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En resumen, si bien Costa Rica se muestra como uno de los países latinoamericanos con mayor potencial de crecimiento, también es cierto que, esta posición se ha ido deteriorando: en el aspecto macroeconómico, principalmente por un mal manejo de las finanzas públicas y, en el aspecto tecnológico, en dos vías: 1) la disminución progresiva en la innovación, producto de menor cantidad de patentes, escasa cooperación academia- industria en la investigación y, la disminución de la tasa de inscritos en la educación terciaria; 2) El gobierno no ha puesto prioridad en las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y su esfuerzo no ha sido suficiente para impulsarlas según los sectores académicos y empresariales nacionales; adicionalmente, el monopolio estatal sobre las telecomunicaciones, sigue siendo una desventaja competitiva importante que de aperturarse y regularse apropiadamente, permitiría ganar competitividad en este sentido. En definitiva, para conservar y mejor aún, incrementar, las tasas de crecimiento que el país ha experimentado este último año 2003, hace falta un compromiso mayor y de largo plazo con el saneamiento de las finanzas públicas a fin de disminuir el déficit fiscal que puedan afectar la credibilidad del programa monetario del gobierno e impactar negativamente en indicadores como la inflación, el movimiento del tipo de cambio y las tasas de interés. Esto, aunado a implantar las reformas legales e institucionales que garanticen la independencia en la administración de justicia y de los funcionarios públicos y la creación de leyes y opciones tendientes a minimizar el crimen organizado, sobre todo a nivel del lavado de dinero.

Asimismo, la apertura de las telecomunicaciones y un compromiso mayor del gobierno y del sector privado, a fin de impulsar abiertamente la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología60 y las leyes que gobiernen esta materia que llevarían al país a incrementar a pasos agigantados su competitividad en el mediano plazo, no sólo a nivel de América latina, sino también, a nivel mundial.

En el plano microeconómico, observamos que si bien Costa Rica tiene acceso a una fuente de recursos naturales única en el mundo y a un recurso humano muy profesional y capacitado, es necesario mejorar, a nivel de factores, la calidad general de la infraestructura (caminos, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y electricidad), comprometiendo al gobierno y al sector privado en las inversiones necesarias en este sentido. Asimismo, es necesario aumentar la calidad de la infraestructura de avanzada (acceso a Internet, telefonía básica y celular) que provean un marco apropiado para el desarrollo de las empresas.

En el tema de infraestructura judicial, aún hay mucho que hacer para aplicar efectivamente las leyes que permitan sancionar a aquellos funcionarios públicos que favorezcan a determinados sectores en los procesos del Estado, educar a la población sobre los beneficios de denunciar tales prácticas y agilizar los mecanismos institucionales pertinentes para modernizar la administración de justicia y agilizar los procesos de denuncia y juicios.

Por otra parte, es necesario disminuir la carga burocrática para las empresas, sobre todo para las empresas nuevas, si se quiere favorecer un proceso de inversión local y

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Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo sostenible de INCAE 96 extranjera acelerada. Las iniciativas del MEIC de creación de una Ventanilla Única para la realización de los trámites y permisologías necesarias para crear una empresa, es un primer paso muy importante, aún más porque el tema central del presente proyecto es concientizar a los distintos actores de la esfera pública y privada del País en cuanto al funcionamiento de los entes regulatorios para mejorar el clima nacional de negocios. En cuanto a la disponibilidad de capital, es importante que se abran opciones de financiamiento para las empresas, vía los fondos de inversión existentes en el país, o la creación de nuevos instrumentos, facilitando el crédito, sobre todo con programas para las Pymes, fortaleciendo la Bolsa Nacional de Valores y, quizás, con una estrategia centroamericana, favorecer los mercados primarios y secundarios de acciones. Los organismos supervisores de banca y otras entidades financieras y de valores deben vigilar el correcto funcionamiento de la competencia en estas entidades y deben ser más estrictos ante prácticas de estafas y lavado de dinero que lesionan a los inversionistas y al país.

