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Las principales fuentes para recabar información sobre las denuncias son las estadísticas oficiales, las encuestas de victimización y los datos que ofrecen los estudios clínicos realizados por los servicios médicos o sociales encargados de atender a las víctimas de violencia de género (Vázquez-González, 2010). Los servicios médicos, sociales y asistenciales recogen datos de aquellas mujeres gravemente maltratadas, pero las muestras no son representativas y ofrecen información limitada de la extensión de esta violencia (Garner y Fagan, 1997). Las estadísticas oficiales (policiales, judiciales y penitenciarias) reflejan datos de las acciones constitutivas de violencia de género tipificadas legalmente como tal; no obstante, según Baldry (2002), alrededor de la mitad de las mujeres víctimas de maltrato no denuncian los hechos a la policía.

Según Alberdi y Matas (2002), los datos que habitualmente se manejan son de carácter jurídico, donde se recoge el número de denuncias realizadas así como los datos que se refieren a los recursos que se han utilizado, tales como las casa de acogida y centros de emergencia en el caso de España. No obstante, en general, existen múltiples factores que influyen en la no interposición de denuncias por violencia de género entre los que se encuentran, por ejemplo, considerar que la violencia en el seno familiar sea un hecho aislado dentro del ámbito privado y no un problema social, que se normalice la violencia en las dinámicas familiares y que las víctimas se atribuyan la responsabilidad de provocar los actos violentos debido a los mitos y actitudes sexistas de las sociedad. A esto se añade la percepción de las mujeres de la inexistencia de servicios que las apoyen en su problema o que esos servicios sean ineficientes, inadecuados e, incluso, perjudiciales (OPS/OMS, 2000).

La gravedad del problema sobre el escaso número de denuncias, debido a la tendencia a no denunciar la violencia de género por múltiples factores, queda reflejada en los índices de prevalencia internacionales. Por eso resulta muy difícil calcular la cifra exacta de mujeres maltratadas a nivel mundial (Olivenza, 2010). Además, según la misma autora, es posible que en la violencia de género crónica aparezcan fluctuaciones

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en la conducta de la persona denunciante, que pasa de ocultar el hecho a la exageración y, como consecuencia de algunos cambios en las circunstancias, vuelven a ocultar la violencia padecida en un movimiento ondulante en el tiempo. Esto puede deberse al estado grave de confusión que genera que la misma persona que ofrece afecto le cause sufrimiento (Roca y Masip, 2011).

Algunos autores han afirmado que las denuncias sólo suponen un 10% del total de los casos de violencia de género (Medina, 1994; Gulotta, 1984). Según Sarasúa, Zubizarreta, Echeburúa y Corral (1994), se estimaba que sólo del 5% al 30% de los casos se denunciaba. Otros trabajos muestran que el número de denuncias se encontraba entre el 5% y el 30% de los casos (Caño, 1995; Corral, 2004; Echeburúa y Corral, 1998; Sanmartín, Farnós, Capel y Molina, 2003; Sanmartín, Molina y García, 2003).

El estudio realizado por el Instituto de Salud Pública del Gobierno de la Comunidad de Madrid (2003) reveló que de 18.747 casos registrados por haber padecido violencia física, sólo fueron interpuestas un total de 4.506 denuncias por violencia de género (24%) (Andrés-Pueyo et al., 2003). En un estudio realizado en Granada, sólo el 15% de las víctimas intentó resolver la situación mediante la denuncia a la policía (Ruiz-Pérez et al., 2004). Datos aportados por el Ministerio del Interior de España en 1997 mostraron que sólo un 5% de las mujeres maltratadas denunciaron su situación de maltrato (Olivenza, 2010).

Una década después, también en España, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2007) reportó que cerca del 11% de las mujeres víctimas de violencia de género denunciaron la situación de maltrato. El porcentaje de denuncias ha ido en aumento cada año y lejos quedan las 16.000 denuncias en el año 1985 respecto a las 142.125 denuncias registradas en el 2008. Sin embargo, cerca del 10% de estas denuncias terminan siendo retiradas (Olivenza, 2010). Además, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (2014) muestra que, del total de denuncias presentadas en los juzgados de violencia de género (126.742), sólo el 7,71% fueron presentadas directamente por la víctima.

