A diferencia de otros puntos del Estado, en el conjunto de Galicia no parecen haberse producido grandes concentraciones para reclamar la libertad de los detenidos por razones políticas tras conocerse la victoria electoral de las izquierdas, en parte porque, en el estado actual de las fuentes, cabe colegir que el número de internos en su geografía era cuantitativamente muy reducido. Por el contrario, en Ourense, la sede de Falange, donde permanecían acuartelados numerosos milicianos esperando de sumarse a un golpe de Estado que nunca llegó a concretarse, estuvo a punto de ser asaltada por las masas; sólo la intervención del gobernador civil y un importante despliegue de fuerza pública consiguió, finalmente, calmar los ánimos. Los incidentes no tardarían en reproducirse: entre el 21 y el 25 de febrero se producen numerosos detenidos por tenencia ilícita de armas y más de una treintena por su implicación en altercados políticos entre grupos rivales con el resultado de varios heridos de arma de fuego. Especialmente significativos fueron los enfrentamientos surgidos a raíz de unos disparos efectuados desde la sede de Acción Popular que hirieron a un conocido izquierdista, degenerando luego en una auténtica batalla campal en la que falangistas, japistas y afiliados a AP combatieron como un sólo hombre contra socialistas y comunistas. Al mismo tiempo, dos izquierdistas, en una escena que en los meses siguientes se reproduciría en múltiples ocasiones en medio de la indignación de las derechas locales, atribuyéndose funciones de autoridad, detuvieron por su cuenta a un sujeto «por ser destacado fascista, por si tuviese alguna arma»4.
El entonces gobernador civil interino, presidente local de Izquierda Republicana, decretó la clausura del local de Falange y el «cambio de residencia» de sus elementos directivos, según rezaba la nota oficiosa reproducida por los periódicos. Ourense se anticipaba así a la detención de los miembros de la Junta Política de FE-JONS el 14 de marzo, paso previo para que días después un juzgado madrileño la declarase ilegal y suspendiese sus actividades. Sus dirigentes locales más caracterizados huyeron, al estar amenazados por las izquierdas, aprovechando la orden de deportación que pesaba sobre algunos. El local del SEU, gracias a la gran autonomía de que gozaba en el seno de Falange, se mantuvo abierto y se convirtió en uno de los lugares favoritos para que los falangistas que permanecían en libertad celebrasen sus reuniones clandestinas; no obstante, la creciente vigilancia a la que fue sometido hizo que muchas de éstas se trasladasen a los domicilios particulares de militantes y socios protectores que permanecían en el anonimato. También en otros puntos de la geografía gallega, las manifestaciones de fuerza sindical vendrían frecuentemente acompañadas de constantes amenazas a las organizaciones de derechas5.
Sin embargo, ni la clausura ni la ilegalización de Falange tuvieron el efecto esperado. Por un lado, la connivencia de caracterizados miembros de las fuerzas del orden (entre ellos varios agentes de Investigación y Vigilancia y miembros de la Guardia de Asalto) permitió que varios pequeños depósitos de armas que tenían ocultos
4 PRADA, 2004: 17 ss.
Congreso La España del Frente Popular 170 en domicilios particulares fuesen trasladados antes de que se realizasen los consabidos registros. Por otro, los choques entre jóvenes de uno y otro signo continuaron siendo una fuente inagotable de problemas de orden público en toda Galicia. Curiosamente, todavía a finales del mes de marzo, el gobernador civil de Ourense, interesado en minimizar todo incidente, informaba a Madrid de la efectividad de las medidas adoptadas señalando además que «la sensatez de los elementos socialistas y comunistas y el carácter francamente bonachón de los habitantes de esta provincia gallega hacen desaparecer el peligro de alteraciones de orden público»6. Los hechos no tardarían en contradecir al ingenuo gobernador, especialmente cuando acabaron por extenderse a varias comarcas de la provincia.
