Con la excepción del trabajo de Sánchez Marroyo sobre el Sexenio Revolucionario y las alusiones de Rodríguez de las Heras a los artículos publicados bajo el seudónimo de
Publicio a fines del XIX en la prensa catalana, no encontramos demasiadas evidencias del
efecto de la pérdida de los comunales en el campesinado cacereño191. Si queremos ver la
conjunción de causas subyacentes en el estallido de conflictividad de la II República no tenemos más remedio que prestar atención a la cuestión de los bienes comunales o más bien a lo que se ha venido en llamar “resistencias campesinas ante la desarticulación del comunal”192.
Cuando tratábamos de la gran propiedad veíamos cómo la desamortización de los comunales significó, incluso para algunos autores, un escándalo de grandes dimensiones en casos como el extremeño donde su representatividad era enorme. Si ya conocemos según Juan García la superficie desamortizada de propios y comunes, tenemos la oportunidad de completar tal visión con la de los montes públicos y su evolución desde mediados del XIX hasta los años veinte del pasado siglo.
Tabla 2H:
Evolución de la superficie de montes Cáceres/España 1859-1926 Lugar/has. Superficie de montes
en 1859 Superficie de montes en 1900 Superficie de montes en 1926 Estimación de la superficie privatizada (1859-1926) Cáceres 409.120 118.513 102.628 306.492 España 10.186.165 11.467.241 6.838.628 4.762.481
Fuente: selección a partir de los datos de G.E.H.R. (1994): “Más allá de la “propiedad perfecta”. El proceso de privatización de los montes públicos españoles (1859-1926)”, Noticiario de Historia Agraria, número 8, pág. 139, apéndice y BAUER MANDERSECHEID, Eric (1980): Los montes de España en la Historia. Madrid: Ministerio de Agricultura, pág. 564-565.
191
Vid. Movimientos populares y reforma agraria. Tensiones sociales en el campo extremeño durante el Sexenio Revolucionario. Badajoz: Diputación Provincial, 1992 y RODRÍGUEZ de las HERAS, Antonio (1978): Extremadura en la crisis del Estado español. Separata del VIII Coloquio de Pau, La crisis del Estado español 1898-1936. Madrid: Cuadernos para el Diálogo, págs. 186-189.
192
Nos sentimos identificados aquí plenamente con los autores que han traído el debate sobre la “tragedia de los comunales” al fértil campo historiográfico español en sus justos términos. Una visión de conjunto en JIMÉNEZ BLANCO, José Ignacio (2002): “El monte: una atalaya de la Historia”, Historia Agraria (Murcia), número 22, pp. 141-190. Anteriormente BALBOA LÓPEZ, Xesús (1999): “La historia de los montes públicos españoles (1812-1936): un balance y algunas propuestas”, Noticiario de Historia Agraria (Murcia), número 18, pp. 95-128. A un nivel lógicamente inferior véase RIESCO, Sergio (2002): “La cuestión de los bienes comunales en la historiografía contemporánea. Una (re)visión a largo plazo”. En Actas del Congreso Internacional “Los orígenes del liberalismo. Política, economía, sociedad”. Salamanca: Universidad/ Consorcio Salamanca 2002, edición en CD-Rom. Una glosa de las “resistencias campesinas” desde esta aproximación teórica en SABIO ALCUTÉN, Alberto (2002): “Imágenes del monte público, <<patriotismo forestal español>> y resistencias campesinas, 1855-1930”, Ayer (Madrid), número 46, en especial pp. 137-153.
El 19,71% de la provincia de Cáceres estaba cubierta por montes públicos justo en los albores del proceso de privatización, ya que 1859 es el primer momento en el que se disponen de datos medianamente fiables. Por ser la segunda provincia más grande de España y por su grado de conservación, representaba el 5,2% del monte español. Uniéndolo a Badajoz, Extremadura poseía la décima parte de los montes públicos de la nación. El dato revelador es que el 75% de los montes públicos que existían en la provincia a mediados del XIX habían pasado a manos privadas entrada la década de los 20; no extraña, pues, que el GEHR se refiera a Extremadura como “epicentro del proceso privatizador”. De nuevo, los calificativos contundentes salen a la luz; así Bauer se refería a la llamada desamortización forestal como “el suceso más trágico en la historia forestal de España (...) con las tristes consecuencias de erosión, sequía e inundaciones”193.
