El trabajo que se realiza en los Programas de Diagnóstico es complejo, en el sentido de conjugar el fenómeno social con el sistema judicial, y las exigencias a nivel de organismo colaborador de la red SENAME.
Los Programas DAM se establecen como una forma de intervención social diagnóstica, en el marco del enfoque de derechos de los niños/as y adolescentes, lo cual implica abordar la problemática de la infancia desde el área judicial.
150 La acción diagnóstica ha sido altamente demandada por los Tribunales de Familia, en específico las Causas por Cuidado Personal, que se interrelaciona con otras materias como Divorcios, Pensiones de Alimentos, Régimen Comunicacional y Medidas de Protección. En este sentido se espera que los equipos de trabajo puedan desarrollar un funcionamiento coordinado para responder oportunamente a las evaluaciones periciales que se les solicitan.
La política social a la base de los proyectos DAM correspondiente al ámbito de la Infancia regulada por el Estado, no tiene un control de la intervención misma del proyecto, pues ello queda bajo la responsabilidad del organismo colaborador, el cual forma sus propios equipos de trabajo y define las metodologías que se ajusten con el cumplimiento de las metas.
Paralelamente, se plantea como un desafío dentro de este tipo de intervención, que se cumpla con las metas mensuales en tiempos acotados, de lo contrario implicaría un déficit en el financiamiento aportado por el Estado.
De este modo, la intervención social se entrecruza con el cumplimiento de objetivos y metas que sean verificables, quitando espacio a una intervención de calidad, ya que se convierte en una intervención burocrática y tecnologizada, a modo de ejemplo a través del sistema virtual Senainfo, el cual cumple como función principal dar cuenta del número de informes periciales emitidos, para proceder al pago de la subvención mensual.
Najmanovih (s/f), refiere que se tiende a focalizar “en los productos ya
terminados”, por lo tanto al tratar de abordar la problemática de vulneración de derechos las prácticas y metodologías se transforman en actos mecánicos dentro de un proceso rígido de intervención, lo cual limita el conocimiento.
151 Asimismo en los últimos años, en los Programas pertenecientes a la Red SENAME, se ha interiorizado el concepto de dupla psicosocial, estando ello también presente en el Proyecto DAM en el cual se ha enmarcado la presente investigación. Por cuanto en la intervención misma, se explicita en el proyecto que los profesionales y/o peritos deben tener una mirada integral, desarrollando coordinaciones y articulaciones efectivas con otros organismos, a modo de facilitar el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes. Por lo que se propone que esta mirada integral se sustente en la interdisciplinariedad a la base de la labor técnica.
Si bien está presente el enfoque interdisciplinar, éste se materializa principalmente en la complementación de funciones entre Psicólogos y Trabajadores Sociales. Sin embargo, cada uno aporta desde sus conocimientos particulares sobre una situación, en la cual los psicólogos se dedican netamente a efectuar evaluaciones psicológicas a los niños (as) y adolescentes, en tanto los Trabajadores Sociales, tienen como misión entrevistar a los adultos responsables y/o cuidadores de dichos niños, así también a aquellas redes familiares que eventualmente pudieran asumir los cuidados de ellos.
En este sentido, tal como lo señala la Trabajadora Social Gianinna Muñoz, en la intervención social contemporánea se dan contextos difíciles en donde existen “profesionales de distintas disciplinas, que con sus saberes
específicos elaboran propias interpretaciones acerca de los fenómenos sociales a los que van dirigidas sus acciones” (Muñoz, 2011, p.84).
Debido a lo anterior, se plantea la necesidad de diálogo entre los profesionales que conforman el equipo, lo cual Gianinna Muñoz estima que a partir de ello la idea es “propiciar una discusión epistemológica” (Muñoz. G. 2011. p.93) entre disciplinas desde la mirada de cada una de ellas.
152 A su vez, la intervención ensimisma se tiende a centrar en el resultado, siendo éste valorizado en una determinada cantidad de informes, ante lo cual es necesario fortalecer el trabajo interdisciplinar tal como lo señala Gianinna Muñoz, ya que “la interdisciplinariedad agrega valor a los procesos
de observación de la realidad” (Muñoz, G., 2011, p. 85).
Por otra parte, el informe pericial se constituye en base a relaciones de poder-saber (García, 2011), de ahí su relevancia en torno a considerar al niño/a como sujeto de derechos y la incidencia en la toma de decisiones respecto a su vida.
En este sentido el enfoque de derechos “pone énfasis en las capacidades y recursos del niño y en todos los apoyos sociales de los que forma parte o está en contacto, entre otros: la familia, la escuela, la comunidad, las instituciones, y los sistemas religiosos y culturales” (Pautassy y Royo, 2012. p.23). Cillero señala que se reconoce el establecimiento de relaciones del niño con la familia, el Estado y la sociedad, de este modo los niños pueden gozar de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales (Viola, 2007.p.84).
Por lo anterior, las pericias que se realicen al niño/a o adolescente deben contemplar la existencia de coordinaciones y análisis técnico con las redes sociales que interactúan los niños, y de qué manera estas pueden contribuir a restituir o superar los derechos que supuestamente han sido vulnerados.
Los niños/as que son atendidos bajo los programas de protección de SENAME, los posiciona bajo una estructura social desde el lineamiento metodológico que propone para la intervención el cual considera el desarrollo de autonomía progresiva, la reducción del riesgo de victimización secundaria, la complementariedad e intersectorialidad, entre otros
153 elementos, lo cual les otorgan una identidad social. Sin embargo, aún persiste la falta de operacionalización del enfoque de derechos desde la práctica profesional, por cuanto la opinión del niño/a continúa siendo una segunda instancia a mirar por el sistema judicial y por quienes colaboran para éste.
Por lo tanto, uno de los desafíos sería tener una visión más amplia en cuanto a las interpretaciones de dicho enfoque, superando la visión de la realidad simplista respecto a la vulneración de derechos que se indaga a través de las pericias sociales.
Ante la mirada del niño/a como sujeto de derechos debiese existir desde la intervención social una “articulación entre objetividad y subjetividad” a través de lo cual se consideren los significados que los niños/as generan respecto del fenómeno social, dando realce al reconocimiento de las subjetividades (De la Garza y Leyva, 2012. p.234).
Surge también la idea sobre la dimensión de sentido de la realidad; para una realidad existen diversos niveles de sentidos los que se traducen en significados que uno puede atribuir a una realidad, con ello quiere decir que la relación entre sujeto-objeto está supeditada tanto a la interpretación que le pueda dar el profesional que interviene como el sujeto que recibe esa intervención.
Si bien el proceso de investigación desarrollado ha generado aportes en materia de la intervención social que se realiza en el ámbito específico del diagnóstico desde lo metodológico, surgen nuevas preguntas para investigaciones que pueden desarrollarse a futuro, a modo de abordar el fenómeno social estudiado desde diversos ámbitos.
154 Entre las nuevas preguntas que pudiesen realizarse, se levanta el interés por conocer cuál es la percepción que tienen los adultos evaluados en Causas por Cuidado Personal, frente a los procesos de evaluación, a modo de mejorar también las prácticas profesionales.
Paralelamente, cuál es la incidencia de los informes periciales sociales en la toma de decisiones de los Jueces de Familia frente a otorgar el Cuidado Personal de un niño/a a uno u otro progenitor.
Por otra parte, cuál es el impacto que ha tenido en la vida de los niños/as y adolescentes el cambio de cuidador, desde la dictación de la sentencia, en concordancia con la supuesta superación de la situación de vulneración de derechos que habría dado origen a la demanda.
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