En Latinoamérica, según la OMS/OPS (2012), los comportamientos de búsqueda de ayuda por parte de las mujeres que sufren violencia varían significativamente de un país a otro. Entre las mujeres que habían sufrido violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses, el porcentaje de las que habían hablado con familiares o amistades en

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Honduras era del 29,3 % y casi dos tercios (65,5 %) en El Salvador. El porcentaje de las que habían solicitado ayuda de alguna institución variaba entre un 8,2 % en Ecuador y un 36% en El Salvador; y en todos los países fue inferior el porcentaje de entre quienes acudieron a alguna institución respecto a aquellas víctimas que recurrían a familiares o amistades. Las mujeres mencionaron muchas razones diferentes por las cuales no habían pedido ayuda, entre ellas, vergüenza, temor a represalias, no saber dónde ir y/o no creer que alguien les ayudaría. Una de cada tres mujeres nicaragüenses que experimentó violencia de género no se lo contó a nadie, siendo más frecuente en mujeres jóvenes de 15 a 19 años (50%) (Bolaños et al., 2009).

Estudios realizados hace más de 20 años muestran que denunciar a la pareja no parecía ser una conducta aprobada socialmente (Casas y Vargas, 2011). Moltedo, Silva, Orellana, Tarifeño y Poblete (1989) mostraron que en Chile, el 84% de las mujeres víctimas de violencia de género no denunciaba, entre otras razones, porque consideraban que era un asunto privado y no se resolvía nada. La denuncia, así como la petición de ayuda en general, ha sido una salida cuestionada por la sociedad hasta hace poco tiempo por considerar este fenómeno propio de la esfera privada (Ruiz-Pérez et al., 2004).

Uno de los logros del feminismo contemporáneo ha sido el impulsar la creación de recursos para combatir la violencia, no como un delito contra el honor de las familias, sino como un asalto violento contra las mujeres, no sólo por los extraños, sino también por los maridos, padres y personas cercanas. En definitiva, el feminismo ha promovido las denuncias por malos tratos a las mujeres dejando al margen su consideración de asunto privado (Osborne, 2008). Se debe al hecho de vincularse la violencia de género al ámbito privado que el maltrato a las mujeres haya sido un delito oculto (Bosch, Ferrer, Alzamora y Navarro, 2005). Según Gorjón (2010), el número de denuncias recibidas en los últimos años en España se ha incrementado. Esto se debe a que las agresiones contra las mujeres trascienden del ámbito privado y ya no se teme a la denuncia pública como antes (Ridaura, 2005). Para Andrés-Pueyo et al. (2008), el paso del tiempo y las medidas para acabar con la violencia de género han hecho visibilizar muchos casos desconocidos.

En cuanto a la percepción cultural de la violencia de género, existen diferencias entre las mujeres de distintos países (Vázquez-González, 2010). Las mujeres del norte

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de Europa están más concienciadas sobre los derechos de las mujeres y sobre qué acciones constituyen violencia de género; por el contrario, los países del Mediterráneo poseen costumbres más tradicionales o conservadoras y no siempre perciben las conductas que son violentas (Baldry, 2002). Según Heiskanen (2002), en función del rol que juega la familia y las relaciones familiares se pueden diferenciar tres grupos en Europa. En un extremo están los países influidos por la religión católica que mantienen una estructura familiar tradicional (rol dominante al hombre y papel de sumisión a la mujer). En el otro extremo se encuentran aquellos países cuyos vínculos familiares son más débiles y los derechos de las mujeres están más arraigados socialmente. El grupo intermedio incluye a los países de Europa central. Esto explica un menor índice de denuncias por violencia de género en los países católicos. Así también, se aprecia una menor percepción de conductas violentas, es decir, en estos países hay más violencia de género, está más oculta y se denuncia menos (Vázquez-González, 2010).

