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A partir de la octava reposición de capital en 1.99453, el Banco ubicó la reforma legal y judicial en el marco más general de la reforma y modernización del Estado, debido al carácter estratégico del poder judicial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, por esta razón aquí se incluyen componentes que involucran diferentes aspectos de los sistemas judiciales tales como: El diseño y creación de estructuras regulatorias adecuadas, la implementación de políticas públicas, adjudicación de disputas civiles y aplicación justa y equitativa del derecho. Como podrá apreciarse más adelante, la reforma judicial pretende ser integral en la medida en que no solo se centra en la reforma legal, la cual se considera insuficiente para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, sino que incluye aspectos institucionales (Faundez y Angel, 2.002).

Los principales problemas encontrados por el Banco en esta área son: I) Débil independencia judicial, II) Pérdida de confianza ciudadana, III) El carácter obsoleto de la normatividad y de los procedimientos, IV) Congestión judicial, V) Escases de recursos, VI) Ausencia de sistemas modernos de organización, información y administración; VII)

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La reposición de capital o también denominada como aumento general de recursos, hace referencia a la política de financiamiento adoptada por la asamblea de gobernadores en la que se define periódicamente dicho monto de acuerdo a un análisis de las prioridades del organismo y de su plan de acción.

Obstáculos al acceso a la justicia, VIII) Limitaciones de la cobertura del sistema, IX) Deficiencias en la infraestructura, X) Precariedad en la tutela de derechos fundamentales e XI) Incremento de la violencia e inseguridad ciudadana (BID, 2.000).

El sistema judicial es considerado un sector clave para lograr el fortalecimiento del Estado de Derecho, el funcionamiento adecuado del mercado y el logro de la convivencia ciudadana, de allí que la reforma en este componente se haya dividido en tres áreas estratégicas: Independencia judicial, modernización normativa e incremento de la eficiencia de la administración de justicia. Las acciones en estos campos estarán encaminadas hacia el mejoramiento de las capacidades de oferta y calidad institucionales, así como con medidas que racionalicen y satisfagan la demanda de servicios judiciales, en este punto se incluye la incorporación de incentivos para funcionarios judiciales, jueces, abogados y las partes dentro de los procesos. La intervención del Banco en estas áreas pretende apoyar la configuración de sistemas judiciales independientes, eficaces, confiables, agiles y accesibles, sin ningún tipo de discriminación, especialmente la de género (BID, 2.000).

La estrategia de reforma judicial por tanto abarcaría las siguientes actividades:

La adecuación del ordenamiento legal y la promoción de derechos fundamentales: Para el Banco es importante llevar a cabo un proceso de modernización del derecho económico y administrativo principalmente con el fin de superar el carácter obsoleto de la normatividad y responder a las necesidades de la reforma económica. Por otra parte se considera necesario ampliar la modernización normativa a otras esferas de la vida política y social, por ejemplo mediante el establecimiento de recursos judiciales para hacer efectivos los derechos fundamentales, haciendo énfasis en la garantía de los derechos humanos y de los derechos de propiedad, así como en los derechos relacionados con la igualdad de género y la autonomía de los pueblos indígenas (BID, 2000).

Fortalecimiento administrativo del poder judicial: Esta área abarca tanto el gobierno de la rama hasta la administración de los despachos judiciales, así como la práctica de procedimientos, sistemas de funcionamiento descentralizados y adiestramiento a funcionarios judiciales. Se destaca igualmente, la introducción de instrumentos de

planeación, control y organización gerencial que permitan disminuir la congestión e incrementar la eficiencia (BID, 2.000). .

Métodos alternativos de resolución de conflictos: Tal vez esta es el área en la que mejor desempeño tuvo el Banco respecto de la administración de justicia, el Banco implementó programas en este sentido en prácticamente todos los países de la región, el objetivo principal de la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos era reducir la litigiosidad y estimular un ambiente de seguridad propicio para la inversión privada (BID, 2000), en el capítulo siguiente de este trabajo se logra demostrar que los programas de reforma judicial del Banco se focalizaron hacia la resolución de controversias comerciales, aspecto que beneficia en mayor medida a los actores económicos.

Programas de asistencia y educación legal popular: Mediante este componente el Banco pretende atacar aquellos problemas derivados de la desintegración social inherente a la transformación del modelo de desarrollo y que se refleja en la exclusión social, la justicia inaccesible para grupos marginados, haciendo énfasis en las mujeres. De igual forma, ésta área incluye la promoción de acciones populares y ciudadanas para garantizar derechos colectivos y ambientales amenazados por actividades extractivas o comerciales (BID, 2000). Sin embargo por lo menos en los programas de reforma judicial en la región no se evidencia un desarrollo significativo de este componente como si de dio por ejemplo, en el ámbito de la implementación de mecanismos de resolución de conflictos para controversias comerciales.

Formación y capacitación del recurso humano: Este componente hace referencia principalmente a la formación necesaria que requiere el personal involucrado en la modernización de los sistemas judiciales, bajo el entendido de que el éxito de las reformas requiere a su vez de una transformación cultural, en esta área se involucran entonces diferentes actores relacionados con la práctica judicial tales como los estudiantes de derecho, los profesionales, los colegios de abogados y las escuelas judiciales (BID, 2.000).

Modernización de la infraestructura física: Por otra parte, para el Banco también resulta importante fortalecer y modernizar la infraestructura física de la administración de justicia con el fin de mejorar la prestación del servicio y contribuir a la dignidad de la función judicial, este componente incluye la modernización informática de las entidades que administran justicia (BID, 2000).

Promoción de la seguridad ciudadana: Si bien este ámbito incluye actividades conjuntas entre diferentes entidades Estatales, el Banco la considera como un componente de la estrategia de reforma judicial, principalmente en lo concerniente a la reforma del sistema penal y penitenciario, sin embargo la búsqueda de la promoción de la seguridad ciudadana incluye también campañas educativas de prevención, el establecimiento de metodologías que permitan elaborar estadísticas delictivas confiables, y emprender campañas de capacitación a órganos de investigación así como a los demás órganos que contribuyan a actuar sobre las causas directas de este fenómeno, como por ejemplo las comisarías de familia o los centros de resocialización de menores infractores (BID, 2000). Este componente ha tenido un gran desarrollo en los países de la región que se evidencian en programas que abordan estas temáticas, principalmente en Centro América.