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2.4 Menu List Summary
El balance final del análisis de los indicadores considerados arroja una incontrastable evidencia sobre la gran heterogeneidad regional, así como del aumento de las disparidades regionales en las entidades territoriales subnacionales. Los resultados sugieren que la idea de formar un organismo para construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado no va a estar exento de dificultades pero al mismo tiempo existen incentivos para sostener la Declaración de Cuzco2 firmado en 2004.
La existencia de asimetrías entre los países socios de la UNASUR, alerta acerca de la necesidad imperiosa de impulsar el crecimiento de la productividad y la competitividad sistémica, en un entorno de mayor justicia social y fortalecimiento frente a los nuevos desafíos que plantea la globalización, atendiendo a la necesidad de lograr una convergencia estructural. Ya que se teme que la integración regional podría ser la causa de desplazamientos espaciales de la actividad productiva entre estados y regiones (Venables, 2003; CEPAL 2007; Lo Turco 2008; Secretaría General de la UNASUR, 2015).
Las implicaciones de las asimetrías analizadas se ven agudizadas por la desigualdad en la intensidad de la interdependencia regional que vincula a los estados miembros de la UNASUR entre sí. Hay países que envían gran parte de sus exportaciones a la región (tales como Paraguay 39% y Bolivia 37%), mientras que otros envían solo una pequeña parte (Venezuela 3%, Surinam 7% y Guyana 8%). Puesto que las economías de la UNASUR muestran distintos grados de apertura al comercio internacional (en parte debido a las diferencias de tamaño que se encuentra presente entre los socios), la relación entre las exportaciones intrarregionales y el PIB se ha mantenido aproximadamente constante notándose un aumento en el tiempo de la participación de algunos de los socios tales como Guyana, Surinam y Paraguay.
El desempeño económico de América Latina y el Caribe, a corto y mediano plazo, está sujeto en buena parte a la forma que tomen los procesos mundiales de ajuste, particularmente la salida de la crisis por parte de la zona euro, así como la desaceleración de China. También
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La Declaración de Cuzco es una declaración firma el 8 de Diciembre de 2014 por los 12 presidentes suramericanos, en la III Cumbre presidencial suramericana en la ciudad de Cuzco, Perú. Esta declaración es la que da inicio a la formación de la Unión de Naciones Suramericanas.
42 dependerá de la capacidad de respuesta de la región para responder adecuadamente a las turbulencias externas (CAF, 2013b).
La convergencia estructural puede ser alcanzada, si se aplican políticas y reformas económicas complementarias entre sí, que eliminen las actuales restricciones en materia de infraestructura física y energía, capital humano, equipos y conocimientos técnicos, entre otros aspectos. El instrumento que se ha aplicado hasta el momento con mejores resultados que los aplicados en el MERCOSUR, son las políticas de cohesión social con asignación de fondos en la Unión Europea (Bouzas y Veiga, 2008; Bouzas 2003).
Para recuperar los niveles necesarios de provisión de transporte y lograr una mayor competitividad y reducción de la pobreza, América Latina debe destinar más recursos a infraestructura. Pero también debe mejorar los criterios y la calidad de inversión en la misma. Para ello debe mejorar sus sistemas nacionales de inversión pública, afinar los mecanismos de integración regional, y utilizar mejores herramientas de evaluación, control y ejecución de proyectos (Sánchez y Wilmsmeier, 2005).
Los países de la región, por lo tanto, deben centrarse en la mejora de su infraestructura, ya que esta puede producir grandes dividendos en términos de crecimiento, competitividad y la reducción de la pobreza, así como la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Acercarse a los valores de los países desarrollados requiere nuevas inversiones significativas. Pero en primer lugar, las medidas deben ser tomadas para asegurar que el gasto en infraestructura produce mayores rendimientos, tanto económicos como sociales. Para ello la inversión pública debe estar mejor asignada, dándole mayor prioridad a la conservación y rehabilitación (Fay y Morrison, 2007).
Los elevados recursos destinados por el Estado a los subsidios, especialmente para el agua y la electricidad, deben reorientarse radicalmente, para beneficiar menos a los no pobres y más a los que realmente lo necesitan. También se necesitan políticas más activas para ampliar la cobertura asequible a las zonas rurales y los pobres urbanos, muchos de los cuales permanecen desatendidos. Es necesario reestructurar la tarifa de ciertos servicios, en especial en los sectores de agua y electricidad.
Para reactivar la inversión del sector privado, los gobiernos tienen que encontrar formas de hacer el ratio riesgo-retorno más atractivo, así como también, mejorar el diseño de los
43 contratos. Estas modificaciones también ayudarán a reducir la renegociación de concesiones, que ha sido muy frecuente en América Latina y ha dañado la credibilidad de contratación (Fay y Morrison, 2007).
Con respecto a las asimetrías en el sector energético, la región tiene por delante grandes desafíos; mantener una matriz energética limpia, con fuentes renovables de energía; acrecentar la eficiencia en toda la cadena de valor de la industria de la energía y en los usos finales; y posibilitar el acceso a la energía, de manera moderna y eficiente, a todos los segmentos de la población, como un elemento de inclusión social. Se presenta un gran desafío teniendo en cuenta las restricciones del financiamiento internacional y de tipo ambiental. Pero es posible enfrentar el reto, teniendo en cuenta las condiciones altamente favorables de la región en cuanto a los recursos naturales renovables y no renovables, el desarrollo tecnológico endógeno y la potencialidad de emplear innovadores mecanismos de financiamiento provenientes de la propia región (UNASUR- OLADE, 2012).
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