La Corte Constitucional cumple un papel clave en la garantía de derechos fundamentales y preservación del orden constitucional en Colombia. Para que funcione adecuadamente y pueda cumplir su misión, es importante que en la Corte no exista congestión, pues ello representa barreras significativas de acceso a la justicia para los ciudadanos y puede repercutir en afectaciones graves a los derechos fundamentales. A pesar de lo anterior, en la Corte Constitucional hay congestión, y aunque no hay cifras oficiales, las estimaciones de la cantidad de expedientes que están en espera de ser radicados es preocupante.
Para proponer acciones viables que permitan reducir el nivel de congestión en la Corte Constitucional, se analizó la situación desde un enfoque sistémico y se modeló con herramientas de dinámica de sistemas. En primer lugar, se buscó entender las razones que explican el comportamiento de la variable de interés, que es la cantidad de expedientes en congestión. Como resultado del análisis, se encontró que la cantidad de expedientes represados en la Corte Constitucional antes de su radicación es explicada por la diferencia entre la cantidad de expedientes remitidos a la corporación y la cantidad de expedientes que ella puede procesar. Con la ayuda de un diagrama de ciclos causales y uno de niveles y flujos, se entendió la importancia de algunos agentes y ciclos que hacen parte del proceso de tutela dentro de la Corte cuyo impacto debe, en teoría, regular tanto la tasa de entrada de expedientes a la Corte como su capacidad de procesamiento. Del mismo modo, el contraste entre un modelo y el otro permitió evidenciar que hay varios ciclos de balance, con funciones de regulación, que en la práctica no están activos y su ausencia explica el crecimiento acelerado de la cantidad de expedientes represados en la Corte Constitucional. Adicionalmente, se detectó un ciclo de refuerzo asociado al estudio de los escritos de solicitud de revisión, cuyo aporte a la integridad del proceso de tutela no es muy evidente y su impacto en la carga de trabajo de la Corte sí genera disminución en su capacidad de procesar expedientes.
Todo lo anterior se replanteó en forma de hipótesis dinámica, de manera que quedara claro cuáles son los ciclos que explican el comportamiento de la variable de interés, y cuáles son aquellos que podrían conducir a niveles deseables de dicha variable. Entonces se planteó que hay cuatro ciclos de balance que no están cumpliendo su función reguladora dentro del sistema y que, de activarlos, deberían mantener la cantidad de expedientes que llegan a la Corte en una cifra más o menos constante, así como una capacidad de procesamiento adecuada para atender la demanda de la organización.
Por último, se plantearon dos acciones puntuales que pueden conducir a la reducción de la congestión de expedientes de tutela en la Corte Constitucional: la eliminación (o reforma) de la recepción y estudio de escritos ciudadanos de solicitud de revisión y el cambio en las actividades y productos de la Relatoría de la Corte. La primera propuesta obedece a la mitigación del impacto de un ciclo de refuerzo que lleva a la constante reducción de la capacidad de procesamiento de la Corte, porque
el estudio de escritos de solicitud representa, cada vez más, una carga mayor de trabajo para la Corte Constitucional. Esa propuesta es la de menor costo, pero su impacto también es de corto plazo.
La segunda propuesta construida trata sobre un cambio drástico en los productos y servicios ofrecidos por la Relatoría de la Corte Constitucional a los jueces de instancia y al público en general. La justificación de esta propuesta coincide con los planteamientos del modelo de sistema viable en los que se establece que para que un sistema, como la jurisdicción constitucional, sea viable, debe tener las propiedades esenciales de autorregulación y autoorganización. Para que el sistema de la jurisdicción constitucional pueda autorregularse y autoorganizarse, sus partes deben atender cantidades residuales de variedad que son atenuadas o amplificadas internamente. El argumento esencial que respalda esta propuesta, y que justifica la inversión que ella pueda requerir, es que la Relatoría debe jugar el papel de ser un amplificador de variedad, el cual debe facilitar el trabajo de los jueces de instancia y divulgar adecuadamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Los modelos presentados en este trabajo son compatibles con ese argumento, porque en ellos se evidencia que la Relatoría es el eslabón más importante de los ciclos de balance que se deben activar para regular la cantidad de expedientes que son remitidos a la corte y disminuir la brecha entre la tasa de recepción y la capacidad de procesamiento de la corporación.
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