The general framework of analysis 1 Distance to frontier

Sabemos que el sistema jurídico mexicano encuentra su sustento fundamental en la Carta Magna de 1917, de allí se desprenden los distintos ámbitos normativos que rigen a un Estado, sean el social, el cultural, el educativo, el económico, el político, el privado, el público y hasta el individual. Es ahí donde la actividad de implementar políticas públicas tiene su origen.

Versado lo anterior podemos afirmar que las políticas públicas en México parten del orden administrativo, donde éstas son consideradas como acciones que emprende, diseña e implementa la autoridad pública, bajo el auxilio de otras disciplinas (jurídica, economía, fiscal, tecnología y sociología) para alcanzar metas u objetivos propios del Estado, en miras del desarrollo en todos los ámbitos de su población constitutiva.

Las políticas públicas son definidas como el conjunto de medidas que adopta un gobierno con relación a problemas derivados de la satisfacción de necesidades públicas o privadas, que a través de ellas se permita acceder al desarrollo económico con justicia social142. Serra Rojas sigue abundando al

142

SERRA Rojas, Andrés. Citando a Jean Meynaud en La Elaboración de la Política Económica. Derecho Económico. Porrúa, México, 1996. p.185.

112 tema afirmando que existen numerosos factores, que si bien son parte del análisis de la ciencia política y jurídica, influyen en la acción gubernamental económica, tal es el caso de las fuerzas económicas nacionales y extranjeras que pesan en las decisiones internas del Estado.

La apertura comercial de nuestro Estado ha marcado una creciente elaboración y promulgación de leyes internas que le permitan su interacción con la economía global, sin embargo esto no ha sido suficiente ni eficiente ya que uno de los objetivos de la globalización es la desregulación de los Estados.

En este panorama, las políticas públicas juegan un papel para el alcance de fines económicos preponderantemente con consecuencias externas, siendo sexenio tras sexenio un programa constituido por metas que corresponden a la interpretación de la economía en todos sus campos y en la época respectiva.

3.4.1. Derecho y Políticas Públicas mexicanas como instrumento en las

negociaciones económicas de los actores globales.

¿Por qué analizar las políticas públicas con relación al derecho y la marcada influencia de los actores globales? El desarrollo de un país depende, no sólo de un sistema jurídico idóneo y eficaz que otorgué solución a los problemas actuales de la economía internacional, sino también de la capacidad estratégica y administrativa para implementar políticas que ayuden al desarrollo de la plena convivencia social, política y económica de los diversos actores, incluyendo los globales, que participan en la formación y vida de un Estado; la estabilidad en el sistema político, social y económico dará un impulso al desarrollo suficiente para ubicar a México en buena posición con respecto a sus competidores económicos en el ámbito mundial.

El análisis de las políticas públicas no es un modelo específico que adopte el Estado como instrumento único para alcanzar sus objetivos asumidos en el bien común, sino es la forma en que se utiliza el conocimiento de otras

113 disciplinas (jurídicas, económicas y sociales) para resolver eficientemente problemas concretos a los que se enfrenta la política pública.

La política pública no se reduce a un acto asilado, sino a un programa de actividades que se integran a un marco regulatorio ya definido y que facultan a la autoridad administrativa a ejecutar y evaluar el resultado de la misma.

Es decir, el sistema jurídico mexicano otorga a las instituciones públicas la facultad para poder llevar a cabo la identificación, definición de la situación a solucionar, formular alternativas, adoptar alternativas, implementar la política pública y evaluarla.

Fases de la política pública:

A ello se suma el hecho de que las políticas públicas persiguen tres metas fundamentales: la equidad, la eficiencia y la estabilidad y desarrollo económico

Situación a resolver Identificación y definición de la situación Elaboración de diversas alternativas que pudieran aplicarse Elección o adopción de la política Ejecución o implementación Evaluación Facultad que otorga la ley a la Autoridad pública para la ejecución de sus funciones

114 en beneficio del Estado. Ello conlleva que las áreas principales143 de análisis e implementación de políticas públicas sean:

 La economía.

 Infraestructura y modernización de las vías de comunicación y telecomunicaciones.

 Desarrollos: social, de la salud o asistencia social, del asentamiento o vivienda y de la seguridad pública.

