Research Design
3.8 Methods for qualitative data collection
El problema central atañe a la manera de concebir la comunidad política y nuestra pertenencia a ella, es decir, la ciudadanía. La comunidad política debería ser concebida como una superficie discursiva y no como un referente empírico. La política versa sobre la constitución de la comunidad política; no es algo que ocurra en el seno de dicha comunidad. La comunidad política, en tanto superficie de inscripción de una multiplicidad de exigencias en la que se constituye un «nosotros», requiere la idea correlativa del
bien común, pero de un bien común concebido como un «punto de fuga», algo a lo que debemos referirnos constantemente, pero que jamás alcanzaremos. Desde esta perspectiva, el bien común funciona, por un lado, como «imaginario social»: esto es, como aquello a lo que, debido a la imposibilidad de lograr la plena representación, se le atribuye el papel de un horizonte, o sea, de condición de posibilidad de cualquier representación en el espacio que delimita. Por otro lado, el bien común especifica que, como hace Wittgenstein, podemos apelar a una «gramática de la conducta» que coincida con la lealtad a los principios ético-políticos constitutivos de la democracia moderna: libertad e igualdad para todos. Sin embargo, puesto que estos principios están abiertos a muchas interpretaciones que entran en competencia, hay que reconocer que la comunidad política plenamente inclusiva nunca podrá realizarse. Siempre habrá un «exterior constitutivo», un exterior a la comunidad y la verdadera condición de su existencia. Es esencial reconocer que, para construir un «nosotros», es menester distinguirlo de un «ellos», y que todas las formas de consenso se basan en actos de exclusión. De aquí que la condición de posibilidad de la comunidad política sea al mismo tiempo la condición de imposibilidad de su plena realización.
Las consideraciones previas tienen importantes implicaciones para la comprensión de nuestra identidad como ciudadanos. La perspectiva que propongo considera la ciudadanía como una forma de identidad política creada a través de la identificación con los principios políticos de la democracia pluralista moderna, es decir, la aserción de la libertad y la igualdad para todos. Me refiero con esto a la lealtad a un conjunto de reglas y de prácticas que construyen un juego de lenguaje específico, el lenguaje de la ciudadanía democrática moderna. Desde este punto de vista, al igual que para el liberalismo, el ciudadano no es un receptor pasivo de derechos que goza de la protección de la ley. Es más bien una identidad política de personas que podrían estar comprometidas en muchas comunidades diferentes y que tienen distintas concepciones del bien, pero que aceptan la sumisión a determinadas reglas autoritarias de conducta. Esas reglas no son instrumentos para lograr una finalidad común — dado que se ha descartado la idea de un bien común sustancial—, sino condiciones que los individuos deben observar al elegir y perseguir propósitos por sí mismos. Las reflexiones sobre la asociación civil que expone Michael Oakeshott en Human Conduct resultan aquí pertinentes, pues pueden ayudarnos a formular el tipo de vínculo que debiera existir entre los ciudadanos de una manera que reconcilie libertad y autoridad.161 Para Oakeshott, los
participantes en una asociación civil o societas están ligados por la autoridad de las condiciones que especifican su preocupación común o «pública». Estas condiciones consisten en una serie de reglas, o de prescripciones al modo de reglas, que él llama respublica y que no
161 En «Ciudadanía democrática y comunidad política», en este volumen, se podrá encontrar una exposición mucho más desarrollada del argumento que aquí presento.
especifican comportamientos, sino condiciones para ser aceptado en la elección de comportamientos. De acuerdo con este punto de vista, lo que se requiere para pertenecer a una comunidad política es la aceptación de un lenguaje específico de intercambio civil, la respublica. La identificación con esas reglas crea una identificación política común entre personas que de lo contrario se comprometerían en muchas empresas y comunidades diferentes. No es una idea sustancial de bien común lo que mantiene unida esta forma moderna de comunidad política, sino un vínculo común, una preocupación pública. En consecuencia, es una comunidad sin forma definida y en constante reactualización.
Si aplicamos los criterios de Oakeshott a los principios de la democracia moderna como una nueva forma de régimen político, podemos decir que, en un régimen democrático liberal, la respublica está constituida por los principios políticos de semejante régimen: igualdad y libertad para todos. Si interpretamos de esta manera el concepto de respublica de Oakeshott, estamos en condiciones de afirmar que es preciso entender las condiciones que ha de satisfacer un ciudadano en tanto tal en el sentido de exigencia de tratar a los otros como personas libres e iguales. Sin embargo, es evidente que esto puede interpretarse de muchas manera diferentes y conducir a formas de identificación conflictivas. Por ejemplo, una interpretación democrática radical enfatizará las múltiples relaciones sociales en las que hay dominación y es preciso desafiarla si es que se quieren aplicar los principios de libertad e igualdad. En consecuencia, la ciudadanía como forma de identidad política no puede ser neutral, sino que adoptará una variedad de formas de acuerdo con las interpretaciones de respublica en mutua competencia. La creación de identidades políticas como ciudadanos de una democracia radical, por ejemplo, depende de una forma colectiva de identificación entre las exigencias democráticas que se encuentran en una variedad de movimientos —mujeres, trabajadores, negros, gays, ecologistas—, así como contra otras formas de subordinación. Gracias a esta concepción de ciudadanía, el reconocimiento de que las exigencias de estos distintos movimientos pueden formar una cadena de equivalencias democráticas crea un sentido de «nosotros». Hay que destacar que semejante relación de equivalencia no elimina la
diferencia, que en tal caso sería simple identidad. Sólo en la medida
en que se oponen a fuerzas o discursos que las niegan, estas diferencias democráticas son intercambiables. Esto quiere decir que el «nosotros» de las fuerzas democráticas radicales se crea en virtud de la delimitación de una frontera, de la designación del «ellos»; no es un «nosotros» homogéneo, predicado en la identidad de sus componentes. A través del principio de equivalencia se crea un tipo de comunalidad que no elimina la pluralidad ni las diferencias y que respeta formas diversas de individualidad.
Este criterio de ciudadanía se distingue netamente tanto del liberal como del comunitario. No es una identidad entre otras, como en el liberalismo, ni la identidad dominante que campea por encima
de todas la otras, como en el republicanismo cívico. Es un principio de articulación que afecta a diferentes posiciones del agente social, aunque permite una pluralidad de lealtades específicas y el respeto a la libertad individual. Una concepción de ciudadanía que permite la multiplicidad de identidades que constituyen un individuo sólo puede ser defendida mediante la renuncia a la problemática atomista del individualismo y el reconocimiento de que la individualidad sólo se construye a través de la inscripción en un conjunto de relaciones sociales.
Para profundizar y enriquecer las conquistas pluralistas de la democracia liberal es necesario quebrar la articulación entre liberalismo político e individualismo y hacer posible un nuevo enfoque de la individualidad que restaure su naturaleza social sin reducirla a mero componente de un todo orgánico. Es aquí donde quizá la tradición socialista de pensamiento tenga algo con que contribuir al proyecto democrático y es aquí donde descansa la promesa de un socialismo liberal.