Por encontrarnos en una de las últimas sesiones del Consejo Nacional de Acreditación de este año y en razón de la inminente variante en su dirección, he juzgado apropiado incluir en el informe de Presidencia previsto para hoy la mención de algunas circunstancias y tÁreas específicas del SINAES que considero que merecen nuestra pronta atención por constituir situaciones- problema no resueltas que – a pesar de haber sido tratadas en otros momentos – la urgencia de la cotidianidad; el creciente volumen de trámites que deben atenderse; la resistencia a perder el área de confort que ofrece la rutina e incluso del temor a la innovación – que no pocas veces se entiende como amenaza – parece que las han invisibilizado por un tiempo mayor al que nos aconseja la prudencia.
Como Consejo estamos aún en mora con la clarificación de ciertos conceptos y tÁreas esenciales, como la responsabilidad social que le ha sido asignada al SINAES en tanto que órgano oficial de acreditación; nuestras fuentes de competencia; el carácter oficial de nuestras acreditaciones y las responsabilidades e implicaciones que éste entraña; la forma en que el SINAES atiende su responsabilidad de coadyuvar en la creación y fortalecimiento de una cultura de calidad en la educación superior costarricense; la rigurosidad de nuestros procesos de acreditación como garantes de excelencia o acaso sólo de exigencias mínimas; el valor real de la acreditación oficial para la comunidad educativa costarricense y para la sociedad en general, e incluso, la definición de un concepto central – que para mí sorpresa, parece ser desconocido entre nuestros investigadores del área académica ya que recientemente me fue consultado de manera formal – ¿Cuál el concepto de calidad de la educación que asume el SINAES como base de su quehacer?
Aunque estamos convencidos, el cúmulo de temas que se apretujan en nuestras agendas semanales no nos ha cedido el espacio necesario para replantear el funcionamiento del Consejo Nacional para incorporar nuevos procedimientos que nos permitan atender con mayor presteza, rigurosidad y especificidad los temas relativos a decisiones sobre informes de autoevaluación, análisis de conclusiones de las evaluaciones externas, acreditaciones y re-acreditaciones, control del cumplimiento de los compromisos de mejora o solicitud de reconsideración de acuerdos de acreditación. La propuesta para establecer Consejos Consultivos diferentes del Consejo Nacional pero dependientes de éste, para atender la evaluación y recomendación de acreditación de carreras por campo disciplinario/profesional no ha podido abrirse campo en nuestras agendas. A esta circunstancia es preciso adicionar la dificultad aún no resuelta de no contar con la definición de referentes claros que nos permitan reducir las inconsistencias en la toma de las decisiones del Consejo. (El establecimiento de pesos porcentuales a los estandares o criterios y la
reducción de estos a una sola categoría son tÁreas muy positivas que se estan realizando en ese sentido)
Es aconsejable revisar los ámbitos de obligaciones y competencias de la dirección ejecutiva y del Consejo, con el fin de lograr una mayor rapidez de decisión y eficiencia del Sistema. Percibo una acción de la Dirección mucho más proclive a una administración de la rutina que a una posición de liderazgo que proponga y emprenda con vigor y decisión tÁreas innovadoras o construcción de visiones nuevas. Percibo allí una resistencia pasiva a la transformación, un reiterado afán de trasladar a terceros externos las tÁreas que implican creatividad para la transformación, cierta lenidad general y la búsqueda del apoyo de otras autoridades para soslayar disposiciones de la Presidencia del Consejo generando, con esto último, una relación cordial pero ni tan efectiva ni tan transparente como sería deseable.
Una responsabilidad nuestra como Consejo – en mi criterio de cumplimiento urgente – comprende la incorporación de cambios sustantivos en los procesos de evaluación y acreditación de las carreras y programas. La forma en que lo hemos venido haciendo durante una década ha sido satisfactoria pero ha empezado a evidenciar falencias que exigen una acción renovadora, emprendida sin dilaciones y con creatividad: desburocratización de los procesos; acciones que minimicen la lentitud e incumplimiento de plazos; diseño renovado de protocolos de ejecución de las acciones de evaluación y acreditación; remozamiento y validación formal de instrumentos de evaluación educativa, replanteamiento de los procesos de selección de especialistas para las diversas etapas del proceso de evaluación y acreditación (armonización con ANECA y RIACES); efectiva capacitación de los pares evaluadores armonizada con criterios internacionales (ANECA) y establecimiento de un protocolo estandarizado de trabajo que garantice una visita de evaluación externa normalizada; redefinición de los requisitos y procedimientos para la re-acreditación (obviando reiteraciones innecesarias y agilizando las acciones sin demérito de la calidad del proceso); establecimiento de acreditaciones diferenciadas según el rango de calidad de la carrera o programa evaluado: "Acreditación", "Acreditación con mención de excelencia", posición ante la propuesta de tipología de Universidades: Universidades de Investigación y Universidades de Docencia, entre otros muchos temas de esta naturaleza.
Dos problemas cuya atención en mi criterio es urgente pero que ha tropezado, según mi percepción, con desgano institucional y resistencias personales son, por una parte, el incremento realmente sustantivo del número de carreras y programas oficialmente acreditados y, por otra parte, la independencia funcional del SINAES en relación con su manejo administrativo y financiero. La atención de ambos problemas requiere creatividad, decisión, abandono de las áreas de confort que nos ofrece la rutina, trabajo más desafiante, incorporación de personal más especializado – que debemos aprender a mirar como fuente de enriquecimiento del equipo
SINAES y no como una amenaza profesional o como lesión a mi estado de comodidad – investigación y liderazgo.
