Introduction

La Argentina ha sido uno de los primeros países en América Latina en introducir una legislación sobre la fi rma digital y el documento electrónico, dos componentes importantes del marco legal y los estándares tecnológicos básicos. En 1996 se reglamentaron los archivos digitales, estableciendo como órgano rector a la Contaduría General de la Nación. En 1997 se establecieron pautas técnicas para elaborar una normativa sobre fi rma digital con el fi n de difundir esta tecnología en el ámbito de

3 _{A fi nes de 2012 se publicaron los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de TIC (que}

tiene como período de referencia el tercer trimestre del 2011). El relevamiento de datos se realizó en el marco de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del INDEC y su diseño se ajustó a las recomendaciones internacionales. A partir de esta encuesta puede delinearse un patrón de acceso a “bienes TIC” a nivel urbano nacional (y desagregados por provincias y estratos etarios), cuyo perfi l básico es el siguiente: a) Acceso a teléfono fi jo y móvil: el 61,9% de los hogares urbanos argentinos tiene acceso a telefonía fi ja, en tanto que el 85,6% tiene acceso a telefonía móvil; b) Acceso a computadora portátil y de escritorio: el 40% de los hogares

urbanos tiene acceso a pc portátil, y el 81,1 a pc de escritorio; c) Acceso a Internet fi ja y móvil: el 23,7% de los

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la Administración Pública Nacional. También se emitieron pautas básicas para la integración de las páginas Web de la Administración Pública Nacional.

Sin embargo, la llegada de las TIC a la agenda pública nacional data del año 1998, momento en que se crea el “Programa Nacional para la Sociedad de la Información”. El objetivo del Programa era “promover el acceso equitativo, el uso y la apropiación social de las nuevas TIC, por considerarlo condición facilitadora de la inclusión social, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico y la cohesión de la sociedad en su conjunto”.

Hacia el año 2000 el énfasis estuvo puesto en ampliar la cobertura de acceso a Internet. Algunos esfuerzos como el Programa de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC)4 _{fueron la respuesta estatal ante la brecha de acceso, pero los resultados}

estuvieron muy alejados de las metas perseguidas. Las organizaciones estatales como la Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administradora Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y el del Trabajo y el de Acción Social también han desarrollando estrategias sectoriales de acceso e inclusión social. Acciones similares siguieron las provincias más grandes y las agencias descentralizadas, como el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El “Programa de Gobierno Digital” fue iniciado por el CFI en 2001 con dos componentes. Uno de ellos dedicado al seguimiento y relevamiento de las TIC en las provincias argentinas. El segundo componente estuvo representado por el área dedicada a la promoción de planes piloto de gobierno digital.

El cambio en la orientación política y económica que ocurre a partir del año 2002 como consecuencia de la crisis institucional que generó el colapso del plan de convertibilidad, reestructura la agenda pública. En 2003 se crea el Consejo Estratégico para la Sociedad de la Información y el Conocimiento pero sin consecuencias en términos prácticos. De allí en adelante se confi rma que el enfoque de “transición hacia la sociedad de la información” pierde peso como ideario de desarrollo. Las políticas relacionadas con las TIC pasarán a conformarse de acuerdo a los rasgos que supieron tener los programas de promoción sectoriales en tiempos de auge de la política industrial. A su vez, en los últimos años, el Estado recuperó un rol más directo en la producción y provisión de servicios, lo cual también reconfi guró el mapa de actores clave en el campo de las telecomunicaciones y los proveedores de contenidos audiovisuales.

En el plano del uso de las TIC por parte del Estado y con los primeros signos de salida de la fase recesiva en 2005, se presenta el Plan Nacional de Gobierno Electrónico. Nuevamente las TIC reaparecen en la agenda pública, pero esta vez vinculadas a la modernización de la gestión pública como eje de un nuevo modelo de sociedad. A través de este plan se puso en línea el portal del Estado Nacional, creado por la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la Jefatura del Gabinete de Ministros. Este portal cumple el objetivo básico de informar sobre el país mediante un canal centralizado de comunicación con el Estado, ofreciendo servicios a través de herramientas como la Guía de Trámites. Con el correr del tiempo la funcionalidad de las web estatales se complejiza, sumando servicios que facilitan la realización de trámites o el seguimiento de expedientes. Entre ellos destacan los cambios en ANSES, Por una Argentina con Mayores Integrados (PAMI), AFIP y la gestión del documento de identidad y pasaporte.

4 _{El Programa de los CTC tenía por objeto difundir las TIC entre las poblaciones de bajos recursos y alejadas de}

los centros urbanos, como también mejorar el acceso de la población a las mismas mediante el establecimiento

de los puntos de acceso públicos. En términos de resultados el Programa Argentin@Internet.todos, dentro de

cuyo marco se realizaba la radicación de CTCs, fue abandonado luego de la derrota del ofi cialismo en las elecciones de 1999 por no formar parte de las prioridades del gobierno sucesor (Bianco y Peirano, 2005).

