4.3 Results
4.3.5 Impact of K d var on specific areas the DYFAMED case
En concepto del ex Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, en términos de balance del proceso, no puede desconocerse que las Fuerzas Armadas ampliaron y aumentaron su capacidad de actuación; que en el campo internacional el gobierno recuperó un importante apoyo brindado por 25 Estados al proceso de paz, y que se iniciaron diálogos y negociaciones de paz con las FARC-EP y el ELN, de forma que las guerrillas declararon la imposibilidad del triunfo militar y se manifestó el liderazgo e intervención directa del presidente Andrés Pastrana. Destacó que a las audiencias públicas asistieron más de 24 mil personas y se presentaron por lo menos 1.100 ponencias, en un hecho que fue publicitado y trasmitido directamente al país por señal de televisión. Todo lo cual dejó un avance en términos de la agenda entre el gobierno y la guerrilla y los aportes de la sociedad civil.
No se trató, entonces, de un proceso a espaldas de la nación, sino todo lo contrario: de un proceso que convocó y reunió a la nación en torno a la consecución de un gran propósito nacional. Fue un proceso abierto que le otorgó a la guerrilla oportunidades políticas que jamás había tenido y que posiblemente nunca más tendrá 329.
Con agudeza política, el integrante de la Comisión de Personalidades, Carlos Lozano, analizó que las élites políticas de los partidos tradicionales, las fuerzas militares y sectores del poder dejaron solo al presidente Pastrana en sus esfuerzos por el proceso de paz. Afirmó que “la oligarquía fue mezquina” ante la posibilidad histórica presentada, pero a la vez critica como inexplicable que cuando apenas se ganaba en confianza y se había avanzado de manera importante con la definición de la agenda de paz entre el gobierno y las FARC, inexplicablemente el gobierno impulsó el Plan Colombia, que significó el fortalecimiento de la infraestructura y el plan de guerra oficial. Además, estimó que en estos diálogos no fue realmente abordada la agenda convenida sino los temas formales, los incidentes presentados en el curso del conflicto armado y en particular la controversia, sustentada en interpretaciones distintas sobre lo que acontecía con la zona de distensión en el Caguán. La mesa se debatió en medio de un pulso militar no resuelto, mientras el proceso de paz no pudo 327 Resolución No. 71 de 2002.
328 Diario El Tiempo: “Tampoco habrá proceso con el ELN”. 1 de junio de 2002. 329 Camilo Gómez Álzate, La Paz: una estrategia integral, prólogo a la presente edición.
despegar ante lo que calificó como una paradoja de efectos negativos. Así, mientras el gobierno tomó a nombre del Estado la iniciativa para convocar los diálogos, lo inmovilizó la crisis institucional existente y la falta de liderazgo en medio de un imposible consenso nacional a su alrededor. Entre tanto, las FARC-EP, alentadas por el avance militar conseguido, sobreestimaron sus posibilidades y convencidas de estar en el preámbulo de una ofensiva estratégica definitiva, desestimaron y desaprovecharon las posibilidades políticas existentes. No obstante, también coincidió en rescatar contribuciones que a pesar del fracaso final dejó este proceso de paz: la Agenda Común, la participación ciudadana en las audiencias públicas, el acuerdo de intercambio humanitario, que permitió la liberación de numerosos miembros de la fuerza pública, el relanzamiento del proceso con el Acuerdo de los Pozos, el informe de la Comisión de Personalidades, de la cual precisamente hizo parte, el Acuerdo de San Francisco de La Sombra, que contenía varios compromisos humanitarios y el importante acompañamiento internacional.
Lamentablemente, el fracaso final del proceso de paz, como muchos coinciden en interpretar, abonó el camino para una reacción que pasó de la frustración a respaldar la salida de fuerza, la retoma de la opción militar y el abandono de acumulados políticos, sociales e institucionales favorables, en general, a las diversas acciones empeñadas en la construcción de la paz y, en particular, a la solución política negociada del conflicto armado existente aún con las guerrillas insurgentes de las FARC-EP y el ELN. Las FARC-EP sobreestimaron sus posibilidades y subestimaron las de la recomposición y los cambios producidos en el régimen político. Confundieron varios exitosos golpes militares con la posibilidad del alzamiento armado y no comprendieron que los acompañaba básicamente una franja campesina dedicada a los cultivos de uso ilegal que se refugiaban en los territorios donde tenían presencia y que la dinámica política y social adquiría otras expresiones muy importantes, de las cuales estaban distantes. Confundieron la real crisis de gobierno sufrida por el presidente Samper con la del régimen y el Estado, cuando precisamente se entraba en una fase de superación del régimen cerrado y autoritario, regido por el estado de sitio permanente, y la Constitución de 1991, expedida en medio de varios procesos de paz recibidos con expresa simpatía popular, que quisieron ignorar, ofrecía nuevos espacios de apertura política y democratización institucional.
En síntesis, Colombia vivió entre 1998 y 2002 la más intensa, extensa y compleja actividad de interlocución, acuerdos y desacuerdos entre las organizaciones guerrilleras y el Gobierno nacional, de forma que si bien
no pueden desestimarse lecciones, acuerdos parciales y algunas soluciones humanitarias, que en todo caso arrojan abonados de distinto orden, finalmente el intento de alcanzar acuerdos de paz definitivos con las FARC-EP y el ELN se frustró. A pesar de la reanudación de la violencia y las hostilidades, por distintas vías la sociedad colombiana busca aproximarse a la construcción de la paz, y el activo y valioso concurso de la sociedad civil y de la comunidad internacional merecen no solo un reconocimiento a lo realizado sino una constatación de su persistencia.