Es importante considerar que las políticas están dirigidas a articularse y complementarse dentro de los complejos productivos, en perspectiva de fortalecer a sus actores tanto horizontal como verticalmente.
1. Intervención estratégica estatal en complejos productivos priorizados mediante intervenciones sectoriales y territoriales, a partir de los dife- rentes actores de la economía plural.
Esta política incluye las principales acciones de desarrollo de indus- tria pública basada en la articulación y dinamización de los Complejos Productivos Priorizados a través de la creación y fortalecimiento de empresas públicas estatales dinamizadoras a nivel sectorial y territo- rial. Con ellos se generan espacios de concertación, coordinación entre los actores de los complejos productivos en los ámbitos nacionales y territoriales, se promueve la participación equitativa de hombres y
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mujeres en los complejos productivos y la generación de mecanismos de inversión y de normativa para su desarrollo.
El complejo productivo es la articulación de los actores que participan en la generación y comercialización de un producto principal y/o sus subproductos, que pueden pertenecer a las diferentes formas de orga- nización productiva de la economía plural, trascendiendo territorios (Ley Nº 307). Los Complejos Productivos se clasifi can en cinco tipos: de seguridad alimentaria con soberanía, de aprovechamiento sosteni- ble de recursos naturales, de fortalecimiento y generación de empleo, de sustitución de importaciones, y de adopción de tecnología.
En este marco, las acciones ponen énfasis en sectores y territorios subnacionales priorizados, articulando actores económicos, políticos y académicos y otros involucrados en las actividades respectivas. A junio 2016 se cuenta con 18 plantas públicas en operación y 14 en proceso de construcción en 14 empresas públicas productivas que generarán 3.096 empleos directos y 27.586 empleos indirectos, que estimularán la producción local de materias primas e insumos, mejorarán los pre- cios de venta de los productores, construyendo mercados seguros y reduciendo el impacto de la estacionalidad sobre los precios al reco- ger la sobreoferta. Estas empresas articulan proveedores, demandan servicios, y desarrollan un tejido laboral en torno a la industria que fortalece las economías locales.
2. Promoción de la mejora en la productividad, facilitando el acceso de los actores a tecnología, servicios fi nancieros y no fi nancieros, forma- ción/desarrollo de habilidades y destrezas, e infraestructura productiva. Tiene como objetivo incrementar los niveles de productividad de la industria manufacturera enfatizando en las micro y pequeñas uni- dades productivas y artesanales, a través del acceso a recursos pro- ductivos tales como investigación, difusión e innovación tecnológica adecuada a las características de los diferentes actores involucrados en los complejos, formación de recursos humanos con participación paritaria, mejora de la calidad y oportunidad de los servicios de apoyo al sector. Para ello se fortalece a los proveedores de materia prima, insumos, bienes intermedios y servicios complementarios de origen nacional y se promueve el desarrollo de infraestructura adecuada para la industria.
A junio de 2016 se contaba con tres Centros de Innovación Productiva operando y dos en implementación, que permiten la mejora de las habilidades técnicas y la incorporación de tecnología entre las micro y pequeñas empresas y artesanos de los complejos de cuero, textil ca-
mélidos y madera. 14.231 productores han sido capacitados y 2.274 Unidades Productivas accedieron a servicios especializados durante 2015 y 2016. De igual manera, 16.061 productores de pequeña escala cuentan con especialización técnica en mejora de procesos producti- vos, gestión empresarial, desarrollo de planes de negocios y desarro- llo organizacional en PROBOLIVIA. Durante 2016, se ha logrado el acceso a la Certifi cación de Competencias y fortalecimiento del Pro- ductor/a de la Micro y Pequeña Empresa, generando 20 estándares de competencia, 147 certifi caciones y 4 referentes curriculares, que per- miten reconocer los saberes y conocimientos de los productores de textiles, cueros, madera, metalmecánica, artesanía y ladrilleras. Se ha fortalecido 4.963 empresas privadas y públicas con medidas de gestión integrada a través del reconocimiento de su gestión (57 em- presas), asistidas para la implementación de Sistemas de Inocuidad Alimentaria (SIA) (200 empresas), registradas en el Sistema de Infor- mación Ambiental Industrial (4.700 empresas) y con instrumentos del Responsabilidad Social Ambiental (6 empresas).
Se ha articulado con entidades fi nancieras para la otorgación de fi nan- ciamiento a productores y productoras, en el marco de la normativa fi nanciera; así se ha logrado habilitar fi deicomisos por el valor de $us. 63,68 millones a tal fi n.
