Good practices

No resulta una novedad reconocer la representativa participación de la mujer como fuerza laboral del sector servicios de salud, que para el caso de estudio alcanzó el 70% del total de trabajadores;

187

GOMEZ SANCHEZ. María C. et al. Estudio de seguimiento del desgaste profesional en relación con factores organizativos en el personal de enfermería de medicina interna. En: Medicina y Seguridad del trabajo. Vol 55 (215): pp 52-62. Junio, 2009.

188

DEJOURS, C. A locura do trabalho. Estudo de psicopatología do trabalho. Ed. 5. Ed. Sao Paulo. Atlas, 1994. p.128.

189

VIEGAS FERREIRA, Sandra Regina. Saúde mental & trabalho. Vivéncias subjetivas de sufrimiento e prazer de profissionais de enfermagem. Editora Universtaria UFPB, 2006. p. 136

190

Ibid. p.154.

191

128

dicha participación tiene sentido si se revisan los datos que muestran el comportamiento de los graduados en profesiones de la salud, según género192, donde es notable la participación femenina sobre la masculina, inclusive para programas de medicina.

En ese respecto, algunos estudios193,194 centran su atención en analizar profesiones “dominadas

por mujeres como la de enfermería, oficios que son considerados como una extensión del papel femenino en el ámbito privado”195, los cuales presentan que el deseo de servir, el sentimiento de utilidad, la necesidad de proveer sustento a la familia y el discurso de la vocación, así como la posibilidad de acceder a un mercado de trabajo amplio y fácil, se establecen como las principales razones para la selección de la profesión; argumentos que resultan concordantes con los resultados obtenidos por la investigación aquí presentada donde, contrario a lo reportado para el reconocimiento de la labor por parte de la institución, la relación del trabajo con la vida extralaboral fue catalogada como buena por la mayoría de los trabajadores, aspecto que se refleja en la satisfacción por la asistencia social ofrecida a pesar de las difíciles condiciones laborales que se enfrentan.

Sin embargo, esos mismos estudios demuestran que estas actividades se caracterizan porque comportan salarios muy bajos, implican más tiempo y dedicación, donde los trabajadores establecen dobles o triples vínculos laborales, con cuadros activos permanentes, en los que desempeñan iguales labores pero se perciben salarios diferenciados. En tal sentido, para el caso colombiano se encuentran estudios196 que analizan la situación de las mujeres en el contexto de crisis social y humanitaria por la que atraviesa el país, y se destacan referencias como el Marco Estratégico de Género 2005-2009 para América Latina y el Caribe elaborado por las Naciones Unidas, en el cual se afirma que “no se conseguirá reducir la pobreza y las desigualdades hasta que

no se pongan en marcha estrategias y políticas macroeconómicas que tengan en cuenta las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, la sobrecarga de trabajos productivos, reproductivos y comunitarios que soportan…”197.

De acuerdo con estos estudios, se registra un incremento notorio en los hogares con jefatura femenina en Colombia, que pasaron del 25.8 % en 1997, al 29.9 % en 2005 y se señala que en los últimos tiempos ha crecido la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. Además, se destaca la categoría género como un factor que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres para ser afectadas

192

MPS- U Javeriana. Op. Cit. p.159

193

VIEGAS FERREIRA, Sandra. Op. Cit. p.213

194

DINOTSHE TLOU, Sheila. Women and health: Mainstreaming the gender perspective in health care, including the management of human and financial resources in nursing Department of Nursing Education, University of Botswana, Gaborone. En: http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/nursing.htm

195

ENCISO HUERTA, Virginia. Género y Trabajo: la Enfermería. En: La Ventana. N° 6, 1997. p.182.

