A la hora de comprender la situación en que se encontraba el clero bajomedieval valenciano, así como de poder establecer cuáles eran sus características en relación con el conjunto de la sociedad en que se encuadraba, resulta de especial relevancia la observación del sistema jurídico en que se desenvolvía, principalmente si tenemos en cuenta que se trataba de un sistema propio que le asignaba como colectivo una serie de características específicas. El hecho de estar sometido a una jurisdicción concreta y precisa, era uno de los elementos configuradores de su propio estatus diferenciador, ya que le confería un estatus jurídico propio capaz de dotarlo de un sentido de unidad bien diferenciada con respecto al resto de la sociedad.
El origen de la jurisdicción eclesiástica se encuentra en las Epístolas de san Pablo, donde se está valorando a la persona del clérigo muy por encima del resto de seres humanos –como señaló en su día Rodríguez-Arango276-. Tomando este momento como punto de partida, una segunda etapa a tener presente es la iniciada en el siglo III, momento en que la Didascalia –o Doctrina de los Doce Apóstoles- recoge las normas del procedimiento para resolver las cuestiones judiciales en las comunidades cristianas. Es en este tipo de jurisdicción propia de los miembros de la sociedad cristiana, en cuyo seno se distingue de manera considerable el trato jurídico que se debe mantener con los clérigos, donde se encuentra el germen del “fuero privilegiado” de los clérigos. Con todo ello, será a partir del siglo IV cuando se comiencen a conceder ventajas jurídicas en beneficio del clero, dentro del movimiento ya analizado años atrás por especialistas como Biondi277.
Una serie de normas precisas a este respecto las encontramos en el Código de Justiniano, donde se regulan algunos supuestos no recogidos anteriormente. En primer lugar, se distinguen las causas criminales de las civiles, estableciendo que en las
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RODRÍGUEZ-ARANGO DÍAZ, C.: El fuero civil y criminal de los clérigos en el derecho canónico, Roma-Madrid, 1957, pp.31-51.
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BIONDI, B.: Il diritto Romano Cristiano, Milán, 1952, I, p. 358. “Non è la chiesa, come avviene in epoca succesiva, che accampa esenzioni verso lo Stato, fondandosi sul diritto divino, come qualche cosa si superiore al diritto statale, ma é lo Stato che spontaneamente, fin dal giorno in cui diventa cristiano, concede largamente privilegi ed inmunitá cosciente della funzione della Chiesa e del Sacerdozio, che si collocano in un piano assolutamente diverso da qualsiasi organizazione umana.” Citado en RODRÍGUEZ-ARANGO DÍAZ, C.: El fuero... op. cit. p. 37.
criminales –ya sean entre clérigos o entre clérigos y laicos- la jurisdicción que corresponde es la episcopal, mientras que en las civiles los laicos sólo pueden ser llevados ante el tribunal episcopal si lo aceptan voluntariamente. En lo que a los delitos eclesiásticos se refiere, estos serán competencia exclusiva del tribunal del obispo. De este modo se pueden sintetizar en tres puntos las características de los privilegios clericales del momento: la competencia exclusiva del tribunal episcopal en materia eclesiástica, la posibilidad de acudir al tribunal episcopal por solicitud de una sola de las partes en litigio y la exclusividad del tribunal episcopal para juzgar a los clérigos partícipes en causas criminales.
A partir de estos momentos no encontramos ningún gran cambio sustancial en materia judicial hasta el advenimiento del siglo XII, momento en que el fuero privilegiado pasará por fin a las compilaciones canónicas, cuya génesis vendrá a facilitar la tarea de los juristas en la aplicación de las leyes eclesiásticas. En este sentido, tal y como se hace constar en el Decreto de Graciano, se inhibe al clero la posibilidad de acudir en demanda de justicia a cualquier tribunal que no sea el del obispo, así como la exención de acudir a los juicios de los laicos, siendo especialmente remarcada la obligación al clero de ceñirse siempre a la justicia episcopal. Esta cuestión encontrará continuidad en 1234 con la promulgación por la bula Rex Pacificus de las Decretales de Gregorio IX, a partir de las cuales se nos ofrece una configuración nueva del fuero de los eclesiásticos. En la base de este nuevo sistema jurídico se encuentra sin embargo lo ya mencionado, incluyéndose la exención disfrutada por el clero en las causas criminales, las cuales sólo pueden ser juzgadas por la justicia eclesiástica, nunca por jueces seculares, quedando la posibilidad del abandono al brazo secular como pena reservada para los clérigos delincuentes incorregibles que, tras ser excomulgados permanecieran contumaces278. En conclusión, la configuración general del fuero privilegiado a lo largo de los siglos bajo medievales resultaría como señaló Rodríguez- Arengo: quedaban sometidos al fuero privilegiado todos los clérigos, seculares y regulares, de órdenes mayores y menores, sea cual sea el tipo de causa que se deba juzgar.