Si bien excede al objetivo del presente trabajo, no se pueden dejar de mencionar hechos relevantes en la formulación de políticas públicas, específi camente orientadas a la promoción del sector productor de TIC. Luego de la devaluación del año 2002, el sector de software y servicios informáticos crece con gran vigor, apoyado en las exportaciones y las oportunidades de negocios del offshore outsourcing. Desde las políticas públicas se apuntala esta tendencia a través de la conformación del Foro Nacional de Software y Servicios Informáticos (2003). Al año siguiente se publica el Plan Estratégico 2004- 2014 y se formula el Plan de Acción 2004-2007. También en el año 2004 se promulga la Ley de Promoción de la Industria del Software que otorga benefi cios fi scales a las empresas, y se amplían los alcances del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) para incluir a las empresas de este sector. En 2005 se publica el documento Bases para un Plan Estratégico 2005-2015 de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, incluyendo un capítulo especialmente destinado al fomento del sector productor de TIC. En 2006 entra en operación el FONSOFT, fondo creado por la Ley de Promoción y destinado estimular la I+D en software, mejorar las carreras de Informática, fortalecer la certifi cación de calidad y promover nuevas exportaciones y proyectos. El apoyo fi nanciero se complementó en 2009 con la creación, por medio del decreto 678/09, de la Fundación Sadosky, entidad público privada que desarrolla sus actividades en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. A la fecha, la Fundación se encuentra en pleno funcionamiento desarrollando acciones tendientes a mejorar la formación de recursos humanos, incentivar la investigación científi ca y facilitar la incorporación de temas vinculados a las TIC en grandes proyectos de I+D. Tal como está expresado en varios de los documentos mencionados, el objetivo buscado ha estado centrado en fomentar la inserción internacional del sector, tanto por el lado de las exportaciones como por medio de la atracción de inversiones para emprendimientos vinculados a la prestación de servicios para clientes radicados fuera del país.

El compromiso de apoyo al sector de software y servicios informáticos fue reafi rmado en 2011. A través de la Ley 26.692, se extendió el régimen de promoción, con importantes benefi cios impositivos, hasta el 2019. Además se mejoraron un conjunto de procedimientos de adhesión de las empresas al régimen y se establecen mecanismos adicionales de acceso —por ejemplo, el derecho de acogerse al régimen por parte de personas físicas— que apuntan a sostener el nivel de desempeño sectorial alcanzado en el período 2004-2011.

Este conjunto de acciones fue creando un contexto para las actividades educativas, sociales y económicas, con un creciente protagonismo de las TIC. Sin embargo, no han sido muchas las acciones específi cas para incentivar la adopción de las TIC por parte de las empresas. Más bien, los avances que han realizado las pymes en el aprovechamiento de las TIC se explican a partir de la conformación de un entorno cada vez más favorable a la digitalización y el desarrollo de capacidades sociales para el uso de las TIC. En todo caso, entre las acciones específi cas dirigidas hacia las empresas se pueden destacar dos iniciativas: por un lado, dentro de la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas (Sepyme) del Ministerio de Economía de la Nación, se ha implementado el programa PRE (Programa de Reconversión Empresarial), con el objeto de brindar co- fi nanciamiento para adquisición de activos intangibles destinados a la reestructuración y el aumento del desempeño competitivo. Si bien no se trató de un programa especialmente diseñado para incentivar la inversión en TIC, puede considerarse que contribuyó a que las pymes incorporaran estas herramientas. El programa contempla cubrir el 50% de los costos en consultoría, capacitación y software como complementos para llevar adelante

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procesos de reestructuración empresarial y gestión de la calidad. También ofrece un componente de sensibilización empresarial destinado a familiarizar a los empresarios con las necesidades de adaptación a los nuevos patrones productivos y tecnológicos. El programa no fi nancia activos físicos (para lo cual es posible recurrir a otras fuentes, como los créditos del Banco Nación). El otro instrumento con líneas de fi nanciamiento similares es el FONTAR, que desde 2005 también ofrece recursos para que las empresas lleven adelante proyectos innovadores. En este contexto, una parte de los fondos ha sido utilizada para la adquisición de TIC, como se verá más adelante.

En síntesis, las políticas vinculadas a las TIC que se han implementado en Argentina no se han alejado de la tendencia general que puede observarse cuando se repasa la experiencia de otros países. Estas iniciativas se han concentrado en: i) estimular el avance tecnológico junto con las inversiones en infraestructura realizadas por las empresas proveedoras de tecnologías informáticas y comunicacionales (en términos de velocidad, capacidad de transmisión y cantidad de puntos de acceso en las regiones del país); ii) garantizar la conectividad y el acceso a equipamiento menor, con protagonismo de los préstamos subsidiados ante la restricción de recursos de los benefi ciarios; c) introducir nuevas formas de interacción entre las personas privadas y entre éstas y la administración pública, mediante la implementación de la fi rma digital, el documento electrónico y la estrategia de gobierno digital.

La infraestructura digital se ha expandido a gran velocidad y ha surgido un gran número de nuevos bienes y servicios. También se ha modifi cado la forma de llevar adelante los negocios ya existentes y han aparecido nuevos sectores y actores. Las relaciones interempresariales también han cambiado de forma general. Sin embargo, el peso de las políticas públicas en estas transformaciones parece haber sido reducido. El Estado ha sido más un objeto de esta transformación del paradigma que un sujeto activo con capacidad de conducir el proceso, o al menos de complementarlo de forma sustantiva. Recién en los últimos años el Estado ha ganado cierto protagonismo de la mano de las obras de infraestructura en materia de la red de fi bra óptica, las iniciativas vinculadas con la televisión digital y la decisión de participar como un operador comercial en el mercado de la telefonía móvil vinculado con la expansión de la banda ancha y el 4G. En materia de brecha digital destaca también el Programa Conectar Igualdad, que entre 2010 y 2012 entregó dos millones de equipos a estudiantes de la escuela media. De todos modos, estas acciones no agotan las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Oportunidades que en muchos casos requieren de las políticas públicas para aprovecharse de forma efectiva.