La vigilancia como rasgo institucional central y omnipresente de la vida social reside exclusivamente en las instituciones coercitivas, y éstas a su vez, de manera unilateral, determinan lo que se debe vigilar, pero el diseño de la cultura ciudadana abre luego la posibilidad de que los ciudadanos participen de dicha vigilancia, proponiendo lo que en esta dinámica servirá como plataforma en la construcción de la autorregulación, estrategia que en muchos casos puede ser vista como un paso fundamental para el logro de una co- vigilancia, ya que ésta no se concentra en un inspector, sino por el contrario, es multidireccional, ubicua y cuenta con la participación voluntaria de la ciudadanía, operando de forma coordinada o compitiendo entre ellos. Como ya hemos anotado, el gobierno de Mockus encontró la forma para movilizar a buena parte de la población mediante la creación de motivos que direccionaran la acción de los ciudadanos, es decir, por medio de un control social activo.
Esta aplicación de un sistema de vigilancia de masas por medio de un dispositivo de seguridad, busca tener la capacidad de entender, comprender y resolver problemas, es decir, tener conocimiento y lograr vislumbrar la realidad que lo rodea, intentando identificar amenazas reales y potenciales en el medio que se desarrolla la competencia entre individuos (Villamizar, 2004, p. 2), ya que su fin es reducir al máximo posible la incertidumbre sobre las acciones de dichos individuos, partiendo de que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede atentar contra la seguridad ciudadana, contra el orden público.
Según esto, la vigilancia institucional puede ser definida como toda información, procesada, contextualizada en la rama de decisiones encaminadas a enfrentar, neutralizar o
prevenir amenazas contra la seguridad en todo tiempo y lugar (Villamizar, 2004, p. 5). En esta lógica, los ciudadanos cumplen, una labor tanto operativa como informativa, y por lo tanto, se les pide cierto tipo de información: la que pueda atentar contra la institución o las actitudes que puedan traspasar los niveles aceptables dentro del orden público, para que el proceso de análisis y contextualización de la información no demande grandes esfuerzos y costos para las diferentes instituciones de control.
Bajo esta forma de vigilancia de masas, a la investigación policial se le otorgan tareas preventivas dejando en segundo plano la investigación criminal, contrario esto a su función de “esperar a que se cometa un delito para actuar, o que al menos haya evidencia irrefutable de un crimen que se está cometiendo” (Villamizar, 2004, p. 40). De lo contrario se está prejuzgando a quienes se acusan de actos ilícitos.
La carga de la prueba además, es mucho más exigente en el caso de la investigación criminal, pues uno de los principios fundamentales de un Estado Social de Derecho es la presunción de inocencia –toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario– mientras que en la inteligencia se invierte la carga pues, en aras de anticiparse a las acciones del enemigo, se supone que todo adversario es hostil hasta que se demuestre lo contrario. (Villamizar, 2004, p. 43)
Bajo esta premisa y desde la idea de seguridad ciudadana, los procesos pedagógicos y comunicativos en los planes de gobierno tienen como una de sus funciones, determinar adversarios hacia el futuro y estrategias para enfrentar hostilidades.
El ciudadano como inspector es dotado de nuevos elementos que asume como parte de su ejercicio de ciudadanía, pues está inmerso en una especie de consenso19 en el cual la institucionalidad tiene definido con claridad lo que desea vigilar, mientras que el ciudadano cumple la función informativa que se despliega en el mismo momento en que la institución abre espacios a la participación o integración comunitaria. En términos operativos estos espacios de participación son parte de un control social activo, pues son mecanismos encaminados a la construcción del consenso al poner objetos determinados ante la atención
19 Se plantea como una especie de consenso, ya que las finalidades de la sociedad están dadas desde la
de los individuos (Melossi, 1992, p. 162)20, como el discurso de la seguridad/inseguridad que tuvo y tiene un papel protagónico.
En estas condiciones el miedo cumple una labor esencial dentro del ejercicio de ciudadanía hasta aquí analizado, puesto que se ofrece un entorno cotidiano que se torna hostil, mientras la vida en comunidad se muestra como un escenario de guerra permanente, en el cual el individuo debe entrar en una constante búsqueda de la tranquilidad. Visibilizar y jerarquizar los sentimientos de inseguridad en la ciudad, se convierte en eje y argumento político, ético, económico y moral para la intervención de poderes gubernamentales, mediáticos y financieros, logrando así que los ciudadanos tengan otra percepción de la seguridad atravesada por una redefinición de las ideas relacionadas con la seguridad/inseguridad. En la práctica la autorregulación determina la participación ciudadana en las campañas institucionales para la recuperación de la seguridad en Bogotá, creando una zanja entre los ciudadanos que se preocupan por el orden y la tranquilidad en la ciudad, de los que se mantienen al margen de estas campañas pero que nunca logran escapar a los juicios y motivos de los “buenos ciudadanos” encarnados en los vocabularios de motivo creados para éstos.
