Estamos presenciando procesos de cambio social en los que el conflicto cultural es una constante que se expresa en los discursos que aluden a las formas en que se organizan los grupos humanos. De tal forma que la idea del Estado nacional, estructura modelo que emergió de la Europa del siglo XVI y se consolidó como eje de poder político se encuentra en crisis.
Este proceso se dio bajo “la opresión y explotación de unos pueblos por otros, desde que la articulación de distintos feudos y dominios característica de la formación de los reinos, se sumó en el siglo XVII y la Revolución Inglesa, el poder de las burguesías” (González Casanova, 2003: 42). Éste se gestó al interior de Europa, el cual fue impulsado por la explotación y despojo que se perpetró desde la Europa occidental en su expansión colonial.
Como señala Quijano, “con la constitución de América (Latina), en el mismo movimiento histórico, el emergente poder capitalista se hace mundial, sus centros hegemónicos se localizan en las zonas situadas sobre el Atlántico -que después se identificarían como Europa- y como ejes centrales de su nuevo patrón de dominación se establecen también la colonialidad y la modernidad” (2000b: 342). Este proceso, el autor expone que hay que diferenciarlo del proceso de la colonialidad, aunque los dos se desprenden de un mismo movimiento histórico.
El primero constituye el colonialismo, que refiere a la “estructura de dominación y explotación, donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del trabajo de una población determinada lo detenta otra de diferente identidad, y cuyas sedes centrales están, además, en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre, ni necesariamente, implica relaciones racistas” (Ibíd.: 381), las cuales conforman la colonialidad.
La colonialidad que se genera en el colonialismo, implica entonces “la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, una construcción mental que expresa la experiencia básica de la dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, el eurocentrismo” (Quijano, 2000a: 201), de donde se origina la estructura política del Estado nación. En este sentido, de acuerdo con Mignolo,
41 el racismo moderno/colonial, es decir, la lógica de racialización que surgió en el siglo XVI, tiene dos dimensiones (ontológica y epistémica) y un solo propósito: clasificar como inferiores y ajenas al dominio de conocimiento sistemático todas las lenguas que no sean el griego, el latín, y las seis lenguas europeas modernas, para mantener así el privilegio enunciativo de las instituciones, los hombres y las categorías de pensamiento del Renacimiento y la Ilustración europeos (2011: 2).
En este proceso histórico en el que se consolida la estructura administrativa de control que da cuenta de la división mundial en la figura del Estado; así como la consecutiva construcción de las ideologías para legitimar la identificación de la población con esa estructura, que se constituyeron en los nacionalismos. Un proceso que se caracterizó por el intento por homogeneizar, por medio de la violencia física y simbólica, a la diversidad de grupos sociales, existentes en los territorios delimitados en el Estado. Proceso que generó también la clasificación de la población al interior de los Estados que fueron colonizados, lo que denominó Pablo González Casanova como colonialismo interno, denominación
originalmente ligada al fenómeno de conquista, en los que las poblaciones de nativos no son exterminadas y forman parte, primero del Estado colonizador y después del Estado que adquiere una independencia formal, o que inicia un proceso de liberación, de transición al socialismo, o de recolonización y regreso al capitalismo neoliberal. Los pueblos, minorías o naciones colonizadas sufren condiciones semejantes a las que los caracterizan en el colonialismo y el neocolonialismo a nivel internacional (2003: 42).
Un proceso complejo, no solo por las contradicciones que manifiesta, sino por la diversidad de formas en que se expresa en cada contexto particular en el mundo. Por lo tanto, la intención de clarificar conceptualmente las categorías de Estado, nación y grupo étnico es con la finalidad de establecer una base histórica explicativa para conocer las implicaciones analíticas de los procesos de identificación en los contextos comunitarios indígenas y su importancia en la acción política.
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La complejidad de los procesos se explica en tanto que el Estado nación, considerada como una estructura de poder institucionalizada y “legitimada” y de acuerdo con Immanuel Wallerstein y Etienne Balibar, tiene una enorme influencia en
los grandes universos o ‘sistemas’ de pensamiento, símbolos y representación en el mundo … han llenado de referencias abstractas -imposibles de ser captadas por las mayorías humanas (quizá de eso se tratase) y de vivir incluso para los mismos que son minoría- las conciencias y los mecanismos de comunicación y expresión, de forma que han hecho de ellas tablas absolutas de la ley ajustadas a medir y pesar la vida y muerte de los pobres hombres -colectivos o individuos- (1988: 5-6).
