4.5 Conclusion
5.4.1 Land use and cover changes
• Fortalecimiento de la gobernanza de los bosques y sistemas de vida a través de la consolidación de un contexto institucional favorable para el manejo integral y sustentable de los bosques y la madre Tierra, incluyendo: i) el fortalecimiento de la seguridad jurídica con relación a los derechos propietarios agrarios y forestales; ii) procesos autonómicos para la gestión de los bosques y ecosistemas, y iii) el desarrollo de capacidades técnicas, organizativas e institucionales locales con énfasis en lo comunitario.
• Implementación de procesos participativos de planificación y gestión territorial en municipios,
autonomías indígena originario campesinas, territorios indígena originario campesinos u organizaciones comunitarias, según corresponda, con enfoque de mitigación y adaptación al cambio climático,
incluyendo referencialmente: i) el desarrollo de procesos de diagnóstico, mapeos participativos, identificación de zonas de vida y análisis de escenarios e impactos del cambio climático; ii) el ordenamiento del territorio de acuerdo a sus potencialidades, limitaciones, oportunidades y riesgos, identificando sistemas de vida y sistemas productivos sustentables a cada zona de vida; iii) estrategias de desarrollo integral y acciones estratégicas institucionales incorporando sistemas normativos y de monitoreo integral.
• Concertación de metas comunes entre múltiples actores: en municipios, autonomías indígena
originario campesinas, territorios indígena originario campesinos u organizaciones comunitarias, según corresponda, con relación a indicadores conjuntos de mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo al conjunto de actores públicos, comunitarios, privados y propietarios agrarios.
• Aplicación integrada de instrumentos de regulación, promoción, fiscalización y control en el marco de transferencias condicionadas al cumplimiento de indicadores conjuntos de mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo referencialmente: i) instrumentos de regulación: de apoyo al manejo integral y sustentable de los bosques con criterios regionalizados; ii) instrumentos de promoción: apoyo financiero y no financiero para el manejo integral y sustentable de los bosques; iii) instrumentos de fiscalización: supervisión al cumplimiento de los instrumentos de gestión para el manejo integral y sustentable de los bosques; y iv) instrumentos de control: sanciones al uso no planificado del manejo integral y sustentable de los bosques.
• Monitoreo de indicadores conjuntos de mitigación y adaptación, en el marco de un sistema plurinacional de monitoreo holístico e integral de bosques y la Madre Tierra, según corresponda.
Fuente: Tomado de la Propuesta de Decreto Supremo Reglamentario de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (Gobierno de Bolivia 2013).
Mediante los PGIBT, las comunidades planificarán el uso del suelo desde una perspectiva local, lo que ofrece la oportunidad de llegar a resultados realistas con apropiación de los actores que los pondrán en práctica. Sin embargo, no queda claro todavía de qué manera esas iniciativas locales se compatibilizarán con una planificación a nivel nacional. La ley 337 permite la conversión de un 20 % de las tierras forestales en tenencia colectiva56
a sistemas agroforestales. Los PGIBT también están pensados para unidades administrativas en niveles superiores como municipios. A mediano plazo también se piensa reemplazar las concesiones forestales por PGIBT.
Para la implementación del Mecanismo Conjunto, la ABT tendrá un rol clave como institución fiscalizadora. También será crucial el rol del INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal), que tendrá a su cargo la tarea de coordinar el apoyo técnico que se brindará a actores locales. Una de las responsabilidades de la APMT será la de asegurar la coordinación institucional, tarea bastante difícil sin duda alguna.
4.6 Las perspectivas de los diferentes actores sobre REDD+
Bolivia se posicionó entre los primeros países en promover un mecanismo REDD cuando este apareció en la agenda internacional, en coordinación con agencias internacionales de cooperación, particularmente el Banco Mundial y Naciones Unidas. Esta posición emergió desde el PNCC que mantenía las visiones previas al Gobierno del MAS, alineadas con la perspectiva internacional. No obstante, entró en contradicción con las posiciones más críticas surgidas desde la propia Presidencia de la República y el equipo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta posición se impuso y fue compartida por los resultados de la Cumbre de los Pueblos, que estableció una crítica abierta a los mecanismos de mercado adoptados por REDD+.
En Bolivia, el enfoque REDD fue abiertamente promocionado por algunas ONG nacionales de corte conservacionista, como la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) y otras ONG
56 Que pertenecen a poblaciones indígena originario campesinos, afrobolivianos y comunidades interculturales.
internacionales de conservación como TNC y CI. También existió un fuerte impulso por parte de los programas promovidos por organizaciones internacionales, principalmente por la cooperación alemana, el FCPF del Banco Mundial y después UNREDD, quienes constituyeron los actores principales impulsores de REDD. Gradualmente, otros actores de la sociedad civil se incluyeron en estas negociaciones, como la CIDOB,
representando a los grupos indígenas de las tierras bajas, quienes luego serían parte del proyecto piloto “REDD Amazonia” de FAN.