Por lo tanto la autorregulación logra sacar de la institución la función de vigilar y controlar, descentralizándola e interiorizándola en los sujetos bajo el pretexto de la necesidad de participar para el logro de una mejor seguridad con sus aportes, que parecen más bien reclamos infundados pero que están dotados de una profunda carga institucional a la hora de interpretar la violencia como ejemplo del tratamiento del crimen, el control y la seguridad en la ciudad.
Un comportamiento de los individuos sometidos a vigilancia y como medio de ésta, es confiar su seguridad a la adopción de estrategias complejas que parecen prometer comodidad, eficacia y una menor incertidumbre. La autorregulación por lo tanto, puede
20 En el siguiente capítulo se hablará en detalle de los procesos participativos, al ser una política de la primera
definirse como un ejercicio policiaco ciudadano, donde a éstos se le dan elementos para juzgar a los otros. Estamos así frente a un código penal de carácter cultural que alcanza a tipificar como punibles ciertos comportamientos morales aceptados por la cultura anterior a la cultura ciudadana derivada de la institucionalidad. Recordemos que la moral a la que aludimos, está en función de la ley por la falta de conocimiento de las consecuencias de los actos; para la administración Muckus significa manejarse desde la idea del “saber a qué atenerse”, que es para esta administración la definición más simple de seguridad (Mockus, 2007, p. 27). Es ahí donde nace la necesidad de crear la llamada “Carta de civilidad, las reglas del juego”, un documento que “trata de dejar en claro que la insuficiencia de las autoridades distritales para responder a los desórdenes de la vida social es producto, en parte, del poco cumplimiento de reglas por la ciudadanía y que por ello es urgente desarrollar mecanismos de autorregulación de la sociedad civil” (IDCT, 1997, p. 2).
Desde esta perspectiva la carta de convivencia es un proyecto de normas que para su momento pretende remplazar el código de policía. La propuesta central de esta carta es la construcción en común de la autorregulación. “Autorregulación implica que las reglas se integren a nuestra forma de actuar, de entender el mundo y la vida, a nuestro sentido común, a nuestra cotidianidad, y se cumplan aun en ausencia de autoridades. La autorregulación es el punto de llegada de la mayor evolución que podemos tener como grupo social” (IDCT, 1997, p. 3). “La carta de civilidad, las reglas del juego” puso en marcha por primera vez en Colombia una seguridad supeditada al manejo pedagógico del orden público en la ciudad, que introdujo el concepto cultura, pero desde una perspectiva normativa.
En síntesis, podemos ver cómo bajo el manejo pedagógico de las políticas de seguridad ciudadana, la dinámica del ejemplo es fundamental para la reproducción de comportamientos en función del sistema legal, el cual bajo las constantes reformas a la institucionalidad y sobre todo a la autoridad, codifica en su corpus cada vez más y más mecanismos y estrategias de control que intervienen en las relaciones sociales, con un
objetivo último que es el mantenimiento del Poder. Por lo tanto, la vigilancia bajo esta perspectiva es un generador de poder por sí misma.
La concreción de este objetivo tiene como resultado que la sociedad y la vida en común se organicen alrededor de estrategias de vigilancia y control, donde el ciudadano no sólo es objetivo de estas estrategias sino también un medio, haciendo que sea participe de su propio control. La pedagogía de la vigilancia y el control es imprescindible en una política pública que pretende crear los fundamentos de una conducta específica, depositada en la idea del “buen ciudadano”, sujeto que adopta una forma binaria para juzgar a sus iguales, puesto que el “otro” es convertido cotidianamente en amenaza; así cualquiera entra a ser juzgado en los límites difusos de lo permitido y su contraparte, lo no permitido.
El ejemplo y la mirada vigilante de múltiples sujetos amplían los alcances mismos de la norma y los códigos legales, ya que no sólo buscan los comportamientos no permitidos, sino que la dinámica misma tiende a copar los espacios donde el sujeto tiene la capacidad de juzgar si un comportamiento es cultural o moralmente permitido, ahora los códigos legales de la mano de los culturales y morales también están tras la búsqueda y detección de lo “mal visto” con el fin de anticiparse y reducir las motivaciones para el rompimiento de los códigos y las leyes, y así reducir toda acción que pueda atentar contra el orden social.
