3. Introduction
8.1. Future direction
Los tribunales continuaban imponiendo penas crueles e inhumanas, como la flagelación, a modo de castigos adicionales discrecionales por numerosos delitos, entre ellos la difamación, el insulto y el acoso sexual.
El 9 de enero, el bloguero Raif Badawi recibió 50 latigazos en público en Yidda, lo que suscitó un clamor internacional. En 2014
había sido condenado a recibir 1.000 latigazos; las autoridades no lo sometieron a nuevas tandas de azotes en 2015.
En noviembre, un tribunal de apelación confirmó la sentencia dictada en 2014 contra el defensor de los derechos humanos Mikhlif bin Daham al Shammari por cargos como “agitar la opinión pública relacionándose con el chiísmo” e “incumplir las órdenes de los gobernantes celebrando una reunión privada y utilizando Twitter”. Confirmó también su condena de años de prisión y flagelación hasta recibir 200 latigazos.
PENA DE MUERTE
Los tribunales continuaban imponiendo la pena de muerte por diversos delitos, entre ellos algunos de drogas que no implicaban violencia, con frecuencia en juicios sin garantías en los que no investigaban adecuadamente las denuncias de los acusados de que los interrogadores los habían torturado, coaccionado o engañado para que hicieran confesiones falsas durante la detención preventiva.
En noviembre, el Tribunal General de Abha condenó a muerte al artista y poeta palestino Ashraf Fayadh tras declararlo culpable de apostasía. Anteriormente, un tribunal de apelación había anulado su condena original de cuatro años de prisión y 800 latigazos, que le había sido impuesta tras ser declarado culpable de infringir el artículo 6 de la ley sobre ciberdelitos.
La oleada de ejecuciones que había comenzado en agosto de 2014 continuó durante todo 2015. Al final de junio, Arabia Saudí había ejecutado al menos a 102 personas, más que en todo 2014, y al concluir el año el total había ascendido a más de 150. Muchas fueron ejecutadas por actos que no cumplían el criterio de “los más graves delitos” y no debían, por tanto, acarrear la pena de muerte, conforme al derecho internacional. Muchas ejecuciones se llevaron a cabo mediante decapitación pública.
ARGELIA
República Argelina Democrática y Popular
Jefe del Estado: Abdelaziz Buteflika
Jefe del gobierno: Abdelmalek Sellal
Las autoridades restringían la libertad de expresión, asociación y reunión, deteniendo, enjuiciando y encarcelando a personas que se manifestaban pacíficamente, activistas y periodistas. La asamblea legislativa reformó el Código Penal para proteger a las mujeres de la violencia. Quienes habían cometido tortura y otros abusos graves contra los derechos humanos en la década de 1990 siguieron eludiendo la acción de la justicia. Los tribunales impusieron condenas a muerte; no se llevaron a cabo ejecuciones.
INFORMACIÓN GENERAL
En enero hubo en el sur de Argelia protestas sin precedentes contra el fracking o fracturación hidráulica de zonas rocosas para extraer gas de lutita.
En julio, al menos 25 personas murieron como consecuencia de la violencia entre comunidades en el valle de Mzab, situado a 600 kilómetros al sur de Argel, la capital; otras resultaron heridas.
Según los medios de comunicación, en varias zonas se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados de oposición. Las autoridades afirmaron que las fuerzas de seguridad habían matado a 109 presuntos miembros de grupos armados, pero no ofrecieron apenas información sobre las circunstancias en que lo habían hecho. El grupo armado Al Qaeda en el Magreb Islámico reivindicó la autoría de un ataque perpetrado en la provincia septentrional de Ain Defla en julio, que se cobró la vida de 14 soldados.
Las autoridades persistieron en su negativa a permitir que visitaran el país algunos órganos y expertos en derechos humanos de la ONU, entre ellos los titulares de los mandatos sobre la tortura, la lucha
libertad de asociación.1
LIBERTAD DE REUNIÓN
En enero, las autoridades respondieron a protestas contra el desempleo celebradas en la ciudad meridional de Laghuat con la detención de activistas y manifestantes pacíficos, así como de quienes protestaban en solidaridad con los detenidos. Algunas de las personas detenidas fueron enjuiciadas por cargos como participación en “concentración no armada”, entre ellas Mohamed Rag, Belkacem Khencha y otros miembros del Comité Nacional para la Defensa de los Derechos de los Desempleados (CNDDC), a quienes se impusieron penas de entre uno y dos años de prisión, que quedaron reducidas, en algunos casos, en fase de apelación. En marzo, un tribunal de la ciudad meridional de El Oued impuso penas de hasta cuatro meses de prisión a cinco personas por manifestarse pacíficamente. Al final del año, todas ellas estaban en libertad en espera del resultado de una apelación ante el Tribunal Supremo.2
En octubre, un tribunal de Tamanrasset impuso a siete manifestantes sendas penas de un año de prisión, seis de las cuales se redujeron a condenas condicionales en apelación.3
Las autoridades continuaron haciendo cumplir la prohibición de todas las manifestaciones en Argel. En febrero, las fuerzas de seguridad impidieron la
celebración de una reunión pacífica de apoyo a los manifestantes contrarios al fracking, deteniendo a las personas que iban llegando al lugar de la protesta y reteniéndolas durante varias horas.
