Pese a que cada vez se tiene más conciencia de los problemas sociales que lleva aparejados el
aumento de la desigualdad, el diseño de la política fiscal de numerosos países sigue basándose en la
creencia de que, para obtener el máximo bienestar posible en una sociedad, es necesario minimizar la intervención del Estado no solo en la economía en
general, sino también en los esfuerzos por lograr una distribución de los ingresos más equitativa. Sin embargo, las reformas fiscales favorables al merca-
do emprendidas en las tres últimas décadas sobre
la base de esta opinión no alcanzaron su objetivo. Cuando los elementos redistributivos de los sistemas
tributarios se debilitaron, reforzando la tendencia hacia una mayor desigualdad, el aumento de la pro-
porción del capital en el PIB no vino acompañado,
como se esperaba, de un incremento de las inversio-
nes en capital fijo.
Eso demuestra que atender principal o exclu-
sivamente a la incidencia formal de los impuestos y otras cargas públicas (es decir, la reducción evidente
de los ingresos de las personas que deben pagar más impuestos) conduce, las más de las veces, a un juicio
erróneo sobre los efectos globales de las medidas fiscales. Esa opinión no tiene en cuenta los beneficios
que se derivan para el conjunto de la economía de una distribución más equitativa de los ingresos y la
el lado de los ingresos como por el lado del gasto.
En primer lugar, existe un provecho social para los
contribuyentes, aunque puede no ser proporcional a la carga tributaria de cada grupo de ingresos. Ese
provecho consiste en beneficios directos, en forma de servicios públicos generales y mejoras en la infraestructura, y en beneficios indirectos para todos, consistentes en una paz y una cohesión sociales
mayores cuando los ingresos se invierten de modo que contribuyen a reducir la desigualdad y la pobre- za, y a prevenir la corrupción y el delito.
En segundo lugar —y probablemente más
importante— están los efectos del gasto presupues- tario en la demanda agregada y los ingresos reales. Independientemente del modo
en que se financie, el gasto público influye directamente en
los ingresos. Los ingresos del Estado se revierten en la eco-
nomía como gasto público que se añade a la demanda privada. Muchas veces se olvida que el efecto neto sobre la demanda de
un aumento del tipo impositivo medio y, paralelamente, del
gasto público total, es positivo,
ya que algunos de los desembolsos fiscales adicio-
nales se producen en detrimento del ahorro de los
contribuyentes, mientras que el gasto de los ingre-
sos fiscales favorecerá un aumento de la demanda agregada equivalente al total del rendimiento fiscal (Haavelmo, 1945).
El diseño de la política fiscal debería tener tam-
bién en cuenta los efectos indirectos de la estructura fiscal en la demanda, puesto que influye en la pauta
de ingresos netos disponibles en los distintos grupos de la sociedad. El consumo agregado y el incentivo para que las empresas privadas inviertan en capital
fijo son mayores cuando unos determinados ingresos
nacionales se distribuyen de manera más equitativa, porque los grupos de rentas más bajas destinan al consumo un mayor porcentaje de sus ingresos que los grupos de rentas más elevadas. Esto reviste espe- cial importancia cuando el desempleo es elevado o va en aumento.
Por consiguiente, la redistribución por la vía
fiscal podría redundar en beneficio del conjunto de
la sociedad, especialmente cuando la desigualdad
es más acusada, como sucede en muchos países en
desarrollo. La experiencia de los países desarrolla- dos lo corrobora, puesto que en los tres primeros decenios de la posguerra las tasas de inversión no
eran más bajas —sino que, de hecho, a menudo fueron más elevadas—, aun cuando los impuestos sobre los beneficios y las rentas más altas eran superiores a los vigentes tras las amplias reformas fiscales practicadas posteriormente. Existen razones
de peso para pensar que la disposición de los empre- sarios a invertir en nueva capacidad productiva no
depende principalmente de los beneficios netos en
un momento dado, sino de sus expectativas con
respecto a la demanda futura de los bienes y ser- vicios resultantes de esa capacidad adicional. Esto
reviste especial importancia
cuando se examina el efecto
general de un incremento del
impuesto de sociedades. Si se
utiliza el aumento de los ingre-
sos fiscales para incrementar el gasto público, mejorarán las
expectativas de las empresas respecto de una expansión de
la demanda. Ese efecto sobre la
demanda es independiente de si
el gasto público adicional adop-
ta la forma de consumo público, inversión pública o transferencias sociales. Cuando el nivel de inversión en capital fijo se mantiene como consecuencia de una expectativa favorable de la demanda, los beneficios brutos aumentarán y en general también lo harán los beneficios netos, pese a la subida inicial de los
impuestos. En el proceso, se crearán más ingresos y puestos de trabajo para el conjunto de la economía.
Sobre la base de estas consideraciones, el papel de las medidas fiscales como instrumento para esti- mular la actividad económica y mejorar al mismo tiempo la distribución de los ingresos puede contem-
plarse desde una perspectiva distinta. Efectivamente,
es probable que el margen para utilizar los impuestos
y el gasto público con el fin de reducir la desigualdad
sin poner en peligro el crecimiento económico sea
mucho mayor de lo que se supone. Si se gravan las
rentas elevadas aplicando baremos progresivos no se elimina la ventaja absoluta de las personas más acaudaladas ni se suprime el incentivo para que los empresarios innoven y asciendan en la escala de los ingresos. Los impuestos sobre el patrimonio y las sucesiones pueden considerarse incluso como un El margen para utilizar la
progresividad fiscal y el gasto público con el fin de reducir la desigualdad y apoyar el crecimiento económico es mayor de lo que se supone.
medio para incentivar a la generación siguiente a emprender actividades económicas de manera que se maximicen los resultados para toda la sociedad en
lugar de depender de las fortunas heredadas.
2. Fiscalidad, distribución y crecimiento