No es ese el lugar para relatar el rosario de episodios de violencia política que se sucedieron en distintos puntos de la geografía ourensana. Sí, al menos, para destacar cómo las izquierdas comienzan a hacerse con el control de la calle sin que las fuerzas de seguridad impidan contundentemente los registros a que sometían en plena vía pública a numerosos elementos «de orden» ni algunos actos vandálicos —sobre todo rotura de cristales de establecimientos comerciales— producidos con ocasión de varias manifestaciones que se suceden a lo largo de la primavera. Pero ese control es más escénico que real, ya que no disminuyen las acciones de gran repercusión popular (varios afiliados a FE-JONS, por ejemplo, se apoderan de las camionetas de reparto de prensa que llevaban los periódicos de la estación de ferrocarril a los puntos de venta, destruyéndolos en su totalidad7) y la «dialéctica de las pistolas» sigue jugando del lado de la ilegalizada Falange: el domingo 17 de mayo era asesinado el joven de 25 años afiliado al PCE, Manuel da Silva Cores. La izquierda local distribuyó unas hojas en las que afirmaba que el crimen no quedaría impune, mientras que el cadáver era trasladado a la Casa del Pueblo donde fue velado por compañeros uniformados del fallecido. Varios ayuntamientos enviaron comisiones municipales a entrevistarse con el gobernador para protestar por el asesinato y exigir más energía contra los fascistas, sumándose así a la protesta presentada por el Comité de la Casa del Pueblo. La huelga general de 24 horas tuvo un seguimiento masivo, al igual que la imponente manifestación que acompañó el féretro al camposanto de San Francisco. Allí se produjeron escenas de pánico entre los asistentes, que huyeron a la desbandada al escuchar el grito de «¡vienen los falangistas!» confundiéndose con el flash de un fotógrafo8, lo cual constituye una buena muestra de hasta qué punto había calado en las masas la estrategia de terror de aquéllos.
En su nº del 20 de mayo, visado por la censura, La Región ofrecía una descripción del acto que revela con claridad los efectos que sobre las «gentes de orden» producía una demostración obrera tan multitudinaria, por más que se esfuerce en minimizar la gigantesca manifestación de duelo:
«Se pudiera creer por lo del lunes que Orense es rojo, está al rojo vivo, y nada más lejos de la verdad, afortunadamente. Es que nuestra ciudad es muy espectacular y halla gente para todos los espectáculos, y al de anteayer acudió la levada a toda prisa y en cuantos sitios se pudo. Las carreteras fluyeron gente, y a la hora del entierro aquello era un hervidero rojo en el ademán y en el vocabulario. Masa incapaz de organización y de disciplina, y por lo tanto poco de temer. Ya además ahora alumbrada de repente y salida a la palestra. Ya en tres meses se lleva manifestado varias veces, cuantas quiso y por lo que quiso. Es la emoción roja, que monopoliza la calle y la vida toda que en ella se hace y en ocasiones así con un tono
6 CDMH, PS Madrid, leg. 1536.
7 GIL PECHARROMÁN, 2003: 427.
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decisivamente agresivo. Nos estamos incorporando francamente a las ciudades de mucha población obrerista del día, y sin que aquí la haya».
Los elementos más radicales consideraron «templada» la respuesta dada por la izquierda y exigieron una actuación más decidida de los dirigentes. El ambiente de tensión era el más propicio para el estallido de nuevos incidentes que no tardarían en reproducirse causando varios heridos. En más de una ocasión, los seguidores de José Antonio hubieron de recurrir a sus compañeros de Vigo y de otros puntos de fuera de la provincia para reforzar sus escuadras y grupos de acción. El 5 de junio era asesinado otro hombre Vilardevós, en un crimen en el que se mezclaban cuestiones de carácter político y laboral. Dos días después se inició una nueva espiral violenta de proporciones inimaginables meses atrás. Los hechos objetivos, al margen de diferentes interpretaciones sobre los responsables de la provocación dialéctica, fueron que unos falangistas dispararon sobre tres comunistas en las terrazas de un popular Café La
Bilbaína; como resultado se produjo la muerte inmediata de uno de ellos, un segundo,
que los persiguió herido, fue rematado, al parecer, por un policía acusado de proclividades fascistas, y un tercero quedó herido, junto con otros catorce clientes, la mayoría lesionados cuando intentaban abandonar precipitadamente el local y los menos, por los disparos cruzados. Mientras, la noticia se extendía rápidamente por la ciudad provocando que una pequeña multitud se concentrase delante del Gobierno Civil para protestar por los crímenes. Horas más tarde los cadáveres eran conducidos a la Casa del Pueblo y se convocaba una huelga general para la jornada siguiente.