Sin embargo, más allá de estas cuestiones, al observar el conjunto de la legislación vigente durante estos siglos, encontramos un buen número de leyes civiles
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cuya aplicación concierne al clero, participando en la delimitación del marco existencial del mismo. Será en este tipo de leyes en las que nos detendremos en las páginas siguientes con la intención de establecer con el mayor grado de detalle posible el panorama legal en que se desenvolverá la existencia del clero secular durante la Baja Edad Media valenciana, atendiendo tanto a los límites fijados por la legislación civil como por la propia eclesiástica.
En primer lugar nos detendremos en los Fueros de Valencia, entre los cuales se destaca de manera muy especial la rúbrica número V del libro III: De jurisdictió, ço és,
de poder de tots jutges e de for convinent, ço és, de cort convinent ( e de contenció de jurisdicció)279. Esta rúbrica está destinada a establecer los límites de las diversas
jurisdicciones vigentes, hecho este que será una constante desde el reinado de Jaime I en el siglo XIII hasta el fin de la época foral. De entre los diversos apartados que integran la rúbrica, destacaremos aquellos cuyo análisis aporte información relevante sobre los conflictos derivados del problema de la jurisdicción eclesiástica y sus aspectos de choque con la civil, comenzando por el apartado número cinco, en el que se establece en qué situaciones el clero debe aceptar ir a pleito en un tribunal laico280.
Este apartado trata de delimitar la situación en la que un laico puede lograr que un proceso contra un clérigo sea visto en corte seglar, ya que se trata de una cuestión delicada pues lo que se trata de establecer es el marco jurídico en que se deben resolver los conflictos entre clérigos y laicos, correspondiendo la corte secular a los clérigos cuando un proceso haya sido allí iniciado por realizarse contra un laico y posteriormente es reconvertido contra el clero, lo que motivaría que la continuación del mismo permaneciese en manos de dicho tribunal secular a pesar de que el juzgado fuera un eclesiástico.
En el apartado siguiente, el número seis de la mencionada rúbrica, nos encontramos ante la legislación relativa a los pleitos motivados por los enfrentamientos derivados de la posesión de tierras, huertos, viñas o cualesquiera otras heredades, estableciéndose en este sentido que todos los pleitos relativos a propiedades sean
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COLÓN, A. – GARCÍA, A.: Furs de València, vol. III, Barcelona, 1978, pp. 38-185. 280
Ibidem, vol. III, p. 41: “V: Idem rex (Iacobus I, rex) Si clergue se clamarà de lech, lo lech façe dret en poder de la cort seglar; mas si·l clergue serà demanat per lo lech en manera de reconventió, ladonchs lo clergue deu respondre e pledeyar en poder de la cort seglar, car en pleyt de reconventió denant aquel qui és jutge d'aquell lech qui és demanat, lo clergue qui serà reconvengut deu pledejar de ço de què serà feita demanda de reconventió contra ell.”
resueltos en la corte real281. Esta disposición hay que entenderla como derivada del hecho de que dichos bienes sean bienes de realengo, lo que obliga a que los conflictos a ellos relativos se resuelvan en el marco real. A continuación, en el número ocho encontramos un apartado dedicado a los pleitos en que participen aquellos que acompañen a los clérigos, no siéndolo ellos mismos, así como aquellos que lleven falsa corona o los que llevándola tengan mujer, los cuales deberán someterse a la justicia laica, al tiempo que se prohíbe que ningún preso pueda ordenarse en la prisión282. Este apartado se dirige busca el control de la posibilidad de engaño en torno a la situación de eclesiástico o no de aquellos implicados en problemas con la justicia real. Este aspecto, sin embargo, generará diversos enfrentamientos entre ambas autoridades durante la Baja Edad Media valenciana, no llegando a alcanzarse una solución o acuerdo teórico satisfactorio para el mismo. Seguidamente, ya en el apartado número once, redactado durante la segunda mitad del siglo XV –concretamente en el año 1488- encontramos la respuesta al conflicto derivado de la controversia entre los oficiales reales y los eclesiásticos en lo que al privilegio de jurisdicción se refiere283. El apartado que sigue,
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Ibidem, vol. III, pp. 42-43: “VI: Idem rex (Iacobus rex) Si lech o clergue o religiós, de clergue o de religiós se clamarà, demanam a aquel cases, orts, reals, camps, vinyes o altres heretats o possessions per rahó de penyora o per alcun altre dret o manera, o, encara, que deman fruyts de les dites coses, lo clergue o·l religiós tota ora respone e faça dret en poder de la cort nostra de València a cascú qui d'ell se clam de les coses damunt dites, car al començament totes les damunt dites coses foren de nostra senyoria, a aquels qui les preseren e les reeberen no vengren per rahóde religió ni d'Esgleya, e per aquesta raho deuen ésser dites e jutjades per tots temps del realench.