Otros actores estuvieron poco presentes en la primera fase de las discusiones sobre REDD+ en Bolivia, incluyendo autoridades del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (2007 al 2010), quienes luego promovieron una línea de REDD sin mercado. Sin embargo, la crítica a REDD+ como un mecanismo de mercado se hizo más fuerte desde la propia Presidencia de la República de Bolivia, promoviéndose la constitución de un mecanismo alternativo a REDD+ en un enfoque que no esté basado en los mercados.
Se han presentado discrepancias entre las organizaciones sociales sobre REDD+. Mientras que en cierto momento la CIDOB asumió posiciones críticas, en otro momento esta organización asumió una posición favorable a la promoción y constitución de acciones REDD en Bolivia, como lo confirman las resoluciones de la III Comisión Nacional llevada a cabo en junio de 2011: “Se autoriza a la CIDOB y a las regionales a suscribir convenios con el Banco Mundial y otros organismos internacionales para financiar distintos programas REDD y otros asociados a los servicios ambientales” (CIDOB 2011). Por otra parte, las organizaciones campesinas originarias e indígenas articuladas en la CSUTCB, CSCIB- BS y CNMCIOB-BS rechazaron REDD en un comunicado público del año 2011: “Los países desarrollados tienen que reducir sus emisiones en su territorio y no a través del mecanismo de REDD y el mercado de carbono. La fuente de financiamiento para REDD no puede venir del mercado de carbono. Las políticas de REDD no definen beneficios como la verdadera conservación. Rechazamos la mercantilización de los bosques y de las selvas. El bosque y selva no es solamente sumidero de carbono. Es el mantenimiento de la biodiversidad. La reforestación por las empresas
con un sentido comercial no debe ser incluido en el mecanismo de REDD” (Pacto de Unidad 2011). No obstante, una vez que el Gobierno de
Bolivia definió una posición sobre el mecanismo alternativo a REDD+, el CIDOB manifestó que a pesar de las diferencias sobre temas coyunturales, esa organización tenía la apertura y voluntad para trabajar en propuestas conjuntas con el Gobierno central (CIDOB 2012). El Gobierno de Bolivia ha convocado a diversas ONG de conservación y desarrollo para conformar un equipo técnico de apoyo al Mecanismo Conjunto. A pesar de que el Mecanismo Conjunto tiene categoría de ley, su aprobación ha contado con poco apoyo de algunos sectores públicos, privados y comunitarios. Asimismo, todavía no han surgido posiciones claras sobre esta propuesta, en un
ambiente bastante marcado por visiones a favor o en contra del mecanismo REDD+. Falta esperar la puesta en práctica del Mecanismo Conjunto puesto que aunque se han definido los ámbitos en los que va a apoyar, tal como se menciona en el recuadro 7 (véase DS. 1696, Art. 13, II), aún no es muy explícito en cuanto a los procedimientos a través de los cuales se van a implementar esos diferentes procesos. Es importante anotar que la mayor virtud del Mecanismo Conjunto ha sido posiblemente crear un espacio dentro del gobierno de Bolivia para discutir de forma más positiva temas de gestión de tierras y bosques dentro de una perspectiva más amplia de mitigación y adaptación al cambio climático, y ofrecer un espacio de debate a las organizaciones sociales y ONG en un marco institucional de colaboración en diferentes escalas.
Esta sección analiza las posibles soluciones para reducir la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia, y también discute la eficacia de las actuales políticas públicas para contribuir a ese objetivo. En la primera parte se exploran algunas medidas potenciales para mitigar la deforestación y degradación desde una perspectiva técnica, sin analizar todavía el actual contexto político. En la segunda parte se evalúan las actuales políticas bolivianas con relación a bosques y cambio climático. La sección concluye con un análisis de las llamadas “3E” de esas políticas; es decir, la efectividad: lograr reducciones significativas de emisiones; eficiencia: reducir emisiones a un costo mínimo; y equidad: distribuir beneficios y costos de manera equitativa. Toda la sección se entiende también como una contribución orientada a los formuladores de políticas sobre los caminos que sería posible seguir para avanzar hacia la consecución de las 3E en la reducción
de la deforestación y degradación y una mejor conservación de los bosques.
5.1 Posibles medidas para reducir la deforestación y degradación forestal Para enfrentar las causas directas y subyacentes de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia, es importante adoptar un marco de políticas que responda a diferentes situaciones a lo largo de la “transición forestal”; es decir, a las diferentes fases de conversión de bosques a otros usos (Angelsen y Rudel 2013). Por ejemplo, para áreas con fuertes presiones de deforestación, como las que se presentan en el norte de Santa Cruz, en la Chiquitanía o en los alrededores de Guayaramerín, se requieren acciones diferentes en comparación con áreas donde existen bosques más estables, como en muchas partes de la Amazonia