En el 2010 se conmemoraron 200 años de la denominada independencia de Colombia y la situación de los descendientes de los antiguos esclavos secuestrados de África, que participaron en la gesta libertadora con la promesa de libertad, no ha cambiado y parece suspendida en el tiempo. Hoy la población afrocolombiana, tal como lo anotamos en el capítulo anterior, continúa en su lucha por lograr su propia independencia de la pobreza, la discriminación y la invisibilidad de los espacios de poder real. Un balance de la comisión intersectorial para el avance de la población afrocolombiana concluyó que la invisibilidad histórica, racismo y discriminación, lo mismo que la persistencia y profundización de la brecha de pobreza, lo mismo que las barreras sociales, políticas, económicas, culturales y simbólicas, constituyen circunstancias que desafían los retos de inclusión de la Constitución Política.105
En estas dos centurias, hasta antes de la Constitución Política de 1991, los afrocolombianos como grupo étnico y como sujeto político colectivo eran inexistentes en el ordenamiento jurídico colombiano que subyacía sobre una visión monoetnicista de la nacionalidad, la cual orbitaba en torno a la tesis de la homogeneidad de la cultura. Por eso ante el proceso de construcción de una nacionalidad con diversidad étnica, la ausencia de acciones públicas del pasado contrasta con las múltiples políticas públicas, que se han
103ROSERO, Op.cit., 547 104 JACOME, Op.cit., p. 13
105 COLOMBIA. Ministerio de Cultura. Comisión Intersectorial para el avance de la Población Afrocolombiana. Bogotá: Ministerio de Cultura. (2009), p. 16
estructurado para beneficiar a las comunidades afrocolombianas. Pero estas políticas públicas contienen “zonas de incertidumbre”106 en su diseño, por cuanto contienen una concepción difusa de las problemáticas y desde su implementación se han caracterizado por su escasa aplicabilidad, con lo cual han registrado como nota característica la ineficacia. Diversas estadísticas sobre la población afrocolombiana y en particular la que presenta la investigación “raza y derechos humanos en Colombia”107 del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, confirma quela calidad de vida de los afrocolombianos tiene un nexo directo con los presupuestos teóricos que han dominado y controlado la acción del Estado y la Administración en relación con los afrodescendientes. ¿Cómo se puede analizar estos hechos y afirmaciones?
En primer lugar hay que precisar, que las políticas públicas relativas a la población afrocolombiana formuladas a partir de 1991, y con las cuales se ha pretendido contrarrestar los efectos derivados del fenómeno de la esclavitud y las consecuencias de la violencia armada en sus territorios, a la luz de los hechos y las estadísticas que confirman su inaplicabilidad, reflejan un propósito legitimador de la institucionalidad y la intención de mantener un status quo que privilegia a unos intereses particulares. ¿Por qué estas políticas públicas, que para los propósitos de esta investigación limitamos en el aspecto territorial, que contienen buenas intenciones y propósitos, sencillamente cumplen un papel que parece beneficiara intereses privados?
La respuesta a este interrogante tiene que ver con el factor de legitimidad que en el contexto interno y externo produce la idea de un Estado que busca reivindicar los derechos territoriales de los excluidos, pero que en la praxis el problema a resolver se prolonga en el tiempo por falta de voluntad política e ineficacia de las mismas. Desde nuestra perspectiva este es uno de los factores que explica la pasividad de la Administración y del Actor estatal en general, en la aplicación de las políticas públicas territoriales referentes a los afrocolombianos. Esto lo afirmamos sin desconocer que existen otros factores como las dinámicas del conflicto armado interno que han incidido directamente en el problema de la ineficacia de los diversos instrumentos que se han implementado.
106
En la teoría jurídica con esta noción se hace referencia a las palabras y dispositivos normativos que contienen enunciados no precisos y que son de difícil determinación interpretativa.
107 Al respecto véase RODRIGUEZ G., Cesar, ALFONSO S., Tatiana y CAVELIER A., Isabel. Raza y
derechos humanos en Colombia. Informe sobre discriminación racial y derechos humanos de la población afrocolombiana. Bogotá: Observatorio de Discriminación Racial, Universidad de los Andes. (2009).
En este orden de ideas compartimos el planteamiento de Oscar Almario cuando sostiene que “las actuales políticas orientadas hacia los sectores étnicos del país se encuentran doblemente condicionadas: por el desencuentro histórico y simbólico entre las Etnias, la Nación y el Estado en Colombia por una parte y por el contexto global y el conflicto interno que han puesto a prueba la capacidad del país para estabilizar instituciones y profundizar su democracia […]”.108
Este desencuentro histórico y simbólico se explica por las manifestaciones de captura conceptual del Estado en forma directa y sofisticada que ya explicamos, y en los constantes pronunciamientos jurisprudenciales en los que el desconocimiento del derecho fundamental a la consulta previa109 de los grupos étnicos por parte de las autoridades
públicas ha tenido como consecuencia la inexequibilidad de leyes impulsadas por el gobierno nacional. Aunque esta última situación puede parecer meramente circunstancial, desde nuestra perspectiva explica los rasgos de unilateralidad que han caracterizado las decisiones adoptadas por los sectores dominantes en Colombia.
Sin embargo, ante la implementación y desarrollo de políticas públicas territoriales referentes a la población afrocolombiana, y debido a su escasa aplicabilidad, es importante reflexionar respecto a la participación activa que ha estado jugando el juez constitucional en el diseño y seguimiento de dichas políticas públicas.