En aquest fur enadí e adobà lo senyor rey que là hon diu que tots façen dret en nostre poder e·l prenen, o de la nostra justícia, de totes possessions, que·n sien exceptades totes les donacions per nós feytes e·s faran d'aquí avant per nós o per nostres successors a Esgleya o a órdens.
Esmena lo senyor rey que de ço que tendra per la Esgleya façen dret en poder de la Esgleya, e de ço que tendran del realench, que·n façen dret en poder de la cort seglar del loch.”
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Ibidem, vol. III, pp. 44-45: “VIII: Iacobus I, rex. Les companyes e·ls hòmens dels clergues e de tots los religiosos o dels cavalers del terme de la ciutat són tenguts de pledejar en poder de la cort de la ciutat o en poder de la cort del loch dintre el terme del qual loch habitaran, si donchs no serà clergue qui port corona, si donchs aquella corona no s'avia feita per engan, o no serà lech qui port hàbit religiós, si donchs no·l portave per engan. Enadí lo senyor rey que clergue qui port corona e haje muler sie tengut de respondre en poder de la cort del loch de tot pleit; e si fer no ó volia, que la justícia pusque enantar contra ell axí com en tot altres lech. E negun hom que sia pres e detengut per la cort no·s pusque fer corona en la presó; e si ho farà, que no li valla e per ço no romangua que no sia punit segons la qualitat del crim o del malefici, axí com altre lech.”
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Ibidem, vol. III, pp. 59-60: “XI: Ferdinandus, rex. Anno M.CCCC.LXXXVIII. Oriolae Per tolre e apartar totes differències entre los officials reals nostres e los ordinaris de les ciutats, viles reals ab los officials ecclesiastichs, per rahon de les repeticions que·s fan molt injustament de alguns coronats, los quals ab veritat no·s poden alegrar del privilegi clerical; per ço provehim, statuïm e ordenam que les sentències, declaracions e concòrdies fetes e ordenades, axí per la reyna dona Elionor, com altres, de convenir en plaça comuna los officials ecclesiàstichs e seculars, sien observades e executades. Enaxí que, tota ora e quant serà dit e al·legat per lo official secular, lo pres no poder-se alegrar de corona, que de continent per lo jutge ecclesiàstich no sia en res enantat o procehit a imposar entredits ne usar de les censures ecclesiàstiques, fins sia vist e conegut en plaça comuna, e en aquella pres apuntament del fahedor. E encara volem que sien servades les declaracions fetes en Cathalunya sobre les dites coses. De la Cavalleria, vicecanceller.”
el número doce, viene a insistir en el mencionado conflicto de jurisdicción dejando claramente manifiesta la validez del privilegio eclesiástico, al dictaminar que la justicia civil debe dejar en poder de la eclesiástica a aquellos clérigos que sólo a ésta se someten, para que de este modo no se vea dañada la libertad eclesiástica284. Así como se deriva de lo señalado en el apartado catorce, el cual es incluido a consecuencia de la solicitud del brazo eclesiástico, quien tratará de este modo de resguardar sus intereses285.
284
Ibidem, vol. III, pp.60-61: “XII: Idem rex. Data eadem. Capitulum brachii ecclesiastici. (Ferdinandus, rex. Anno M.CCCC.LXXXVIII.) Item més, senyor, és agreujat lo dit braç per quant, per lo portant-veus de governador e son loctinent o per la justícia criminal de la ciutat de València, alguns clerguer conjugats e simples clergues e encara capellans constituïts en órdens sacres, e beneficiats e altres eclesiàstiques persones, les quals se deuen alegrar del privilegi clerical, lo qual inhibeix tot altre jutge per dret divinal scrit que de lls no pusqua empachar ni conèixer, sens incursió d'escomunicació e altres ecclesiàstiques penes, essent detenguts per los dits officials per algun crim o crims detenguts; e request, ab tota solemnitat, lo dit portant-veus de governador o los altres officials de la restitució de aquells, no volen aquells restituir, ans pretén de aquells tenir coneixença, al·legant calificacions en los dits crims, los qual encara no serien sufficients a la dita detenció; e procehint a més notícia, tota ora deté en ses presons les dites ecclesiàstiques persones, en gran prejuhí e greuge de la dita ecclesiàstica libertat. D'on és necessitat de usar re remeys de justícia, posant entredit los officials ecclesiàstichs en la dita ciutat e fora de aquella. Per tant supplica lo dit braç sia mercè de vós, senyor, provehir ab acte de cort, ab imposició de certes penes, dels dits officials exigidores, com contrafaran, que tota ora e quant serà repetit per lo jutge ecclesiàstich, prevere e en sacres órdens constituït, o beneficiat o simple tonsurat, puix conste apertament encontinent de son títol e notòriament, sia vist ésser dels sobredits lo detengut, que sens dilació alguna sia restituït al jutge algun clergue conjugat de aquell que·s deu alegrar per dret del privilegi clerical, en tal cas sia observada la concòrdia presa de la molt alta senyora reyna dona Elionor e lo reverendíssimo cardenal de Comenge, la qual se és fins en aquests anys propassats per causa de aquests nous greuges contínuament observada, la observança de la qual fonch sembla[nt]ment stablida, per acte de cort per la magestat del senyor rey vostre pare, celebrant corts, ladonchs loctinent general en la vila de Morvedres, segons appar per actes de la dita cort. Plau al senyor rey sia servada la concòrdia de la reyna dona Elionor e del cardenal, axí com se demana; axí dels clergues no conjugats com conjugats, de manera que la liberad e jurisdicció de la Sglésia sia conservada, sens perjuhí de la real jurisdicció. De la Cavalleria.”