Tabla 2I:
Relación de montes de utilidad pública de la provincia de Cácerespor comarcas en 1901 Comarca Nº de has. % sobre el total
Alcántara 600 1,20 Cáceres 226 0,45 Coria Norte 6.397 12,90 Coria Sur 0 0,00 Guadalupe 5.856 11,80 Hervás 3.164 6,40 Jarandilla 25.239 51,20 Navalmoral 1026 2,08 Plasencia Norte 3.246 6,59 Plasencia Sur 0 0,00 Trujillo 3.485 7,07 Total 49.239194 100
Fuente: elaboración propia a partir del Catálogo de Montes y demás terrenos forestales exceptuados de la desamortización por razones de utilidad pública. Madrid: Imprenta de Suc.de Minuesa de los Ríos, 1901.
A la altura de 1859 los montes declarados enajenables en Cáceres sumaban 292.666 has y
sólo habían sido exceptuados 132 con una cabida de 85.816 has195. La privatización de los
montes públicos había comenzado con el siglo, como parte de la herencia jovellanista
tomada desde las Cortes de Cádiz196. El G.E.H.R. considera que semejantes niveles de
privatización en zonas como Andalucía, Extremadura y valle del Ebro obedecen a presiones políticas para conseguir roturar antiguas tierras públicas atractivas para el capital privado197. La distribución comarcal de los montes conservados exigen ciertas matizaciones geográficas. Si bien es cierto que la estructura orográfica de la provincia presenta zonas montañosas (La Vera al pie de Sierra de Gredos o Coria Norte con Sierra de Gata) resulta demasiado elocuente que existan comarcas que no conservaron nada o prácticamente nada, como es el caso de Alcántara, Coria Sur, Cáceres, Navalmoral o Plasencia Sur. La coincidencia parece evidente: donde más atractiva parecía la compra de bienes nacionales nada quedó de los viejos montes públicos198.
193
Los montes de España..., pág. 17.
194
A estas 49000 has. Se deben añadir los 69.924 que según la misma fuente “no revisten carácter de interés general”. De la agregación de ambos surgen las 118.000 hectáreas de monte público en la provincia en 1900.
195
Vid. MANGAS NAVAS, José Manuel (1984): La propiedad de la tierra en España: los Patrimonios Públicos. Herencia de un reformismo inconcluso. Madrid: Ministerio de Agricultura, pág. 207 y siguientes.
196
Para esta cuestión, vid. LÓPEZ ESTUDILLO, Antonio (1992): “Los montes públicos y las diversas vías de su privatización en el siglo XIX”, Agricultura y Sociedad (Madrid), número 65, pp. 65-99. Nosotros hemos estudiado el caso para el norte de Extremadura, vid. RIESCO, Sergio (2002): El Sexmo de Plasencia. Un episodio de la desaparición de la propiedad comunal en la España liberal. Cáceres: Institución Cultural “El Brocense”. Este estudio formaría parte de una de las vías de desarticulación de la propiedad comunal, la que Ortega Santos denomina “jurídico-institucional”, vid. Ayer (Madrid), número 42, pp.191-211.
197
Art.Cit., pág.111.
198
Bien es cierto, como señala López Estudillo que se produjo la victoria del Ministerio de Hacienda sobre el de Fomento en el criterio de qué especies debían ser exceptuadas: toda una maniobra política y económica que sacó al mercado 2 millones de hectáreas más que no estaban previstas: Art. Cit., pág. 80.
