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Con el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” tiene el Estado colombiano una oportunidad excepcional para responderle a las víctimas que se han visto afectadas por el abandono, el despojo o la usurpación de sus tierras y bienes.

5_{Ver “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, 1. Hacia} un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral.

En los intensos debates sobre el acuerdo de paz, el tema de tierras, su uso y propietarios legítimos, se identificaron las principales debilidades y obstáculos normativos, institucionales y políticos que obstruyen el desarrollo de una acción mayor, más decidida y segura para resolver la tenencia de la tierra. Allí también se coincidió en la necesidad de ofrecer condiciones adecuadas para el retorno y la conformación de entidades, formas organizativas, participativas, democráticas y de superación de las profundas desigualdades e inequidades derivadas de la concentración de la tierra.

El acuerdo, se ha establecido, sienta las bases para la transformación estructural del campo, para lo cual deben crearse condiciones apropiadas para el bienestar de la población rural, de suerte que se superen las causas históricas del conflicto, lo que implica, desde luego, la generación de renovadas políticas públicas para garantizar nuevas concepciones del desarrollo agrario y del uso del suelo, dentro de una visión de integración urbano-rural.

De allí que lo pactado en el primer punto del acuerdo tenga como objetivo transformar de manera estructural el campo, para impulsar el desarrollo del país. Se parte de tres pilares: la inclusión del campesinado, la integración de las regiones y la seguridad alimentaria. Además, se prevé la reversión de las causas y efectos del conflicto armado, como la concentración en la propiedad de la tierra y el atraso rural. Para lograrlo, hay medidas que promoverían desde la restitución de la tierra a sus verdaderos dueños hasta su uso adecuado.

La Reforma Rural Integral pretende promover el buen uso del campo, de las tierras, la restitución de tierras mal usadas, el acceso a las mismas y la productividad en pro de la comunidad colombiana, con lo que también se pretende erradicar la pobreza y sobre todo la desnutrición y el hambre en que se inunda el país por falta de campesinos con garantías que aseguren su trabajo y les brinde prosperidad. Todo esto para que en materia de alimentos y nutrición se asegure un acceso suficiente en calidad, cantidad y precio de los alimentos.

Se espera que esta reforma traiga consigo equidad, igualdad y justicia social; mejoramiento de la economía colombiana, producción y abastecimiento sanos, de modo que se superen problemas endémicos como el hambre, la desnutrición, como opción de vida y supervivencia, pues habrá tierras legales, productivas y seguridad social.

En ese sentido, se prioriza la formalización de la propiedad y su distribución equitativa. En La Habana se definieron instrumentos como la creación del banco de tierras (que contempla la expropiación por interés social) y la habilitación de nuevas zonas de reserva campesina, así como subsidios y estímulos para la inversión rural. El Estado se compromete a financiar y promover planes de desarrollo rural para proveer infraestructura, salud, asistencia técnica, educación, alimentación y recreación.

Como base de la estrategia para el acceso y el uso de la tierra, el acuerdo entre Gobierno y Farc tiene previsto habilitar un fondo de distribución gratuita. Durante los próximos diez años, ese fondo dispondrá de tres millones de hectáreas y se nutrirá por medio de seis mecanismos; uno de ellos es el de la extinción judicial de dominio de predios ilegales que pasen a manos de la Nación. También se dispondrá de los baldíos que han sido recuperados mediante procesos agrarios; de las tierras provenientes de la delimitación y actualización de las reservas forestales y de las que no están siendo explotadas.

A estas últimas se les aplicará la extinción administrativa de dominio por no cumplir la función social y ecológica de la propiedad. También se le abre la puerta a la compra o expropiación de tierras por motivos de interés social o de utilidad pública, las cuales serán adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural. En estos casos, que han generado polémica en algunos sectores, se pagará una indemnización a sus propietarios. Finalmente, el fondo recibirá tierras donadas y se entregarán subsidios y créditos especiales de largo plazo a la población campesina, para la compra de terrenos.