En reiteradas ocasiones he señalado la significativa debilidad del SINAES – desde la perspectiva internacional de las agencias de aseguramiento de la calidad y de los organismos evaluadores de estas agencias – en razón del exiguo número relativo de carreras y programas que han sido acreditados por SINAES en una década, he incluso he señalado cómo esta circunstancia puede ser un escollo importante en la re-acreditación internacional del SINAES con INQHAAHE. Las respuestas siguen siendo tímidas, casi reducidas a un “sentarse a esperar” a que lleguen más solicitudes de acreditación e incluso, aunque parezca inverosímil, acciones de disuasión por parte de representantes de la administración para que las Universidades no presenten nuevos programas a los procesos de evaluación y acreditación, como fue el caso de las carreras de Biología de la Universidad Nacional a las que se aconsejó, en estos o parecidos términos, dejar para luego los trámites de incorporación pues por el momento SINAES estaba con mucho trabajo.
Situación semejante nos sucede con la necesidad de minimizar la dependencia de OPES y, en su lugar, obtener una independencia funcional gradual del SINAES. No es difícil comprender que la actual dependencia de OPES – aunque no ha implicado nunca intervención alguna en las decisiones académicas esenciales de SINAES – es entendida internacionalmente como una ausencia de independencia de la agencia y, en consecuencia, contraria a las buenas prácticas mundialmente aceptadas. Entiendo y estoy de acuerdo con que los procesos que encaminan a una independencia funcional deben ser graduales y, en todos los casos, respetuosos de los derechos legítimamente adquiridos por los funcionarios, pero percibo que su avance se encuentra obstruido por la abulia y la resistencia que se nutre del temor de ver disminuidos derechos, incrementados deberes o rotos los esquemas de rutina institucional. El Consejo Nacional ha adoptado ya las decisiones macro más importantes pero el cumplimiento cabal de éstas marcha a paso lento y con evidentes resistencias.
En el campo del manejo financiero, mantenemos aún pendiente la gravísima situación de la presunta apropiación delictuosa de dineros públicos por uno de nuestros funcionarios. Si bien se han cumplido con la investigación detallada de los hechos por la Auditoría, la denuncia formal ante el Ministerio Público para proceder con el proceso penal y el trámite administrativo para el despido del funcionario; hemos tropezado con situaciones complejas provocadas, precisamente, por la dependencia funcional del SINAES en materia de administración de sus recursos humanos propios. El proceso se ha alargado mucho más de lo esperado y nos mantiene en una situación de difícil indefinición en relación con las tÁreas específicas que corresponden al administrador del SINAES y con el nombramiento en propiedad del funcionario responsable de ellas. A esto se suma la necesidad de que el
Consejo asuma una posición clara frente a los hallazgos de la consultoría externa que estudió “las opciones para optimizar el sistema de control de las compras y contrataciones del SINAES con el fin de lograr una ejecución presupuestaria eficiente y confiable, partiendo de un estudio detallado de la organización, lineamientos, procesos y estudios relacionados”. Ese estudio señala presuntas serias fallas de la administración del SINAES que implican incumplimiento tanto de la Ley de Control Interno como de las tÁreas de las que es responsable la Dirección según el Manual Institucional de Puestos, a saber: “dirigir, organizar, coordinar, gestionar y controlar las actividades académicas y administrativas del SINAES, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Consejo”. Estas situaciones son de obligado análisis y decisión del Consejo en tanto que estamos en presencia de un uso ilegitimo de fondos públicos y la ley establece que “El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable” (Art 39, Ley General del Control Interno, Causales de responsabilidad administrativa)
De no menor importancia es la decisión que tenemos que tomar en torno a la capacitación del personal académico del SINAES en el campo de la Evaluación Educativa. Las acciones esenciales que se realizan en el SINAES son específicamente tÁreas que se enmarcan en el ámbito de la Evaluación Educativa. Cierto es que nuestro personal académico – sin ser especialistas en esa disciplina – ha cumplido satisfactoriamente con sus responsabilidades, sin embargo, no es menos cierto que es impostergable una formal capacitación del equipo del SINAES en el campo de la evaluación educativa con énfasis en áreas conceptuales y metodológicas. Las propuestas de capacitación y formación que nos ofreció la Maestría en Evaluación Educativa de la Universidad de Costa Rica y que trasladé a la Dirección no fueron, en su momento, acogidas favorablemente. Se argumenta que nuestros funcionarios académicos tienen formación de alto nivel académico en otras disciplinas y que estan realizando estudios adicionales en ellas. Esto es cierto y sobre la calidad académica y profesional de nuestros investigadores no cabe duda alguna, sin embargo, para su óptimo desempeño en tÁreas de evaluación educativa ello no basta. Es importante poner en marcha procesos formales de capacitación en Evaluación Educativa que fortalezcan los elementos conceptuales y metodológicos y a los que podamos todos sumarnos con actitud positiva de aprendizaje, sin desgano ni desdén.
Sin ánimo de ser exhaustivo en esta apretada relación de situaciones- problema no resueltas, menciono la necesidad de otorgar prontamente mayor valor efectivo, real y evaluable a la acreditación oficial de carreras, que sean estímulo efectivo a la incorporación de las universidades a estos procesos procurando con ello nuestro objetivo final que es el fortalecimiento
de la calidad de la educación superior costarricense. En este campo, pese a la reiterada voluntad expresada por la Vicepresidencia de la República para impulsar acciones de transformación legal, no hemos sido prontos en la elaboración de propuesta de modificación legislativa que fortalezca los alcances de la acreditación oficial, incluyendo alternativas correspondientes a la obligatoriedad de la acreditación o un mayor establecimiento efectivo de incentivos a carreras y egresados.
Artículo 4. Análisis de la Revisión del 3er. Informe de Avance de