 Simplificación y eficiencia de la administración pública (burocracia), así como el fortalecimiento de las instituciones.

 Presupuestal en los escenarios: federal, estatal y municipal.

 Los tratados o acuerdos internacionales entre los Estados o en colaboración con organismos internacionales, con prioridad en la sana gobernabilidad y cohesión social y económica de la sociedad integrada en una sola.

 Otras.

Estas áreas que son finalidad de las políticas públicas, tienen un sustento normativo constitucional básico para el logro de su labor por parte de las instituciones públicas; así los artículos 25 y 26 de nuestra Constitución Política establecen la rectoría del Estado para participar de forma activa en el fomento del crecimiento económico de la población mexicana, teniendo como referencia un Plan Nacional de Desarrollo (PND) que ejerzan las instituciones de la administración pública, siendo la política pública una de las herramientas para tal finalidad.

143

Véase in extenso: AGUILAR, Luis. El estudio de las políticas públicas, Colección de Antologías de Política Pública, Miguel Ángel Porrúa, México, 2003.

115 3.4.2. Las políticas públicas y la relevancia de la política económica para

la celebración de negociaciones externas

En materia de políticas públicas económicas y su relación con el sistema jurídico, como ya se mencionó líneas arriba, el Estado y su función se fortalece a partir de la Administración Pública con respecto del estudio de las políticas públicas, abarcando desde su diseño, análisis, valoración, implementación y evaluación. En el mundo actual tenemos que en el desarrollo económico de cualquier Estado es inevitable contar con instituciones verdaderamente eficaces que sepan identificar y captar los problemas de la población, a través de sus diferentes organizaciones, pero lo realmente primordial es resolver los problemas presentados con reformas jurídicas que den solución y con políticas públicas bien implementadas que coadyuven a tal fin.

La administración pública federal, como responsable de la actuación del Estado en el ámbito internacional cuenta con instituciones de carácter público que apoyen la toma de decisiones a favor del crecimiento económico, político y social de todo el aparato constitutivo del Estado, y efectivamente, lo hace bajo el trazo de una planeación estratégica para avanzar en la transformación de México, que sin lugar a dudas, siempre queda inconclusa sexenio tras sexenio.

Las políticas públicas económicas prevalecientes en nuestro país por cerca de treinta años, han obedecido más a los intereses de los factores reales de poder extranjeros, que a la gran masa de la población144.

La política económica del Estado mexicano tiene su sustento jurídico en la parte económica de la Constitución Política Mexicana, específicamente en los artículos: 25, 26, 27, 28, 31 fracción IV, y 73 en sus fracciones XXIX D, XXIX E, y XXIX F. En términos generales la política económica de nuestro país es

144

RIOS Camarena, Alfredo. La crisis del neoliberalismo globalizador. Hacia un nuevo rumbo económico. Cámara de Diputados Legislatura LX y Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentarias. México, 2009. p. 137.

116 elaborada por sus órganos administrativos; en ocasiones respondiendo a la demanda popular o, como en tiempos recientes, a la política neoliberal de los agentes externos económicos. Así repaseremos las facultades constitucionales del poder ejecutivo federal ante la actividad económica del estado frente al ámbito internacional.

Las facultades del Presidente de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 constitucional son:

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 27 fracción XXXI se establece como atribución de la Secretaría de Gobernación: compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos correspondiente, con objeto de proporcionar información a través de los sistemas electrónicos de datos.

Mientras que en el artículo 28 fracción I del mismo ordenamiento jurídico se le ortoga a la Secretaría de Relaciones Exteriores el promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte. Así también en su fracción III se establece para la

117 SRE intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales, y participar en los organismos e institutos internacionales de que el Gobierno mexicano forme parte.

Es un hecho que al poder ejecutivo federal se le otorgan las facultades necesarias para dirigir la polítca exterior, siendo una prioridad la económica de acuerdo a la Constitución y leyes relativas.

Además como ya fue abordado en el apartado antecedente, la actuación de la administración pública a través de políticas públicas tiene su fundamento normativo en los artículos 25 y 26 de nuestra Constitución Política, y siendo motivo de análisis la política económica y el papel que puede jugar en la correlación entre el Estado y los actores globales para las negociaciones económicas de tipo internacional, veamos la transcripción de las disposiciones constitucionales para su exploración:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para