Methods and Research Framework
4.3. Method of Analysis
En las dos partes anteriores se ha hablado de la importancia que para este trabajo tiene el comprender a qué se refiere el Campo Comunicación Educación y los elementos que serían necesarios desde una estrategia de comunicaciones para promover un programa de Educación Superior que se enfoca en la investigación y producción desde el mismo.
Para iniciar el análisis de este apartado se debe comprender la naturaleza de un programa que se imparte en una universidad de carácter público, lo cual define las grandes diferencias que se deben tener en cuenta a la hora de plantear los puntos neurálgicos que se trabajarán desde la estrategia de comunicaciones, de manera que se enfoque en convocar al mayor número posible de ciudadanos a este. De allí se hace evidente que se debe entender el fondo de lo que significa la educación y qué significa educación pública en un país como Colombia.
48 El primer tema por tratar es el comprender que la educación es un derecho al que todos los ciudadanos deben tener acceso, sin embargo, la realidad de nuestro país no siempre ha trabajado en este tema y los avances que hacia una cobertura digna y de calidad se han dado, disminuyen a medida que aumenta el nivel educativo.
Empecemos por comprender a qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la educación y su trascendencia en las sociedades, para lo cual vale la pena traer a colación a Huertas (2010) quien nos recuerda que “el derecho a la educación es concebido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999) como «un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos»” (p. 3). Esto quiere decir que de la educación parten las bases mínimas para que una sociedad sobrepase retos que permitan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y además promueva el progreso del país en general.
Complementa muy acertadamente sus palabras Huertas (2010) cuando continúa contemplando que “el artículo 67 de la Carta Política, que constituye el pilar esencial de la educación, advierte que «es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura», para la adecuada formación del ciudadano” (p. 7). Es decir, la educación no es exclusivamente un derecho que se deba asegurar a los ciudadanos por su bien particular, sino que asegura que, con el acceso a esta, se tendrá la posibilidad de mejorar sus condiciones y la de su sociedad gracias al conocimiento, a la formación y a la cultura que trascenderá en mejores relaciones interpersonales, camino necesario hacia la construcción de la paz.
49 De igual manera lo recuerdan Martínez y Soler (2012) cuando retoman el hecho de que “la Constitución Política del 91 establece la educación como un derecho de toda persona y un servicio público que tiene una función social, mediante la cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura (Art. 67). Aquí aparece una tensión que tiene que ver con la triple dimensión que subyace al concepto de educación pública: «derecho, servicio y proceso» de enseñanza (Ley 115 de 1994) y Ley 30 de 1992. La disyuntiva entre la educación como «servicio y como derecho» exige también diferenciar entre las políticas de acceso al servicio y las de garantía del derecho, teniendo en cuenta que la educación es uno de esos derechos que no está en la persona misma como el derecho a la vida, a la personalidad jurídica, a la intimidad, entre otros” (p. 125). Esta disyuntiva es precisamente la que determina las pautas específicas de un proceso estratégico dentro del programa de Maestría en Comunicación Educación, pues se deberán tener en cuenta los elementos que trabajen más en el derecho al acceso que en la simple mercantilización del mismo.
Retomando la educación como derecho y la importancia de tener acceso a esta, se convoca a Huertas (2010) para que nos permita recordar que “la educación es una condición para el ejercicio de otros derechos. De manera que es, sin duda, un elemento fundamental para el disfrute de los derechos civiles y políticos, pero también de otros derechos económicos, sociales y culturales, tal como lo expresan Kweitel y Ceriani (2003, 203)” (p. 2). De allí que la educación se haya convertido en el centro de atención de mandatarios, gobernadores, ciudadanos, docentes y estudiantes entre otros tantos entes involucrados con la revisión de lo que allí ocurre.