3. Desarrollo y consolidación de mercados en el marco de la identifi ca- ción de la demanda y la promoción de la oferta de productos con valor agregado en los ámbitos territoriales, nacionales y de exportación. Se enfatiza la adopción de medidas que fortalezcan el mercado inter- no, como base para fomentar una expansión de la demanda (consu- mo) de bienes producidos en el sector generador de empleo e ingresos. El fortalecimiento del mercado interno se ve reforzado con políticas redistributivas del ingreso y la dinamización del mercado interno, a través de la provisión de bienes y servicios de calidad a precio y peso justo. Estas cumplen el propósito de generar un notable proceso de reducción de la pobreza en el país. De esta manera en el mercado in- terno se trabaja en la promoción de la producción nacional, mejora de los sistemas de distribución y comercialización, regulación, defensa, fortalecimiento y ampliación de la Industria Nacional, garantizando el abastecimiento de alimentos estratégicos y la regulación de la expor- tación de excedentes.
A junio de 2016 al menos mil empresas utilizan el sello “Hecho en Bolivia” para identifi car su producto y calidad según normas naciona- les. Se han generado 4 normas para defensa comercial: incremento de
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aranceles de la importación de calzados; creación de Centros de Ser- vicios Productivos de Madera (inversión Bs. 2,5 millones, benefi cian a 8.500 productores), mejora de márgenes preferenciales, autorizaciones previas para la importación de prendas de vestir, calzados y muebles. Se han otorgado 4.741 certifi caciones de producción nacional para el Acceso a Compras Públicas, permitiendo a los productores ampliar su margen de preferencia del 20% hasta el 55% para compras estatales. 274 unidades productivas se benefi ciaron del margen de preferencia, accediendo a Bs. 98.165.560 por las ventas al Estado.
En Seguridad Alimentaria con Soberanía se cuenta con 128.471 tone- ladas métricas (Tm) de Reserva Estratégica de Arroz, Maíz y Trigo. 51% de la demanda nacional de trigo ha sido abastecida (2015). Se tiene una capacidad de 452 mil Tm estáticas para almacenamiento de plan- tas en operación, ampliación y en construcción: 2 centros de acopio en operación en Santa Cruz (4 Cañadas y San Pedro, 172 mil Tm); 1 en construcción en Cabezas (30 mil Tm) y 5 con contrato para su ejecu- ción en Oruro, Santa Cruz y Beni (250 mil Tm). Se garantiza mejores precios a los productores y consumidores, se apoya así la mejora de sus formas productivas y se fortalece a sus organizaciones.
En el desarrollo del mercado externo se coordina la promoción, aper- tura de mercados y concreción de negocios internacionales, la marca país para promover el desarrollo comercial, y también la moderniza- ción del Sistema de Servicios de Comercio Exterior a través de servicios de logística de exportación de calidad, tales como: Ventanilla Única de Comercio Exterior, infraestructura, tramitación, autorizaciones, control de calidad y manejo de carga. Se ha logrado que 450 actores públicos y privados elaboren la Estrategia Nacional de Logística Comercial de Bolivia 2016-2025, con 15 proyectos programados de una inversión aproximada de $us. 43 millones y la Ventanilla Única de Comercio Ex- terior de Bolivia (VUCE-Bolivia) se halla en implementación de la Fase Piloto, destinada a mejorar el servicio a los exportadores.
Se han mejorado las habilidades de exportación para pequeños y pe- queñas productoras a través de la realización de seis eventos de pro- moción comercial, durante la gestión 2016, en Canadá, Cuba, Ecuador, Paraguay e Italia; 783 unidades productivas realizan negocios en ferias especializadas y logran negocios por Bs. 22,55 millones, acercando la producción a los consumidores e intermediarios.
4. Fortalecimiento de la economía comunitaria mediante incentivos para su participación en los Complejos Productivos; se trata de generar equilibrios entre los distintos tipos de economías. Esta política contie- ne acciones específi cas dirigidas a esta forma de organización econó-
mica evitando su falta de visibilidad en las formulaciones generales de los complejos.
La Economía Social Comunitaria, en un sentido amplio, es una for- ma de organización que puede abarcar todas las esferas económicas: producción, transformación, comercialización, fi nanzas y también ser- vicios. Puede incluir asociaciones que involucran a otros de fuera de la comunidad. Se basa en un patrimonio, bienes o servicios comu- nitarios, y su lógica de funcionamiento y de organización adopta criterios económicos, sociales, culturales y ambientales y no sola- mente utilitarios.