196

AHUMADA, Consuelo. Políticas públicas y condiciones sociales de la mujer en Colombia en el siglo XXI: entre el ajuste fiscal y el conflicto armado. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/umbr/v1n18/v1n18a6.pdf

197

129

por situaciones como la pobreza, el desplazamiento, el desempleo, etc; imponiendo restricciones para hacerles frente. Por lo tanto, una de las conclusiones presentadas por el estudio de Ahumada, es que en “este contexto de crisis social, las mujeres han tenido que asumir una mayor

responsabilidad en el desempeño de funciones que el Estado ha deja de cumplir, en especial en lo referente a la atención en salud, educación y el trabajo del cuidado”198.

Por otra parte, valorando el aporte que imprime la mujer para contribuir con la creación de ambientes favorables a la salud, aspecto que ha sido discutido en varias conferencias internacionales de promoción de la salud, se hace un llamado sobre la “necesidad de reconocer sus

habilidades y conocimientos… con objeto de establecer una infraestructura positiva para los ambientes saludables”199. Así comprendido, desde la Constitución Política de Colombia (Art. 43), se establece la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer, y en consecuencia, se encuentran referenciadas una serie de normas nacionales y distritales relacionadas con el tema, encaminadas en su gran mayoría a combatir todas las formas de violencia y de discriminación de género, las cuales se sustentan en datos estadísticos de la población así como en estudios que evidencian la necesidad de insistir en un tratamiento justo y equitativo que reconozca la participación femenina en diferentes contextos.

Sin embargo, en el informe “La equidad de género en Colombia”200 se afirma que en algunos programas desarrollados por el gobierno colombiano, además de tener un marcado carácter asistencial por cuanto no atacan el problema de raíz, se cataloga a la mujer como población vulnerable lo cual conlleva implícitamente la discriminación de la misma. Afirma el estudio que muchos de estos programas requieren de su participación como prestadoras gratuitas o mal pagadas, lo cual puede convertirse en una referencia para dar una idea de la calidad de políticas nacionales diseñadas sobre el tema.

Dentro de este marco, es importante mencionar el Plan de Igualdad de Oportunidades para la

Equidad de Género en el D.C. 2004-2016, desarrollado por la Secretaria Distrital de Planeación de

Bogotá, y la Política Pública para las Mujeres y Géneros, comprometida con la creación de condiciones encaminadas a alcanzar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos, donde se prioriza el trabajo en condiciones de igualdad y dignidad, como uno de los derechos de las mujeres.

Así mismo, es importante mencionar el Proyecto de Acuerdo 622 de 2008201 por medio del cual se crea e implementa el Sistema Distrital de Justicia de Género en la ciudad de Bogotá, y el

Lineamiento para la Equidad de Género en Salud en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas

198

AHUMADA, Consuelo. Op. Cit. p.5

199

Declaración de Sundsvall. Op.Cit. p.3.

200

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2007.

130

2009202 de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, documentos que se establecen como políticas para afrontar la problemática relacionada con la categoría género. No obstante, en la revisión de dicha normativa, excepto por la preocupación reiterada sobre la violencia que enmarca el tema, se observa la poca profundidad que se hace sobre la situación de la mujer como fuerza de trabajo.

En cualquier caso, en desarrollo de esta investigación no se logró evidenciar, ningún tipo de política, programa o actividad a nivel organizacional que hiciera énfasis en la categoría género, lo cual en pro de una implementación efectiva de la promoción de la salud en los lugares implicaría tal consideración propendiendo por el desarrollo de programas con un enfoque basado en género, procurando hacer un reconocimiento a la carga de trabajo adicional que constituye para las mujeres la prestación del servicio de atención en salud.

Por lo tanto, es importante considerar referencias internacionales que sugieren el “desarrollo de

medidas legislativas para garantizar la equidad y evitar las tendencias de explotación en todos los trabajos, así como cumplir las políticas contra la violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo”203, para lo cual se establecen una serie de recomendaciones para abordar ese proceso, tales como la financiación de investigaciones y la comunicación compartida de resultados de estudios sobre mejores prácticas y lecciones aprendidas en la incorporación de género dentro de los sistemas de cuidado de salud, así como patrocinar programas de educación participativa que sensibilicen sobre el tema y trabajar con grupos de interés para movilizar recursos necesarios, entre otros.