En el área de estrategia y rivalidad empresarial, hay que hacer énfasis en los temas de protección a la propiedad intelectual, eliminar la barreras no arancelarias, fomentar las exportaciones de productos costarricenses en los mercados regionales y el grado de control que en estos países tienen los empresarios de sus productos. Asimismo, fomentar la competencia local vía atracción de inversiones extranjeras, con CINDE61 como la líder del proceso y ser más eficiente en legislación antimonopolio. Igualmente, se debe fomentar los procesos de investigación y desarrollo en las empresas, como fuente de innovación, mediante incentivos fiscales u otros subsidios.

En el área de apertura, se debe continuar con los procesos de apertura comercial que ha llevado el país hasta ahora, suscrito a los principales acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y tratados de libre comercio, como el CAFTA y el ALCA que le brindan acceso a nuevos mercados y exposición a tecnología y a procesos de competencia de primer mundo.

En cuanto a la sofisticación de la demanda, se deben ampliar los mecanismos para que los ciudadanos accedan a productos y servicios de primera calidad y que tengan opción a reclamar y encontrar respuesta oportuna por aquellos que no les satisfagan. Por otra parte, el Gobierno debe impulsar las leyes pendientes para el fortalecimiento de las TICs en el país, mejorar la promoción y aumentar la inversión, en todas sus dependencias, en esta materia.

Por otra parte, las empresas deben continuar su grado de profesionalización no sólo en cuanto a la contratación de sus gerentes, sino a través del uso de una mayor compensación por incentivos.

Para cerrar con el clima de negocios, en el desarrollo de clusters, el gobierno y el sector privado deben impulsar el fortalecimiento de sectores importantes como las TICs, biotecnología, turismo, equipos médicos y servicios de negocios, como polos de desarrollo nacionales, para la generación de empleo y el aumento de la productividad nacional.

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Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo sostenible de INCAE 97 Finalmente, experiencias como la realización de talleres de difusión y diálogo con diversos sectores públicos y privados de la vida nacional son útiles como medio para delinear estrategias que modelen las políticas públicas y priorizar las iniciativas en pro de la competitividad nacional. Asimismo, crean un consenso nacional entre los diversos sectores, necesario para impulsar sin demora y con el compromiso de todos una agenda nacional de competitividad.

En este sentido, los Talleres de Diálogo llevados a cabo con representantes del gobierno, el sector privado, los medios de comunicación, sector académico y judicial costarricense, permitieron estudiar en qué forma las entidades públicas como entes reguladores afectan positiva o negativamente en clima para la inversión y competitividad en Costa Rica. Adicionalmente, surgieron propuestas para estimular los aspectos positivos y eliminar los efectos negativos de las actividades de las entidades reguladoras y como medirlos.

Los talleres arrojaron datos importantes en torno al papel de las instituciones públicas como entes reguladores. En este sentido, se mencionaron aspectos adversos al inversionista como: la burocracia excesiva, la ausencia de coordinación institucional, la lentitud en el proceso de trámites y la desinformación al inversionista a nivel de las entidades públicas. En cuanto a la forma en que las entidades públicas como entes regulatorios pueden afectar de forma positiva en clima nacional para la inversión surgieron: la unificación de criterios entre dependencias administrativas, la simplificación de trámites, la información clara al inversionista, la coordinación interinstitucional, la automatización, la capacitación de funcionarios y el desarrollo de una cultura de servicio al cliente.

De los casos discutidos en los talleres, se rescatan algunas acciones que deben emprender las instituciones publicas para estimular sus efectos positivos y disminuir los efectos negativos en su papel como reguladores: definición específica y detallada de trámites que disminuyan la discrecionalidad institucional, elaboración de criterios objetivos, capacitación de funcionarios públicos y fijación de plazos y adhesión a los mismos. Asimismo, se mencionan algunos indicadores para medir los efectos de las medidas anteriores así como el alcance de la Ley No. 8220 de Protección del Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos para estimular los efectos positivos de la regulación y disminuir sus efectos negativos en el clima para la inversión y la competitividad de Costa Rica.

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