Desde el sector se contribuye para que las organizaciones de la economía comunitaria que realizan manufacturas, artesanías o pro- ducen materias primas en el marco de los Complejos Productivos Priorizados, se fortalezcan en sus procesos de producción, gestión, administración y comercialización, para que se articulen de manera equitativa con los distintos actores. Las unidades productivas de la economía comunitaria tienen una riqueza de conocimientos y prácticas de producción, transformación manufacturera y artesa- nal, que es necesario que se registre y resguarde, así como que se promocione como parte de su identidad y cultura para evitar su piratería por parte de otros actores.
La política tiene como objetivo incrementar la participación de la economía comunitaria en los complejos productivos priorizados a través del reconocimiento y mejora de su participación en el sector de la industria manufacturera. Ello es posible alcanzar a través de fortalecer las organizaciones comunitarias, revalorizar conocimien- tos y prácticas ancestrales, y preservar su patrimonio visibilizando el rol de hombres y mujeres en procesos de transformación. A junio de 2016, alrededor de mil quinientas organizaciones de productores de la economía comunitaria diversifi can sus ingresos, a través de su papel de proveedores a las empresas públicas: Promiel, Lacteosbol, EBA, Insumos Bolivia y EMAPA. Más de mil seiscientas unidades productivas, 786 de mujeres y 386 de hombres, se bene- fi cian de la promoción y fortalecimiento de la agricultura familiar urbana y periurbana; en promedio, ellas generan importantes in- gresos y ahorros anuales por el autoconsumo.
Se han establecido dos modelos “genéricos” de gestión asociativa con base en siete asociaciones de productores que están aún en la prueba piloto, y se ha implementado el Registro Nacional de
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Artesanos que inicialmente benefi cia a 45 unidades artesanales en el marco del Programa Nacional Artesanal. Se han elaborado 655 planes de mejora productiva y de gestión administrativa, para pequeños y micro productores y que se encuentran en plena im- plementación. De manera paralela, 73 microempresarios y/o aso- ciaciones han recibido signifi cativas transferencias de recursos no reembolsables para este proceso.
5. Desarrollo de una institucionalidad para apoyo al sector que acom- pañe a los distintos servicios orientados a lograr una Bolivia Pro- ductiva. Así, la quinta política está orientada al desarrollo de la institucionalidad del sector y de las distintas entidades de apoyo del sector público, mejorando la efi ciencia y efi cacia de los servicios públicos otorgados. Esta mejora incorpora el desarrollo de procesos y normativa interna; la consolidación de un sistema de planifi ca- ción, seguimiento y evaluación por objetivos con indicadores de género; y el desarrollo y posicionamiento de la imagen institucio- nal del sector.
Política con equidad de género para una economía equitativa46
El PSDI 2016 – 2020 incluye el componente de equidad e igualdad de género, basado en la CPE que, en los artículos 46 y 48, establece la ge- neración de empleo en actividades productivas y de industrialización a través de un trabajo digno y de incorporación de mujeres al trabajo garantizándoles la misma remuneración que a los hombres por trabajo de igual valor.
La política institucional de género tiene el objetivo de consolidar el nuevo modelo económico plural productivo boliviano bajo un enfoque de complementariedad, equidad e igualdad de género, con énfasis en la lucha contra la violencia económica y patrimonial hacia las mujeres para lograr la complementariedad de género y generacional. Incluye 3 ejes temáticos:
1. El reconocimiento del trabajo femenino en la economía plural, mediante la contabilización del trabajo de la mujer (productivo y reproductivo) en la información recabada en el sector pro- ductivo y, sobre todo, con la participación equitativa de las mu- jeres en los complejos productivos priorizados y en empresas que promuevan una gestión inclusiva y equitativa.
46 Realizado con la colaboración de Jésica Gonzáles Cusicanqui, responsable de géne- ro del MDPyEP.
2. El fortalecimiento del rol productivo de las mujeres y la co- rresponsabilidad masculina, estableciendo el acceso igualita- rio y equitativo a los servicios productivos para las mujeres, con miras a fortalecer sus capacidades productivas. Promover la corresponsabilidad que tienen los hombres con la equidad de género, así como el impulso e incentivo de nuevos modelos de masculinidad que acompañen en equidad a las mujeres en el sector productivo.