Las izquierdas intentaron vengar de inmediato la muerte de sus compañeros. A las 19,30 horas de esa misma jornada el histórico «japista» Eugenio Vázquez Rodríguez, por entonces ya muy próximo a Falange, resultó herido por dos impactos de bala. En otras zonas de la capital se produjeron nuevos incidentes que culminaron con otros dos comunistas lesionados. Cientos de personas, procedentes de toda la geografía provincial y hasta de la vecina Pontevedra, desfilaron de cuatro en fondo por la principal arteria de la ciudad hasta la Casa del Pueblo. Docenas de «milicianos» uniformados flanquearon los cadáveres desde el velatorio hasta el cementerio, donde fueron enterrados tras un exaltado mitin en el que se condenó la violencia fascista. Tras el entierro, una camioneta, cargada de obreros que regresaban a sus domicilios, fue tiroteada por varios falangistas resultando muertos otros dos izquierdistas. Las imágenes antes descritas se repitieron nuevamente. Las fiestas mayores de la capital fueron suspendidas y otra vez se declaró la huelga general. Varias informaciones remitidas a Calvo Sotelo para contribuir a su estrategia de denunciar en el Parlamento los desórdenes que se sucedían por toda la geografía peninsular ponen de manifiesto las coacciones llevadas a cabo por los huelguistas y la inhibición de la fuerza pública ante los acontecimientos: Cesáreo Giráldez, uno de los prohombres de Renovación Española en la comarca del Ribeiro, describía de esta forma la «toma» de Ribadavia por unos trescientos hombres y los acontecimientos ulteriores que culminaron con la detención de numerosos derechistas y la puesta en libertad de varios izquierdistas,
«Se veía venían a la fuerza, pues de no hacerlo las sociedades comunistas que han formado en los pueblos les echaban multa [...] Esto ya no es posible tolerarlo, y de seguir así cualquier día sobrevendrá una hecatombe, por cuanto ya no se puede soportar tanta injuria. No dejaban pasar los manifestantes a nadie hasta la plaza que es donde estaba la manifestación [...] y cuando estaban en esta actitud pasaron dos chicos [...] y como escapasen le tiraron tres tiros, dándole a uno de ellos en el hombro [...] mientras tanto el asesino se mofa de todo y ríe; es un verdadero asesino y lo tienen como matón. A las 7 de la tarde se retiró la manifestación, pero antes habían conseguido el que pusiesen en libertad a dos comunistas de la Arnoya, que
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fueron quien le dieron los tiros al hijo de Evencio [...] y a otro más que le dieran un tiro debajo de la lengua [...] A una mujer de Castrelo, que es una fiera, y la Guardia Civil la cogió con una pistola cargada en la mano y estaba presa también consiguieron ponerla en libertad [...] ayer a las doce de la noche, llevaron 26 amigos nuestros a la cárcel, con los 14 que había dentro de ella suman 40 amigos en la cárcel [...] Ya esto no es posible tolerarlo, y si no se trata de poner
coto a esto, cualquier día Ribadavia va a dar una nota, en la que ha de correr mucha sangre»9.