En este sentido, definirlas en su devenir histórico y problematizarlas desde contextos específicos, hace posible imaginar otras formas en las que se pueden crear y recrear formas de organización social frente a las formas eurocéntricas que se encuentran en crisis: el Estado y el Estado nación. La forma de organización humana que se generalizó en el sistema mundo fue el Estado, que permitió la organización interestatal de las relaciones centro-periferia, el cual, en términos generales se podría definir como un poder político y administrativo unificado, soberano sobre un territorio limitado, que se reserva en él, el monopolio de la violencia legítima (Villoro,1999).
En esta forma de organización, de acuerdo con Wallerstein, se concretó la estructura de relaciones a través de la división axial del trabajo en el seno de la economía-mundo, engendró una división espacial del trabajo y generó elementos políticos que mantienen “una serie de relaciones entre el centro y la periferia, el hecho de que ciertos productos de una cadena de mercancías básicas cruce las fronteras políticas facilita los procesos políticos necesarios, ya que el control del tránsito fronterizo figura entre los mayores poderes reales que los Estados ejercen efectivamente” (1988: 124).
Esta estructura interestatal que organiza las relaciones a través de la división mundial del trabajo bajo la ideología de la clasificación racial de la población, fundó el patrón de poder mundial desde procesos históricos convergentes que produjeron la colonialidad, que de acuerdo con Quijano, se expresan en la codificación de las diferencias en la idea de raza y “la articulación de todas las formas históricas de
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control del trabajo, de sus recursos y de sus productos en torno del capital y del mercado mundial” (2000a: 202).
El patrón de poder que emergió de la estructura interestatal produce la desigualdad entre los Estados, al concentrar los procesos centrales de la producción, desigualdad que también se reproduce al interior de los Estados que quedaron situados en la periferia. Lo anterior se explica porque, “la concentración de procesos centrales en Estados diferentes de aquellos en los que se concentran los procesos periféricos tiende a crear estructuras políticas internas diferentes en cada uno de ellos: diferencia que, a su vez, se convierte en un importante baluarte que sostiene el sistema no igualitario interestatal que controla y mantiene la división axial del trabajo” (Wallerstein, 1988: 124).
Esta implicación se expresa en las relaciones interestatales y las estructuras de relaciones que se producen al interior de los Estados, en el marco de la relación desigual y dependiente que se expresa entre el centro y la periferia, para sostener el sistema de dominación y explotación capitalista, de acuerdo con Wallerstein requiere crear “paralelamente ‘nación’, ‘un pueblo’ […] Los Estados de este sistema tienen problemas de cohesión. Una vez reconocida su soberanía, es frecuente que los Estados se encuentren amenazados por la desintegración interna y la agresión externa” (1988: 128). Por lo que, siguiendo al autor, el Estado, en la mayoría de los procesos, es anterior a la nación y no al revés, como se trata de hacer parecer.
Para identificar a una asociación humana como nación, de acuerdo con Luis Villoro (1999) tienen que cumplir cuatro condiciones:
1. Comunidad de cultura. Refiere a una forma generalizada de vida compartida, una manera de ver, sentir y actuar en el mundo.
2. Conciencia de pertenencia. La autoidentificación de un conjunto de personas por distintas que puedan ser sus características individuales o de grupo.
3. Proyecto común. La decisión de un grupo humano que decide perdurar como comunidad-tradición y elección de fines y valores.
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Bajo estas características, habría dos tipos de nación: las históricas, que implican un origen y continuidad cultural como ejes de identidad y, las proyectadas, donde la pertenencia se mide por la adhesión a un proyecto hacia futuro. De tal forma que, para sostener el sistema interestatal, en tanto invención de eurocéntrica, se promovía, a través de la ideología nacionalista, la configuración de los Estados nacionales, porque “el sistema interestatal no es un simple entramado de supuestos Estados soberanos, sino un sistema jerárquico regido por la ley del más fuerte y estable, aunque susceptible de modificación” (Wallerstein,1988: 128).
El Estado-nación, en tanto homogeneización de la sociedad sobre todo en el nivel cultural y de acuerdo con Villoro, no se construyó en la “convergencia de las distintas culturas y modos de vida regionales en uno que los sintetizara, sino en la acción de un sector dominante de la sociedad que, desde el poder central, impuso su forma de vida sobre los demás” (1999: 18). Esta acción fue sostenida por el tipo de ideologías que se denominaron nacionalismos, ya que “para un Estado, no ser una nación significa estar al margen del juego, o bien favorecer la alteración de su rango u oponerse a ella. Pero entonces ese Estado no formaría parte del sistema interestatal” (Wallerstein, 1988: 129).