74
Así pues, el régimen político de la Restauración consagró la definitiva desarticulación de la propiedad comunal, siendo más grave en casos como el cacereño, donde la misma tenía un peso más acusado que en otros lugares. Surgiría ahora la cuestión de por qué eran tan importantes. A pesar de desigualdades en el acceso, la conservación de patrimonios públicos permitía el equilibrio de las economías domésticas. En el aspecto agrícola, el sorteo de parcelas permitía roturar una parte de los mismos, lo cual beneficiaba a toda la comunidad. Era fuente de alimento para el ganado de labor y para parte del de renta aprovechando sus pastos. En lo forestal, la presencia de la encinas y alcornoques proveían de bellotas a la dieta familiar y, además, de leña con el ramoneo del mismo. La “mercantilización del monte”, primero por la vía de su privatización y después con la intervención del Estado sobre los públicos, que habían venido siendo “secularmente utilizados por las comunidades rurales de forma casi completamente libre”, supusieron un
golpe letal sobre los comunales199. Por poner un claro ejemplo, Jiménez Blanco nos ilustra
con el caso de los arrendamientos de las sacas de corcho de los montes públicos, que en Extremadura tienen una notable importancia. Según este autor “el beneficiario de la
cocesión se hacía con el derecho de aprovechar todos los esquilmos del monte (...) por un
plazo de veinte años y por unos precios inferiores a los del mercado”. No es de extrañar, pues, que Jiménez Blanco utilice un “de nuevo” para retratar a los pueblos propietarios de montes como “los perdedores en esta historia”200.
Tabla 2J:
Servicios prestados por la Guardia Civil respecto a la Guardería Forestal, 1877-1910 Tabla A) Agroforestal Cáceres España
Hurto de madera y leña 966 99.057 Corta de madera y leña 2029 140.811 Extracción de frutos 1491 57.853
Roturaciones 1559 36.161
Denuncias 6045 333.612 “Delincuentes” 18636 513.163
Tabla B) Pastoreo ilícito Cáceres España
Lanar 743.565 15.824.084 Cabrío 335.889 6.030.703 Vacuno 101.264 765.772 Cerda 120.935 873.045 Caballar 1981 65.874 Mular 516 61.751 Asnal 621 75.386 Total de cabezas 1.304.771 23.696.615 Total de “denuncias” 10.292 495.225 Total de “delincuentes” 21.093 558.357 Total “denuncias” cuadro A+B 16.337 828.837 Total “delincuentes” cuadro a+b 39.729 1.071.520
Fuente: G.E.H.R. (1999): “Diversidad dentro de un orden. Privatización, producción forestal y represión en los montes públicos españoles, 1859-1926”. Historia Agraria, número 18, apéndice 4.
Como mostramos en la tabla 2J otra faceta sangrante de este proceso vino dada por la intervención de la Guardia Civil en la guardería forestal entre 1877 y 1910 y la conversión en delitos de faltas por infracciones de las Ordenanzas de Montes que dieron lugar a una “delincuencia forestal”, término poco apropiado para calificar la continuación del uso
199
BALBOA LÓPEZ, Xesús (1992): “La gestión de los patrimonios rústicos públicos”, Noticiario de Historia Agraria (Murcia), número 4, pág. 247. Toda esta cuestión “bebe” del llamado debate HARDIN, hecho famoso por este autor en 1968, con el artículo de la revista Science, número 162 “The tragedy of the commons”.
200
Vid. JIMÉNEZ BLANCO, José Ignacio (1999): “La oferta de corcho de los montes públicos españoles, 1900-1933”, en PAREJO BARRANCO, Antonio y SÁNCHEZ PICÓN, Andrés [Editores]: Economía andaluza e historia industrial. Estudios en homenaje a Jordi Nadal. Motril: Asukaría Mediterránea Ediciones, pág. 393.
comunal por parte de una población privada de un pilar básico de su existencia. Como han insistido varios de los autores que han estudiado la cuestión para Navarra y Aragón, focos del norte de España donde este proceso también fue traumático, nunca está de más recordar que el triunfo de la burguesía en la Reforma Agraria liberal no debe hacer olvidar “la oportunidad que para otras clases rurales” pudo suponer la redefinición de los derechos de propiedad en el contexto de un nuevo marco institucional201.
La equivalencia entre lo que las comunidades rurales extraían del monte y los conceptos convertidos en delitos es total, hasta el punto de que insistimos en que no parece la denominación de “delincuencia forestal” la más correcta. Lo notable de las estadísticas es que ayudan a pensar en todas aquellas infracciones que no recogen y que de manera cierta existían. La historiografía parece decantarse por una observación cualitativa como parte de las estrategias de resistencia ante la desarticulación del comunal202. Pasando por encima de lecturas milenaristas, la necesidad de forma espontánea y poco organizada era la que llevaba a continuar con la explotación. Más que pequeños repertorios de acción colectiva — robo de frutos, roturaciones en grupo...— estamos ante las “formas cotidianas de rebelión campesina” a las que se ha referido Scott203.