De acuerdo con los anteriores autores, Ponce (2013) considera que la religión y la educación formal, como agentes socializadores, contribuyen a mantener los patrones de dominación hacia las mujeres que se producen en estos países: la religión, por culpabilizarlas de la violencia que reciben y por la imposición de obediencia a través del matrimonio; y los centros educativos, por no desarrollar procesos de análisis y reflexión crítica sobre el modelo patriarcal. Muy al contrario, ambas instituciones pretenden perpetuar las jerarquías entre ambos géneros.

Cuando se produce violencia de género tiende a ser repetitiva, con una media de seis incidentes al año. Por ejemplo, en el trabajo de Labrador et al. (2010), realizado con una muestra de 212 mujeres derivadas de diversas instituciones de la Comunidad de Madrid, se encontró que llevaban padeciendo maltrato 6,8 años de media y con una frecuencia de una a tres veces por semana en el 52,8% de los casos. Según Fernández Alonso (2003), para la mayoría de las mujeres transcurren entre cinco y diez años desde que comienza el primer episodio de maltrato hasta que se denuncia el hecho.

La ruptura de la relación, siendo uno de los periodos más difíciles para la víctima, lo es especialmente a los seis meses posteriores por la mayor vulnerabilidad que se presenta en la mujer que ha sido maltratada (Lerner y Kennedy, 2000). La relevancia que tiene la ruptura hace que, más que como un hecho puntual, haya que concebirla como un proceso (Anderson y Saunders, 2003). Este periodo es denominado

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como “ruta crítica” (Sagot y Carcedo, 2000), es decir, se puede considerar romper el silencio en relación a la situación de violencia acaecida y la decisión de las mujeres de revelar la situación fuera del ámbito familiar inmediato para buscar soluciones. Un ejemplo de la dificultad que acarrea la separación se muestra en el estudio realizado por Amor et al. (2002), con 164 mujeres que acudieron a diferentes Centros de Asistencia

Psicológica para Víctimas de Violencia Familiaren el País Vasco, ya que el 44% de las

mujeres víctimas seguía conviviendo con el perpetrador de la violencia que padecían y el 56% se había separado de sus parejas o estaba todavía en trámites de separación.

Además, algunas investigaciones muestran que el periodo más peligroso para la integridad física de la mujer es el que sucede inmediatamente tras la denuncia, que se añade a la dependencia del agresor. Para Echeburúa et al. (2008), se produce violencia con mayor gravedad cuando la pareja está separada o en trámites de separación, cuando el agresor no acepta la separación impuesta por la víctima y cuando se dan conductas de acoso. El trabajo de Stout en 1993, con 23 hombres del correccional de Missouri, demostró que la ruptura con el agresor tienen una gran influencia ante el riesgo de padecer violencia grave o muy grave, con una proporción que oscila entre el 25% y el 52% de los homicidios de pareja. Moracco, Runyan y Butts (1998) encontraron que el 50% de las 586 víctimas de femicidio de Carolina del Norte de 15 años o más, entre 1991 y 1993 habían amenazado con separarse. El riesgo a que se produzca violencia grave motivada por la separación suele ser inmediata y cesar al año de la separación (Belfrage y Rying, 2004). Block (2000) encontró que los agresores varones podían asesinar a sus parejas cuando se separaban o amenazaban con abandonarlos. Según Berk (2005), las órdenes de protección a la víctima aumentan por la probabilidad de que las mujeres padezcan violencia grave como respuesta a las denuncias.

No obstante, diversos estudios reflejan que muchas mujeres que fueron asesinadas no habían interpuesto una denuncia previa por violencia de género (Olaizola, 2010). Según el Consejo General del poder Judicial (2011), en España, el 31% de las 56 víctimas mortales de violencia de género sí habían interpuesto denuncia en los datos correspondientes al año 2009. También en España, en el año 2013 murieron a manos de sus parejas o ex parejas 54 mujeres (dos más respecto al 2012). Sólo el 20,4% de las víctimas mortales había denunciado a su agresor y únicamente el 7,4% del total tenía medidas de protección en vigor. La víctima y el perpetrador vivían juntos en el momento del homicidio en el 53,7% de los casos (Instituto Nacional de Estadística,

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2014). En el año 2015 se registraron 60 asesinatos por violencia de género y sólo en el 21,7% de los casos existía denuncia previa (15% presentada por la víctima y 6,7% presentada por otras personas) (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016).

