Con el inicio de la década de los setenta empieza a cambiar la situación económica de la Prensa del Movimiento, hasta entonces un buen negocio además de instrumento de adoctrinamiento ideológico para la dictadura. El grupo de prensa del Estado entra en pérdidas por primera vez en 1971 (8,5 millones de pesetas), que se van incrementando de forma progresiva hasta alcanzar los 842 millones de déficit acumulado en 1975. Los aspectos políticos, que habían primado hasta ese momento en los gestores de la Prensa del Movimiento, pasan a un segundo plano en favor de los económicos (Montabes, 1989: 37-38). En febrero de 1975, Emilio Romero es designado delegado nacional de Prensa y Radio del Movimiento con la misión de dar viabilidad a la deficitaria cadena estatal de prensa. El objetivo es recortar gastos por todos los medios posibles, y para ello se actúa en varios frentes: reducción de una plantilla sobredimensionada —con la puesta en marcha de programas de jubilaciones anticipadas y regulación de empleo—, cierre de periódicos con pérdidas excesivas135 y reducción del gasto en papel. Por el lado de los ingresos, se plantea un aumento de la contratación publicitaria y de las ventas de ejemplares. Sin embargo, el plan de saneamiento resultó infructuoso: en 1976, la Cadena de Prensa del Movimiento volvió a perder dinero y el déficit acumulado llegó hasta los 914 millones. Las cifras corroboraban que era imposible salir de la crisis (Martín de la Guardia, 2000).
Enterrada la dictadura y un mes antes de las primeras elecciones generales de junio de 1977, el Gobierno de Adolfo Suárez crea el organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE)136, adscrito inicialmente al Ministerio de Información y Turismo y, posteriormente, al de Cultura. En MCSE se integran la Cadena de Prensa y Radio del Movimiento y, a partir de junio de 1978, los medios de comunicación del sindicato vertical —el diario Pueblo y la Cadena de Emisoras Sindicales (CES)—. La configuración definitiva de MCSE —35 periódicos y la agencia
135 En 1975 se cierran Voluntad, de Gijón; Jornada, de Valencia, La Tarde, de Málaga, y Arriba España,
de Pamplona. A principios de 1976 desaparece La Voz de Castilla, de Burgos.
136
122 de noticias Pyresa— llegará en octubre de ese mismo año, cuando las emisoras estatales se incorporen a RTVE 137. La nueva estructura organizativa de la prensa estatal no altera su dinámica anterior: en marzo de 1978, el ministro de Cultura, Pío Cabanillas, afirmaba en el Senado que los periódicos bajo control público perdían al año 3.000 millones de pesetas. A la calamitosa situación económica viene a sumarse la pérdida del control por parte del Gobierno de UCD sobre algunos de los diarios, que caen bajo la influencia de simpatizantes de la izquierda (Alférez, 1986: 144-145), y la competencia que supone para unos medios en general desfasados y desprestigiados la aparición de nuevas cabeceras. Por si fuera poco, los periódicos privados —especialmente Diario 16— inician una campaña contra la prensa estatal138. En estas circunstancias, surgen diversas alternativas: UCD defiende la privatización, mientras que los propios trabajadores de la prensa estatal elaboran un proyecto de regionalización para que los diarios pasen a depender de las comunidades autónomas139.
El incremento de la deuda de MCSE obliga a continuar con el cierre de periódicos iniciado en 1975. Así, en junio de 1979 dejan de editarse el madrileño Arriba, los diarios barceloneses Solidaridad Nacional y La Prensa, El Pueblo Gallego, el vallisoletano Libertad, el zaragozano Amanecer, y se produce el cierre de la agencia Pyresa. A mediados de 1980 son suspendidos otros dos diarios: La Voz de España y Unidad, ambos de San Sebastián140. En enero de 1981, el Gobierno remite a las Cortes
137 Una descripción pormenorizada de este proceso, con sus correspondientes referencias normativas, se
puede obtener en Fernández y Santana (2000: 58-59).
138 Los argumentos fundamentales eran: inexistencia de prensa estatal en países democráticos
occidentales, carácter de herencia totalitaria de los MCSE, acusaciones de competencia desleal y reafirmación de la prensa de propiedad privada como la única prensa independiente y libre (Bustamante, 1982: 204).
139 Los trabajadores, más de 4.500, empezaron a organizarse ante la disolución o privatización que parecía
inminente. Eligieron representantes en asambleas que más tarde confluirían en el llamado «Comité de los Doce». Reclamaron el saneamiento laboral y económico de la empresa y denunciaron la corrupción interna. En sus encuentros elaboraron un Proyecto de regionalización de la prensa pública, en el que se defendía, por ejemplo, la constitución de patronatos regionales encargados de la titularidad, administración y gestión de los medios —compuestos por una representación paritaria de cada asamblea regional de parlamentarios y de los trabajadores—, con funciones similares a las de la junta de fundadores de la prensa privada; consejos de redacción con estatuto propio; plantilla estatal única, etc. (Zabildea, 1989: 258-259). Los trabajadores de la prensa estatal llegaron a presentar una candidatura para las elecciones generales de 1979 bajo el nombre de Unión por la Libertad de Expresión (ULE), con el objetivo de aprovechar los espacios electorales gratuitos que ofrecían los medios públicos para dar a conocer su situación y defender sus puestos de trabajo.