En junio, la policía dispersó por la fuerza una manifestación pacífica de miembros de SOS Disparus, grupo que hacía campaña en favor de las víctimas de desaparición forzada del conflicto armado interno de la década de 1990, incluidos los familiares ancianos de las personas que desaparecieron y cuya suerte las autoridades nunca revelaron.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Las autoridades enjuiciaron a periodistas,
caricaturistas, activistas y otras personas por insultos, difamación y cargos similares.
En febrero, un tribunal de Orán declaró a Mohamed Chergui culpable de insultar al profeta Mahoma tras denunciar el periódico para el que trabajaba, El Djoumhouria, un artículo suyo basado en investigaciones académicas extranjeras sobre el islam. El tribunal lo condenó in absentia a tres años de prisión y al pago de una multa de 200.000 dinares argelinos (alrededor de 1.900 dólares estadounidenses). Posteriormente le redujeron la pena de prisión a una condena condicional de un año, contra la que apeló. En marzo, un tribunal de El Oued condenó a Rachid Aouine, activista anticorrupción y miembro del CNDDC, al pago de una multa de 20.000 dinares argelinos (alrededor de 190 dólares estadounidenses) y a seis meses de prisión —reducidos a cuatro en
apelación— tras declararlo culpable de “incitación a una concentración no armada” en relación con un comentario sarcástico que había publicado en Facebook.4
El periodista Abdelhai Abdessamia fue puesto en libertad con fianza en septiembre, tras más de dos años de detención en espera de juicio. Trabajaba para los diarios Djaridati
y Mon Journal hasta que las autoridades los clausuraron en 2013 por informar sobre la salud del presidente Buteflika. Las autoridades lo acusaron de ayudar a llevar clandestinamente a Túnez desde Argelia al director editorial de los diarios. Tras su detención en 2013, la policía judicial mantuvo a Abdelhai Abdessamia detenido arbitrariamente durante seis días, en vulneración de la legislación argelina, antes de entregarlo a la gendarmería nacional y a los servicios de seguridad militar para que lo interrogaran.
En octubre, las fuerzas de seguridad detuvieron al activista Hassan Bouras, destacado miembro de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, en la ciudad occidental de El Bayadh. Al final del año continuaba detenido y estaba siendo investigado por “insultar a una institución pública” e “incitar a los ciudadanos o
habitantes a tomar las armas contra la autoridad del Estado o alzarse en armas los unos contra los otros”, cargos ambos punibles con la muerte.5
En noviembre, un tribunal de El Oued condenó al caricaturista Tahar Djehiche a seis meses de prisión y al pago de una multa de 500.000 dinares argelinos (alrededor de 4.600 dólares estadounidenses) por “insultar” al presidente Buteflika e “incitar” a otros a sumarse a una protesta contra el
fracking en un comentario que había publicado en su página de Facebook. Previamente había sido absuelto por un tribunal de primera instancia. Al final del año estaba en libertad a la espera del resultado de una apelación ante el Tribunal Superior.6
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Las asociaciones que solicitaban su inscripción en registro en virtud de la Ley 12-06, entre ellas Amnistía Internacional Argelia, quedaban en una situación incierta, pues las autoridades no respondían a las solicitudes. Esta ley, que entró en vigor en 2012, imponía restricciones arbitrarias y de amplio alcance a la inscripción en registro de las asociaciones, y tipificaba como delito, penado con hasta seis meses de prisión y una multa, la pertenencia a asociaciones no inscritas, disueltas o cuya actividad hubiera sido suspendida.
DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
En agosto, las autoridades italianas detuvieron al abogado argelino defensor de los derechos humanos Rachid Mesli, refugiado político en Suiza y fundador de Alkarama, ONG de derechos humanos con sede en Ginebra. Su detención se produjo después de que las autoridades argelinas solicitaran su extradición por haber sido declarado culpable in absentia de facilitar teléfonos y cámaras a grupos terroristas, sobre la base de una “confesión” previa que él afirmaba haber hecho bajo tortura. Las autoridades judiciales italianas lo tuvieron más de tres semanas bajo arresto domiciliario
antes de levantar la restricción y permitirle volver a Suiza.7
En diciembre, las autoridades locales prohibieron en Argel un taller para miembros de una coordinadora de organizaciones de derechos humanos del Magreb, entre los que había defensores y defensoras de los derechos humanos de Argelia, Marruecos, Túnez y Mauritania.