A partir del día 10 comenzaron a abrir los establecimientos industriales y los comercios de la capital, gracias a un impresionante despliegue de fuerza pública que patrullaba las calles disolviendo a los piquetes y practicando cacheos y registros domiciliarios. La vigilancia era especialmente intensa en los hornos para evitar que fuesen asaltados para trasladar el pan a la Casa del Pueblo. A primeras horas de la tarde el gobernador y el alcalde se dirigieron a la población por radio recomendando calma y asegurando que se haría justicia, pero todavía durante la noche estalló una bomba en la casa del médico municipal y otras dos fueron recogidas en las oficinas del contratista de la constructora del ferrocarril Ourense-Zamora, Augusto Marroquín. Por la noche, los dirigentes obreros desconvocaron la huelga y en la jornada siguiente fueron detenidos otros dos falangistas ourensanos y un nutrido grupo de derechistas de Amoeiro que abrazarán este credo en la cárcel. Lo mismo sucede en Maside, O Carballiño y Ribadavia, que ven como sus prisiones rebosan de «gentes de orden».
En la comarca de Valdeorras, A Rúa, Vilamartín y también O Bolo, encuadrado en el partido judicial de Viana, secundaron la huelga convocada desde Ourense, aunque no fue hasta la noche del día 9 cuando se recibió el aviso. Seguidamente, los principales dirigentes de las diferentes sociedades y sindicatos del partido acudieron con pequeños grupos de afiliados por comercios y tierras de conocidos propietarios transmitiendo la orden de paro, a la vez que ocupaban lugares estratégicos para impedir el tránsito de mercancías. No obstante la desorganización era notoria, como revela una carta dirigida al diputado comunista por Pontevedra A. Romero Cachinero por un responsable del sindicato de O Barco, en la que le manifestaba, además, su temor a la existencia de un plan gubernamental para desarticular la revolución y, principalmente, a las organizaciones comunistas10. Aludía, sin citarlas, a las maniobras del gobernador civil, Agustín Carrascosa, destinadas a limitar el número de representantes de los sindicatos obreros y las sociedades campesinas —particularmente si eran comunistas— en las gestoras nombradas en el mes marzo para favorecer su control por elementos de Izquierda Republicana y Unión Republicana. Socialistas y comunistas organizaron, como respuesta, una manifestación en la que participaron unos 400 individuos, «proclamándose a la vez una huelga completa que ni leche dejaron entrar en el pueblo»11. La Guardia Civil, reforzada por efectivos de otros puestos, disolvió los grupos sin que se produjesen graves alteraciones del orden público.
La derecha vio en estos acontecimientos un ataque directo contra sus intereses, lo que reforzó su convicción de que únicamente una solución de fuerza podría reconducir la situación. Los rumores agigantan el clima de tensión en el que viven los ourensanos y así lo recoge la propia prensa local mientras se pregunta «¿Dónde está aquel Orense ejemplar, aquella ciudad nuestra quieta y riente, aquellos nuestros pueblos donde todos se conocían y querían? Nos están deshaciéndolo vilmente. Vivimos en un estado de anarquía que nadie debiera tolerar». Y añadía:
9 CDMH, PS Madrid, leg. 2.412.
10 CDMH, PS Madrid, leg. 311.
11 Carta de Joaquín Olano Ascariz, uno de los hombres fuertes de RE en la capital comarcal, a José Calvo
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«Llegan noticias de sucesos en Ribadavia, de numerosas detenciones. También se dice que ocurre algo en la Rúa. Sobre Verín está anunciada una irrupción de los obreros del ferrocarril de Laza y La Gudiña. Los rumores alarmantes no se confirman luego, quedando reducidos a un levísimo intento subversivo, sin consecuencia alguna. También vienen rumores de La Rúa un tanto temerosos, pero sin nada grave al fin. Por ahí adelante se cree que Orense está ardiendo o poco menos. Aquí creemos también que en algunos puntos de la provincia la anarquía impera. Afortunadamente son fantasías; pero ello es señalado síntoma de cómo se
encuentran los ánimos y de cómo está la situación»12.