50 Se denota entonces, que desde los diferentes frentes de la sociedad se ha trabajado por promover un servicio de educación que permita a los ciudadanos avanzar desde una formación sólida y de calidad. Pero esto no se trata simplemente de llegar a unos pocos, sino que es un tema de trabajo conjunto en donde se deberá promover el acceso al servicio de manera equitativa, lo cual permitirá que se llegue mucho más lejos de lo que se ha llegado hasta ahora gracias al acceso a un derecho fundamental como este. Retomando a Huertas (2010) “(…) la educación participa de la naturaleza de derecho fundamental propio de la esencia del hombre, que realiza el valor y principio material de la igualdad y dignidad humana (Constitución Política, arts. 5 y 13), amparado no solamente por la Carta Magna sino también por los Tratados Internacionales” (p. 4), lo cual nos reafirma que no se trata de una idea filantrópica, sino que desde la constitución misma de nuestro país, se establece la necesidad de permitir el acceso a la educación como derecho fundamental que dará como resultado una sociedad más justa y avanzada, dejando como fin último, un país en crecimiento continuo con un alto nivel de calidad de vida.
Ahora bien, es muy cierto que en Colombia se ha trabajo por mejorar el acceso a la educación y se han tenido avances importantes de cobertura en los niveles primarios de educación, pero ¿qué pasa con la educación cuando llega a nivel superior? Yepes (2009) expresa claramente que “la educación superior en Colombia no ha sido objeto de una política pública sectorial consensuada en la sociedad civil, ha sido otro tipo de intereses el que ha dado origen a dicha política por cuanto no ha ocupado lugar preponderante y estratégico para el desarrollo del país ni se ha logrado consolidar como una opción clara para el progreso nacional” (p. 7). Este poco progreso termina demostrando que no hay intereses claros por
51 trabajar hacia la apertura de oportunidades para los ciudadanos en general, sino que más bien, se ha convertido en la manera en que la brecha socioeconómica ha ido creciendo.
Toman relevancia las palabras de Martínez y Soler (2012) al enfatizar en que “podríamos decir entonces que temas como la exclusión y la inequidad social y la ampliación de las condiciones de pobreza, han puesto cada vez más en un horizonte lejano y casi inalcanzable el reconocimiento de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, en particular el derecho a la educación entendido como bien público, como derecho fundamental e inalienable de los seres humanos” (p. 123). Pensar en la cobertura de educación superior para todo los ciudadanos colombianos, en algunas ocasiones se convierte en una utopía, dado que los alcances de las políticas públicas no han tenido avances importantes hacia una mejora real de la situación actual y lo que se ha logrado es que muchas veces se amplíen las diferencias y disminuyan las oportunidades para quienes más lo necesitan.
Retomando nuevamente a Martínez y Soler (2012), quienes, citando a Gómez (2000), recuerdan que, “es imperioso democratizar y ampliar las oportunidades de acceso a la educación, porque de poco sirve, social y económicamente, una Educación Superior restringida a una pequeña élite privilegiada; esto desde la relación calidad y pertinencia social de la Educación Superior y, bajo la ingente necesidad de contribuir a la paz y convivencia, así como a la legitimidad de la democracia” (p. 113), legitimidad que desencadenará un país más justo y que tenga un objetivo de crecimiento conjunto claro. Complementa estas palabras Yepes (2009) cuando además recuerda que “hasta el momento, hemos asistido a iniciativas de algunos gobiernos que se dirigen a crear políticas en diferentes campos de la educación terciaria, pero no orientadas en sentido estricto a la generación de política pública en educación superior” (p. 4), es decir, no se tiene claridad sobre la manera en que las políticas
52 públicas están dando acceso verdadero a los ciudadanos a la educación superior de carácter público.
Pero, surgen entonces algunas afirmaciones sobre lo que se espera del gobierno, del Estado mismo, pero también de lo que se espera de la comunidad académica y su apoyo a las políticas que permitan ampliar la cobertura desde diferentes condiciones prácticas y estratégicas. Esto permite traer a colación las palabras de Martínez y Soler (2012) cuando se refieren a que “en general podemos afirmar que la educación en Colombia no ha sido una responsabilidad exclusiva del Estado, históricamente esta responsabilidad se ha compartido con la familia especialmente, la Iglesia y otros actores sociales” (p. 122). Actores tales como la academia, desde donde también se ha buscado resolver la profunda inequidad existente en el territorio colombiano, no solamente en temas educativos, sino sociales en general.
