ser sometida a ninguna clase de discriminación». La interpretación armónica de esta disposición con los instrumentos internacionales que existen sobre la materia, es- pecialmente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discrimi- nación contra la Mujer (CEDAW); conduce a sostener que una de las expresiones a través de la cuales se incurre en «discriminación», es precisamente la violencia basada en el sexo, en la medida en que supone un atentado contra los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y a la integridad física.
En el campo legislativo existen normas específicas de protección a la mujer y a la familia, entre ellas, se destacan: la Ley 1257 de 2008 «por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres» y la Ley 294 de 1996 referida a prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar 89. La situación de violencia en la familia, y en especial, en contra de
las mujeres, no se presenta como un simple hecho aislado, sino como una tenden- cia permanente y reiterada, frente a la cual la normatividad vigente ha tenido poca efectividad 90. Las razones que explican este fenómeno se encuentran: En primer
lugar, en considerar este tipo violencia como un asunto de intimidad; en segundo término, en la convicción errada acerca del supuesto dominio del hombre sobre la mujer, lo que explica que el principal agresor siempre sea una persona integrante de la pareja o cercana a la familia; y finalmente, en el poco conocimiento de las víctimas sobre las normas que las protegen.
En el ámbito de la violencia sociopolítica, la situación en Colombia genera in- quietud frente a los derechos de la mujer. Así, por ejemplo, se conoce que existen denuncias preocupantes sobre violencia sexual contra mujeres y niñas cometida por los grupos armados al margen de la ley, básicamente a través de la creación de redes de prostitución, de trata de personas y de esclavitud sexual 91. El uso de la violencia
sexual como arma de guerra es cada vez más evidente; ésta hace parte de un con-
89 Adicionalmente, se pueden consultar las siguientes leyes: Ley 311 de 1996 (Registro Nacional
de Protección Familiar), Ley 575 de 2000 (reformas a violencia intrafamiliar), Ley 882 de 2004 (re- formas a violencia intrafamiliar), Ley 985 de 2005 (trata de personas y atención a víctimas) y Ley 1236 de 2008 (aumento de penas en delitos contra la integridad sexual).
90 Examen final sobre los Informes V y VI presentados por Colombia realizado el 2 de febrero
de 2007 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/COL/ CO/6)
91 Sobre los hechos descritos se puede consultar: Informe Anual de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Co- lombia del año 2009 (A/RC/13/72, 4 de marzo de 2010), así como los Autos 092 de 2008 y 036 de 2009 de la Corte Constitucional.
junto de prácticas comunes (retención, violación, prostitución y explotación sexual) que se convierten en un símbolo de control a un territorio y a su población. Por lo general, la intimidación y la amenaza directa obligan a las mujeres a guardar silen- cio y a no denunciar estas prácticas atroces. Por último, no existen estadísticas sobre el número de denuncias realizadas por mujeres y tampoco sobre la tasa de violencia no denunciada a la policía. En cuanto al resto de datos se incorporan los siguientes cuadros: />Ã>ÃÊ`iÊÃi}ÕÀ`>`Ê`iÊÕiÀiÃÊ * 100.000 Habitantes 2005 2006 2007 2008 2009 Homicidio 6,1 5,6 6,0 5,6 6,7 Violencia física 142 147 166 172 212 Violencia sexual 62 66 68 71 79 />Ã>ÃÊ`iÊÃi}ÕÀ`>`Ê`iÊ>Ê Familia * 100.000 Habitantes 2005 2006 2007 2008 2009 Violencia intrafamiliar 161 168 177 202 209
Fuente: Forensis 2005-2009 INMLCF.
7.2 Frente a los niños y las niñas, el artículo 44 del Texto Superior reconoce el derecho a ser «protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta [y] abuso sexual»; al tiempo que el artículo 45 reconoce que los adolescentes tienen derecho a la protección y a la formación integral. En materia legislativa se destaca la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) 92.
En cuanto a la problemática general, se encuentra que en Colombia no existe un registro nacional sobre violencia escolar 93. En lo referente al sistema de responsabi-
lidad penal, el citado Código establece un régimen especial para adolescentes (im- plementado a partir del 15 de marzo de 2007), con las siguientes cifras: se han in- diciado a 28.849 adolescentes, de los cuales 9.365 han sido condenados, correspondiendo el 91.4% a hombres. Las principales sanciones impuestas son: la libertad asistida (32%) y la imposición de reglas de conducta (26%). Como insti- tuciones especiales se cuenta con la Policía de Infancia y Adolescencia, 586 funcio- narios judiciales y 31 centros de servicios judiciales. La tasa de maltrato infantil por cada 100.000 habitantes muestra la siguiente evolución: 119 en el 2005, 125 en el 2006, 71,5 en el 2007, 69 en el 2008 y 90 en el 2009. Finalmente, no existen datos sobre menores atendidos en centros de drogodependencia. No obstante, las esta- dísticas recientes señalan que al menos 110 mil jóvenes entre los 12 y 17 años, son consumidores habituales de sustancias ilícitas 94.
92 Adicionalmente, se pueden consultar las siguientes leyes: Ley 679 de 2001 (estatuto para
prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores) y Ley 1146 de 2007 (prevención de violencia sexual y atención integral a los niños).
93 El antecedente investigativo más importante fue realizado por el DANE en el año 2006 en la
ciudad de Bogotá D.C., el cual arrojo las siguientes cifras: 19.165 adolescentes fueron objeto de hurto en su colegio; 28.712 estudiantes fueron maltratos físicamente por sus compañeros y 4.338 fueron atendidos en hospitales por heridas.
7.3 En Colombia este tema se aborda desde la protección a grupos indígenas, afro- colombianos, raizales y el pueblo rom. Sin embargo, no existen estadísticas oficiales consolidadas referentes a seguridad ciudadana frente a estos grupos. Desde el punto de vista legislativo, tampoco existen normas que otorguen protección especial, aun cuando ésta pueda inferirse de la Constitución Política y de los tratados internacio- nales que resguardan a esta población. El estudio más representativo sobre violaciones a las comunidades indígenas reporta una tendencia al alza. Se acompaña gráfica que reporta la situación de violación a los Derechos Humanos desde el año 1974 95.
1000 10000 100 10 0 Asesinatos políticos Detenciones arbitrarias Acciones bélicas Heridos Amenaza colectiva Secuestro Amenaza individual Tortura Desaparición forzada Violencia sexual 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072008 2008 2009 2009
Violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia 1974-2009
Fuente: Sistema Unificado de Información sobre Derechos Humanos Onic-Cecoin
7.4 La situación de seguridad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans- generistas (LGBT) fue abordada por el Informe Anual 2009 de la Alta Comisiona- da de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos previamente citado. En términos generales, los ataques contra esta comunidad aumentaron en las principa- les ciudades del país, las cifras que existen no corresponden a datos oficiales, sino al trabajo de recolección de una ONG denominada Colombia Diversa, la cual, a manera de ejemplo, señala que en el período 2006 a 2007 se registró la muerte violenta (muertes por prejuicio) de 67 personas LGBT en todo el país, especialmen- te, de travestís vinculados con el ejercicio de la prostitución 96.