Al mismo tiempo una nueva oleada de anticlericalismo sacude los arrabales de Ourense y los ayuntamientos vecinos: son incendiadas las iglesias de Velle, Santa Cruz da Rabeda y Santa María de Melias. La izquierda más radical, sin embargo, entiende que la actitud prudente de los dirigentes comunistas constituye una claudicación en toda regla sin que les convenza el argumento, esgrimido por su secretario provincial, de que obrar de otro modo sería crear al Gobierno graves preocupaciones que redundarían en perjuicio de la República13.
El gobernador civil, muy desgastado por los asesinatos y duramente atacado por la izquierda, fue destinado a Huelva y sustituido, menos de una semana después de los incidentes, por Gonzalo Martín March, un inexperto profesor amigo personal de Casares Quiroga. El cambio no sirvió para calmar del todo los ánimos, a pesar de que desde su llegada se incrementó la presión sobre los elementos falangistas, sometidos a constantes detenciones gubernativas y expedientes judiciales. La mayor parte de la derecha local interpretó la remoción de este hombre como una nueva claudicación ante la presión de sindicatos y partidos de izquierda, varios de los cuales ya había pedido por escrito su cese en varias ocasiones.
El 16 de junio tuvo lugar otro choque entre comunistas y falangistas en Quintela de Canedo en el que resultaron heridos de cierta consideración dos hombres, y unos días más tarde, en Castro de Escuadro (Maceda), dos elementos de ideología fascista disparaban contra un vecino que les había recriminado por los gritos contra la República que acababan de proferir. Las fuerzas de Asalto continuaban realizando numerosos cacheos en busca de armas, a la vez que se incrementaba la vigilancia en todos los polvorines de la provincia para evitar los robos de dinamita y la propagación de rumores infundados sobre su utilización por las izquierdas. La propia prensa conservadora reconocía que el incremento de controles estaba dando sus frutos, aunque el elevado número de armas ilegales dificultaba enormemente la erradicación de un problema de difícil solución14.
Pero los enfrentamientos continúan. En Bande, dos jóvenes comunistas resultan heridos en un choque entre individuos de diferente ideología en una fiesta, mientras La
Región denuncia el 5 de julio las arbitrariedades cometidas por una serie de bandas de
extremistas en todo el ayuntamiento y añade que la censura no le permitiría ofrecer detalles. Aún así manifiesta que «ha habido incautaciones e invasiones de propiedades, y hay vejaciones y amenazas para cuantos se resisten al terrorismo implantado por no más de ciento desarrapados de la peor catadura». Asimismo, son detenidos varios falangistas en A Rúa —donde se produce un enfrentamiento a tiros con comunistas en el barrio de la Estación—, Ribadavia y Bande, así como el párroco de Punxín, acérrimo
12 La Región, 13-VI-1936, p. 1.
13 BAZAL, 1966: 9 ss.
14 Véase La Región, 2-VII-1936 reclamando la intensificación de los registros y la intervención de los
Congreso La España del Frente Popular 174 falangista, desterrado a Valladolid bajo acusación de actividades subversivas. Entre los días 10 y 17 ingresan en prisión otros once falangistas ourensanos, pero ello no puede evitar que un grupo encabezado por Inocencio Castelao Bernárdez ocupe la emisora local15. Otro tanto acontece en Lugo, donde se suceden las detenciones de conocidos
falangistas16, y Pontevedra.
En la madrugada del 12 al 13 de julio tienen lugar los incidentes más graves desde los asesinatos del mes anterior. Pasadas las 12 de la noche un grupo de izquierdistas se dieron cita en el cruce de la carretera de Ponferrada con la calle de la Estación, saliendo en dirección a Viloira (O Barco de Valdeorras). A la altura del kilómetro 48 alcanzaron a otro grupo formado por José Brasa López, Ángel Rodríguez Somoza y el falangista