Uno de los desafíos importantes que han tenido que enfrentar los gobiernos de la Concertación tras el retorno a la democracia ha sido el de dar una resolución a los temas de violaciones contra los derechos humanos (DD.HH) durante la dictadura. A continuación revisaremos sintéticamente algunos de los aspectos más relevantes del modo en que se ha enfrentado esta problemática, intentando establecer cómo el tema sigue vigente tras cumplirse 15 años desde que se traspasara el gobierno a manos de los civiles.
Como se mencionó inicialmente, el retorno a la democracia se inicia bajo las llamadas “leyes de amarre”, entre las que destaca la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que limita las facultades del poder legislativo para fiscalizar las actuaciones de las autoridades anteriores al 11 de marzo de 1990 y la Ley de Amnistía Nº 2191, que por decreto había dictado Pinochet en 1978. En este escenario, la primera iniciativa implementada bajo el gobierno del Presiente Patricio Aylwin es la conformación de la Comisión de Verdad y
Reconciliación60, la cual elaboró el llamado “Informe Rettig”. Dicho informe implicó, por una parte, reconocer oficialmente y otorgar el carácter de verdad oficial a las graves violaciones de DD.HH cometidas durante el régimen militar. Pero, por otra parte, convierte a Chile en el primer país que cambia el concepto fundamental de violación a los DD.HH, entendido como “aquel acto que lleva a cabo un agente del Estado que investido de sus atribuciones atenta contra los derechos fundamentales de un ciudadano”61
, al equiparar víctimas y victimarios. Bajo esta iniciativa el gobierno intenta dar cierre a la temática y asume un discurso de “cerrar las heridas del pasado y mirar el futuro”, discurso compartido por la oposición y los militares, y fuertemente criticado desde los sectores más cercanos a las víctimas.
Bajo el gobierno de Eduardo Frei se suscita una serie de hechos judiciales que terminan desencadenando una respuesta gubernamental, materializada en la conformación de una “Mesa de Diálogo” conformada por diversos actores involucrados en la temática a fin de acercar posturas. En marzo de 1994 la justicia dicta sentencia en primera instancia en el caso de tres profesionales comunistas degollados; en 1995 es enviado a prisión en ex-jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) junto a un brigadier, hecho sin precedentes, y para lo cual es construida una cárcel especial. Ante lo que parece ser el comienzo de una avalancha judicial se producen diversas reacciones e iniciativas en torno a dar cierre definitivo a esta problemática, iniciativas que finalmente no llegan a término. En 1997 se producen dos hechos relevantes en esta materia. Primero, en febrero de ese año, un juez español admite tramitar una querella contra el general Augusto Pinochet y otros miembros de la Junta Militar por el delito de genocidio; y, segundo, en junio la Ministra de Justicia de EE.UU ordena desclasificar los archivos oficiales de la CIA y el FBI sobre crímenes cometidos en Chile o en el exterior bajo las órdenes de Pinochet. Pero, sin duda, los principales hitos en esta materia se producen en 1998. En marzo de ese año se formaliza
60 Dicha Comisión se establece con el propósito de “establecer un cuadro lo más completo posible del
carácter, antecedentes y circunstancias de las más graves violaciones de DDHH ocurridas entre 1973-1990, entendiendo por ellas las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o personas a su servicio, como así mismo, los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos”. Comisión Ética contra la Tortura. La impunidad durante la transición: Chile 1990-2003, Editorial Tiempo Nuevo, Diciembre de 2003. p.13
en la Cámara de Diputados una Acusación Constitucional en contra de Pinochet, la cual, pese a que los partidos de la Concertación contaban con la mayoría necesaria para aprobarla, es rechazada debido a la postura de algunos diputados del Partido Demócrata Cristiano, que se alinean con la oposición. En septiembre del mismo año, en un viaje de Pinochet a Londres, éste es detenido al solicitarse su extradición a España para continuar con el proceso judicial iniciado el año anterior62. Durante varios meses la Cámara de los Lores define si admite o rechaza la solicitud desde España. Durante ese período las reacciones del gobierno chileno generan múltiples roces al interior de la Concertación y para con la ciudadanía opositora a Pinochet. La estrategia gubernamental chilena consistió en apoyar la defensa de Pinochet bajo el argumento de velar por principios jurídicos y de soberanía nacional, omitiendo los tratados internacionales que Chile había firmado en estas materias, y argumentando que en Chile estaban las condiciones para enjuiciar dichos actos. Finalmente, Pinochet no es extraditado y regresa a Chile. Sin embargo, este hecho genera una serie de reacciones políticas y judiciales que se traducen en la presentación de más de 300 querellas criminales en contra del ex-dictador y en la cada vez más frecuente citación a declarar a ex oficiales del Ejército. En tal escenario, el gobierno intenta dar solución definitiva a estas temáticas a través de la creación de la Mesa de Diálogo, la cual se constituye en agosto de 1999 con el objeto de acercar sectores claves del conflicto. En el año 2000 ésta presenta su informe al entonces recién electo Presidente Lagos63. Quizás el aspecto más relevante de esta iniciativa es el reconocimiento formal de las Fuerzas Armadas de las violaciones cometidas; pese a esto, meses más tarde se comprueba que los militares no dieron toda la información disponible y que incluso se había dado información errónea respecto al destino de algunos detenidos desaparecidos (DD.DD), lo que desprestigia enormemente la iniciativa ante la opinión pública. En los siguientes años, la estrategia comunicacional del gobierno consistió en dejar esta problemática en manos de la justicia, desinvolucrándose de la misma.