3. La construcción de relaciones de complementariedad entre hom- bres y mujeres en el ámbito productivo, a partir de la generación de herramientas y medidas que puedan visibilizarse en los dife- rentes actores de la economía plural. Esta construcción debe ser reconocida y valorada a través de los sellos y premios que se otor- guen.
Entre los principales avances a junio de 2016 se cuenta el modelo de ges- tión empresarial inclusivo con enfoque de género que tiene cinco ejes: (i) normativa y cultura organizacional inclusiva y equitativa, (ii) equidad en la gestión de personal, (iii) formación con y para la equidad, comunicación sensible al género, (iv) conciliación entre la vida laboral y familiar, y (v) to- lerancia cero a todas las formas de violencia y discriminación. Este modelo se está implementado en una prueba piloto con la empresa EBA y el ob- jetivo es que las distintas empresas públicas productivas lo implementen. Entre las cualidades importantes del modelo, se encuentra su adaptabili- dad que permite que para su implementación se pueda iniciar por cual- quiera de sus ejes, es gradual y se puede implementar también en el sector privado.
A nivel institucional, la implementación de la política se traduce en la incorporación de la equidad en los servicios del MDPyEP, entidades y empresas dependientes con espacios sensibles al género, comunicación institucional interna y externa equitativa, para lo que se han realizado talleres de sensibilización y establecido un sistema de desarrollo de ha- bilidades en cascada, en la perspectiva de llegar al mayor número de personas. Se han realizado 15 talleres para formar cincuenta agentes de cambio, lo que permitió sensibilizar a 444 funcionarios y funcio- narias,. Se establecieron también espacios sensibles al género en seis instituciones. Se cuenta con el Plan de Acción para la Prevención de la Violencia de Género, que incluye la prevención y apoyo en casos de violencia de género, para su implementación en todas las Entidades desconcentradas, descentralizadas y Empresas Públicas bajo depen- dencia del MDPyEP.
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Acercamientos entre economía plural, economía solidaria y economía comunitaria
El reconocimiento de la existencia de otras formas económicas, permite hablar de una economía plural donde la coexistencia de diferentes lógi- cas económicas hace necesario considerar una distinta forma de orga- nización de la economía que incluya los derechos de grandes sectores de la población. Entre esos derechos está el acceso a los recursos y a la distribución y redistribución de los ingresos, pasando no solo por los derechos económicos, sino también por una serie de derechos sociales que históricamente no han sido resueltos.
Al mismo tiempo, la revalorización de los principios que –por defi ni- ción- conforman las prácticas comunitarias (complementariedad, re- ciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, y equidad social y de género) precisan el desarrollo de mecanismos e instrumentos para que se articulen de manera equitativa al resto de los actores de la economía. Estas tareas son parte de la construcción e implementación del nuevo modelo que implica, en algunos casos, la generación de normativa, ac- ciones concretas y generales, articulación y coordinación. En ello, el rol del Estado como actor, promotor y regulador constituye un elemento fundamental para fortalecer y articular al conjunto de los actores de la economía; para favorecer la equidad y solidaridad en las relaciones eco- nómicas entre actores con desigualdad de condiciones, para articular a las diferentes lógicas en un objetivo nacional común.
Como resultados se pueden señalar las preferencias establecidas para la compra de productos por parte del Estado a pequeños productores y productoras; la incorporación del crédito productivo en la normativa fi nanciera; el control de las tasas de interés; la creación del Banco de Desarrollo Productivo que ha permitido la inclusión fi nanciera; el reco- nocimiento y certifi cación de las habilidades y destrezas de productores y productoras formados en la práctica, permitiendo la certifi cación de las mismas; la creación de empresas públicas para mejorar los precios al productor y consumidor; asegurar mercados y eliminar conductas mo- nopólicas en algunos rubros; la obligatoriedad de pagar a los pequeños productores no solo por el producto, sino también por los desechos en los procesos de benefi ciado o transformación por ejemplo del azúcar y el arroz; y otros muchos que podrían anotarse.
La visón integral de las acciones desde el Estado para atender entre otras muchas, las necesidades de la población en condiciones de po- breza, la seguridad alimentaria con soberanía, el fortalecimiento del mercado interno, la mejora en la distribución y redistribución de los ingresos nacionales, el fortalecimiento y articulación de los actores de
la economía plural -empresas públicas, empresas privadas, microem- presas, organizaciones de productores, cooperativas-, permite la con- junción de elementos que entrelazan en el tejido económico social las concepciones de economía plural, economía solidaria y economía comu- nitaria, en el marco de la construcción del Vivir Bien para todas las bolivia- nas y bolivianos.