (el PRI) nunca había tenido descalabros mayores, y en el
México: golpe de Estado técnico de la derecha
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95 que el panismo era una fuerza escasamente relevante. Docente al fin, advirtió a Eugenio Hernández Flores, gobernador de la entidad, el mismo día de las elecciones: «Hay que saber cómo actuar y aquí sí viene la decisión de fondo [...] Tamaulipas y Coahuila están con todo con el PRI y van a hablar, no sé si ya hablaron, vale más que ustedes se adelanten, si así lo deciden, con Felipe, para vender lo que tengan; el PRI ya se cayó».1 El fraude en la entidad alcanzóniveles escandalosos.
Un día después, Pedro Cerisola, el secretario de Comunicaciones y Transportes le reconoció a Eugenio Hernández Flores los favores recibidos: «Pues muy agradecido –le dijo–, creo que sobregiraste». Y él, tan magnánimo como lo es con los cárteles del narcotráfico, le respondió: «No, me da mucho gusto, lo hago con mucho afecto».2