La paz se trata de eso, de igualdad, equidad y perdón; pero sobre todo, de iniciarla desde su punto de origen: el campo.

Conclusiones

• Se dio prelación a la titulación de baldíos a los colonos o cultivadores, reiterándose el precepto colonial según el cual el derecho a la tierra se adquiere por labranza y morada. Pero al mismo tiempo se mantuvieron las grandes licencias sin mayores obligaciones y contraprestaciones por parte de los concesionarios.

• Se establecieron topes a las adjudicaciones, diferenciando los de la agricultura y la ganadería (respectivamente 600 y 800 hectáreas), lo cual redundaría en una distribución de los baldíos más razonada y un poco más equitativa que en el siglo XIX. La intención de racionalizar y democratizar la titulación de baldíos es más evidente en los gobiernos de la República Liberal que en los conservadores.

• Aunque se mantuvo la desigual distribución de la tierra, las adjudicaciones de terrenos medianos y pequeños favorecieron a la formación de una clase media rural, lo cual hacía parte del ideario liberal y el conservador.

• Se resalta el interés de los gobernantes colombianos de entonces de suscitar la colonización campesina y la expansión de la frontera agraria, principalmente con cultivos de exportación y alimentos para el consumo doméstico.

• Con la (Ley 71, 1917) se simplifican los requisitos y procedimientos para legitimar las tierras ocupadas y explotadas por los campesinos.

• Pese a la carencia de datos catastrales sobre la propiedad agraria durante la primera mitad del siglo XX, la política de baldíos aumentó la mediana y la pequeña propiedad. En esto también debió incidir la fragmentación.

. • Durante todo el siglo XX, la distribución de la propiedad agraria señalada por la contraposición latifundio/minifundio, se transformó en una estructura multimodal en la que predominan, en términos de área, la mediana y la gran propiedad y las tierras de uso colectivo (resguardos indígenas y consejos comunitarios afrocolombianos). A estas formas de propiedad hay que agregar las Zonas de Reserva Campesina, cuya normatividad asigna limitaciones al tamaño de la propiedad individual y a la compraventa de las parcelas de los asociados.

• No solo las dinámicas del conflicto armado desplazan a productores del campo en Colombia: Las dificultades de acceso a crédito, la imposibilidad de tenencia de la tierra y las consecuencias de tratados de libre comercio con países que producen a menores costos, han expulsado a los productores rurales.

• El Gobierno Nacional ha implementado una serie de políticas tendientes a la reparación y restitución de las víctimas del conflicto armado.

• Estas políticas han mitigado en parte la problemática de las personas desplazadas, pero falta mucho aún por hacer al respecto, puesto existen muchas condiciones adversas que impiden que se cumpla a cabalidad: La falta de garantías de seguridad para que las víctimas retornen, muchas de las víctimas por desconocimiento o por miedo prefieren no denunciar y empezar una nueva vida lejos de sus tierras, no existe una base de datos catastral adecuada, no hay funcionarios suficientes preparados en cartografía topografía, difícil geografía de los terrenos, etc.

• En el caso de la restitución de tierras dicha política es aceptable siempre y cuando se garantice el respeto a la propiedad privada bien habida y que tenga un enfoque integral: no solo se necesita tierra, se necesitan tierras cultivables, programas de crédito y políticas públicas de largo plazo para el agro colombiano.

Recomendaciones

El Gobierno Colombiano a través de estos años no se ha preocupado por resolver el conflicto de los bienes baldíos que existen en el país, ya que hasta el momento no hay datos concretos de la totalidad de dichos bienes, y no existe una estadística concreta, además por culpa del conflicto armado que vive nuestro país muchas personas victimas del conflicto armado no tienen las garantías de seguridad y el apoyo para retornar a las tierras que por culpa de los grupos de armados ilegales les fueron despojadas.

Por lo anteriormente expuestos sugerimos al Gobierno Nacional siga implementando impulsando nuevos programas de verdad, justicia, equidad y una política anticorrupción.

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