62 La comunidad internacional reconoce la importancia de este hecho, la cual ponía a prueba la efectividad de
las normativas internacionales. Al respecto, Kofi Annan, Secretario general de la ONU señaló que este hecho indicaba que los sospechosos de crímenes graves “ya no pueden permanecer fuera del alcance de la ley o posiblemente se verán obligados a quedarse en sus casas y no viajar por riesgo a ser arrestados”. Op. Cit. Comisión Ética contra la Tortura, p.35
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“La Mesa de Diálogo culmina con un llamado a la unidad nacional y a profundizar las bases de la convivencia entre todos los chilenos. El tenor de esta declaración, que apuntaba a clausurar el tema de los
En el año 2003, al conmemorarse 30 años del golpe militar, la cobertura de los medios de comunicación y las múltiples iniciativas ciudadanas generaron un clima político y social intenso. “La sociedad impuso el recuerdo, la imagen, la discusión y a los medios de comunicación, más allá de sus intereses comerciales, no les quedó otra cosa que plegarse y sumarse a esta demanda de recuerdo, de discusión, de aclaración, de revisión de los otros y de sí mismo64. En este escenario, el Presidente Lagos dio a conocer su propuesta en materia de derechos humanos conocida como “No hay mañana sin ayer”. Algunos de los puntos más relevantes de ésta es el nombramiento de jueces especiales para los casos pendientes, la rebaja de penas para quienes entreguen información sobre torturas y el establecimiento de indemnizaciones austeras y simbólicas a las víctimas. Respecto de la tortura, decide crear una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura “que fuera capaz de determinar el universo de quienes sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990”65
. Dicha Comisión presentó un informe en noviembre del 2004 en el cual se recogen 28 mil testimonios sobre los cuales se describen las principales formas, lugares y consecuencias de la sistemática aplicación de torturas durante el período autoritario y se entregan recomendaciones acerca de medidas gubernamentales para enfrentar este tema. La principal importancia de este informe, más conocido como “Informe Valech”, radica en el reconocimiento del Estado de un tipo de víctima que hasta la fecha no había sido considerada y en el develamiento oficial de una verdad irrepetible.
De este modo hemos querido sintetizar los principales hechos referidos a la resolución de los temas relacionados a las violaciones de derechos humanos en Chile durante el periodo militar. Sin embargo, lo principal a destacar es que sistemáticamente la estrategia implementada desde las elites de poder es ha consistido en establecer mecanismos simbólicos como modo de dar solución definitiva a un problema que una gran parte de la
derechos humanos, abrió un debate entre quienes pretendían la consolidación de la verdad oficial y quienes advertían las consecuencias de esta política”. Op.Cit. Comisión Ética contra la Tortura. p.41
64 Garretón, Manuel Antonio. Memoria y Futuro: Sentido de las Conmemoraciones de Treinta Años,
Revista Foro de Chile 21, Noviembre del 2003, publicado en www.chile21/medios/30a2.pdf
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Lagos, Ricardo en Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Chile, Noviembre del 2004, disponible en www.comisiontortura.cl, p.1
sociedad civil demanda resolver -en términos de verdad, pero también de justicia-, especialmente aquella vinculada directamente a las víctimas. Esta estrategia se ha acompañado de un discurso marcado por conceptos como “dejar atrás”, “mirar el futuro”, como un intento de blanqueo del pasado. Con todo, el tema sigue vigente y se manifiesta en la imposibilidad de establecer una historia, un discurso común respecto del pasado. “Cuando uno vuelve a hablar sobre el problema es como si se volviera a tocar la amenaza, como si se reviviera, como si estuviera allí mismo, tal y cual como un hecho traumático. (...) Se toca como si tuviera la capacidad virtual de volvernos al pasado, y volver a colocar los odios, los miedos, los conflictos de la manera inmanejable en que nos llevaron a la catástrofe que vivimos. Por esto yo diría que la palabra reconciliación es como un exorcismo, y como tal exorcismo aparece con mucha facilidad”66
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