Cuando se hace referencia al asesinato de mujeres por motivos de género conviene establecer precisiones sobre la terminología específica (Toledo, 2009). El “femicidio” o “feminicidio” son palabras no registradas por la Real Academia de la Lengua. En algunos países de América Latina se introduce el término femicidio a mediados de los años 80 dentro del movimiento feminista y éste es introducido en otros países en los noventa. Por ejemplo, en México, fue introducido por Marcela Largade en 1994 (Monárrez, 2009).

Ambos términos proceden del inglés femicide, que es definido como el asesinato

de mujeres por razones vinculadas a su género (Carcedo y Sagot, 2001) y usada por

primera vez por Diana Russell en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las

Mujeres celebrado en Bruselas en 1976 (Toledo, 2009). En 1990, junto con Jane Caputi,

publicaron el artículo Femicide: speaking the unspeakble desde el cual evidencian que

la mayoría de los asesinatos contra las mujeres poseen un sustrato común: la misoginia como consecuencia del odio, desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las

mujeres. De la traducción del término femicide al castellano se han derivado dos

expresiones (femicidio/feminicidio) sobre las cuales se han producido abundantes discusiones sin que exista consenso a nivel teórico entre estas dos formas de referirse al asesinato de las mujeres (Toledo, 2009).

El femicidio es la palabra que mejor describe los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por el desprecio, el odio y el sentido de propiedad hacia éstas. Denominar a este tipo de muerte de mujeres femicidio “remueve el velo oscurecedor con el que las cubren de términos neutrales como homicidio o asesinato” (Fernández, 2012, p.48). Según la misma autora, para que ocurran femicidios es necesario que una sociedad haya considerado inferiores al conjunto de mujeres.

Por otra parte, se encuentran diferencias entre femicidio y feminicidio, ya que el femicidio enfatiza la violencia como determinante de la muerte de mujeres por razones asociadas a su género, incluyendo la mortalidad materna evitable por aborto inseguro, por enfermedades poco o mal tratadas y por desnutrición selectiva de género, por lo que

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trae aparejada la responsabilidad estatal de favorecer la impunidad ante el daño grave contra la integridad física, psíquica o sexual de la mujer (Toledo, 2009). Sin embargo, el feminicidio también contempla otras conductas delictivas que no siempre conducen a la muerte de la mujer, aunque sí a un daño grave en su integridad física, psíquica o sexual, (Santorum, 2014).

Según las categorías de Diana Russell, en el concepto de femicidio se encuentran matices: el femicidio íntimo se refiere a los asesinatos de mujeres a manos de un agresor con quien la víctima mantenía o mantuvo una relación íntima; el femicidio no íntimo se vincula a un ataque sexual previo, también denominado femicidio sexual; y, finalmente, el femicidio por conexión, que se produce en la “línea de fuego” de un hombre tratando de asesinar a una mujer, es decir, se trata de las parientes, niñas u otras mujeres que trataron de intervenir en el intento femicida (Santorum, 2014).

En América Latina, los femicidios varían de unos países a otros. Según la BBC Mundo (2013), en México se produjeron 34.176 femicidios entre 1985-2009. En Guatemala, de enero a octubre de 2012, se produjeron 512 femicidios (359 por armas de fuego, 41 por asfixia, 28 golpeadas y 11 desmembradas), de los cuales 68 no fueron esclarecidos. La impunidad para este tipo de casos es del 98%. En Nicaragua, si bien se desarrollará un apartado específico para este país, fueron asesinadas 48 mujeres durante el primer semestre de 2012, entre ellas dos menores de 12 años. Del total de las mujeres asesinadas en estos países, poco más del 25% había denunciado.