Básicamente el nacionalismo consistía en un conjunto de creencias, insuficientemente justificadas, comunes a un grupo social, que tiene por función afianzar su poder político, fue predominante en los siglos XIX y XX que sostiene tres proposiciones: que la nación y Estado deben coincidir, es decir, una congruencia entre unidad nacional y la política; el Estado-nación es soberano, no admite ni comparte ningún poder ajeno a él; es una unidad colectiva que realiza valores superiores comunes a todos sus miembros (Villoro, 1999). Al pretender ser común, en muchos casos en una diversidad de culturas expulsadas de su configuración y vasta en su territorio, la nación, según Benedict Anderson es “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Es imaginada [subrayado del original] porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión” (1993: 23). Son precisamente
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esas imágenes las que importa conocer en contextos donde la interculturalidad es desigual y estructurada en relaciones racistas.
Al trabajar en contextos indígenas que forman parte en la constitución de los Estados nacionales con una historia colonial, es obligatorio conocer los procesos históricos generales que enmarcan la coloniliadad y su impacto en la construcción concreta de las comunidades en las que la niñez indígena construye su identidad. Sobre todo, los impactos diferenciados que el espacio escolar, al ser una de las instituciones centrales en la socialización infantil y que difunde las ideas de la nación.
De esta forma, la relación entre Estado y nación es compleja y diversa, porque no sólo depende del desarrollo histórico particular de cada uno, algunos de muy reciente historia, sino al tipo de relaciones que guardan con la historia colonial y, por lo tanto, a las relaciones que se establecieron al interior de los países con una historia de colonización, en el proceso de homogeneización que los implico; así como el tipo de relaciones que los diversos pueblos y comunidades establecieron en la estructura de poder, primero colonial y luego con la estructura de relaciones interétnicas que el colonialismo interno produjo.
En esta estructura de relaciones al interior de los Estados nacionales con una historia de colonialismo, como bien lo ha desarrollado González Casanova (2003a) en la teoría del colonialismo interno, los pueblos, minorías o naciones sufren condiciones semejantes a nivel a los Estados a nivel internacional:
1. Habitan un territorio sin gobierno propio. 2. Se encuentran en una situación de desigualdad frente a las élites de las etnias dominantes y de las clases que las integran. 3. Su administración y responsabilidad jurídico-política conciernen a las etnias dominantes, a las burguesías y oligarquías del gobierno central o a los aliados y subordinados del mismo. 4. Sus habitantes no participan en los más altos cargos políticos y militares del gobierno central, salvo en condiciones de ‘asimilados’. 5. Los derechos de sus habitantes, su situación económica, política social y cultural son regulados e impuestos por el gobierno central. 6. En general los colonizados en el interior de un Estado-Nación pertenecen a una ‘raza’ distinta a la que domina en el gobierno nacional y que es considerada ‘inferior’, o a lo sumo convertida en un símbolo ‘liberador’ que forma parte de la demagogia estatal. 7. La mayoría de los
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De esta manera, el concepto de “etnia” sólo tiene aplicación en la interrelación entre distintos grupos, de raíces culturales diferentes en un mismo espacio y en procesos de resistencia o “asimilación” en una gran diversidad de formas de expresión. Se constituyen así en interrelación con otros grupos que se disputan los sentidos dentro de un espacio político. También es un concepto relativamente nuevo. “En las Ciencias Sociales sólo se empleó a partir del siglo XX, en competencia con otros neologismos eruditos como ‘etnos’ o ‘grupo étnico’” (Villoro, 1999: 8).
Como categoría de análisis, los grupos étnicos, también llamados etnias o pueblos, según el contexto político en el que se exprese, pueden entenderse, de acuerdo con Rodolfo Stavenhagen (1984), como colectividades que se identifican ellas mismas o son identificadas por los otros en términos culturales y refiere a problemáticas vinculados con los estados territoriales. Por lo que, la definición de la cuestión étnica, siguiendo al autor es:
La problemática social y política que se plantea en un país cuando un grupo humano, cualquiera que sea su tamaño en número relativos o absolutos, se relaciona con otros grupos semejantes o con el estado en función de sus características étnicas reales o supuestas, entendiéndose por características étnicas los elementos raciales, religiosos o nacionales que, ya sea en conjunto o aisladamente, dan identidad al grupo y lo distinguen de los demás; y cuando tales grupos tienen la capacidad, o simplemente el potencial, de organizarse políticamente para los intereses de sus intereses étnicos (1984: 135).