2. LA POLITICA DE CULTURA CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL: BOGOTÁ 1995-1998
Con la posesión del Alcalde Antanas Mockus se pone en ejecución el “plan formar ciudad”21 que tiene como eje articulador la Política de cultura ciudadana definida como el “conjunto de hábitos, costumbres y comportamientos ciudadanos, y las reglas mínimas compartidas que orienten esos comportamientos, para generar sentido de pertenencia a la ciudad, facilitar la vida colectiva en la ciudad, promover que todos respetemos el patrimonio común y que reconozcamos que, como ciudadanos o funcionarios, tenemos deberes que compartir y derechos que respetar” (Saldarriaga y Salcedo, 1996, p. 5). Esta concepción se puede resumir en un intento de alinear el sistema cultural, el sistema moral y el sistema legal, bajo el objetivo de llevar al mismo punto las reglas formales e informales.
Antanas Mockus como líder de un proyecto electoral ganador (La Política de Cultura Ciudadana), está en condición de impulsar discusiones sobre qué es un comportamiento deseable y si debe o no tornarse obligatorio. Impulsar transformaciones culturales desde el poder político, implica la capacidad de promover comportamientos obligados por normas existentes, promover comportamientos no obligados pero reconocidos culturalmente como
21 Es de anotar que en el Concejo de Estado reposa una sentencia que declara la nulidad de este decreto por
extralimitación de funciones, pues desde un principio el Plan no tuvo el apoyo del Consejo Distrital, en donde se hicieron comentarios sobre los sesgos autoritarios de la propuesta. Ver: Colombia, Concejo de Estado, (1999, 26 de agosto) “Fallo 3882 de 1999, por el cual se anula el Decreto 295 del 1 de julio de 1995, por extralimitación de funciones”. Ver anexo 007: El Tiempo (junio 9 de 1995) “Disidencias en grupo de Mockus”, Bogotá, p. 2E
convenientes y promover ciertos valores. Es decir, la cultura ya no como facilitador del mantenimiento del orden social, sino del orden público; ahora, la cultura definida como una serie de comportamientos deseables estará ligada a la idea de control social. Para Foucault, “el surgimiento de tecnologías de seguridad (se dará) ya sea dentro de mecanismos que son efectivamente de control social, como en el caso de la penalidad, ya sea de mecanismos cuya función es provocar alguna modificación en el destino biológico de la especie” (2004, p. 26) (Paréntesis nuestros).
La cultura ligada al componente ciudadano entra a ser objeto de políticas culturales estructuradas por representaciones y Poder, definiendo la cultura ideal o deseada. Ya no es sólo la cultura especializada y organizadamente productiva, la susceptible de políticas culturales. La cultura cotidiana y sus sistemas inherentes en un contexto heterogéneo, lo diferente, son percibidos en los sistemas políticos como una causa de disgregación y ruptura del orden, al imposibilitar la racionalización y organización de una convivencia entre ciudadanos. Es decir, un concepto de cultura equiparado al de seguridad. Bajo la hipótesis de los tres sistemas reguladores (ley, moral y cultura), la cultura y formas de vida que están más arraigadas son el obstáculo para el logro de una mejor convivencia pacífica y armoniosa.
La Política de cultura ciudadana es un nuevo modelo de socialización, que tiene sus parámetros fijados en la construcción de un nuevo código que regule nuestras interacciones y comportamientos, y deposite en los ciudadanos parte de la responsabilidad en el mantenimiento de la convivencia. En este sentido, para que exista seguridad debe haber una buena convivencia regulada por el código y es necesario que los sujetos cumplan las leyes y regulaciones establecidas, interiorizándolas.
La cultura ciudadana como una política y como una estrategia de Poder abre un mundo, un sinnúmero de rituales y prácticas que junto con las intervenciones culturales crean nuevas culturas y demarcaciones del campo social. El individuo se transforma en parte de una tecnología más de control, y desde ahora velará por sus propios actos y actuara en relación
con el otro. La promoción de una nueva forma de convivencia e interacción, da como resultado un nuevo ejercicio de ciudadanía que altera ciertos códigos sociales, donde la denuncia y constante observación del otro se convierten en un rasgo fundamental para el mantenimiento del orden público. El resultado: nuevas formas de vivir, percibir e imaginar la ciudad, alterando los parámetros cruciales de la misma: la socialización primaria y la educación, la estructura de la familia y la comunidad, las comunicaciones y los intercambios, las formas de participación y la política, y las propias maneras de representación de la realidad (Brunner, 1999, p. 69).