Desde el Estado nos recuerda Huertas (2010) que “(…) se encuentra en el deber ineludible e impostergable de garantizarlo realmente como uno de los objetivos fundamentales de su actividad y como servicio público de rango constitucional, implícito en la finalidad social del Estado no solamente en lo concerniente al acceso al conocimiento, sino igualmente en cuanto respecta a su prestación de manera permanente y eficiente para todos los habitantes del territorio nacional, tanto en el sector público como en el privado” (p. 4).
Por otra parte, surge el papel que ha cumplido la comunidad académica, aquella llamada no solamente a brindar las posibilidades de acceso cada vez más amplias, sino que también, está llamada a revisar desde las perspectivas investigativa y práctica que permitan plantear soluciones que permitan mejorar las condiciones de los ciudadanos. Lamentablemente como lo recuerda Huertas (2010), espacios como “los foros educativos, cuyo propósito era el de
53 reflexionar sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones a las autoridades educativas para el mejoramiento y cobertura de la educación, han hecho énfasis en experiencias significativas y en los desarrollos de las áreas curriculares, pero no han logrado incidir en la formulación de políticas públicas que conlleven el mejoramiento de la educación” (p. 6). Este pensamiento lo apoya Yepes (2009) afirmando que “si bien el estudio cuidadoso y profundo de la educación terciaria en Colombia, desde la perspectiva del origen de las P.P. (Políticas Públicas) para el sector, se convierte en una tarea bastante compleja aún más cuando en la actualidad se encuentra ante el dilema Estado – Sociedad y sufre fuertes influencias e inclusive determinaciones por parte de la economía, es fundamental abocar trabajo académico que permita dilucidar la trama de relaciones que se teje alrededor de tan importante sector para la vida del país” (p. 5).
A partir de estas afirmaciones, surgen las razones por las cuales trabajar en un plan de comunicación estratégica es indispensable a la hora de mantener abiertas las posibilidades con las que se cuenta en materia de educación superior, más aún de postgrado, enfocado a permitir a los ciudadanos el acceso a un programa de carácter público con Certificación de Alta Calidad. Y es que como lo menciona Yepes (2009), el escenario de la educación superior es “uno de los niveles educativos que, como ningún otro, está llamado a responderle a la sociedad por sus expectativas e intereses dentro de lo que se ha denominado el espacio de lo público, un escenario donde se tejen intereses de diversa naturaleza y se busca privilegiar el bien común para alcanzar mejores niveles de desarrollo económico y social” (p. 2).
Y cómo no va a ser indispensable trabajar en los procesos que permitan el bien común, más aún siendo desde un programa cuya naturaleza es pública y pretende alcanzar al mayor número posible de ciudadanos y mostrarles que existe un camino para apoyar a la
54 construcción de país desde la Maestría en Comunicación Educación, programa pensado para la reflexión social y las mejores condiciones de vida desde este campo de estudio. De alcanzar esta meta, se podrá llegar a la equidad que tanto se desea desde la promoción del derecho a la educación, así lo aseveran Martínez y Soler (2012) “la equidad es correlativa a la democratización del acceso a una mayor población, a las posibilidades y oportunidades educativas que se ofrezcan y, al alcance de los derechos” (p. 119).
En este escenario, es posible que en algunas ocasiones se confunda un plan de comunicación estratégica una manera de mercantilizar la educación, pues, en muchas ocasiones se tiende a pensar que implementar acciones como esta se lleva a cabo solamente para tener más ingresos económicos o para continuar con la lógica económica del mercado en que solo quienes pueden acceder, tendrán la posibilidad de hacerlo. Yepes (2009) apoya esta perspectiva cuando menciona que “una nueva racionalidad se asienta en los escenarios de la educación superior y se encuentra fuertemente arraigada a la globalización y su administración neoliberal la cual, desde lógicas economicistas y de carácter eminentemente fiscalista, pretende darle a la educación un carácter mercantil desconociendo que las universidades no son empresas sino espacios para la generación, difusión y aplicación del conocimiento en procura del perfeccionamiento de la vida” (p. 6).