140 Estos cierres estuvieron envueltos en la polémica. Aunque el Gobierno esgrimió simples razones
económicas, documentos internos mostraban la preocupación de los responsables de MCSE por el interés que las autoridades preautonómicas tenían por los periódicos de titularidad pública y su deseo de influir en la línea editorial. Después de varios incidentes, ambos diarios fueron sometidos a un estrecho control. «La Voz de España y Unidad acabaron convirtiéndose casi en una obsesión para los altos cargos. Los responsables del Organismo [MCSE] temían que la unidad nacional se rompiera, y decidieron actuar con
123 el proyecto de ley de supresión de MCSE. La memoria explicativa que acompaña al texto fijaba las pérdidas acumuladas por el organismo autónomo en 10.500 millones de pesetas. La ley, aprobada de forma definitiva en abril de 1982141, ofrecía a los trabajadores la posibilidad de constituirse en cooperativa o sociedad anónima laboral para hacerse con la propiedad de los periódicos, una opción que solo se llevará adelante en el diario Sur, de Málaga. La subasta de los periódicos, prevista para finales de 1982, se paraliza por un recurso que interponen los trabajadores de MCSE y no se produce hasta 1984. De los 27 periódicos que debían salir a subasta142, solo 16 acabarán en manos privadas143, entre los que se encontraban los tres del País Valenciano: Levante e Información —ambos con beneficios en el ejercicio anterior, de 160 millones en el primer caso y 44,5 en el segundo— y Mediterráneo, que había registrado 3 millones de pérdidas144.
A lo largo de la Transición también se produce la reestructuración del sistema audiovisual estatal. Las antiguas emisoras de la REM-CAR145 y CES acaban constituyendo Radio Cadena Española (RCE) y las emisoras de Radio Peninsular se integran en RNE. En enero de 1980 se aprueba el Estatuto de la Radio y la Televisión146, que contempla tres sociedades estatales dentro del ente público RTVE: RCE, RNE y TVE (artículo 17). El Estatuto marca un antes y un después en la evolución de TVE, aunque su aplicación estuvo plagada de dificultades y, de hecho, no pudo ponerse en marcha hasta un año después de su aprobación, en enero de 1981. El
firmeza y sin dilaciones. El ambiente y la situación preautonómica justificaba aún más esa postura (Zabildea, 1998).
141 En agosto de 1982, más de 50 senadores del PSOE presentaron un recurso de inconstitucionalidad
contra la ley, aunque la postura del PSOE cambió cuando ganaron las elecciones (Quintana, 2007: 110).
142 Cinco fueron clausurados en 1983, antes de convocarse la venta pública: El Eco de Canarias (Las
Palmas), Hierro (Bilbao), Línea (Murcia), Patria (Granada) y Suroeste (Sevilla). De los 22 restantes, cerrarían otros cinco por no encontrar comprador: Diario de Cuenca, La Mañana (Lleida), Odiel (Huelva), La Voz del Sur (Jerez) y El Telegrama de Melilla; mientras que La Hora Leonesa —antes de 1975 se llamaba Proa— lo hacía por decisión de quienes acababan de adquirirlo. Pueblo, de la antigua Organización Sindical y luego de MCSE, también dejó de publicarse en 1984 (Iglesias, 1989: 439).
143 Además de los tres diarios del País Valenciano, se trataba de Sur (Málaga), Alerta (Santander),
Baleares, Córdoba, Diario Español (Tarragona), El Correo de Zamora, Jaén, La Gaceta Regional (Salamanca), La Nueva España (Oviedo), La Voz de Almería, Los Sitios (Girona), Nueva España (Huesca) y el deportivo Marca (Madrid).
144 El beneficio obtenido por Levante era el mayor de los diarios subastados. La Vanguardia, 29 de abril
de 1984.
145 La Cadena Azul de Radiodifusión había pasado a depender de la Delegación Nacional de Prensa y
Radio del Movimiento por orden de 13 de mayo de 1974, aunque manteniendo su función de informar sobre el mundo juvenil (Fernández y Santana, 2000: 102).
146 «Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión». Publicada en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) de 12 de enero de 1980. Disponible en:
124 prólogo de la norma es la declaración de principios más progresista que había en esos momentos en las legislaciones europeas en materia audiovisual (Pérez Ornia, 1989: 459-460). En la agencia Efe, la transición la impulsa Luis María Anson, que acumula todo el poder en la empresa tras asumir la presidencia en septiembre de 1976 y, un mes después, la dirección general147. Concentrar en sus manos toda la capacidad de decisión fue una de las condiciones que impuso a Suárez para aceptar el cargo (Fernández y Santana, 2000: 85). Bajo el mandato de Anson, se crea el primer Manual de estilo de la agencia (1976) y se unifican todos los servicios informativos bajo la marca Efe148 (1977). Además, la agencia experimenta un gran crecimiento internacional, con la apertura de delegaciones en los cinco continentes, lo que la lleva a convertirse en 1982 en la quinta agencia mundial desde el puesto 17 que ocupaba en 1977 (Alférez, 1986: 189).