Problems/Complaints

El 25 de marzo, una coalición de nueve Estados dirigida por Arabia Saudí inició una campaña de ataques aéreos contra el grupo armado huzí, que se había hecho con el control de amplias zonas de Yemen, incluida

la capital, Saná, y derrocado al gobierno, que se trasladó a Arabia Saudí. Durante los meses posteriores, aviones y otras fuerzas de la coalición efectuaron numerosos ataques que causaron miles de muertos y heridos, muchos de ellos civiles. Algunos ataques aéreos de la coalición violaron el derecho internacional humanitario y posiblemente constituyeran crímenes de guerra. La coalición también desplegó tropas terrestres en Yemen y organizó un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo que empeoró la situación humanitaria de la población civil yemení.

Los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia firmaron acuerdos de suministro de armas a Arabia Saudí por valor de miles de millones de dólares

estadounidenses, pese a los indicios crecientes de que la coalición dirigida por el país había utilizado armas de naturaleza similar para cometer en Yemen crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional.

Las fuerzas huzíes y sus aliados también cometieron violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra, al efectuar bombardeos indiscriminados reiterados en Nayran y otras zonas civiles del sur de Arabia Saudí próximas a la frontera con Yemen.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE

ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN

Las autoridades continuaron deteniendo, enjuiciando y encarcelando a sus detractores, como blogueros y otros comentaristas activos en Internet, activistas políticos, miembros de la minoría chií y activistas y defensores de los derechos humanos, incluidos defensores y defensoras de los derechos de las mujeres. El bloguero y preso de conciencia Raif Badawi continuaba cumpliendo la pena de 10 años de prisión que se le había impuesto tras ser declarado culpable en 2014 de “insultar al islam” y violar la legislación sobre ciberdelitos por actividades como crear y gestionar el sitio web Liberales Saudíes Libres. También había sido condenado a flagelación (véase infra).

El escritor y detractor del gobierno Zuhair Kutbi fue detenido el 15 de julio en su casa, en La Meca, por agentes de los servicios de seguridad, que lo golpearon con las culatas de sus fusiles y lo recluyeron en tres lugares distintos antes de llevarlo a la Prisión General de La Meca. Tres semanas antes de su detención, Zuhair Kutbi había participado en el programa televisivo de debate Fi al Samim, donde había criticado la represión política en Arabia Saudí y exigido reformas. Las autoridades ordenaron la suspensión de Fi al Samim. En diciembre, el Tribunal Penal Especial lo declaró culpable de “incitar a la opinión pública”, “sembrar discordia” y “reducir el respeto del pueblo a la ley” con sus escritos y charlas, y lo condenó a cuatro años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante otros cinco. Le impuso también una multa y le prohibió publicar escritos durante 15 años.

El gobierno no permitía la existencia de partidos políticos, sindicatos ni grupos independientes de derechos humanos, y las autoridades continuaban deteniendo, enjuiciando y encarcelando a quienes constituían organizaciones no autorizadas o formaban parte de ellas. Sin embargo, en noviembre el Consejo de Ministros aprobó una ley de asociaciones basada parcialmente en un proyecto de ley que el Consejo Consultivo había aprobado años antes, pero no indicó cuándo se haría efectiva. Las autoridades continuaron negando a Amnistía Internacional el acceso al país y tomaron medidas punitivas contra activistas y familiares de víctimas que se habían puesto en contacto con la organización.

Seguían prohibidas todas las concentraciones públicas, incluidas las manifestaciones pacíficas, en virtud de una orden dictada por el Ministerio del Interior en 2011. Quienes desobedecían la prohibición se exponían a ser detenidos, enjuiciados y encarcelados por cargos como “incitar al pueblo contra las autoridades”. En marzo, el gobierno advirtió de que detendría y enjuiciaría a quienes criticaran públicamente las acciones militares de Arabia Saudí en

Yemen, y, según informes, en noviembre, el Ministerio de Justicia dijo que demandaría a toda persona que comparase el sistema de justicia de Arabia Saudí con el del Estado Islámico.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS

DERECHOS HUMANOS

Las autoridades continuaban deteniendo, enjuiciando y encarcelando a defensores y defensoras de los derechos humanos en aplicación de legislación antiterrorista y de otras leyes. Entre las personas detenidas, sometidas a juicio o presas había miembros y activistas de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, grupo fundado en 2009, pero que las autoridades nunca autorizaron y luego prohibieron en 2013. Al concluir el año siete miembros de la Asociación, que hacía campaña por la liberación o el juicio justo de las personas que llevaban mucho tiempo detenidas por motivos políticos, se hallaban cumpliendo penas de hasta 15 años de prisión impuestas por cargos imprecisos y demasiado generales. Había también dos en libertad a la espera del resultado de sus juicios, uno más estaba recluido sin cargos ni juicio y otro había cumplido la condena pero aún no había sido puesto en libertad.

En enero, la sala de apelaciones del Tribunal Penal Especial de la capital saudí, Riad, confirmó la condena a 15 años de prisión impuesta al destacado abogado y defensor de los derechos humanos Waleed Abu al Khair y ordenó que la cumpliera en su totalidad por no haberse arrepentido de sus “delitos”. El tribunal de primera instancia había dicho que sólo debía cumplir 10 de los 15 años de pena.

En octubre el Tribunal Penal Especial condenó a Abdulrahman al Hamid y Abdulkareem al Khoder, ambos miembros fundadores de la Asociación, a 8 y 10 años de cárcel, respectivamente, seguidos de la prohibición de viajar al extranjero, tras declararlos culpables de cargos de

terrorismo. Al Khoder había sido previamente condenado por un tribunal penal a ocho años de prisión, revocados por un tribunal de

apelación antes de que se remitiera su caso al Tribunal Penal Especial.

SEGURIDAD Y MEDIDAS

ANTITERRORISTAS

Las autoridades utilizaban la legislación antiterrorista de 2014 para detener y enjuiciar a activistas pacíficos y defensores de los derechos humanos, así como a personas acusadas de oposición violenta al gobierno. Waleed Abu al Khair fue el primer defensor de los derechos humanos al que se impuso una pena de cárcel, confirmada en apelación, en aplicación de esa legislación. Las activistas de los derechos de las mujeres Loujain al Hathloul y Maysaa al Amoudi fueron acusadas de delitos tipificados en la legislación tras ser detenidas a finales de 2014 por desafiar la prohibición de conducir vehículos que pesaba sobre las mujeres. Pasaron varias semanas recluidas antes de quedar en libertad el 12 de febrero. No estaba claro si su juicio se llevaría a cabo.

Las autoridades disuadieron públicamente a la ciudadanía de incorporarse, financiar o brindar cualquier otro tipo de apoyo a grupos armados radicales suníes en Siria e Irak, y detuvieron a presuntos miembros de grupos armados. El 18 de julio, el Ministerio del Interior declaró que durante “las últimas semanas”, las autoridades habían detenido a 431 personas sospechosas de pertenecer al Estado Islámico, pero proporcionó pocos datos sobre cargos o delitos concretos y sobre la ley en virtud de la cual habían sido detenidas.