La construcción de una nueva relación entre el Estado de Chile y los pueblos originarios de este país tiene su origen en el Pacto de Nueva imperial, celebrado entre los dirigentes del conjunto de los pueblos indígenas y el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin, tal y como se explica en el informe Política de nuevo trato con los pueblos indígenas (Gobierno de Chile, 2004: 3).
Dicho pacto tuvo lugar a finales del año 1989 y fue suscrito entre organizaciones indígenas y la Concertación de Partidos por la Democracia7, que sentó las bases de un nuevo diálogo del Estado con estos colectivos.
Domingo Namuncura explica en el capítulo Dilemas, desafíos y oportunidades para una política indígena de nuevo trato, del libro ¿Chile indígena?, que fue en 1990 cuando se creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) con el presidente Aylwin. Según Namuncura, en 1992 el presidente presentó ante el Congreso Nacional tres proyectos de ley:
6 La autora hace referencia a la muerte de Pedro de Valdivia, conquistador español del siglo XVI que fue el
primer gobernador de Chile. Fue ejecutado en manos del bando mapuche en la Guerra de Arauco.
7 La Concertación de Partidos por la Democracia hace referencia a una coalición de partidos políticos de
izquierda, centroizquierda y centro, que gobernó Chile desde 1990 hasta 2010. Fue el principal opositor al Gobierno de centroderecha de Sebastián Piñera hasta 2013. Luego sus partidos se unieron con otras fuerzas de centroizquierda e izquierda para formar la Nueva Mayoría, que desde el marzo de 2014 es la coalición oficialista.
- El primero fue la Ley indígena (1993): es el único proyecto que el Congreso aprobó. La Ley 19.253 sobre pueblos indígenas en Chile vio la luz al tercer año del primer gobierno democrático.
o El art 1º de esta ley considera a los pueblos indígenas una “parte esencial de las raíces de la Nacional chilena” y considera “un deber de la sociedad y del Estado en particular, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades”.
- El segundo Proyecto de Ley que Aylwin presentó fue una reforma constitucional para establecer un mayor grado de reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas. Permanece aún como deuda política del Estado el compromiso de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.
- Por último, el tercer proyecto presentado fue la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se acabó aprobando en 2008. El hecho de que no se aprobara antes era porque se necesitaba un porcentaje adicional de votos parlamentarios que debían provenir de un acuerdo con la derecha.
Durante el Gobierno de Aylwin surgió la crisis de Quinquén, en la que un Tribunal acogió una demanda de particulares por una ocupación simbólica de tierras. Fue entonces cuando Aylwin enfrentó su primer gran conflicto con los pueblos indígenas (Namuncura, 2014: 15).
Esta situación en el Quinquén, en la Región de la Araucanía, se inició en 1985. La comunidad Galletué era propietaria de los terrenos que ocuparon más de 120 familias pehuenches. La comunidad interpuso una demanda por la ocupación de sus tierras y obtuvieron una sentencia judicial a su favor. Para proteger las tierras históricamente ocupadas por los pehuenches, Hacienda inició un proceso de negociación que finalizó en 1992 con la entrega a la Comunidad Galletué de casi 27.000 hectáreas, correspondientes a los fundos de Quinquén y Galletué. En este caso, la solución política fue capaz de imponer un nuevo trato hacia los indígenas y evitar así su desalojo.
destacadas son las promovidas por Eduardo Frei en 1961 (Ley de Indígenas 14.511) y la promovida por Salvador Allende (Ley 17.729/72). Este marco legal fue borrado por la dictadura, periodo en el cual se dictó el Decreto 2.568/79 que facilitó la división de las tierras, la desestructuración de las comunidades mapuche, normativa que permitió la libre enajenación y usurpación de un amplio territorio anteriormente ancestral (Namuncura, 2014: 10).
Así pues, fue a partir del Pacto de Nueva Imperial que el Estado de Chile inició los primeros pasos para avanzar hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas. Antes, acciones como la promulgación de una Ley Indígena llevada a cabo por el Gobierno de Salvador Allende, se vieron frustradas por el inicio de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). A partir de entonces, se instauró un proceso de injusticias y violencia institucional hacia los pueblos ancestrales hasta la llegada de la democracia en 1990.
1.2.3. Gobierno de Eduardo Frei (1994-2000)
El segundo gobierno democrático tuvo como presidente a Eduardo Frei. A este gobierno le correspondió la tarea de implementar la ley indígena y la nueva institucionalidad del Estado respecto los pueblos indígenas, la cual residía en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Namuncura explica que este segundo gobierno de la concertación transcurrió con tensiones con los pueblos indígenas, y una de las razones es que ningún indígena formó parte de la cúpula gobernante salvo Huenchumilla (diputado por la Araucanía). Además de esto, los presupuestos anuales enviados a Hacienda para cubrir la demanda indígena fueron exiguos y los indígenas se dieron cuenta de ello (Namuncura, 2014: 17).
Choques entre Estado e indígenas: El conflicto Ralco
Durante el Gobierno de Frei se aprobó uno de los proyectos más conflictivos con los indígenas en Chile, en especial con los mapuche pehuenches. Este tomó el nombre de Ralco, y consistía en una central hidroeléctrica situada en la comuna de Alto Biobío, en la Región del Biobío. Namuncura indica que en esta época Chile enfrentaba una crisis importante en materia energética y se requería obtener mayores potenciales y autonomía en la generación eléctrica. Fue entonces cuando se impulsó el plan Ralco (enero 1999), un proyecto privado de