Para el mismo año, en Chile se produjeron 34 femicidios de los cuales, en el 73% no existía una denuncia previa. En Bolivia, a lo largo del año 2010, se produjeron 89 femicidios y sólo 27 de los casos culminaron con una sentencia para los agresores. En El Salvador, entre enero y julio, se produjeron 231 asesinatos en el 2012, existiendo denuncia previa sólo en 60 de las mujeres. El 80% de los femicidios que se produjeron en la República Dominicana son íntimos. En Perú, del total de 79 casos desde septiembre de 2008 a junio de 2009, sólo el 12,7% había presentado una denuncia previa en el Ministerio Público. Sólo en el 40% de los casos se formuló demanda ante el Poder Judicial, el 30% de las denuncias fueron archivadas y el 20% se encontraban en fase de investigación. Tres de las mujeres murieron al mes de denunciar los hechos y en el 50% de los casos hubo medidas de protección (Villanueva, 2009).

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En Honduras, según los datos del Observatorio de la Violencia, la muerte violenta de mujeres mantiene una tendencia creciente entre los años 2008 y 2012 (13,98% y 27,16%, respectivamente) (Ponce, 2013). Esto quiere decir que, a lo largo del año 2012, cada mes murieron asesinadas un promedio de 51 mujeres, lo que significa que cada 14 horas se había producido una muerte por violencia de género (IUDPAS/UNAH, 2013). En Honduras, más del 95% de los femicidios permanecen impunes y desde el 2005 al 2012 se produjo un incremento del 192% de femicidios (Vargas, 2014). De los datos anteriores se desprende que la realidad es diversa entre los distintos países.

En cuanto a los tipos de maltrato, el maltrato físico a la mujer es la forma más evidente de violencia, por lo que la probabilidad de denunciar o establecer contacto con los profesionales aumenta, tanto con los servicios sanitarios, como con el marco policial y judicial. Estos organismos pueden favorecer el acceso a un tratamiento especializado que permita alejarse física y emocionalmente del agresor (Walker 1984). Ruiz-Pérez y Plazaola (2005), a partir de un estudio con 1.402 mujeres seleccionadas al azar que acudían a centros de atención primaria en tres regiones de España (Andalucía, Madrid y Valencia), encontraron que en los casos de violencia sexual, el 63% de las mujeres víctimas españolas emprendía alguna acción de denuncia para enfrentarse a la situación de violencia. En otros casos, como en el estudio de Casas Becerra y Vargas Pavez (2011), de 140 expedientes de tribunales de familia y 148 expedientes del Ministerio Público, las mujeres chilenas víctimas de violencia sexual (38%) no denunciaron por considerar que no era grave o que era algo normal (23%). Quienes habían sufrido tanto violencia física como sexual no denunciaron por temor a más violencia (46%).

Por otra parte, según Castellano (2004), la victimización secundaria no facilita el proceso de denuncia al revivir su experiencia agresiva con los interrogatorios, pudiendo generar daños psicofísicos derivados de los numerosos y dolorosos trámites por los que debe pasar la víctima que decide denunciar. Es por ello, como se verá más adelante en el apartado sobre la retractación, que existan diferencias entre las mujeres en cuanto a la interposición de denuncias: las que inician el trámite sin convicción; las que tienen como objetivo único el “aviso”, que quede una constatación oficial de los hechos sin buscar una medida penal punitiva; casos en los que la denunciante justifica lo sucedido; y, finalmente, aquellas que tratan de ocultar u ofrecer versiones accidentales para las lesiones con el fin de disminuir el valor del daño provocado (Olivenza, 2009).

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Como afirma Ester Blay (2013), denunciar está asociado a determinadas consecuencias para las cuales, las mujeres han de estar preparadas. Según la misma autora, son muchas las mujeres víctimas de violencia de género que en su primer contacto con la policía desechan la idea de denunciar porque supone la confrontación con el agresor, la ruptura de la relación y la puesta en marcha de un proceso judicial que