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Se puede establecer brevemente que los estudios recientes sobre los movimientos

y organizaciones en la Argentina contemporánea se concentraron en las transformaciones de la acción colectiva como se viene planteando en los años posteriores a la última dictadura militar, tematizando fundamentalmente la relación entre el Estado y la sociedad. En este punto se encuentran, por ejemplo, las investigaciones sobre los denominados movimientos sociales a partir de estudios sobre las organizaciones de derechos humanos, al mismo tiempo que la aparición de otros sujetos que se diferenciaban de los sindicatos o partidos tradicionales. Es decir que se propagan estudios sobre un conjunto de nuevos actores que se entendían como portadores del proceso de democratización que se estaba atravesando en la sociedad (García Delgado, 1994; Jilin, 1994; Viguera, Torti y Camou, 2008; entre otros).

En este punto es importante señalar que la relación de los movimientos sociales

y la política ha sido objeto de muchas controversias. Para Retamozo (2011), ya en los orígenes de la discusión sociológica sobre el tema, el vínculo de las acciones colectivas con el sistema político fue un punto de análisis privilegiado por gran parte de los estudiosos. Especialmente por aquellos preocupados por los “déficit” de participación ciudadana y por la estabilidad de las democracias liberales frente a un conjunto de demandas insatisfechas que se expresaban mediante acciones de protesta. Los estudios sistémicos, particularmente, les otorgaron una función a estos actores como respuesta al agotamiento de las formas de representación basadas en los partidos políticos (Offe, 1985 y 1988). La tematización de problemas sociales a los que el sistema político resultaba insensible pareció ser la función de los movimientos de protesta, especialmente verdes, pacifistas o feministas.

En América Latina por su parte, en la década del setenta, los estudios sobre los

movimientos sociales, encontraron para Retamozo (2011) “ciertas dificultades para

desarrollarse como en los países centrales” puesto que mientras la idea de “nuevos”

movimientos proliferó para designar a acciones colectivas con demandas ciudadanas y pos materiales, en la región seguían predominando movimientos de viejo cuño: obreros y campesinos que establecían también relación con otros movimientos como los

32 estudiantiles o los grupos armados. En la década del ochenta, en el contexto de las transiciones a la democracia en varios países del subcontinente, la preocupación por los movimientos sociales se reinstaló de la mano de la pregonada idea del “resurgimiento de

la sociedad civil” como instancia a fortalecer para obtener democracias representativas

estables. (Calderón, 1986 y 1995; Calderón y Jelin, 1987).

Hacia la década del noventa, en los momentos de consolidación de las políticas

neoliberales que reestructuraron el orden social, emergieron o se visibilizaron diversos movimientos que pusieron en cuestión situaciones de subordinación producidas en las sociedades latinoamericanas. Algunos de estos movimientos pueden considerarse nuevos, pero otros venían gestándose subterráneamente (y no tanto) a lo largo de la historia como los movimientos indígenas y campesinos. En este contexto Argentina fue escenario de una heterogénea gama de experiencias de resistencias que adquirieron visibilidad en los años neoliberales.

La atención se iría corriendo entonces hacia el estudio del surgimiento de formas

de protesta y nuevos repertorios de acción colectiva relacionados con las políticas de apertura económica y ajuste neoliberales. Con la aparición en escena en el año 1996- 1997 de los “movimientos de desocupados” se termina de consolidar un campo de estudio que recorre distintas preocupaciones y puertas de entrada al tema en cuestión en relación a si los movimientos sociales constituyen o no una novedad o si el eje de la lucha sigue siendo la clase obrera; otro conjunto de estudios pusieron el énfasis en la acción colectiva; otros, en el tema de la identidad; a su vez, algunos autores se ocuparon de estudiar específicamente las formas de protesta. En dicho campo de estudio se destacan las investigaciones de Iñigo Carrera y Cotarelo (1998), Iñigo Carrera y Cotarelo (2002), Schuster (2001), Pereyra y Svampa (2001, 2004), Auyero, (2002), Merklen (2003) y Delamata (2005), entre otros.

A partir del año 2003, se visualiza una nueva dinámica política de los

movimientos sociales caracterizada por las transformaciones en las formas de la acción colectiva y en especial por las modalidades de vinculación con el Estado que motiva intensos debates acerca de esta participación que algunos autores interpretan en clave de

33 “captación” o “cooptación” (Boron, 2007; Svampa, 2006; Campione y Rajland, 2006; etc.). No obstante, en los últimos años también encontramos trabajos que cuestionan tales hipótesis de “cooptación” y empiezan a problematizar de manera diferente la dinámica de los movimientos y organizaciones sociales en las presidencias de los “Kirchner” (en alusión a los gobiernos de Néstor Kirchner y los dos últimos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner). Estos trabajos (Pereyra, Pérez y Schuster, 2008; Massetti, Villanueva y Gomez; 2010; Natalucci; 2012; etc.) comienzan a analizar las relaciones ente organizaciones, movimientos y el gobierno como “decisiones conscientes” ante el desafío de las organizaciones de reposicionarse, en palabras de Schuttenberg, “…frente a un gobierno que construye legitimidad apelando a la

oposición al modelo neoliberal a través de un imaginario productivista que recuperaba buena parte de las demandas que habían permitido la articulación de la protesta”

(Schuttenberg ,2014; 39). En esta dirección se encuentran estudios que se concentran en el proceso de institucionalización de las organizaciones (Gómez y Massetti, 2009; Pérez; 2010; Perimirte 2010; etc.).

Para Retamozo (2011) al menos tres cuestiones es necesario atender para

comprender el vínculo del kirchnerismo con los movimientos sociales. La primera, relativa a la necesidad de ejercer el gobierno sobre un robusto y a la vez heterogéneo campo movilizado, producto de las resistencias al neoliberalismo en los años noventa y de la experiencia del 2001.

La segunda, referida a la intención de representar a buena parte de esas demandas

movilizadas hacia el sistema político. Y la tercera, referida al giro a la izquierda en América Latina, representado por los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador – a los que se suma Argentina-, experiencias que eran tomadas como síntomas de un cambio de época y que fueron antecedidos por distintas formas de protesta y movilización social. Todas - o la gran mayoría- de estas experiencias fueron calificadas (o mejor expresado) –descalificadas- como “gobiernos populistas”, aspecto que retomaremos en el apartado siguiente.

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c) Los movimientos en el kirchnerismo y la reactualización del debate