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Ibidem, vol. III, pp.62-63: “XIIII: Ferdinandus, rex. Anno .M.CCCC.LXXXVIII. Oriolae. Ad supplicationem brachii ecclesiastici. Item, més avant, senyor, és agreujat lo dit braç en la dita jurisdictió per quant, repetint lo dit jutge ecclesiàstich algun clergue pres e detengut per lo governador o per altre official dels sobredits o restituït per aquells a son jutge, procehint lo dit jutge ecclesiàstich contra lo pres ab tota aquella observança de térmens de solemnitat de procés ne per justícia, se deu fer enantant lo actor en les proves e lo detengut fundant més avant son dret en clarificació de sa causa tot lo que per justícia li pertany, e per los mèrits del procés lo dit detengut serà absolt per sentència del jutge ecclesiàstich; lo dit governador, no obstant la sentència e absolució sobredites, torna a rependre en ses presons lo dit clergue e deté aquell, axí com ha fet de hun clergue appellat Joan Navarro, denunciat e accusat criminalment en la cort ecclesiàstica per la magnífica madona Stanya, muller del magnífich mossèn Stanya; e havent obtenguda absolutòria sentència lo dit Johan Navarro és stat pres per la mateixa cusa per lo dit governador, en gran ultratge, parlant ut decet, e vilipendi de la jurisdictió e libertat ecclesiàstica; e essent- li stat repetit ab una e moltes letres e ab solemnitat que·s pertany, no sols ha recusat fer e recusa fer, més encara, ab paraules aspres molt stranyes, contra lo dit jutge ecclesiàstich sta en son propòsit de no voler restituir lo dit clergue. Per tant suplica, senyor, lo dit braç sia mercè de vós, senyor, per acte de cort, haver per revocats tots los dits actes, ab incursió de grans penes en lo present acte fahedor contengudes e exigidores irremisiblement, manar per lo sdevenidor tals actes no s'introduheixquen, per lo sdevenidor se abstinga de tals e semblants actes, si en les dites penes no volrà encórrer. Plau al senyor rey que lo govenador ne altre official no deja ne puixa procehir ni jutgar aquell qui és stat jutgat per lo jutge ecclesiàstich, e que tals actes sien nul·les e prohibits de fer ab penes. Vidit videcanceller.”
Del mismo modo, el apartado dieciséis viene a insistir en la incapacidad del poder laico para entrometerse en las causas relativas a las personas eclesiásticas, ya se trate de causas civiles o criminales286. Este conflicto de intereses entre ambas jurisdicciones constituye uno de los rasgos característicos del período, donde veremos sucederse los intentos por parte de los jueces de someter a su jurisdicción a aquellos miembros de la sociedad pertenecientes al otro colectivo. En este sentido, no faltan los argumentos dirigidos a justificar esta intromisión, sin embargo, resultaría superfluo prestar especial atención a estas argumentaciones –generalmente relacionadas con los clérigos cuyas prácticas les mezclan con los laicos- cuyo principal interés y único sentido es lograr la sustracción de este sector del clero a la jurisdicción episcopal, ganándolos así para la civil.
Más allá de todo ello, el apartado número cuarenta y cuatro nos ofrece una nueva perspectiva de esta problemática derivada de la doble jurisdicción existente, nos referimos a lo relativo a la invasión por parte de las autoridades civiles de las casas y viviendas de los clérigos, lo cual quedaría completamente fuera de sus atribuciones,
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Ibidem, vol. III, pp.62-63: “XVI: Ferdinandus, rex. Anno M.CCCC.LXXXVIII. Oriolae. Senyor molt excel·lent: per fur de l'alt rey en Martí és statuït e ordenat que vós, senyor, vostre primogènit, loctinent general ne altre qualsevol official de vostra alteza, no·s puixa entremetre de les causes criminals,