La dimensión política, por lo tanto, es un elemento central para abordar los problemas vinculado a las disputas de los sentidos en la arena de lo cultural y sus implicaciones con las identidades individuales y colectivas. Por lo tanto, “pueblo” y “etnia” no necesariamente son sinónimos, porque la denominación de una u otra, depende del grupo social en concreto, a su autoadscripción y aspiraciones políticas. Sobre todo, cuando estas categorías aluden a recursos disponibles, en términos de reconocimiento político en el marco de los instrumentos internacionales, cuando se
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presentan demandas de reconocimiento y aplicación de políticas públicas para el ejercicio de derechos culturales y políticos.
Es el caso de “pueblo”, un término vago que en el derecho internacional vigente ha adquirido importancia por estar ligado al derecho de la “autodeterminación”, como el “Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales” (C107, 1957) y el “Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales (C169, 1989) y la más reciente “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos los pueblos indígenas (2007). La Organización de Naciones Unidas (ONU) toma en cuenta al menos dos elementos para aplicar el concepto “pueblo” a una entidad colectiva: poseer una identidad evidente y características propias y una relación con un territorio, aún si éste hubiera sido expulsado y reemplazado por otra población (Villoro, 1999).
Sin embargo, la denominación de “pueblo” no sólo es central para demandar el derecho a la autodeterminación en el marco del derecho internacional, sino y, sobre todo, en las capacidades y posibilidades de agencia política de los pueblos y las comunidades que así lo demanden, al interior de los Estados y dentro del sistema interestatal. De tal forma que, la categoría “pueblo”, no es una categoría analítica en sí, de acuerdo con Wallerstein, refiera a la descripción de comunidades sociales, “un pueblo es como es o actúa como lo hace debido a sus características genéticas, su historia sociopolítica o sus normas y valores ‘tradicionales’ (1988: 122).
Una etnia, de acuerdo con Villoro (1999), cumple dos de las condiciones para identificar a una sociedad humana como una nación: “comunidad de cultura” y “conciencia de pertenencia”; pero no necesariamente las condiciones de “proyecto común” y la “relación con un territorio”. Por ejemplo, siguiendo los planteamientos del autor, la nación se podría conformar por una o varias etnias que mantienen un patrón cultural común, una unidad histórica y una referencia territorial. Otras etnias pueden constituir minorías dispersas en una sociedad, sin guardar su unidad.
Las etnias que conforman una nación pueden manifestar un proyecto histórico común y una existencia de autodeterminación frente a otros grupos y sólo “se constituyen así en interrelación con otros grupos, dentro de un espacio político. Pueden reivindicar una nacionalidad o considerarse una ‘minoría’ dentro de una
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nación o un Estado” (Villoro, 1999: 9-10), por lo que, desde la dimensión política, cultural y en el marco legal internacional, este tipo de grupos humanos, serían un pueblo y, por lo tanto, el derecho a la autodeterminación.
La participación política es clave en estos procesos en los que está implicada la dimensión política y se demanda la participación real de los pueblos y comunidades, desde sus prácticas culturales, en la toma de decisiones que afectan sus territorios, sus saberes y también la forma de gobierno nacional. Por lo tanto, su fuerza política estaría sustentada en la idea de un pasado que se experimenta de manera colectiva y esa experiencia es transmitida a las generaciones futuras, por una gran diversidad de formas, pero sobre todo en la decisión de continuar en el futuro.
Al respecto, Wallerstein sostiene que: “la idea de pasado hace que se actúe en el presente de manera distinta de lo que se hubiera actuado. Es un instrumento que se utiliza contra los demás y un elemento fundamental para socializar a los individuos, mantener la solidaridad del grupo y establecer o cuestionar la legitimación social. Por consiguiente, la idea de pasado es ante todo un fenómeno moral y por tanto político, y siempre un fenómeno contemporáneo” (1988: 122-123). A pesar de la utilidad política que la denominación de “pueblo” posee, junto con la de “Estado”, son de una enorme importancia institucional para el capitalismo histórico, como también advierte el autor. Por lo tanto, la dimensión política es un elemento estratégico para la agencia en la disputa por los sentidos culturales y la acción política. De hecho, en este uso de los sentidos, también se manifiesta una carga