Visto así, las cifras de Cáceres ofrecen un panorama de enorme conflictividad cotidiana que parece directamente proporcional al volumen de los bienes comunales en la provincia hasta el XIX. Al comparar con otras provincias algunos de los datos se comprueba que el mayor número de cabezas de vacuno de toda España que fueron denunciadas por pastoreo ilícito estaban en Cáceres, ocupando el segundo puesto de tan singular relación en el de cerda con Sevilla y siendo en el conjunto ganadero la más “delictiva” de España con Zaragoza y Málaga.
De las denuncias por pastoreo abusivo y por roturaciones arbitrarias no se libraron algunos alcaldes, denunciados por los Ayudantes de Montes y los Delegados de Hacienda, ya que debieron pagar multas por “abandono y negligencia en el servicio de tramitación de
diligencias de denuncias por abusos en los montes públicos”204. Tampoco fue infrecuente
que las autoridades locales fueran criticadas desde estas instancias por “el deseo de alejarse [para evitar] la odiosidad que pudieran obtener con una providencia
condenatoria”205. Como es de imaginar, no se trata de una causa baladí ni de tan sólo una
noble protección encubridora. Ambas cosas se unen: a menudo no interesó tramitar las denuncias por distintas causas, entre las cuales desde luego se podía encontrar resistencias a la tipificación como delito de esos ataques a la propiedad privada.
A este respecto hay que añadir que los aprovechamientos de todo tipo que se producían en los montes públicos debían ser subastados en algunos casos anualmente y otros por periodos más largos. El Boletín Oficial de la Provincia está lleno de cuartas, quintas y sextas subastas de muchos de esos montes con rebajas sucesivas. No resulta fácil ofrecer una única causa para esta actitud. Según Alberto Sabio parecen convivir dos tipos de causas206. Por un lado existía la posibilidad de actitudes colectivas en la que varios vecinos se unían para retener los pastos, por ejemplo, para el ganado vecinal de renta o de
201
Nos referimos a LANA BERASAIN, José Miguel y TORRE, Joseba de la (2000): “El asalto a los bienes comunales. Cambio económico y conflictos sociales en Navarra, 1808-1936”, Historia Social (Valencia), número 37, pág. 77.
202
SABIO (2002): Art. Cit., pág. 138 y siguientes.
203
Una versión en español en Historia Social (Valencia), número 28, pág. 14.
204
Vid.por ejemplo, Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 28 de mayo de 1906, Anuncio de la Ayudantía de Cáceres de la Sección Facultativa de Montes de la 13ª Región: “Relación detallada de las denuncias reclamadas a Alcaldes que no cumplen dicho servicio”.
205
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, 17 de enero de 1900, Circular de la Sección de Propiedades de la Delegación de Hacienda.
206 Art. Cit., pág. 144. Un análisis más profundo de estas cuestiones en SABIO, Alberto (2002): Tierra, comunal y
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labor207; por otro, las pujas desiertas podrían deberse a una acción de resistencia que luego se convertiría en un aprovechamiento fraudulento de los esquilmos. A juzgar por la reiteración de las subastas, es también de imaginar que la Benemérita estuviera especialmente pendiente de los montes cuya oferta hubiera quedado desierta, lo que
explicaría buena parte de las denuncias208. En el caso extremeño tales incomparecencias
derivaron, según Linares Luján, en una actitud progresivamente flexible por parte de la Administración que se constató a través de subastas conjuntas de invernaderos y montaneras y de plazos más largos de disfrute209.
Para concluir este apartado se hace necesaria una conclusión. A nuestro entender, el ímpetu con el que se solicitó el rescate de comunales durante toda la II República se explica por la condición de “cuenta pendiente” de la larga disputa entre la burguesía triunfante de la Reforma Agraria liberal y las comunidades locales. La Restauración culmina este proceso de consolidación de la propiedad privada y a la vez privación de una de las principales fuentes de energía —en el sentido de la agricultura ecológica— del campesinado en su acepción genérica. El aumento de la sociabilidad obrera y con ella del sentimiento republicano, junto a la incorporación de Cáceres a los procesos migratorios se complementan así en una progresiva “campesinización” que desestructuró las comunidades rurales de la provincia.