Sin embargo, es importante entender que no siempre el acceso de los ciudadanos se limita a las posibilidades que tiene, el problema en muchas ocasiones es que la ciudadanía no conoce las posibilidades con las que cuenta, o en muchas ocasiones tiene la idea de que un programa de postgrado no va a cumplir con sus expectativas puesto que no ha estudiado con calma las opciones existentes. Así lo dejan saber Martinez y Soler (2012): “visto el crecimiento de la matrícula […] en relación con el potencial de población que debería
55 ingresar a la educación superior, se puede concluir que la matrícula no ha tenido una gran expansión, hecho este muy significativo, pues denota que las instituciones y en general el sistema, no han respondido a las expectativas ni proyecciones, ni a las necesidades de desarrollo del país, en donde se espera que la educación superior llegue a un mayor número de personas (CESU citado por ICFES, Ministerio de Educación Nacional, IESALC- UNESCO, 2002:31) (p. 114)”.
¿Se trata entonces de las pocas posibilidades existentes, o más bien del poco conocimiento existente de la sociedad en general sobre ellos? Es posible que haya un poco de los dos componentes, pero la mayoría de los estudiantes que se acercan a la maestría lo hacen porque han tenido un acercamiento profundo a su oferta y reconocen la calidad y altas posibilidades de aprendizaje que obtendrán al cursarla. De esta manera, resulta valioso identificar que, al dar a conocer la oferta del programa a más ciudadanos, se estará hablando de que tendrá un alcance mayor y se logrará generar mayor cobertura.
Pero, además, al contar con mayor número de estudiantes, se generará una gran ganancia para el programa, no solo porque logrará mantenerse como un programa con los más altos estándares de calidad, sino que asegurará la continua búsqueda de mejores resultados desde la propuesta educativa e investigativa. Vale la pena recordar entonces a Lozada (2004), cuando menciona que “la universidad es, en esencia, una comunidad de estudiantes y profesores y, por ello, es un modelo organizacional que no es posible extrapolar a ningún tipo de agrupación humana, algo evidente desde el momento mismo en el que nos planteamos la naturaleza de los fines que la definen y le dan sentido, como son la formación de los estudiantes para su inclusión en el mercado laboral, su presencia como foro de reflexión, debate y crítica sobre los problemas sociales y su elevada responsabilidad en la
56 gestión del conocimiento con destino a la sociedad” (p. 476), de allí que sea tan importante revisar a profundidad su naturaleza y dar respuesta a sus necesidades desde un análisis práctico y enfocado a mantenerla organizada pero además dando continuidad a su razón de ser, contar con estudiantes a quienes formar y permitir salir a la sociedad con unos conocimientos más sólidos y que le permitan retornar lo aprendido a manera de servicio social.
Sin embargo, un programa que no cuenta con estudiantes no tendrá la posibilidad de cumplir con esta causa social; retomando a Lozada (2004), “esta triple misión institucional que caracteriza a la actividad universitaria y que la define como un verdadero servicio público esencial – independientemente de la naturaleza privada o pública de cada una de las posibles ofertas- permite separar de raíz las organizaciones universitarias de definiciones puramente comerciales o mercantilistas que, sin embargo, deben considerarse en la medida en que la universidad necesita contar con la existencia de un número suficiente de clientes para existir” (p. 476). Esto deja ver que no se trata simplemente de mercantilizar la educación, se trata de mantener un número de estudiantes mínimo para mantener la razón de ser de un programa educativo, este será el objetivo principal de la estrategia de comunicaciones que se planteará específicamente para la Maestría en Comunicación Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pensando en que se llegue al mayor número de ciudadanos posibles, que identifiquen este programa como una posibilidad que se imparte en una universidad pública abierta a cumplir con sus expectativas y que le permitirá acceder a su derecho de formarse y ser mejor ciudadano.
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